Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 26, Número 3, 2026

Artículos
Revisado por pares

Acciones híbridas contra Ecuador: Crimen organizado transnacional, ciberdelitos y minería informal, 2020–2022

• Resumen
• Abstract

1 Introducción

Este estudio se enfoca en analizar y conceptualizar los nuevos tipos de amenazas que confronta el Estado ecuatoriano. Específicamente, se abordan las amenazas híbridas, como el cibercrimen y las redes transnacionales de adición de valor en las industrias extractivas informales, así como la relevancia de la jurisdicción y los espacios que coexisten bajo instituciones formales e informales. Además, se trabaja una comprensión histórica de la soberanía, los bordes y la jurisdicción estatal, considerando las innovaciones académicas y los avances tecnológicos. Se examinan ejemplos contemporáneos para reflexionar sobre la pertinencia de estos conceptos en el contexto actual.

Con un enfoque riguroso en el análisis de casos y la exploración teórica, se busca establecer un marco teórico y analítico que permita abordar las amenazas multifacéticas que afectan la seguridad y la estabilidad del Estado ecuatoriano. Este estudio también busca generar una discusión académica sobre la necesidad de adaptar enfoques tradicionales y estrategias existentes para hacer frente a los desafíos emergentes, para comprender mejor la naturaleza de estas amenazas y su impacto en la sociedad.

En Ecuador, las acciones híbridas en los últimos lustros se han multiplicado. En el Libro Blanco de la Defensa del Ecuador (Ministerio de Defensa Nacional, 2018) se menciona en dos ocasiones a las amenazas híbridas. La principal preocupación radicaba a raíz de la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano. La alerta recaía en la figura de los guerrilleros disidentes, debido a su transformación en «grupos irregulares armados (…) cuyas acciones delictivas de acción violenta pretenden seguir causando terror en la sociedad» (Ministerio de Defensa Nacional, 2018, p. 41). En especial, se hacía un nexo entre estos grupos irregulares y el narcotráfico.

Desde un punto de vista espacial, la frontera norte del Ecuador es un espacio poroso donde abundan las fuerzas del crimen organizado transnacional (COT). Para Renato Rivera-Rhon y Carlos Bravo-Grijalva (2020), el COT ha desarrollado métodos altamente sofisticados que ha impedido el accionar del Estado ecuatoriano para impedir su crecimiento e incidencia. En su investigación queda en evidencia una débil presencia del Estado en esta región estratégica, además, ambos autores subrayan la existencia de estructuras criminales multinacionales. Bajo la misma línea conceptual, Santiago Carranco Paredes et al. (2019) resaltan cómo las zonas fronterizas o las denominadas «zonas grises» se han diferenciado históricamente de otros puntos territoriales por ser áreas con baja presencia del Estado. Así, se refuerza la manera en que se insertan las amenazas híbridas y fenómenos como el COT en Ecuador para luego expandirse a nivel nacional. De este modo, fronteras como la de Ecuador y Colombia no están determinadas por los diferentes procesos socioeconómicos, políticos, familiares o culturales que se dan dentro de estos espacios (Carrión Mena, 2013). Las zonas fronterizas se convierten en puntos clave para el incremento de desconfianza estatal y hasta aislamiento, que permiten la inserción de fenómenos trasnacionales que el Estado no puede controlar. En este sentido, Carranco et al. (2019) enmarcan a estas zonas con un carácter no constituido dentro del proceso legalizado de construcción estatal, donde los grupos ilegales ejercen más impacto que el Estado, insertándose en la cotidianidad mediante la institucionalización informal y la costumbre.

De cara a estos acontecimientos, el objetivo general de este artículo es analizar el impacto de las acciones híbridas sobre Ecuador entre 2020 y 2022 frente al desarrollo de los ciberdelitos, las industrias extractivas informales y las redes globales de adición de valor en el espectro jurisdiccional junto con la presencia de entidades formales e informales del Estado ecuatoriano. El rango temporal corresponde al período de la pandemia del COVID-19, desde que apareció el primer caso en el país, en febrero de 2020 («Ministerio de Salud confirma…», 2020), hasta que el presidente Lasso manifestó a la prensa el fin de esta («Presidente Guillermo Lasso anunció…», 2022).

Si bien existe extensa literatura sobre las amenazas o las guerras híbridas, consideramos valioso partir del análisis de la variante de acciones híbridas, como actividades que ya están transcurriendo, como hechos que erosionan las capacidades del Estado y que, a su vez, mueve una economía ilegal que se multiplica con el desempeño del COT, los ciberdelitos y la minería informal en el caso ecuatoriano. La importancia de esta investigación reside en ese detalle. Además, este estudio realiza una radiografía al Estado nacional, que muestra el desgaste de sus competencias y expone cómo su débil presencia hace que proliferen zonas grises que se asientan en los recursos millonarios de las economías criminales. La pertinencia del tema, desde el ámbito académico, nos obliga a reformular los enfoques y las estrategias de enfrentamiento contra estas acciones híbridas en un momento de proliferación del ecosistema delictivo en Ecuador y su conexión con las economías sumergidas.

El artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se lleva a cabo una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con las acciones híbridas, el cibercrimen y las redes transnacionales en las industrias extractivas informales, con el objetivo de establecer un marco teórico y una comprensión de los conceptos clave. A continuación, se describe la metodología utilizada en la investigación, incluyendo la selección de casos de estudio, la recolección de datos y el análisis de la información. Posteriormente, se presentan los resultados y hallazgos obtenidos, organizados en tres secciones principales que abordan las amenazas híbridas, el cibercrimen y las redes transnacionales. Cada sección examina el impacto de estas amenazas en el Estado ecuatoriano, destacando sus implicaciones en términos de soberanía, fronteras, jurisdicción y desarrollo económico. Por último, se presentan las conclusiones del estudio, donde se resumen los principales hallazgos y se ofrecen recomendaciones para abordar estas amenazas en constante evolución. Se hace hincapié en la importancia de adoptar enfoques innovadores y adaptativos para garantizar la seguridad y estabilidad del Estado ecuatoriano en un entorno globalizado y tecnológicamente avanzado.

1.1 Metodología

La metodología se estableció a partir de la lógica de construcción de tipologías que, según Pedro López Roldán (1996), tiene como objetivo generar nociones a partir de un análisis empírico para poder establecer distinciones e interrelaciones entre el imaginario conceptual y el objeto de estudio empírico. Así, López Roldán (1996) agrega que la aplicación de tipologías permitirá sistematizar los conceptos de los fenómenos sociales estudiados a continuación, satisfaciendo la necesidad de estructurar las categorías, los grupos e instituciones del objeto de estudio. El análisis de los fenómenos mencionados se desarrollará a través del contexto y los actores implicados, manteniendo un carácter inductivo exploratorio y requiriendo de un acercamiento al objeto de estudio por medio de coherencia teórica y metodológica.

Por esta razón se parte de una triangulación de evidencias cualitativas basadas en estudios de casos particulares como: el crimen organizado transnacional en Ecuador y cómo se comprende la jurisdicción estatal en este escenario; los ciberataques y el espacio de incertidumbre ecuatoriano; y el desarrollo de la minería informal en Ecuador dentro de las zonas con baja presencia estatal. La triangulación se basó en tomar información a partir de la documentación primaria, secundaria, así como evidencia empírica recolectada a partir de entrevistas y análisis de prensa.

Este trabajo se realizará sobre la base de un estudio descriptivo, siguiendo a Roberto Hernández-Sampieri et al. (2018), donde los objetivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diferentes conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Además, se aplicará la técnica de análisis de datos, pues la intención es «arrojar luz acerca de los problemas o las realidades estudiadas, […] frente al reto de encontrar significado a todo un cúmulo de materiales informativos procedentes de fuentes diversas» (Rodríguez Gómez et al., 1999, p. 197).

A su vez, la contrastación y verificación de información mediante entrevistas a expertos en el tema fue una técnica metodológica considerada. Se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas a personas involucradas directamente en el sector minero, entre esto a dos expertos financieros (EF1; EF2), a una activista política y propietaria de una empresa minera informal (MI3), a un trabajador de una empresa minera formal (MF), y a autoridades gubernamentales competentes (GE5). Por medio de las entrevistas se generó un documento que aglutina la información recolectada que será presentada en los siguientes apartados. Por su parte, se organizó un grupo focal (GF4) que incluyó a 7 trabajadores de campo de una empresa minera de mediana escala nacional, incluyendo dos geólogos, al jefe de planta, al jefe de minas, al gerente general, al técnico del proceso de refinación y al líder de la comunidad que trabaja como nexo a la empresa minera.

Este estudio presenta varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. En primer lugar, el análisis se circunscribe principalmente al período 2020–2022, por lo que los hallazgos deben entenderse en función de un contexto específico marcado por transformaciones aceleradas en el ámbito de la seguridad, la economía informal y el uso de tecnologías digitales, aunque se incorporan referencias posteriores sin alterar el enfoque central. En segundo lugar, la naturaleza clandestina de las actividades analizadas —⁠especialmente el crimen organizado transnacional y la minería informal⁠— limita estructuralmente el acceso a información directa plenamente verificable, condición inherente a la investigación empírica sobre economías informales e ilegales. Asimismo, si bien las entrevistas y el grupo focal permitieron recoger percepciones de actores clave, la muestra no es representativa en términos estadísticos y se concentra en determinados sectores institucionales y territoriales; no obstante, la estrategia de triangulación metodológica, que combina entrevistas, análisis de prensa, documentos oficiales y estudios de caso, buscó precisamente solventar esta limitación, fortaleciendo la consistencia interna y la validez analítica de los hallazgos. Finalmente, la dinámica cambiante de las tecnologías digitales y de las redes criminales implica que algunos patrones identificados puedan modificarse en el corto plazo, sin que ello invalide los aportes del estudio.

1.2 Consideraciones éticas

La presente investigación se desarrolló conforme a principios éticos básicos de las ciencias sociales, considerando la naturaleza sensible de los temas abordados, tales como el crimen organizado transnacional, los ciberdelitos y la minería informal. Todas las entrevistas y el grupo focal fueron realizados con conocimiento previo de los participantes sobre los objetivos del estudio, el uso académico de la información y los alcances de su participación. En todos los casos, las personas entrevistadas otorgaron su consentimiento informado, de manera expresa, antes del inicio de la recolección de datos.

Las entrevistas fueron grabadas con autorización de los participantes y depositadas en un archivo digital debidamente resguardado, de acceso restringido exclusivo del investigador. Con el fin de proteger la identidad de los informantes, se garantizó el anonimato y la confidencialidad mediante la eliminación de nombres propios, datos institucionales específicos y cualquier referencia que pudiera permitir su identificación. En el análisis y la presentación de resultados, las posiciones de cada participante fueron identificadas únicamente de manera genérica (por ejemplo, «EM1 (experto minero 1)», «EF1 (experto financiero 1)», «FP1 (funcionario público)», independientemente de que algunos hubiesen manifestado su disposición a ser identificados, con el objetivo de resguardar de forma homogénea la seguridad y protección de todas las personas involucradas en el estudio.

Asimismo, como parte de las buenas prácticas de validación de la información cualitativa, los principales resultados y extractos de entrevistas utilizados en el análisis fueron compartidos con las y los participantes para su revisión y validación de contenido, a fin de asegurar la fidelidad interpretativa y reducir posibles sesgos del investigador.

2 Marco conceptual

2.1 Acciones híbridas: Mundo encubierto y economía informal

La noción de guerra híbrida la introdujo Frank G. Hoffman (2007) en su libro Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Para el autor, el concepto puede ser moderado tanto por Estado como por los actores no estatales y se anexa en un rango de diversas formas de guerra donde las capacidades convencionales se juntan como tácticas irregulares y formaciones incluyendo actos terroristas que generan violencia indiscriminada, coacción e irregularidades criminales. Esas distintas formas de guerra agrupan tanto lo convencional como lo no convencional, con una simbiosis entre el Estado y los entes no estatales. Pedro Sánchez Herráez (2021) nos alerta sobre lo distintivo que resulta la mezcla de efectos simétricos y asimétricos.

Para Carlos Galán (2018, pp. 4–5), en la guerra híbrida incluso se recurre a «ciberataques, desinformación y propaganda», con un enfoque hacia «poblaciones enteras o incluso a minorías nacionales u otras minorías significativas, medios entre los que se incluyen la corrupción de agentes esenciales mediante uso de dinero negro o la habilitación de presupuestos paralelos». Esto se entiende como un nicho para las economías sumergidas, que según Román Ortiz (2015, p. 134) «se han convertido en fuentes clave para el soporte financiero de los esfuerzos bélicos de grupos insurgentes y redes terroristas». La opacidad y las múltiples herramientas tecnológicas y de la comunicación constituyen una base sólida para lo intangible, para lo gris.

En este mundo globalizado y con el evidente avance tecnológico, el mercado tanto local como global se ha adecuado y adaptado muy bien a estas nuevas condiciones mientras que el Estado se ha quedado de cierta forma desfasado del sistema actual. En la entrevista a EF1 (entrevista personal, marzo 2021) sobre el propósito de la EPI, el entrevistado recalca la manera en que el dinero puede servir como un instrumento de poder para generar políticas, inversiones y condicionar el comportamiento de un Estado. Este comentario es coherente con el postulado de Keith Hart (en Schouten, 2013), que explica que mientras el sistema monetario ha traspasado los controles nacionales, las políticas y la retórica pública no ha evolucionado para adecuarse y responder a las problemáticas que la economía global presenta. Es así como un desafío primordial del mundo globalizado es la extensión sobre la comprensión de fenómenos que no se limiten a la esfera estatal.

Keith Hart (en Schouten, 2013) comparte que, como resultado de la desregulación neoliberal, amplias zonas económicas ya no son determinadas por la ley, sino que existen amplios espacios financieros, fondos de cobertura, entre otras acciones que se desarrollan en la sombra, incluyendo aquellos trabajos ilegales de ciertas organizaciones. La economía informal desarrollada en este contexto se encuentra como punto crítico de la economía formal, ya que varios políticos, funcionarios, entre otros actores «legítimos», terminan siendo los mayores operadores informales (Hart, en Schouten, 2013). En este sentido, el mundo encubierto es una dualidad entre lo formal e informal, ya que cuenta con una estructura establecida y normas detalladas que se conectan a un sistema visible.

En este sentido, la globalización se convierte en un fenómeno crucial para el desarrollo de la economía informal, ya que la intensa competitividad dentro de los mercados globales ha generado que los distintos actores busquen reducir los costos de producción a través de prácticas ilegales, expandiendo este tipo de mercado internacionalmente (Scholvin, 2020). La economía global, como Sören Scholvin (2020) lo explica, ha propiciado un desarrollo desigual dentro de la producción mundial cada vez más fragmentada, siendo las cadenas globales de valor las que crean ciertas condiciones para el surgimiento de las economías sumergidas y riesgos como la marginalización económica. La guerra híbrida en este contexto trasciende toda noción de frontera y ejerce su poder desde un mundo encubierto.

Ello se entiende gracias a los avances tecnológicos a nivel global que fueron desarrollándose en la comunicación y transporte, emergiendo así una serie de actores no estatales y actores subestatales que logran crear vínculos trascendiendo los territorios nacionales en formas nunca experimentadas (Matiuzzi de Souza, 2018). Asimismo, este abanico de acciones híbridas debilita el monopolio de los gobiernos centrales sobre el dominio de las relaciones transnacionales profundizando lo informal y lo ilícito.

Mariano Bartolomé (2019) afirma que el «plano cibernético» destaca como «un conflicto híbrido por excelencia desde el momento en que combina entornos y daños reales y virtuales» (p. 12). La infraestructura crítica del Estado acapara la mirada del conflicto híbrido cibernético. El ataque de los ciberdelincuentes se centra en instancias de servicios esenciales del Estado: energía, transporte, salud pública, sistema financiero, etc. La criminalidad organizada es «un nuevo tipo de actor dentro del subsistema de seguridad internacional» (Bartolomé, 2019, p. 18), como elemento clave dentro del proceso de hibridación.

En la Estrategia de Seguridad Nacional de España (Departamento de Seguridad Nacional, 2017) prefieren llamarla acciones híbridas. Debido a su aumento sostenido, ofrecen una descripción de este tipo de acción, cuya «finalidad última que se persigue es la desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la opinión pública» (Departamento de Seguridad Nacional, 2017, p. 16). La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 2022) advierte que las técnicas de guerra híbrida como la propaganda, sabotaje, engaño y otras estrategias no militares se han empleado durante mucho tiempo para turbar a los adversarios. El objetivo de la guerra desde el surgimiento de la humanidad siempre ha sido el mismo: derrotar al enemigo. Lo que sí ha cambiado con el tiempo son los medios.

La mirada de esta investigación se dirigirá más hacia el término de acciones híbridas. Ellas pueden transcurrir sin que exista necesariamente una nomenclatura de guerra. Ecuador sufre acciones híbridas de agentes no estatales, en especial, provenientes del COT y de la ciberdelincuencia. Ambas actividades provocan la zozobra de la población, generando inestabilidad e inseguridad, además de socavar de manera grave las competencias del Estado en un contexto donde este deja de ser el protagonista en las interacciones globales, reafirmando significados e interacciones entre los actores del sistema internacional y su lado encubierto. Ambas operaciones impulsan una economía sumergida que genera millonarios recursos que sirven de lucro para, a su vez, generar nuevas acciones contra el Estado.

3 Resultados y discusión

3.1 Crimen organizado transnacional

Tanto en los períodos presidenciales de Lenin Moreno como de Guillermo Lasso existe un aumento en los índices delincuenciales («Qué está impulsando…», 2022). Sobre todo, en Guayaquil, concurre una guerra entre grupos de delincuencia organizada, como son «Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos, Las Águilas, Los Fatales» (Santillán Molina et al., 2022). Esta disputa de poder se circunscribe alrededor de un conflicto por el dominio de las cadenas de valor del narcotráfico (Chévez Guazha y Chonillo Montecé, 2022). A partir de ese propósito, las prácticas ilegales se desarrollan en un ámbito fragmentado y en un contexto conveniente para expandir las economías sumergidas.

Tanto en los períodos presidenciales de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso existe un aumento en los índices delincuenciales («Qué está impulsando…», 2022). Sobre todo, en Guayaquil, concurre una guerra entre grupos de delincuencia organizada, como son «Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos, Las Águilas, Los Fatales» (Santillán Molina et al., 2022, p. 482). Esta disputa de poder se circunscribe alrededor de un conflicto por el dominio de las cadenas de valor del narcotráfico (Chévez Guazha y Chonillo Montecé, 2022). A partir de ese propósito, las prácticas ilegales se desarrollan en un ámbito fragmentado y en un contexto conveniente para expandir las economías sumergidas.

Para Juan Carlos Fuertes (2021) existe una «dilatación de la actividad criminal ligada al narcotráfico, tráfico ilegal de armas, personas, minería y pesca ilegal en América Latina» que obliga al Estado a que consolide «nuevas estrategias» eficientes y oportunas (p. 145). La respuesta pertinente a este aumento considerable de la actividad criminal significa comprender las herramientas que utiliza el COT, que para alcanzar sus objetivos es capaz de desgastar la legitimidad de la fuerza que le pertenece al Estado. Ante estas circunstancias, en ocasiones la población se siente en la indefensión debido a la variedad de instrumentos con los que cuenta el COT y ante la incapacidad de un Gobierno de enfrentar muchas de estas tácticas no militares.

Y es que el financiamiento que mueve la actividad criminal termina siendo insondable. Para Daniel Sansó (citado en Landaburo, 2016, p. 134), las estructuras criminales explotan «convenientemente las debilidades de los Estados, en su beneficio. De tal forma que, en gran medida, a efectos de economías, tráficos ilícitos y seguridad, las fronteras perviven únicamente sobre el papel». Esa condición híbrida que surge de un ecosistema con normas y reglas indefinidas, en el cual las competencias del Estado resultan desconectadas, prolifera el dinero negro que habilita presupuestos paralelos que se utilizan para financiar otras actividades ilícitas.

Dentro de estas nuevas dinámicas internacionales, Gustavo Matiuzzi de Souza (2018) concibe a las fronteras como un activo para expandir los mercados dentro de la economía global y donde estas tienden a ser cada vez más permeables, permitiendo la creación de zonas de carácter filtrante donde puede incidir lo oculto. Matiuzzi de Souza (2018) muestra que tanto el Estado como actores no estatales han preferido emplear el regionalismo como un medio para asegurar su propia existencia y adaptarse al sistema globalizado, siendo el regionalismo comparado un estudio que ha permitido la visibilidad del regionalismo informal y su desarrollo transfronterizo. En este punto, los bordes estatales se vuelven mucho más complejos, ya que dan paso al desarrollo de zonas grises o procesos informales donde la gobernabilidad es cuestionada.

De acuerdo con Fredrik Söderbaum (2016), dentro del regionalismo comparado existe este mundo multipolar con una gama de resurgimientos nacionalistas, inestabilidad financiera y pugnas ideológicas, en donde actores estatales y no estatales se unen tanto formal como informalmente en varios espacios, produciendo así sus propias lógicas, prácticas y objetivos. De esta forma, el crimen organizado transnacional se convierte en un sistema más que en un espacio ilegal, crea sus propias reglas e interacciones para seguir creciendo en los lugares y contextos adecuados. Es decir, se desenvuelve en localizaciones/territorios inestables y donde los recursos son aprovechados para consolidar estrategias y redes que deslegitimen o ausenten al Estado.

Ahora bien, si existiera «una economía laxa en cuanto a la formalidad de los controles y que, en mayor o menor medida, consiente determinados niveles de economía informal […], puede derivar en supuestos de economía ilegal de alto impacto, auspiciadas por manifestaciones de criminalidad organizada» (Landaburo, 2016, p. 135). Luis Antonio Umbría Acosta (2016, p. 25) alerta de que «las economías criminales (…) no aparecen de la nada y el descuido sobre su evolución acarrea efectos graves e incontrolables para los gobiernos y para la sociedad». Cabe destacar que es necesario considerar que las acciones de una economía clandestina existen porque hay una atracción que la conduce a igualarse a la economía visible para relacionarse con ella (Umbría Acosta, 2016). Entonces ocurre que, a pesar del embate de la pandemia en el cauce económico ecuatoriano, según una encuesta realizada entre julio y agosto de 2022, el 51,5 % de los ecuatorianos señaló a «la inseguridad, el crimen, la violencia y los delitos» como su «principal fuente de preocupación» (Varas, 2022).

A ello hay que sumar el vínculo problemático entre narcotráfico y política. La frontera entre lo legal y lo ilegal se bifurcan. Tal como operan las amenazas híbridas, se incrementan en tiempos de incertidumbre económica y gestión deficiente de las políticas de Estado. Se debe recordar que, en esencia, toda economía oculta antes de ser ilícita fue emergente, pero decide mantenerse sumergida debido a las interacciones y atracción con los actores visibles (incluyendo actores políticos) y su rápido crecimiento sin control alguno (Umbría Acosta, 2016). Es mediante este mecanismo que los intereses y necesidades insatisfechas por el Estado son cumplidas desde la economía informal y su profunda conexión con el COT.

Esta escalada de amenazas no tradicionales, que desafían la autoridad estatal y desdibujan las fronteras entre lo interno y lo internacional, ha provocado que el crimen organizado transnacional (COT) sea paulatinamente reconocido como una amenaza a la paz y seguridad internacionales. En este contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) ha comenzado a abordar, mediante resoluciones temáticas y debates de alto nivel, el impacto de ciertas actividades ilícitas —⁠como el narcotráfico y la financiación del terrorismo⁠— en la estabilidad de regiones enteras, aunque aún mantiene un debate sobre el alcance de su mandato para intervenir directamente en asuntos que tradicionalmente se consideraban de jurisdicción doméstica, como lo es la delincuencia organizada en su dimensión puramente criminal. Estas dinámicas globales y la necesidad de posicionamiento estratégico en la lucha contra el crimen organizado transnacional resaltan la importancia del rol de Ecuador en foros como el Consejo de Seguridad, donde un país pequeño busca mantener su agencia y defender su política de no alineamiento, basada en el respeto al derecho internacional, para navegar en un sistema internacional cada vez más polarizado, tal como lo analizan Santiago Carranco-Paredes y Emily Moncayo (2025).

3.2 Ciberdelitos

Durante la pandemia quedó en evidencia el aumento de los ciberataques en el mundo. Así lo registró un informe de Interpol (2020), que señaló un desplazamiento de los ataques hacia las administraciones y las infraestructuras sanitarias esenciales, en lugar de concentrarse únicamente en personas naturales. En octubre de 2021 ocurrió un ataque informático (ransomware) a Banco Pichincha, la institución financiera más grande del Ecuador («El mayor banco de Ecuador…», 2021). En abril de 2022 la infraestructura informática del Distrito Metropolitano de Quito sufrió un ciberataque (ransomware), cuyo origen fue vinculado a Rusia (Onofa, 2022). No resulta novedoso que la infraestructura crítica de los países está en el foco de atención de los ciberdelincuentes, detalle que muestra las secuelas de un conflicto híbrido, tanto en el mundo virtual como en el real.

El ransomware constituyó la tipología predominante contra el Estado y la institución financiera. Su uso se ha convertido en un negocio rentable para quienes practican la ciberdelincuencia con ingresos de millones de dólares y una evidente amenaza para las organizaciones que pierden este capital (Oz et al., 2022). Malwarebytes (2022) define el ransomware como un tipo de malware que bloquea el acceso a sistemas o archivos y exige un pago para recuperarlos. Si se hace una analogía sería como un secuestro. La inmensa mayoría de ocasiones el rescate se realiza a través de criptomonedas.

Durante 2021, los principales delitos cibernéticos contabilizados por la Fiscalía General del Estado fueron la estafa, la usurpación engañosa a través de medios electrónicos y la violación a la intimidad (Chávez, 2021; Quezada Sarmiento et al., 2022). Lo sorprendente de ese orden es que la estafa digital resultó ocho veces más que el segundo delito en la lista. Esta modalidad afecta en su mayoría el patrimonio de las personas, no así de las instituciones. Desde hace un lustro, se escribió sobre la necesidad de que Ecuador implemente un modelo de gobernanza en ciberseguridad y ciberdefensa (Vargas Borbúa et al., 2017). Existe un debate intenso en el ámbito académico en los últimos tiempos sobre la cantidad de dinero que mueven los ciberdelitos (Cano Martínez, 2011). Una apreciación responsable advierte que la ciberdelincuencia mueve más dinero que el mundo del narcotráfico. ¿Quién tiene jurisdicción en este tipo de espacios?

Ecuador «no cuenta con una estrategia de seguridad cibernética», así lo deja claro un Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020, p. 93). A ello hay que sumar que aproximadamente un 70 % de las organizaciones afirma no tener seguridad de la efectividad de su proceso de respuesta contra problemáticas de ciberseguridad (BID, 2020). El nivel de indefensión e inseguridad es alto. Además, aunque el tema de la ciberdefensa obliga a los entes estatales y no estatales a sostener un presupuesto elevado y consistente, es algo que en Ecuador y Latinoamérica fallan de manera constante.

Sin duda alguna, el fenómeno cibernético dentro del marco del nuevo orden mundial propone nuevas concepciones que reinterpretan el significado fronterizo y de jurisdicción. Galen Murton (2017), a través de su investigación sobre el consumo de una sociedad y la presencia o ausencia estatal, demuestra que las acciones dentro de zonas estatales no definidas o territorios periféricos redefine al control estatal de acuerdo con las necesidades de quienes se sitúan en dichas zonas. En el campo de los ciberdelitos, al ser una estructura relativamente nueva, sus prácticas pueden ser fácilmente ocultas y separadas del control estatal, siendo su regulación escasa e ineficaz.

Peer Schouten (2013) aporta que, dentro de estos nuevos escenarios, el comportamiento informal local puede expandirse o replicarse a un nivel nacional, regional y hasta internacional. Es así como el ciberdelito es capaz de comprenderse como una acción informal que puede nacer desde lo local y, a pesar de que la jurisdicción y debida regulación estatal exista en este tipo de espacio locales y fronterizos, son los actores involucrados quienes regulan estos mecanismos y los controlan a mayor escala.

En agosto de 2022, el gobierno de Guillermo Lasso lanzó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) del Ecuador. En el documento se afirma que «varios incidentes cibernéticos nacionales nos han llevado a reconocer que es necesario reevaluar nuestros esfuerzos para cerrar las brechas de capacidades» (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2022, p. 7). A pesar de circunscribirse a una postura reactiva, la estrategia llena parcialmente un espacio en la normativa ecuatoriana, aunque insuficiente aún.

3.3 Minería informal

Según Kuntala Lahiri-Dutt (2018), el número de personas a nivel mundial que se encuentran conectadas a la minería no visible son alrededor de 30 millones. La minería informal es un fenómeno del mundo encubierto que se ha intensificado en Ecuador como parte del crecimiento exponencial que tuvieron las materias primas (minerales) ecuatorianas a nivel económico globalmente desde el año 2000 hasta su establecimiento en el 2015. La minería informal es parte de las acciones híbridas que han creado un impacto e inestabilidad política y social en el Ecuador actual con el crecimiento de compañías involucradas en la minería informal de oro en varias zonas del país.

Ecuador ha experimentado un proceso de cambio en el control de la hegemonía estatal y la legitimación del poder. Este poder ya no se percibe solo como un factor absoluto del gobierno, sino también como parte de un mundo encubierto y una realidad nacional que se construye en medio de organizaciones ilegales y actores que operan sin la vigilancia total del Estado. Para Diana Isabel Ocampo Rodríguez (2015), la minería informal no es más que otra clase de crimen transnacional que ha incrementado sus dimensiones y formas de operación en los últimos años, pudiendo ser una nueva fuente de financiación de grupos criminales. La Organización de los Estados Americanos (OEA, 2022) postula que, aunque el gobierno ecuatoriano ha tratado de controlar la minería informal, lo cierto es que esta industria cada vez se hace más fuerte y es apoyada desde otros países como Colombia y Perú, que contribuyen con capital irregular desde afuera y construyen una organización mucho más densa con diversos actores para su actividad oculta en Ecuador.

Como lo menciona Henk Overbeek (2016), las estructuras son productos de la historia. Por ende, el poder que posee la minería informal no fue dado naturalmente, sino que es el resultado de pugnas entre fuerzas sociales y la emergencia de fuerzas parasitarias que han hallado un espacio debajo de lo visible, legal o ético entre las instituciones donde se desarrolla. Asimismo, la presencia de la minería informal y la extracción de minerales es definida por la demanda internacional que posee y cómo está ligada al financiamiento que tiene por el narcotráfico (Tapia, 2023). En la entrevista generada a (GF4, grupo focal, octubre 2020) comentan que, dentro de la producción global del oro, la posición del Ecuador se define con un alto potencial minero desde la exportación de la materia prima, pero con un escaso desarrollo en la manufactura del producto (como en la fabricación y terminado de joyas). Bajo el espectro formal, los encargados de la refinación del oro y de su acabado final (los productores) no saben realmente cuál es el destino concreto del producto, solo se encargan de enviarlo a través de un acta legal. Esto evidencia que los procesos de control en la cadena productiva de las industrias extractivas no son transparentes, incluso en la parte formal.

Ahora bien, con el caso tratado del proyecto de minería informal en la zona de La Merced Buenos Aires, (EF2, entrevista personal, agosto 2020) comenta que muchos de los mineros ilegales buscaron otras alternativas y lugares para poder seguir desarrollando su trabajo una vez que existió intervención estatal en esta zona. De esta forma, GE5 (entrevista personal, agosto 2020) añade que, aunque algunos mineros informales quisieron asentarse en la comunidad El Corazón, esto fue erradicado, pues en el conocimiento colectivo de la comuna, se diferenciaba las claras características de una minería informal y una legal y regulada que permitieron generar las correspondientes denuncias.

Cuando se detallan los procesos de minería informal en la localidad de La Merced Buenos Aires, es importante destacar la entrevista realizada a MI3 (entrevista personal, junio 2020), quien comenta cómo la minería informal aurífera se ampliaba desde las haciendas familiares, fomentando el negocio a través del mercado específicamente local. También recalca cómo los procesos de contratación en su mayoría se evalúan desde el sector familiar; además toman en cuenta procedimientos alternos como la fundición del oro y los sobornos para la movilidad del producto donde atraviesan autoridades e incluso asaltantes del material aurífero. En dichos procesos de asalto, que se dan en las zonas de extracción, la violencia aumenta al igual que el involucramiento de múltiples actores que también provienen de países fronterizos con Ecuador.

Asimismo, en la entrevista con MF (entrevista personal, junio 2020), añade que la minería ilegal «siempre va a crear perjuicios al Estado, como Tributario al utilizar equipos rústicos de extracción, no respetan las leyes vigentes, contaminan y afectan a la población por sus prácticas extractivas». La minería informal desestabiliza el poder del Estado, pero cuando se desarrolla y transforma en minería ilegal, se puede manifestar independientemente de donde se encuentre, pues convive con el COT. En este sentido, existe un proceso de extracción, producción, adición de valor y establecimiento en el mercado del oro y su compra que está compuesto de actores formales e informales que actúan juntos en una industria invisible, pero presente en los sectores donde genera un impacto (Lahiri-Dutt, 2018).

El caso de la minería ilegal en Zaruma o en la localidad de La Merced Buenos Aires de Imbabura son ejemplos claros de cómo la economía informal a través de esta actividad ha generado consecuencias que afectan a la población, sus interacciones y el medio ambiente, creando un entorno de violencia y control desde el mundo invisible (Montoya Aponte et al., 2021). Además, destaca que la tercera fase de la odisea de la minería ilegal en Buenos Aires incluyó la violencia por la mencionada incursión de grupos armados en la zona, quienes ahora extorsionan a los mineros para pagar peajes para la extracción y el transporte del material («Los mineros ilegales de La Merced…», 2019).

Por lo tanto, la minería informal no se compone solamente bajo el espectro ilícito de extracción de oro en pequeñas concesiones o localidades «clandestinas», sino que también existe la presencia de grupos organizados por el narcotráfico y mafias que logran obtener el control de la situación y terminan construyendo la gran red ilegal minera constituida por mineros informales, actores políticos, públicos, de orden nacional e internacional que producen, transportan, venden y lavan activos productos del oro extraído a nivel multisectorial. La disidencia de grupos irregulares y el narcotráfico han tenido una gran influencia dentro de la minería informal, pues estos dos sectores del mundo encubierto colaboran mutuamente en su financiación y crecimiento dentro del Ecuador. Su sistema se encuentra cada vez más estructurado y obtiene mayor control gracias a la falta de presencia estatal en las zonas de minería informal.

4 Conclusiones

Ecuador no sufre un escenario de guerra híbrida, pero sí experimenta innumerables acciones híbridas. Parte de ello se constituye por una creciente economía informal en el país, asociada con la pobreza extrema y a las débiles condiciones laborables a las que están expuestos los ciudadanos, sobre todo en zonas donde el ausentismo del Estado es claro. En este trabajo se analizaron tres de las principales amenazas que sufre el país: el COT, la ciberdelincuencia y la minería informal. En estos casos se habla de acciones no convencionales que utilizan recursos innumerables que transcurren en los cauces de las economías sumergidas.

El COT opera en especial en la frontera norte, un espacio en el que proliferan los grupos irregulares que sostienen estructuras criminales multinacionales dedicadas al tráfico ilegal de armas y personas, drogas y minería. El Estado resulta incapaz de impedir estas actividades. Incluso, el COT incide en el aumento de la inseguridad y muertes violentas en Ecuador, por ejemplo, en Guayaquil. El gobierno se ha visto incapacitado ante el uso de tácticas no militares y los recursos insondables con los que cuenta la economía criminal.

Con respecto a la ciberdelincuencia, resulta un ecosistema natural de combinación de escenarios y daños reales y virtuales. En la pandemia, su actividad se multiplicó de manera considerable. Su intención se centra en capitalizar valores monetarios por sus acciones, finalmente desestabilizan la infraestructura crítica de cualquier país. El ransomware mezcla el secuestro de datos y perfiles a través del engaño y acciones de sabotaje en caso de que no se cumpla con sus exigencias y chantajes.

La presencia de la minería informal y la incidencia de la economía de las sombras dentro de un mundo globalizado y tecnológicamente desarrollado ha dado paso a que las acciones híbridas se adapten de mejor manera a este tipo de sistema, desplazando el protagonismo del Estado ecuatoriano en la toma y control de las decisiones. Las acciones informales han llegado a cuestionar los límites transfronterizos y hasta la noción de jurisdicción en lo que respecta a los procesos del mercado global y las cadenas de adición de valor. En este sentido, la economía sumergida ha permitido crear espacios en donde tanto lo formal como el mundo oculto se unen para fortalecer todo un sistema e involucramiento en lo que respecta a la producción, financiamiento, transporte y venta de material aurífero ilícito, como se lo evidenció en la localidad de la Merced Buenos Aires. Son las condiciones las que han permitido que el mercado informal se expanda tanto local como regionalmente desde estas zonas vulnerables.

Finalmente, desde una perspectiva teórica y empírica, los hallazgos de este estudio confirman que el caso ecuatoriano aporta evidencia para repensar el concepto de guerra híbrida desde escenarios periféricos, donde no existen conflictos interestatales abiertos, pero sí una acumulación sostenida de acciones híbridas impulsadas por actores criminales, economías informales y redes transnacionales que erosionan la soberanía, la capacidad regulatoria y el control territorial del Estado. Las dinámicas observadas en torno al crimen organizado transnacional, la ciberdelincuencia y la minería informal muestran que estas amenazas no operan de forma aislada, sino como sistemas interconectados que combinan recursos digitales, financieros y territoriales en contextos de alta vulnerabilidad social e institucional, un patrón que dialoga con experiencias similares en otros países de América Latina y del Sur Global. En este contexto, las respuestas estatales requieren superar enfoques fragmentados y avanzar hacia estrategias integrales que fortalezcan la inteligencia financiera y la cooperación internacional frente al COT, consoliden capacidades técnicas y normativas en materia de ciberseguridad, y articulen esquemas de control territorial con procesos graduales de formalización y alternativas económicas frente a la minería informal. Solo a través de políticas coordinadas, sostenidas en el tiempo y ancladas en una comprensión estructural de la economía sumergida, será posible reducir el margen de maniobra de estas acciones híbridas y recuperar capacidades efectivas de gobernanza en los territorios más vulnerables del país.

5 Contribución de autoría

Santiago Carranco-Paredes: Conceptualización; investigación, particularmente en el ámbito de la economía informal, las economías ilícitas y las industrias extractivas informales; redacción del borrador original; integración y articulación general del manuscrito; redacción, revisión y edición.

Liosday Landaburo: Conceptualización; investigación, particularmente sobre amenazas y acciones híbridas, crimen organizado transnacional y seguridad; desarrollo del marco conceptual y teórico; redacción del borrador original; redacción, revisión y edición.

Ariana Medina: Investigación y asistencia en la recopilación y sistematización de información; curación de datos y construcción y revisión de la bibliografía; redacción, revisión y edición del manuscrito.

6 Referencias