Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 26, Número 2, 2026

Revisiones
Revisado por pares

Familias respondiendo a los impactos del feminicidio: Una revisión narrativa

• Resumen
• Abstract

1 Introducción

Una de las estrategias del movimiento feminista ha sido poner nombre a los problemas que involucran la inequidad y la discriminación de las mujeres en razón de género (Foss et al., 2022). En 1976 se acuñó en inglés el término femicide para nombrar el asesinato de mujeres como el acto que «incluye situaciones en las cuales se acepta que las mujeres mueran como resultado de actitudes misóginas o de prácticas sociales» (Russell y Radford, 1992/2006, p. 41). Marcela Lagarde (2001/2006) lo tradujo al español como feminicidio, y, al hacerlo, señaló que se trata de «la construcción social de estos crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad que los configura» (p.12), debido a que el Estado no garantiza la seguridad de las mujeres frente a la violencia que viven a lo largo de sus vidas.

Por su parte, Julia Monárrez (2000) llamó feminicidio sexual sistémico al asesinato de una mujer en el que se presenta la mutilación del cuerpo de la víctima, la violación sexual y el hallazgo del cuerpo en lugares como un basurero o en el desierto. Rita Segato (2016/2018), propone el término femigenocidio para nombrar los crímenes que tienen el objetivo de asesinar a las mujeres en razón de género, pero sin que exista una relación previa entre el perpetrador y la víctima, ni que el móvil sea de tipo personal, estos delitos suelen realizarlos las organizaciones criminales e incluso las fuerzas de seguridad.

En el caso de México, el territorio desde donde escribo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso González y Otras Vs. México, 2009) declaró la responsabilidad del Estado, por razones sexistas, en tres de las ocho mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Este caso logró sentar las bases para que se tipificara el delito de feminicidio en el Código Penal Federal (2012) como un delito que comete quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer (Cap. V, Art. 325). No obstante, cada código penal estatal mexicano contiene diferentes razones de género y penalizaciones para este delito, que van de los 20 hasta los 70 años (Ramírez, 2020).

Por otra parte, los casos de feminicidio en México comenzaron a registrarse oficialmente desde 2015 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este registro, desde enero de 2015 hasta julio de 2024, se han contabilizado 7792 feminicidios (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP], 2024). Sin embargo, no todas las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidios, por lo que esta cifra podría ser mayor (Ramírez, 2020). En este sentido, gran parte de la exigencia de verdad y justicia por el asesinato de mujeres por razones de género se debe a las acciones que realizan las propias familias de las víctimas (Pineda, 2021).

1.1 Victimización indirecta

A las madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos —⁠incluso parejas⁠— de las víctimas de feminicidio se les ha nombrado víctimas indirectas (Martín, 2010), co-víctimas (Thompson et al., 1998, como se citó en Hardesty et al., 2008), víctimas colaterales (García y Rojas, 2018), u ofendidos del delito de feminicidio (Secretaría General del Gobierno [SEGOB], 2017); aunque el primer término también se utiliza para nombrar a familiares de otro tipo de víctimas. Por ejemplo, al realizar una búsqueda sobre víctimas indirectas, existen investigaciones sobre la reparación simbólica y de la memoria, en el contexto de la desaparición forzada en la dictadura argentina (Jean, 2022), y por las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Ecuador (Solís, 2018).

Especialmente en Colombia, la investigación se ha enfocado en las víctimas indirectas por el conflicto armado, por ejemplo, en la atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en orfandad (Bermúdez y Garavito, 2019); en la atención y reparación psicosocial (Franco-Gamboa et al., 2020; Moreno y Díaz, 2016; Serrano-Mora, 2021). Se han aproximado a través de la escritura de los relatos y narrativas sobre el duelo (Díaz et al., 2022; Grupo de Psicología Social Crítica Otras Voces, 2010; Nieto, 2010); en la reparación simbólica, acciones colectivas como prácticas de memoria con familias y comunidades impactadas (Castrillón et al., 2016; Osorio et al., 2021).

Entre estas víctimas también se encuentran las familiares de víctimas de feminicidio, quienes, a diferencia de mujeres que fueron desaparecidas en contextos de dictaduras o de conflictos armados, tienen la certeza de que sus hijas fueron asesinadas, han logrado recuperar sus cuerpos y darles sepultura. Dicha situación configura este delito como un crimen expansivo, como lo nombra Esther Pineda (2021), que deja en orfandad a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres; también precariza a personas adultas mayores, con alguna enfermedad o discapacidad, que se encuentran desamparadas porque su principal cuidadora fue asesinada.

Por lo que, para abordar esta temática, me sitúo desde una epistemología feminista que busca conocer cómo se concretan las violencias en el cuerpo de las mujeres, para dar cuenta de las conexiones entre la violencia de género con las violencias institucionales, económicas, laborales, coloniales, entre otras (Gago, 2019). Además, parto del supuesto de que las mujeres no somos pasivas frente a las violencias que vivimos, sino que siempre respondemos y resistimos de diversas formas (Latorre, 2022; White, 2004/2012). En el presente trabajo propongo una revisión narrativa de la literatura producida, en inglés y español en el continente americano e incluyendo Cataluña, con el objetivo de dar cuenta de: 1) cómo se ha estudiado el impacto del feminicidio en las familias de víctimas de feminicidio, y 2) qué respuestas se han generado frente a estos impactos desde las propias víctimas indirectas de feminicidio y otros actores sociales.

2 Aproximación metodológica

Realicé una revisión narrativa, dado que me interesaba recopilar, seleccionar, analizar y discutir la información de la literatura (Fortich, 2013; Guirao, 2015) que aborda la situación de las familias que son víctimas indirectas por feminicidio. El procedimiento implicó las búsquedas de materiales en cuatro bases de datos: Google Académico, Ebsco, DOAJ y Redalyc. Los límites de la búsqueda fueron: de 2000 a 2023; lengua: español e inglés; publicaciones académicas, texto completo, sin región específica, bajo los términos en español: femicidio, feminicidio, familia, víctimas y víctimas indirectas; en inglés como femicide, feminicide y family.

El procedimiento que guio la selección final de los artículos fue el siguiente: Identificación y selección inicial de 87 documentos, con potencial, a partir de todas las combinaciones entre las palabras clave utilizadas; entre estos, excluí 29 documentos por presentar resultados de feminicidio o femicidio sin relación con los familiares de las víctimas, de los cuales retiré 32 documentos porque, si bien se enfocaban en víctimas directas y familiares de víctimas, se relacionaban con violencias como conflictos armados, dictadura, desaparición, desaparición forzada y violencia de género, pero sin incluir feminicidio. Debo señalar que agregué un estudio diagnóstico (Saavedra et al., 2023), gracias a la recomendación de una acompañante de familiares de víctimas de feminicidio.

La Tabla 1 muestra los 27 documentos seleccionados, publicados entre los años 2004 y 2023, que resultaron: 11 investigaciones cualitativas, cinco estudios documentales, tres protocolos, dos investigaciones mixtas, dos reflexiones sobre experiencias, un estudio cuantitativo, una revisión narrativa, un anti-manual y una entrevista. Estos materiales fueron producidos desde diversas disciplinas y en los siguientes países del continente americano: Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Argentina y en siete estados de la República Mexicana, así como uno de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Con esta selección de documentos realicé un análisis temático, que es un método para identificar, analizar y reportar patrones o temas dentro del corpus de datos (Braun y Clarke, 2006). En primer lugar, llevé a cabo la lectura de los materiales y la codificación de los textos. Posteriormente, clasifiqué los códigos en temas potenciales y realicé una segunda lectura para determinar si podían considerarse como un eje temático coherente.

3 Resultados

Una vez definida la clasificación final, los códigos los agrupé en cuatro ejes temáticos, señalados en la Tabla 1, y nombrados: 1) el impacto del feminicidio en las familias; 2) respuestas desde las familias al feminicidio; 3) atención desde las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado; y 4) respuestas desde el acompañamiento. Estos ejes, a su vez, contienen 9 temas y 36 subtemas. En los siguientes cuatro apartados muestro los contenidos de los códigos clasificados en los cuatro ejes; cada uno está señalado por el título de nivel 2, mientras que los subtítulos de nivel 3 indican los temas que integran cada eje y, para los subtemas, he utilizado las cursivas dentro de los párrafos.

3.1 Impactos del feminicidio en las familias

En este eje temático clasifiqué el material que estaba relacionado con todas aquellas repercusiones que agrupé como subtemas de los impactos individuales, familiares y comunitarios.

3.1.1 Impactos individuales

Este tema reúne las consecuencias para las mujeres y los hombres que integran las familias de víctimas de feminicidio en los estudios citados. Un primer subtema implica lo que les sucede a las mujeres adultas, quienes son madres, hermanas y abuelas, que experimentan: dolores en el estómago, depresión, ansiedad, pensamientos intrusivos, preocupación, dolor emocional, alteraciones de autopercepción, ideas de persecución, cuestionamientos sobre sí mismas, enojo, remordimiento y autoagresión (Bernáldez y Rodríguez, 2023; Saavedra et al., 2023; Villanueva-Coronado et al., 2022); enfermedades psicosomáticas, pero causadas por la revictimización (Estrada y Mendoza, 2022). Algunas madres de víctimas han mostrado ansiedad por salir a la calle debido al juicio, las preguntas de los vecinos o por el riesgo que corren; incluso algunas hermanas de víctimas han intentado suicidarse (Pérez, 2022).

En el caso de los hombres, después del feminicidio de sus hijas, con frecuencia cambian sus roles de apoyo familiar y los más jóvenes abandonan la escuela para dedicarse a trabajar y ayudar a cubrir los gastos inesperados que enfrenta la familia (Pérez, 2022); otros pueden experimentar sentimientos de inutilidad frente a la magnitud de la situación (Bernáldez y Rodríguez, 2023). Ellos pueden presentar problemas psicológicos, como un padre que comenzó a experimentar delirios de persecución (Pérez, 2022), y tienen más dificultades para hablar de su vivencia (Driver, 2012). Como víctimas indirectas, algunos hombres de estas familias consideran que «la venganza privada es más eficiente que la justicia estatal, además de más rápida y equitativa» (Saavedra et al., 2023, p. 131). Estos impactos reproducen roles de género en los que las mujeres viven la violencia en sus cuerpos, mientras que los hombres muestran sus deseos de venganza, pero comparten menos otro tipo de emociones como la tristeza o el dolor.

Los impactos en las niñas, niños y adolescentes se relacionan con cambios físicos en el peso, en el apetito, en el sueño; presentan síntomas de asma; los estudios reportan depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y tendencias suicidas (Hardesty et al., 2008; Vargas, 2021). Sin embargo, esta literatura indica que es necesario evitar la generalización de los efectos en las y los menores, por lo que debemos atender a factores como la edad y la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Se requiere considerar que los efectos observados, en su salud física y emocional, pueden deberse a que también eran víctimas del agresor o atestiguaron la violencia de este hacia sus madres previamente al feminicidio.

Un subtema que destaca son los procesos de duelo, tanto para personas adultas como para infancias (Hardesty et al., 2008; Quintanar, s. f.; Villanueva-Coronado et al., 2022). En algunos casos se reportó que existían sentimientos de culpa por no poder aceptar la pérdida (Bernáldez y Rodríguez, 2023). Aunque Liliana Aragón-Castro (2023) señala que la extensión del tiempo en la elaboración del duelo está relacionada con la negligencia del Estado, por ejemplo, cuando excede el tiempo para otorgar a la familia el cuerpo de la víctima. Algunas familias mantienen en secreto el feminicidio, situación que puede dificultarles a las y los menores vivir el duelo y mantener la memoria de su madre (Vargas, 2021; Villanueva-Coronado et al., 2022). Debemos considerar que la búsqueda de la justicia puede llevar a las madres, padres, hermanas, hijas a vivir el duelo de una forma distinta a otras pérdidas (SEGOB, 2017).

Otro subtema es la reconstrucción del proyecto personal. En las y los adultos se relaciona con dificultades para imaginar su futuro y para establecer relaciones de pareja (Bernáldez y Rodríguez, 2023); en las niñas y niños, lo que se observó es que suelen perder años escolares y mostrar problemas de aprendizaje, o requerir de apoyo continuo y especial en este ámbito (Vargas, 2021).

Las víctimas indirectas son discriminadas y estigmatizadas por sus propias comunidades y por los profesionistas que les atienden, en instituciones públicas o privadas, quienes reproducen discursos y prácticas sexistas; también reproducen la violencia machista (García y Rojas, 2018; Pérez, 2022; Villanueva-Coronado et al., 2022; Zafra et al., 2020). Con frecuencia, las y los servidores públicos hacen su trabajo sin la perspectiva de género; incluso, algunas familiares narraron cómo las atienden desde actitudes paternalistas, que las infantilizan y discriminan por considerar que no pueden comprender la situación, dado su nivel de escolaridad (Saavedra et al., 2023); además, les brindan atención deficiente o no les informan sobre sus derechos como víctimas (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2021).

También, las y los familiares viven la revictimización por el funcionariado de instituciones que atienden víctimas, los medios de comunicación sensacionalistas, jueces, médicos, psiquiatras, psicólogos y profesionales de los servicios legales; quienes culpan a la víctima de su propio asesinato, no respetan la intimidad de su vida, invisibilizan la violencia contra ella, obstaculizan el proceso legal, realizan omisiones o negligencias, facilitan la impunidad, dan respuestas insensibles y muestran desprecio hacia las mujeres asesinadas y sus familiares (Huertas-Díaz et al., 2021; Pérez, 2022; Prieto-Carrión et al., 2007; Vargas, 2021; Zafra et al., 2020). De igual forma, quienes brindan atención suelen desconocer los impactos de la violencia feminicida (Antillón, 2022).

Algunas víctimas indirectas señalaron el oportunismo de los medios de comunicación, de algunos periodistas u organizaciones no gubernamentales que sacan provecho de sus historias para beneficio propio; estas actitudes suelen minar la confianza de las familiares cuando observan que se ha instrumentalizado su dolor y su pérdida (Bernáldez y Rodríguez, 2023; Driver, 2012; Saavedra et al., 2023). Como una forma de protegerse de esta situación, han optado por alejarse de los medios y organismos; también, experimentan desconfianza con cada nueva persona que se les acerca.

3.1.2 Impactos en la familia

Otro tema relevante es la reorganización de las relaciones familiares, puesto que las responsabilidades que eran de la víctima son asignadas a otras personas y estas situaciones producen tensiones, conflictos y rupturas entre sus integrantes (Driver, 2012; Estrada y Mendoza, 2022; Hardesty et al., 2008; Pérez, 2022; Villanueva-Coronado et al., 2022; Zafra et al., 2020).

El subtema de las y los cuidadores implica a niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, cuando una abuela toma el cuidado de sus nietos que quedaron en orfandad por el asesinato de su madre. En la literatura, este nuevo rol ocupa un lugar importante en la adaptación de las y los menores después del feminicidio, pues las adultas cuidadoras priorizan sus necesidades de salud física y mental, aunque en detrimento de su propio proceso de duelo y del cuidado de su salud, por lo que manifiestan estrés parental y dilemas sobre cómo criar a menores con un trauma como el feminicidio (Boira y Nudelman, 2018; Hardesty et al., 2008).

Las personas que suelen quedar a cargo de menores son personas de edades avanzadas, como las abuelas y abuelos cuidadores, quienes se encuentran en dificultades económicas al asumir gastos de alimentación, educación y vivienda que ya no contemplaban o para los cuales sus ingresos no alcanzan (Hardesty et al., 2008; Vargas, 2021; Zafra et al., 2020). Incluso, si son personas jóvenes, el impacto económico implica asumir pagos de abogados, atención a la salud mental y médica a largo plazo que no cubren los apoyos del Estado; en ocasiones, estas mismas personas dependían económicamente de la víctima y las exigencias de la búsqueda de justicia pueden hacer que pierdan sus trabajos (Estrada y Mendoza, 2022; García y Rojas, 2018; Pérez, 2022; Saavedra et al., 2023).

No obstante, los impactos y las necesidades de las familias no han sido suficientemente reconocidos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2021), reportó que hasta el 2021 no hay registros específicos de cuántas víctimas indirectas de feminicidio hay en México. Al mismo tiempo, Omar Huertas-Díaz y colaboradoras (2021) señalan la falta de registro de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio en Colombia. Estas omisiones repercuten en la invisibilización de las y los familiares de la víctima e impiden que accedan a las medidas de reparación del daño a las que tienen derecho.

3.1.3 Impacto comunitario

En este tema se encuentran las repercusiones en las relaciones que van más allá de la familia nuclear. La literatura muestra que las víctimas indirectas experimentan la falta de pertenencia a grupos y comunidades religiosas, escolares, de trabajo o familiares después del feminicidio (Bernáldez y Rodríguez, 2023). Se ha reportado que el entorno suele minimizar el hecho y no muestra apoyo a las víctimas indirectas (Vargas, 2021). Otro aspecto relacionado es el desplazamiento de las familias por recibir amenazas o por el riesgo que pueden correr (Bernáldez y Rodríguez, 2023). En especial, las niñas, niños y adolescentes se mudan con sus cuidadoras y cambian de escuela, perdiendo sus amistades y redes de apoyo (Hardesty et al., 2008). También ingresan en escuelas que les estigmatizan por el feminicidio de su madre y les colocan en riesgo de vivir otras violencias (Hardesty et al., 2008; Vargas, 2021).

Estos impactos, en los textos revisados, son explicados a través de «una cultura del silencio e invisibilización del feminicidio» (Zafra et al., 2020, p. 50), que tiene el objetivo de enviar el mensaje a todas las mujeres de que pueden ser asesinadas bajo el velo de la impunidad (Aragón-Castro, 2023). Se trata de una violencia feminicida estructural y cultural que se concreta en el acto del feminicidio (Vargas y Araiza, 2021). Ximena Antillón (2022) sostiene que la normalización de las muertes masivas, la estigmatización y reducción de la empatía hacia las víctimas rompen los vínculos sociales y la confianza en las autoridades; además, construyen una narrativa en que la muerte de las víctimas no es digna de reconocerse y que el dolor de quienes les sobreviven no tiene lugar.

Adicionalmente, la literatura revisada reitera que hacen falta políticas públicas específicas que respondan a las problemáticas que enfrentan las víctimas indirectas por feminicidio. Por una parte, es necesario instrumentar políticas públicas de cuidado para quienes se quedan a cargo de niñas, niños y adolescentes en orfandad por este delito (CNDH, 2021). Hacen falta recomendaciones para mejorar la atención de las fiscalías, sensibilización y capacitación para los medios de comunicación y para las instituciones educativas (Huertas-Díaz et al., 2021). Por otro lado, son necesarias acciones como programas de prevención e intervención, dirigidas hacia las comunidades que han sido impactadas por uno o más feminicidios (Estrada y Mendoza, 2022; Lewandowski et al., 2004).

3.2 Respuestas desde las personas al feminicidio

En el segundo eje temático, clasifiqué a todas aquellas observaciones y hallazgos sobre las respuestas de las víctimas indirectas a los impactos del feminicidio. Estar atenta a dichas respuestas fue intencional, puesto que —⁠como mencioné antes⁠— me interesa destacar que las personas no somos pasivas frente al trauma (White, 2004/2012) y siempre respondemos a las violencias que vivimos (Latorre, 2022).

3.2.1 Desde la subjetividad

Las respuestas que han construido las víctimas indirectas pueden tomar formas particulares: una de ellas es la espiritualidad debido a las creencias que les ayudan a seguir adelante en la exigencia de justicia (Proo y Bárcenas, 2021) o porque consideran que esa vivencia las acercó a Dios y las hizo más fuertes (Hardesty et al., 2008). Otro aspecto sobresaliente son los rituales familiares (Hardesty et al., 2008), como las prácticas funerarias de sus culturas que han sido útiles en sus procesos de duelo (Pérez, 2022). El autocuidado y autoprotección son otros elementos para el cuidado de su salud mental (Zafra et al., 2020). La resignificación de la pérdida por feminicidio, que se puede transformar en una estrategia política de resistencia frente a la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia (Antillón, 2022; Proo y Bárcenas, 2021).

3.2.2 Desde la colectividad

Este tema integra respuestas que traspasan el espacio privado de las familias y generan comunidades. En primer lugar, al politizar las vivencias, esto es, cuando intencionalmente hace pública la pérdida, el dolor y la violencia de género. Estas acciones muestran cómo las personas ejercen su agencia —⁠al tomar el control de sus propias vidas⁠— y transformarlas en fuerza política, producir lenguaje que las nombre y convertir esas «emociones privadas en hechos políticos» (Hincapié, 2017, p. 115). Por ejemplo, cuando las madres muestran públicamente el duelo por sus hijas (Chávez y Difarnecio, 2014). Asimismo, expresarse y cuestionar la identidad única de víctimas que se les ha asignado, las convierte en sujetos políticos (Antillón, 2022), que subjetivan el daño en formas rebeldes, creativas y colectivas que toman el espacio público en protestas y movilizaciones.

Entre estas formas destaca el activismo y la defensa de derechos humanos. Elva Orozco (2019) lo nombra activismo materno que se expresa a través de actos en los que las madres realizan la divulgación pública del feminicidio, que son expresiones encarnadas de resistencia, para exponer la violencia de género extrema que es resultado de las instituciones, tradiciones y normas de género existentes. Este activismo implica acompañar a otras mujeres en sus denuncias (Proo y Bárcenas, 2021): asistir a marchas y mítines, dar entrevistas, construir memoriales, aprender sobre leyes y defensa de derechos humanos, realizar investigaciones, hacer presión política desde los medios, sensibilizar al funcionariado público, exigir sus derechos, arriesgarse a las represalias, incluso renunciar a sus derechos para enfocar sus energías en lo que consideran importante en cada momento (Antillón, 2022; Driver, 2012; Pérez, 2022).

Las familias que han enfrentado un feminicidio se organizan desde la década de los noventa, se movilizan y construyen redes de apoyo transnacionales y redes locales de acción colectiva en México y Centroamérica (Hincapié, 2017; Prieto-Carrión et al., 2007). En las redes, ellas comparten sus aprendizajes sobre cómo actúa el Estado, lo que deben hacer y no hacer cuando luchan por la verdad y la justicia para sus hijas (De Montesinos, 2019); también organizan colectivos de víctimas que, si bien pueden experimentar tensiones, generan vínculos de solidaridad y resistencia (Antillón, 2022).

3.3 Atención desde las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado

En este eje temático fueron clasificadas las propuestas de atención a víctimas indirectas de feminicidio a partir de la orientación teórica que los guía y el alcance observado en los documentos.

3.3.1 Enfoques de atención

Los enfoques de los materiales revisados son el cognitivo-conductual sobre el proceso de duelo de las víctimas indirectas adultas y la terapia de inoculación del estrés para la intervención con niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio (García y Rojas, 2018). El siguiente enfoque fue la perspectiva de género (SEGOB, 2017), centrado en los procedimientos para la atención psicosocial, médica, jurídica y de trabajo social, para garantizar que las y los ofendidos por el delito de feminicidio puedan ejercer sus derechos. El enfoque psicosocial (Antillón, 2022), que implica un cruce, teórico y práctico, entre la psicología y la defensa de los derechos humanos.

3.3.2 Objetivos de cada enfoque

El cognitivo-conductual propone lograr la restitución integral de los derechos violentados a las y los menores, y a sus cuidadores (Quintanar, s. f.). El de género establece un equipo interdisciplinario que brinde asistencia, apoyo, seguridad y representación legal durante todo el proceso, desde que se da la noticia a las familias hasta el planteamiento de las medidas de reparación del daño. El psicosocial se propone politizar el acompañamiento a víctimas (Antillón, 2022), que significa: evitar la noción de víctima como receptora pasiva del daño, enfatizar el contexto de impunidad en el que se produce el delito, sostener un posicionamiento ético frente al dolor y el sufrimiento, reconocer los saberes de las víctimas indirectas y seguir los pasos que ellas van marcando.

3.4 Respuestas desde el acompañamiento

Este eje temático muestra como activistas, defensoras de derechos humanos, profesionales de servicios especializados, abogadas, expertas forenses, periodistas, académicas y artistas realizan acciones con y para las familiares de víctimas de feminicidio, con quienes bordan, salen a la calle a exigir justicia y defender la memoria (Aragón-Castro, 2023; De Montesinos, 2019); se conectan con otros adultos afectuosos para ayudar a niños y niñas que han quedado en orfandad (Hardesty et al., 2008); forman organizaciones de autoayuda, de apoyo económico, prevención de la violencia de género (Prieto-Carrión et al., 2007); abren espacios para ritualizar la muerte, reconocer la pérdida y el duelo como actos colectivos, también se politiza el cuidado y acompañamiento (Antillón, 2022). Entre ellas se genera confianza, apoyo y solidaridad (Pérez, 2022).

3.4.1 Profesionales/activistas

En Estados Unidos, Jennifer Hardesty y colaboradoras (2008) encontraron que el apoyo a víctimas indirectas puede venir también de organizaciones locales como iglesias y centros de salud, que brindan apoyos económicos, ofrecen oraciones o llamadas de apoyo emocional, brindan alojamiento a las y los menores; no obstante, las autoras señalan que este apoyo tiende a disminuir con el paso del tiempo. Algo similar reportó Claudia Pérez (2022) en el Estado de México, cuando la comunidad de vecinos inicialmente mostró apoyo a las víctimas indirectas, pero cuando el caso se complicó legalmente, se distanciaron. En este sentido, Amalia De Montesinos (2019), Brittany Chávez y Doris Difarnecio (2014) coinciden en que la clave de un apoyo continuo para las víctimas indirectas es la organización colectiva, con acciones en las que participen tanto los familiares de las víctimas como la sociedad civil, que toma conciencia sobre la impunidad que rodea estos casos.

Desde el periodismo, Alice Driver (2012) reflexionó con Lourdes Portillo sobre la importancia de narrar las historias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y de los testimonios de sus familias, en donde Portillo también fungió como una detective, entrevistadora y activista. En el contexto de la academia, Flor Vargas y Alejandra Araiza (2021) discuten sobre su experiencia con la investigación activista sobre feminicidio; las autoras proponen que este tipo de indagación implica el diálogo de saberes entre las mujeres entrevistadas, las activistas, las madres de víctimas de feminicidio y, por supuesto, las propias investigadoras. Por otra parte, Liliana Aragón-Castro (2023) señala los aportes de las médicas forenses, quienes con sus conocimientos de la ciencia forense e incorporando la perspectiva de género, han trabajado para devolver la humanidad y dignidad a los restos de las mujeres asesinadas, logrando construir la confianza con las madres de las víctimas para acompañarlas.

3.4.2 Artistas/activistas

Una estrategia para realizar la denuncia de las huellas que deja la violencia fue elaborada por Brittany Chávez y Doris Difarnecio (2014), quienes definen su activismo como el «andar con y al lado de la gente que forman parte de las luchas sociales» (p. 35). Su postura es pedagógica y decolonial, a través del uso de espacios públicos y con acciones participativas. También, Alexandra Castañeda y Francia Mamian (2019) proponen una obra que mezcla la danza contemporánea y el performance, cuyo propósito es crear un espacio para reflexionar sobre la negación de la violencia feminicida por parte de la sociedad; además, pretende reconectar al público con un contexto en el que el asesinato de las mujeres se caracteriza por la impunidad.

4 Discusión y conclusiones

El objetivo de esta revisión narrativa fue identificar el impacto del feminicidio en las víctimas indirectas, así como las respuestas que estas han generado frente al delito. Los ejes temáticos, temas y subtemas producto del análisis realizado muestran que los impactos de la violencia de género se concretan en el asesinato de las mujeres y se cruzan con las violencias económica e institucional (Gago, 2019), por parte de los Estados (Lagarde, 2001/2006). Las madres, hermanas, hijas e hijos, al exigir verdad y justicia para las víctimas, son precarizadas cuando asumen gastos inesperados y se convierten en cuidadoras de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad, lo que algunos Estados cubren solo de manera parcial (Ruíz-Flores, 2023); también cuando las familias se hacen cargo de los procesos jurídicos que merman sus ingresos (Saavedra et al., 2023).

Además, es necesario denunciar la violencia institucional hacia las víctimas (Prieto-Carrión et al., 2007). Si bien los Estados han respondido a través de instituciones y protocolos de atención a víctimas indirectas, estas suelen reportar la discriminación, la estigmatización de los servidores públicos que las revictimiza (Antillón, 2022; CNDH, 2021). Dentro de las necesidades legales, requieren la revisión de medidas de reparación, la revisión de los errores administrativos, la resolución de la patria potestad de menores y enfrentar los efectos de las rebajas de la condena del feminicida en las familias (Zafra et al., 2020).

La atención que ofrecen las instituciones del Estado para responder a los impactos físicos, emocionales y el duelo que viven estas familias debería ser flexible, esto es, aplicar terapias personalizadas que reconozcan las necesidades de acuerdo con la edad de las víctimas indirectas; contar con enfoques centrados en las familias como sistemas y en sus redes de apoyo (Hardesty et al., 2008); las guías para atender casos de feminicidio tendrían que estar situadas en lo local y estar elaboradas colectivamente con las comunidades a quienes acompañará; sería deseable que el Estado planteara el objetivo de restaurar no solo al individuo sino el tejido social (De Montesinos, 2019).

En relación con las infancias, las instituciones educativas del Estado deben involucrarse en el apoyo a niñas y niños que han quedado en la orfandad por feminicidio (Zafra et al., 2020), quienes requieren acompañamiento especializado e integral, de forma continua y a largo plazo (Huertas-Díaz et al., 2021). Entonces, los protocolos tendrían que ajustarse a la realidad de niñas, niños y adolescentes, a su contexto y situación familiar antes del feminicidio (Vargas, 2021), sobre todo comprometerse con la protección de la salud mental de estas víctimas indirectas.

Frente a la violencia feminicida estructural y las omisiones de los Estados (Vargas y Araiza, 2021), las madres y sus acompañantes resisten politizando la vivencia (Antillón, 2022; Chávez y Difarnecio, 2014; Hincapié, 2017), porque, al hacer público su dolor y su duelo, honran la dignidad de sus hijas, frente a un sistema que no considera valiosa la vida de las mujeres ni que sus muertes, en formas violentas, sean lloradas (Butler, 2004/2006). La solidaridad de las acompañantes, frente a la impunidad desde el Estado, hace posible un acompañamiento otro (Martínez et al., 2024) entre mujeres que intercambian experiencia, vocabularios y aprendizajes.

Sin embargo, la presente revisión narrativa da cuenta de los impactos que ha reportado solo una parte de la literatura en español e inglés sobre las familias de víctimas de feminicidio, particularmente en el continente americano, e integra un estudio de Cataluña (Zafra et al., 2020). Esta situación significa una oportunidad para ampliar revisiones futuras, por lo que sugiero incluir idiomas como el portugués y el francés, para conocer la situación de los países en los que constituyen las lenguas oficiales. Por ejemplo, tan solo en Brasil los datos registrados muestran 1470 feminicidios durante 2025 (Lopes, 2026), lo que implica una cantidad desconocida de familiares y de los impactos que están viviendo en este país.

Otro aspecto que no fue contemplado en la búsqueda para esta revisión fue incluir los términos transfeminicidio o agregar la muerte violenta de mujeres afrodescendientes, indígenas y trabajadoras sexuales, para conocer si existe información sobre sus familias. Un vacío importante en el registro de los asesinatos de mujeres es que desconocemos datos sobre su edad, la pertenencia a pueblos originarios, su identidad de género, orientación sexual y su actividad laboral. En este sentido, los métodos mixtos —⁠desde perspectivas críticas e interseccionales⁠— son necesarios para generar descripciones más complejas de la situación de las familias y las redes de apoyo, en torno a otras formas singulares en que se concreta la violencia de género en los cuerpos de las mujeres.

Por último, este trabajo nombra tanto los impactos del feminicidio como las respuestas de las familiares de las víctimas, quienes suelen convertirse en activistas y defensoras de niñas y mujeres, que luchan para que todas puedan ejercer el derecho a tener una vida vivible (Butler, 2004/2006).

5 Financiamiento

Este trabajo forma parte de la investigación «Construcción de conocimiento y cohesión social con familias víctimas secundarias de feminicidios en San Luis Potosí», realizada durante la estancia posdoctoral financiada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECITHI) en el periodo 2022–2026.

6 Referencias