En los últimos años, ha aumentado la preocupación social y política por la violencia sexual digital, como se ve en el creciente interés que han prestado instituciones a nivel internacional, como se aprecia en los informes de la Relatora Especial sobre violencia de género de la ONU (2016, 2022) o en el trabajo realizado por el European Institute for Gender Equality desde 2017 hasta la actualidad. En España, hemos visto el aumento del interés en la cuestión, lo que se ha traducido en la publicación de varios informes realizados por diversas organizaciones: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2017), Laia Serra, Pikara, Komons e Hybridas (Serra, 2018), Save The Children (2019), Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) (Círez Tambo y Cuesta García, 2022) y Federación Mujeres Jóvenes (2023), entre otras.
Los citados informes han evidenciado que la manera en la que se experimenta la violencia sexual en la sociedad actual está tomando nuevas cualidades relacionadas con la hiperexposición, la conectividad y la replicabilidad de las agresiones sexuales que posibilitan las tecnologías digitales sociales. Por ello, las acciones encaminadas a prevenir la violencia sexual en la sociedad digital tienen que incluir la variabilidad y la diversidad de prácticas a la hora de sensibilizar y educar a la población general.
El objetivo de nuestra investigación es interrogar a personas expertas sobre violencia sexual digital con el fin de sistematizar una agenda de investigación que incluya el estudio sobre perpetradores, víctimas y entornos digitales en los que se producen estas nuevas formas de violencia. Consideramos que construir una agenda de investigación sólida e integral que oriente la investigación social en el futuro venidero puede ser un aporte fundamental para que las ciencias sociales apoyen a los distintos actores involucrados o preocupados por la violencia sexual digital, incluyendo legisladores, miembros de la administración de justicia, asociaciones de apoyo integral a víctimas, desarrolladores de tecnologías digitales, profesionales del trabajo con jóvenes y supervivientes de violencia, entre otros.
Para definir la VSD, nos basamos en las aportaciones de Anastasia Powell y Nicola Henry, quienes la definen como “un conjunto de acciones de carácter sexualmente agresivo que se perpetran, reproducen y comparten gracias a las tecnologías de comunicación digital” (2017, p. 5). Estas formas de violencia son variadas e incluyen: la violación de la privacidad (ej.: sexpreading, que consiste en compartir o difundir imágenes sexualizadas sin el conocimiento o conocimiento de la persona involucrada); la vigilancia y el monitoreo (como el stalking o acecho); el daño a la reputación (como el slutshaming, que implica desacreditar a las mujeres tildándolas de “putas”); acoso (por ejemplo, el envío o recepción no solicitada de material sexualmente explícito) y las amenazas directas o violencia, como la extorsión sexual o sextorsión (Internet Governance Forum [IGF], 2015), entre otras.
En los últimos años, se ha intensificado el esfuerzo académico dedicado a comprender las diversas formas que tiene la VSD, como son: el envío de imágenes sexuales no solicitadas o sexting abusivo (Drouin et al., 2015; Ringrose et al., 2013, 2021), las prácticas de abuso sexual basada en imágenes, como la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento (Burns, 2015; Citron y Franks, 2014; Semenzin y Bainotti, 2020), las distintas formas de acoso sexual digital (Chawki y El Shazly, 2013; Ehman y Gross, 2019), las violencias asociadas a las apps de citas (Reed et al., 2016), a la violencia doméstica (Woodlock, 2017) y la búsqueda de pisos y habitaciones de alquiler (Schwartz y Neff, 2019). Hay otras violencias y contextos que todavía no se han investigado en profundidad, como son aquellas que ocurren en las aplicaciones de compra de productos y ropa de segunda mano. Más recientemente, algunos trabajos pioneros han explorado la creación de imágenes sexuales falsas empleando tecnología de inteligencia artificial o deepfakes (“Deepfake porn…”, 2024; Delfino, 2019; McGlynn y Rigotti, 2025).
Los debates internacionales sobre la VSD, tanto en el contexto internacional, como en el contexto español, también han abordado el impacto de estas violencias en las víctimas-supervivientes desde la idea del continuum propuesto por Liz Kelly (1987). Estos estudios han evidenciado que la violencia sexual digital genera un “daño social” que afecta múltiples facetas de la vida cotidiana de las víctimas. La “ruptura social” que provoca la agresión es percibida por muchas de ellas como un punto de inflexión, describiendo su experiencia como un “antes” y un “después” en sus vidas (McGlynn y Rackley, 2017). Estos daños pueden llegar a ser incapacitantes debido a los elevados niveles de ansiedad y estrés que reportan, entre otras sintomatologías (Dodge, 2021; Rackley et al., 2021).
En este sentido, los daños pueden retroalimentarse, dando lugar a fenómenos como la “poli-victmización”, según lo conceptualizan Asher Flynn et al. (2022) o el “daño rizomático” propuesto por Alexa Dodge (2021). Ambos conceptos se refieren a la multiplicidad de fuentes de daño que convergen para infligir mayor sufrimiento a las víctimas, ampliando y profundizando la esfera de daños. Esta manera de comprender los daños experimentados por las víctimas-supervivientes se alinea con los modos de poli-perpetración característicos de la violencia sexual digital, en los que convergen diversas agresiones en línea (Flynn et al., 2022). Estas agresiones se despliegan mediante usos altamente generizados de las posibilidades técnicas de interacción social que brindan las plataformas y aplicaciones (Schwartz y Neff, 2019), que desde su diseño encapsulan un conjunto de visiones banalizadoras de la violencia sexual y misóginas sobre la participación de las mujeres en Internet, así como sobre el rol que deben desempeñar los hombres en este contexto, y que Silvia Díaz-Fernández y Elisa García-Mingo han denominado las “affordances masculinas” (2022).
Esta línea de debate entronca con las investigaciones feministas que se han hecho en los últimos años sobre la relación entre nuevas tecnologías, los algoritmos y la violencia sexual digital, partiendo de la idea de que las tecnologías digitales no son neutrales (Giugni, 2023; Noble, 2018; Semenzin y Bainotti, 2020). Por el contrario, forman parte de los complejos ensamblajes del capitalismo digital de plataformas y de la digitalización de la cultura de la violación (Dodge, 2016), cuyas ramificaciones se extienden en múltiples direcciones. Esto incluye la codificación algorítmica de la violencia de género y la appificación de la violencia sexual, es decir, la incorporación de creencias, mitos y prácticas de la cultura de la violación, la cis-heteronormatividad y las lógicas del patriarcado blanco occidental en la propia arquitectura técnica de estas tecnologías (Airoldi, 2021; Dodge, 2016; Noble, 2018; Rama et al., 2022). Por último, incluimos en nuestra aproximación teórica el debate sobre el lucro de la misoginia digital y los contenidos odiosos que con frecuencia acaban siendo compartidos por otros en foros, repositorios y redes sociales (Giugni, 2023; KhosraviNik y Esposito, 2018), y que, en conjunto, refuerzan y amplifican las opresiones hacia los grupos vulnerabilizados, como también sucede con la victimización por prácticas de violencia sexual digital.
La hipótesis de nuestra investigación es que se está produciendo un proceso de digitalización de la violencia sexual que está cambiando sus lógicas de legitimación, victimización y perpetración en la sociedad digital. Al tratarse de un campo tan emergente y abierto, comenzamos nuestra investigación elaborando una Agenda de Investigación sobre la violencia sexual digital en España. Para ello, condujimos en el análisis de ocho entrevistas cualitativas a personas expertas de diferentes áreas de expertise. Para la selección de los perfiles tuvimos en cuenta un criterio de dispersión de la muestra teniendo en cuenta el tipo de expertise: sociología digital, derecho y legislación tecnológica, tecnología y ciberactivismo, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que hacen acompañamiento integral a víctimas de violencia sexual digital (ver Tabla 1).
| Notación de entrevista | Tipo de conocimiento experto y entidad | Número de personas entrevistadas |
|---|---|---|
| Activistas (ACT1) (ACT2) (ACT3) | Organizaciones sociedad civil: “Luchadoras”, “Acoso Online”. | 3 |
| Sociólogas (SOC) | Sociológica: “Cyber Rights Organization”. | 1 |
| Instituciones (INS) | Institucional: “Agencia Española de Protección de Datos”. | 1 |
| Juristas (JUR) | Jurídica: Laia Serra, Dones Juristes | 1 |
| Tecnólogas (TEC1) (TEC2) | Tecnológica hacker: “DONESTECH, Fembloc”. | 2 |
Tabla 1
Relación de personas entrevistadas, por tipo de conocimiento experto y notación
Para el reclutamiento de las entrevistadas contactamos con organizaciones de la sociedad civil con un amplio recorrido en la prevención y denuncia de la violencia sexual digital, así como con expertas que participan en redes de violencia sexual bien conocidas por su labor a nivel nacional e internacional. Consideramos que todas las entrevistadas poseen un saber “experto” sobre esta materia que reside en su larga trayectoria temporal trabajando, cada una desde su perspectiva, con casos de violencia sexual digital, ya sea acompañando, interviniendo, investigando o representando a víctimas-supervivientes; algunas de ellas también con experiencia directa con agresores. Fijamos como criterio una experiencia de trabajo en este campo de al menos cinco años, cifra muy elevada teniendo en cuenta el recorrido del fenómeno de la violencia sexual digital en el Estado español y que algunas de las entrevistadas son pioneras en este campo en nuestro país.
La realización de las entrevistas cualitativas se hizo online mediante videollamada durante el año 2023 y la condujimos una pareja de entrevistadores triangulados (hombre-mujer / Gen Z-Millenial), con el consentimiento informado y previo de todas las participantes. Las entrevistas fueron grabadas y se almacenaron en el repositorio institucional de nuestra Universidad, que nos comprometimos a destruir al término del proyecto. Decidimos no continuar realizando las entrevistas una vez alcanzadas la saturación discursiva en torno a los puntos que han acabado conformando la agenda que presentamos. No obstante, consideramos que nuestros materiales podrían enriquecerse con entrevistas a perfiles a los que no hemos tenido acceso a campo, como jueces y juezas, fiscalía o personas que trabajen directamente con agresores de violencia sexual en contextos judicializados o privados de libertad, entre otros.
Las entrevistas fueron transcritas y analizadas por tres investigadores siguiendo la lógica del análisis cualitativo temático realizado a través del Software Atlas Ti.Web versión 2023. Para asegurar el rigor de nuestros datos cualitativos realizamos distintas reuniones en las que establecimos un plan de análisis y discutimos —enraizadas en la teoría, nuestras experiencias de investigación y las entrevistas— la codificación inicial y las sucesivas hasta obtener los códigos finales. Consideramos que esta lógica de la triangulación analítica entre investigadoras de distinta edad y trayectoria nos permite mejorar la calidad de la investigación cualitativa.
La mirada sociológica y tecnológica nos ha permitido tratar el fenómeno de la VSD como un problema cultural y en constante transformación, inscrito en unos marcos estructurales de desigualdad y discriminación, como sucede con el “capitalismo digital de plataformas” (Srnicek, 2018), el “sexismo algorítmico” (Powell et al., 2019) y las disposiciones tecnológicas o “affordances” (Semenzin y Bainotti, 2020; Schwartz y Neff, 2019). Asimismo, la aproximación jurídica nos ha permitido conocer planteamientos que abordan las violencias y la reparación del daño desde posturas basadas en la transformación social del medio y desde el antipunitivismo (Serra, 2020). En último lugar, el discurso institucional, en este caso mediante una entrevista a la Agencia Española de Protección de Datos, nos ha ayudado a conocer la prevalencia de casos en materia de VSD que atienden y el funcionamiento de los cauces existentes, así como el papel de las instituciones que trabajan en la atención y erradicación de este tipo de prácticas abusivas.
Algunos de los acuerdos más destacados entre las personas entrevistadas son: el carácter cultural, generizado y estructural de la violencia sexual digital dentro del continuo online y offline; la dimensión etaria del fenómeno, relacionada con el uso y exposición de las tecnologías digitales propia de las generaciones más jóvenes (Generación Z y Generación Alfa); la falta de conceptualización y precisión terminológica de las prácticas de VSD; el desplazamiento desde el abordaje técnico a la mirada integral de las prácticas odiosas y abusivas; las imbricaciones entre plataformas y agresores en la perpetración de prácticas de VSD; y las estrategias de intervención, de entre las que se incluyen: apoyos, recursos y afrontamiento.
El primer problema identificado entre las participantes para abordar la violencia sexual digital es la falta de conceptualización y clarificación terminológica, lo que dificulta dimensionar la incidencia real del fenómeno. Las propias entrevistadas, así como la literatura disponible sobre el tema, a menudo utilizan de manera indistinta y como si fueran sinónimos una gran diversidad de términos: violencia de género digital, violencia sexual digital, violencia sexual en línea, violencia de género online, violencia digital en contra de las mujeres y ciberviolencia de género, etc. De esta manera, las expertas consideran que para obtener una imagen más amplia de lo que está pasando con respecto al fenómeno de la VSD es crucial responder a esta profusión terminológica y buscar definiciones comunes para saber a qué nos estamos refiriendo con cada una de ellas. Asimismo, también consideran que es necesario compactar las experiencias locales de las violencias, esto es, enraizadas en las particularidades socioculturales de cada país, para tener una imagen más amplia de lo que está pasando a escala global en materia de VSD. El alcance internacional de la compactación de estas experiencias locales aportaría evidencia empírica tanto de los rasgos estructurales de la VSD, como de las especificidades propias de la región donde se desarrolla, así como del contexto y grupos sociales que involucra.
En buena medida, esta profusión terminológica responde, por un lado, a esa falta de conversación entre activistas y expertas que desde sus realidades locales estaban trabajando en la VSD, pero desligadas del trabajo que estaban haciendo otras compañeras en otras regiones. Al mismo tiempo, la multitud de conceptos para hablar de VSD está estrechamente relacionada con su componente tecnológico. Sobre esto último, las expertas describen las constantes transformaciones en las formas de perpetración de la VSD en paralelo al avance tecnológico, llegando a referirse a la violencia de género digital contra las mujeres como “creativa” (SOC, entrevista, abril de 2023) y asegurando que “Internet no tiene fronteras, no en ese sentido” (SOC, entrevista, abril 2023). Esta complejidad de la violencia facilitada tecnológicamente está particularmente vinculada a las especificidades del diseño y la configuración de los medios digitales, que facilitan la hipervelocidad, el alcance masivo y la dificultad de recuperar el control de nuestro contenido, entre otras características. Sobre esto último, las tecnologías digitales suelen estar diseñadas por “hombres blancos del norte global” (ACT1, entrevista, febrero 2023), lo que también favorece que ciertas cosmovisiones de la realidad social, especialmente aquellas ideas relativas a la cultura de la violación se incrusten en el funcionamiento de las plataformas. Este puede ser el caso de los términos de uso sexistas discriminatorios para la mujer, como sucede en los casos en que se prohíbe la desnudez y el pezón femenino, entre otros. También esto tiene que ver con cómo el diseño de las plataformas digitales promueve o facilita ciertos comportamientos, como son las prácticas odiosas y abusivas.
Por otra parte, el ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico y de las violencias contrasta con la falta de investigaciones empíricas sobre el fenómeno, especialmente de aquellas que dan un papel protagonista a las afectadas, permitiéndoles ser escuchadas y que colaboren en la medida en que ellas quieran; o la mirada adulto-céntrica, habitualmente percibida por las generaciones más jóvenes (Z, Alfas) como culpabilizadora y estigmatizante, agravando su daño social y obstaculizando su abordaje en materia de prevención y erradicación. A este respecto, las entrevistadas recuerdan que las violencias son dinámicas y, en ocasiones, están tan normalizadas que son difíciles de identificar o nombrar incluso para las propias víctimas. Como reverso, también hay veces que se identifica las prácticas sexuales como violencia, cuando no lo son, como sucede con el sexting consentido, esto es, el intercambio de mensajes e imágenes sexuales o íntimos con fines lúdicos. A estas complejidades enunciadas se podrían añadir: el componente tecnológico y la codificación de la cultura de la violación; la falta de datos e investigaciones y la mirada-adulto céntrica, a la que se le suma la superposición de dos planos en los que la violencia se imbrica: el online y el offline. Según las expertas, si no se integra la observación de la violencia favoreciendo una idea de continuo y de hibridación de las violencias se corre el riesgo de replicar modelos dicotómicos que conciben la realidad social offline y online de manera estanca e independiente. A diferencia de esta visión, la idea del “continuum online-offline” es clave para entender cómo las prácticas de VSD se favorecen mutuamente entre los distintos escenarios, agentes y prácticas que involucran, sean o no digitales. Así pues, la violencia no queda inexorablemente atrapada en la realidad social puramente offline u online, sino que estas prácticas acaban concatenadas unas con otras en unos términos que devienen en mayores impactos y daño social para las afectadas.
En nuestro trabajo también hemos podido esbozar algunos elementos significativos sobre el perfil de los agresores, así como de sus modos de perpetración y legitimación de la violencia. Según las personas expertas, la mayor parte de los perpetradores suelen ser personas conocidas o del círculo cercano de la persona afectada. Precisamente porque son personas de su entorno a las que se conoce, la agresión es focalizada y tiene la capacidad de infligir un mayor daño. Sobre esto mismo, una de las entrevistadas decía que los agresores no son “esa gente que está con una capucha en un cuarto oscuro” (ACT 2, entrevista, enero 2023).
Las expertas coinciden en que los perpetradores de las violencias sexuales digitales son habitualmente varones heterosexuales, pero más allá de eso, hay acuerdo en que no existe un perfil prototípico de agresor. También coinciden en que es importante ampliar el paradigma del agresor fuera de las figuras de la ex-pareja sentimental. Algunos ejemplos más allá de estas figuras son los bots de doxxing y las inteligencias artificiales de “desnudación”. Los bots son programas informáticos que ejecutan ciertas tareas. En el primer caso, para filtrar información personal de una determinada persona, y en el segundo, para desnudar el cuerpo de la persona que aparece en una imagen, que, por lo general, solo funcionan en mujeres, dando cuenta de su diseño no neutral generizado. Según declararon las expertas, estos bots se están popularizando especialmente dentro de aplicaciones de mensajería privadas, como Telegram, o comunidades digitales misóginas como Hipasexy para desnudar a mujeres cercanas a los agresores (compañeras de clase o trabajo, vecinas, familiares, etc.).
Sobre las comunidades digitales misóginas, particularmente los canales de Telegram, operan como una red de carácter autosostenible y pseudocerrada, caracterizada por una alta volatilidad en la que facilitan la entrada de nuevos usuarios en determinados momentos, haciendo esta tarea mediante la publicación de “links” temporales en Internet. Una vez logrado el objetivo de reclutar nuevos usuarios, acceder a estos espacios se vuelve más complicado. Asimismo, la arquitectura y el diseño de estas plataformas privadas, como sucede en Telegram, dificulta que se pueda denunciar o prohibir este tipo de comportamientos. Por ejemplo, en dicha aplicación los administradores del canal son los encargados de gestionar las denuncias que reciben, por lo que, a diferencia de otras como X-Twitter o Instagram, la coordinación masiva para boicotear publicaciones o cuentas no funciona. Además, cuando un canal, por cualquier motivo, es descubierto infringiendo los términos de uso de la plataforma o cerrado, migra a otro espacio para no desaparecer.
A este respecto, las entrevistadas expertas apuntan hacia la responsabilidad de las plataformas que, en el contexto de capitalismo digital, tienden a la “monetización de la misoginia” (SOC, entrevista, abril 2023). Esto es posible porque dentro de las lógicas del capitalismo digital se busca el tráfico y la circulación de los contenidos. La violencia crea el dato, de esta manera, los contenidos viralizados violentos, en los que se representan escena de violación, tortura animal y sufrimiento físico revierten en una gran cantidad de likes, visualizaciones y de interacciones en la actividad entre usuarios (comentar, compartir, guardar…) lo que aporta grandes beneficios económicos a la plataforma. De este modo, entran en colisión las lógicas del capitalismo digital, esto es, el lucro por medio del daño ajeno que genera la monetización de la misoginia y la violencia, con la dificultad de remover un contenido de Internet o frenar su viralización o redifusión, puesto que va en contra de dichas dinámicas. Frente a esto, todas las expertas coinciden en que la lucha debe dirigirse a garantizar los derechos humanos digitales, que, en sus opiniones, tiene que engarzar con la lucha feminista para servir como contrapeso a los monopolios digitales. De esto mismo hablaba una experta entrevistada: “hace falta que haya un movimiento compacto, global, sobre todo, frente a colosos, como las plataformas digitales, porque las plataformas digitales tienen todo el control de esos contenidos y hacen beneficios, hacen dinero de esta violencia” (SOC, entrevista, abril 2023).
Asimismo, durante las entrevistas también salieron temas que tenían que ver con las estrategias cosméticas desplegadas por las plataformas, como las campañas de publicidad que buscan limpiar su imagen. En opinión de las expertas, todas estas medidas revelan la falta de compromiso y de interés real de las plataformas por atajar la violencia. Un ejemplo de “tecnosolución cosmética” puede ser el “Hash” o la radiografía digital de Meta, por la que prometían acabar con la difusión no consentida en sus aplicaciones añadiendo un código a las imágenes subidas, de modo que si otra persona subía la misma imagen podría detectarla y eliminarla1. El problema para las expertas es que entonces nuestras imágenes, incluso aquellas íntimas o sexuales, quedarían almacenadas y bajo el control de una empresa privada. Respecto a lo anterior, las expertas consideran que podría mejorarse la situación para erradicar las violencias si existiese un trabajo político con ellas para legislarlas. Otras medidas que pueden contribuir a mejorar el escenario de la VSD en las plataformas son: la creación de líneas directas entre plataformas y agentes institucionales y víctimas; que las plataformas tengan sedes en territorio europeo a la que respondan las instancias; establecer un tiempo máximo de respuesta una vez tramitada la denuncia de VSD, etcétera.
Finalmente, algunas expertas que acompañan a afectadas de VSD se referían a la plataforma con la que interactuaban como una “presencia divina” a la que se lanzaban a su suerte. Esta forma irónica de referirse a ellas pone en evidencia su carácter opaco y privativo, puesto que desconocemos cómo funcionan y por qué ciertas actuaciones en casos de VSD dan un resultado exitoso ante ellas y otras no; lo que da cuenta de lo frágil que es la posición de la víctima ante un caso de VSD, puesto que está muy supeditada a ellas.
Como hemos apuntado, el anonimato, la falta de transparencia de las plataformas, los términos de uso discriminatorios y la cuasi imposibilidad de trazar el origen de la violencia son elementos que favorecen la impunidad de los agresores. Al hilo de esto, todas las expertas coinciden en que los agresores tienen que asumir la responsabilidad de sus actos, sin caer en acciones punitivistas. De este modo, las expertas apuestan por trabajar la dimensión social y cultural de la agresión, de manera que proponen trabajar la “autoconciencia masculina” (SOC, entrevista, abril 2023). y creen fundamental educar y sensibilizar en cuestiones como el control, el poder, el consentimiento y la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad.
En línea con lo anterior, se inclinan hacia la búsqueda de los condicionantes sociales estructurales que llevan a los agresores a replicar unos modelos de agresión, para trabajar en ellos con vistas a erradicarlos de raíz y no meramente con soluciones parciales. Además, agregan que no es fácil diseñar medidas específicas porque no existe perfil de víctima, que, aunque generalmente son mujeres menores de edad, también las hay mayores de 50 años, por ejemplo, con violencias relacionadas con las aplicaciones de citas. También las expertas apuntaron la falta de indicadores para evaluar adecuadamente el daño social en las afectadas y coincidieron en que mayoría de los procesos de denuncia son revictimizantes, lo que genera renuencia en las víctimas a la hora de comenzar el proceso de verdad, justicia y reparación.
Así, sobre el impacto de la VSD (en cualquiera de sus formas e intensidades), las expertas afirman que estas formas contemporáneas de violencia pueden tener repercusiones significativas en múltiples aspectos de la vida de las personas. Además, una de las cuestiones que se repite reiteradamente es la idea de la “concatenación de las violencias”, es decir, que la VSD está interconectada con otras formas de violencia, como el acoso sexual, la violencia de género o la trata con fines de explotación sexual. Esta intersección de violencias amplifica el impacto negativo en la vida de las víctimas y hace más difícil su recuperación. Cuando hablan de impactos, las expertas se refieren al impacto psicológico de la VSD, ya que ésta puede tener graves consecuencias para la salud mental de las víctimas, incluyendo trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, problemas de autoestima y desórdenes alimenticios. También hablan de impacto económico, ya que la violencia sexual digital puede afectar negativamente la vida laboral de las víctimas, ya sea a través de la pérdida de empleo, el absentismo escolar y laboral debido a problemas de salud mental relacionados con el trauma o la necesidad de recurrir a servicios legales y terapéuticos costosos. Las entrevistadas apuntan el impacto laboral de la VSD, ya que las personas afectadas relatan problemas en su desempeño educativo o laboral debido al estrés, la ansiedad y la depresión causados por la violencia. También se han documentado casos de VSD en entornos laborales2 y escolares3 en los que a consecuencia de las violencias, se han creado entornos hostiles para las víctimas que contribuyen a magnificar el daño.
Sobre esto último, las expertas se refieren al ciclo de la VSD y cómo se descubre y se denuncian las acciones violentas que ocurren en entornos digitales o híbridos. Una de las cuestiones que emerge de las entrevistas es que resulta difícil denunciar a violencia sexual digital por miedo al estigma, a la vergüenza y al juicio social. Las víctimas mencionan el temor de no ser creídas, a recibir represalias por parte del agresor o de experimentar victimización secundaria por parte de las autoridades. Por ello, muchas víctimas optan por no reportar ni buscar ayuda. Cuando son preguntadas por el apoyo que reciben las afectadas y los recursos disponibles para protegerlas y acompañarlas, las personas entrevistadas dicen que el apoyo fundamental que reciben las víctimas proviene de sus familias y de sus círculos cercanos. De hecho, las expertas afirman que la red de apoyo reduce el impacto que genera la violencia en la afectada.
Asimismo, cuando señalan los recursos de apoyo, se refieren principalmente a los canales institucionales, como el 017 del INCIBE y el Canal Prioritario de la AEPD, la línea de ayuda integral FEMBLOC4 y los recursos de apoyo psicoemocional previstos para víctimas de violencia sexual que pueden usarse para este fin, como son los Centros de Crisis 24 horas (López Trujillo, 2023). Especialmente destacable en este punto es el trabajo de organizaciones de activismo que llevan años atendiendo a víctimas de violencia sexual digital, tales como Acoso Online, Luchadoras, Taller Comunicación Mujer o Donestech. En este sentido, una de las entrevistadas se refería así a su trabajo con víctimas en México: “Les decimos: amiga, no te vayas de Internet. Veamos cómo conversamos, cómo nos acompañamos, que cosas podemos hacer” (ACT3, entrevista, febrero 2023).
Al margen del apoyo y los recursos disponibles, hay acuerdo entre las expertas entrevistadas sobre el hecho de que las estrategias de afrontamiento del daño desarrolladas por las afectadas son fundamentales para sobrellevar los impactos. Estas estrategias abarcan prácticas de autorreflexión y de autocuidado pero también de acción colectiva y denuncia pública, tales como: (1) “desintoxicación digital por voluntad propia”, lo que implica tomar la decisión consciente de desconectarse o reducir el uso de ciertas tecnologías digitales; (2) “empoderarse para la lucha”, que se refiere al empoderamiento personal y colectivo, que muchas veces ha convertido a víctimas en activistas de los derechos de las mujeres en el ámbito digital, como el caso de Olimpia Coral Melo (Díaz, 2023) y otras tantas que se han comprometido para convertir Internet en un espacio más seguro y accesible para todas; (3) la “autodefensa feminista digital”, como conceptualizan algunas entrevistas (TEC1, entrevista, mayo 2023) a la creación de comunidades y entornos digitales seguros y solidarios como una forma de protección contra la violencia digital; y, (4) la “denuncia pública de los agresores como práctica ciberfeminista”, una práctica que busca visibilizar y confrontar la misoginia y otras formas de violencia de género en el ámbito digital.
En las entrevistas con las expertas, identificamos varias estrategias propuestas de investigación y acción para el futuro. En primer lugar, las expertas están de acuerdo en la necesidad de incorporar la VSD en la agenda política-institucional de España. Según ellas, trabajar para incluir la VSD en la agenda política-institucional incluye hacer campañas de sensibilización y cabildeo con legisladores, así como insertarla en la agenda de los medios de comunicación y plataformas digitales. De hecho, algunas de las expertas exponen la necesidad de abordar la violencia sexual digital a través de la formulación de políticas y algunas incluso postulan la creación de una ley específica de violencia de género digital, como tienen Ecuador, México o Australia (Díaz, 2023). Si no una ley específica, sí que se apunta la urgencia de contar con un marco normativo nacional que establezca definiciones claras, nuevas tipificaciones de los delitos, así como mecanismos de denuncia y de protección de las víctimas.
En segundo lugar, las personas interpeladas en este estudio plantean que deben realizarse investigaciones para comprender la naturaleza y el alcance de la violencia sexual digital en España, de la que aseguran que falta promover su investigación empírica en el Estado y mejorar la conceptualización de la VSD. Además, afirman que para llevar a buen puerto este trabajo de conceptualización es necesario generar redes y sinergias entre activistas, académicas e instituciones. Así, apuntan que la investigación social sobre el fenómeno es clave para crear conciencia sobre el problema y su impacto en las víctimas, así como para informar la formulación de políticas y la legislación.
En tercer lugar, como línea de acción fundamental, apuntan que hay aumentar la educación y sensibilización para la prevención, siendo algunas de las propuestas concretas: (1) desarrollar infografías y materiales educativos que expliquen cómo preservar las pruebas en casos de violencia sexual digital, incluyendo instrucciones para guardar las evidencias digitales de manera segura, así como información sobre dónde buscar ayuda y apoyo; (2) generar programas educativos sobre los diferentes mecanismos legales y tecnológicos disponibles tales como la denuncia a las autoridades competentes, la utilización de herramientas de privacidad y seguridad digital, y el acceso a servicios de apoyo psicológico y legal; (3) realizar campañas institucionales a nivel nacional y local para informar al público general sobre los riesgos de la VSD digital y promover comportamientos digitales seguros. Algunas de las expertas se muestran preocupadas por la deriva del debate social hacia la relación entre violencia, juventud y tecnología, y afirman que hay que promover el enfoque antipunitivista y huir del penalismo. Así, en sus palabras: “La prohibición nunca es una estrategia: hay que educar, prevenir, sensibilizar” (EXP2, Sociológica).
En cuarto lugar, las expertas centran su atención en los y las profesionales de la prevención, sanción y erradicación de la VSD. Indican la necesidad de proporcionar capacitación y recursos adecuados a los cuerpos de seguridad, profesionales de la salud, educadores y otros actores relevantes para identificar, prevenir y responder efectivamente a la violencia sexual digital. Apuntan que hay que proporcionar capacitación especializada sobre violencia sexual digital para profesionales de la salud, educadores, trabajadores sociales, agentes de la ley y otros actores relevantes, como son otros profesionales que trabajan con juventud, infancia, periodistas y juristas. Esta capacitación podría incluir información sobre cómo identificar signos de VSD, cómo brindar apoyo a las víctimas y cómo colaborar con otros actores para abordar el problema de manera integral.
En quinto lugar, se propone la creación de servicios de acompañamiento integrales para que el apoyo sea efectivo y apuntan algunas consideraciones clave para crear estos dispositivos: (1) escuchar activamente a las personas afectadas, lo que una entrevistada resume como “pasar el micrófono a las afectadas” (EXP5, Tecnológica-Hacker), para lo cual se deben crear espacios seguros donde puedan compartir sus experiencias, preocupaciones y necesidades sin temor a ser juzgadas o ignoradas; (2) para lograr esta escucha activa, se plantea la posibilidad de crear grupos de trabajo, mesas de diálogo o consultas públicas para asegurar que sus voces sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones; (3) se apunta la necesidad de diseñar servicios basados en las necesidades identificadas utilizando la información recopilada durante el proceso de escucha. Esto puede incluir servicios de asesoramiento psicológico, asistencia legal, acceso a recursos económicos, apoyo emocional, entre otros. Como ejemplo de estos servicios, en las entrevistas se habla de la necesidad de crear servicios de certificación de VSD, una suerte de “Notarías Digitales”, que son programas de certificación que ayudan a las víctimas de violencia sexual digital a documentar y certificar las evidencias de manera segura y confiable. Estas notarías digitales podrían proporcionar servicios especializados para preservar la integridad de la evidencia y garantizar su validez legal5.
En sexto y último lugar, se habla del inexorable trabajo institucional que se tiene que hacer con las plataformas desde una estrategia dual, que no implique sólo a las personas, sino que se centre también en las plataformas tecnológicas en las que se produce y legitima la VSD. Las expertas consideran que estamos postergando el trabajo con las plataformas digitales, aunque no es nada fácil en un contexto de poca regulación y de falta de comprensión de su papel en la VSD. De entre las principales ideas que las expertas señalan, emergen dos que a nuestro juicio son imprescindibles para conformar una agenda de investigación sobre violencia sexual digital: la idea de que “los derechos digitales también son derechos humanos” (TEC 1, entrevista, mayo 2023) y la idea de que la tecnología debería estar al servicio de la igualdad (TEC 2, entrevista, mayo 2023), lo que incluye un obligado esfuerzo colectivo para reducir la brecha de género digital y para fomentar la participación de las mujeres en el diseño y desarrollo de las tecnologías digitales.
En este artículo hemos esbozado una agenda de investigación para la próxima década que incluye la invitación a desentrañar las nuevas formas que toma la violencia sexual basada en el género en la sociedad digital. Desde la perspectiva de las expertas, cuando se aborda la VSD habitualmente se aprecia una tendencia a desvincular el fenómeno de las estructuras sociales y del sistema patriarcal en el que opera. Como consecuencia, muchas de las respuestas que se plantean tienden a ser parciales y centradas en aspectos aislados del fenómeno. Así, es habitual que desde diferentes ámbitos de la sociedad se demanden legislaciones más restrictivas en la regulación de las tecnologías para garantizar una mayor seguridad. Sobre esto último, en opinión de las expertas consultadas existen dos grandes posturas ideales sobre el rol que juegan las nuevas tecnologías en las cuestiones sociales: el “tecnopánico” y el “tecnosolucionismo”. Por un lado, los “tecnopánicos” culpabilizan a las tecnologías digitales de los problemas sociales, y por otro, el “tecnosolucionismo” aspira a resolver los problemas sociales a través de la mediación tecnológica.
A juicio de las entrevistadas, las tecnosoluciones son respuestas fáciles dadas desde las plataformas para resolver problemas sociales complejos. Además, son respuestas insuficientes que, en su opinión, no atienden a la raíz estructural del problema. Frente a este tecnosolucionismo, casi todas ellas coinciden en que la respuesta debe ser integral y tener perspectiva de género. La falta de un abordaje integral se refleja, según las entrevistadas, en la excesiva especialización de los agentes implicados en su erradicación, lo que dificulta la coordinación y colaboración entre profesionales e instituciones. Además, esto último viene exacerbado por la falta de formación en género y violencias sexuales de jueces, fiscalía y cuerpos policiales. Precisamente que los agentes clave a lo largo del proceso de denuncia, persecución y acompañamiento de víctimas de casos de violencia sexual no tengan esta formación dificulta la mirada estructural del fenómeno. Asimismo, las expertas añaden que precisamente al no tener esta mirada sobre la VSD los agentes clave en muchas ocasiones no identifican las prácticas violentas como tal, llegando a producirse situaciones donde estos mismos agentes las minimizan o ridiculizan, especialmente cuando atañen a mujeres mayores de edad.
Sobre el abordaje de las VSD y los agresores, las expertas aseguran que éste tiene que basarse en una estrategia que incluya, por un lado, la concienciación, comprensión y la sensibilización a distintos niveles que visibilicen y reconozcan la VSD (sociedad civil, instituciones, fuerzas de seguridad, fiscalía, activismos, agresores, etc.) y, por otro, la intervención y transformación del propio medio para evitar que se repliquen los modelos de agresión que lo posibilitaron. En línea con lo anterior, todas ellas coinciden en que la VSD no es ni un problema jurídico o técnico, sino de profundas raíces culturales. Precisamente porque la cultura también se refleja en lo digital, las plataformas y medios digitales cristalizan unas ideas y unos ideales del mundo bastante concretos, que por lo general son iguales para todas las regiones del mundo, y que impactan de manera desigual entre grupos sociales. Más aún, la complejidad tecnológica de la VSD, que está continuamente en desarrollo y es utilizada deliberadamente para atacar a las mujeres, pone sobre la mesa distintas cuestiones para responder a este fenómeno, que, de nuevo, interpela a su dimensión cultural desde una mirada integral. Sin embargo, en ocasiones las mismas expertas denuncian la imposibilidad de tener una panorámica del fenómeno por la falta de datos y la profusión terminológica, de ahí que se trabaje activamente en tejer redes globales para compartir estas experiencias locales a escala internacional.
También todas las expertas coinciden en la necesidad de incorporar nuevos perfiles como forenses informáticos/as, dada la cada vez mayor diversificación tecnológica, no necesariamente sofisticación, en la perpetración de estas violencias: inteligencia artificial, mensajería, apps, GPS, softwares espía y trackers, redes sociales, foros web, realidad virtual, chatbots sociales, etc. La incorporación de las mujeres a las tecnologías también es un paso imprescindible para poner las tecnologías al servicio de la igualdad, y no como una herramienta usada contra las mujeres como habitualmente sucede con la violencia sexual digital.
La agenda de investigación que aquí hemos presentado tiene algunas limitaciones, como la falta de voces de supervivientes o la pobre participación de las expertas de la administración de justicia y de las fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo, creemos que sí cumple el objetivo de pavimentar el camino de las futuras investigadoras y aportar perspectivas novedosas críticas sobre diferentes áreas de la investigación.
Así, esta agenda puede servir para: primero, sensibilizar y alfabetizar a la sociedad sobre la existencia y prevalencia de nuevas formas de violencias sexuales en España, especialmente entre la adolescencia y la juventud; segundo, para crear conciencia crítica sobre el uso consciente de las tecnologías digitales entre la juventud y los adultos responsables (familias, agentes formativos, escuelas), especialmente en lo relativo de la sexualidad y la intimidad digital; tercero, para apoyar a los agentes implicados en la erradicación y prevención de la necesidad de diseñar e implementar dispositivos de atención pública a las víctimas de violencia sexual (policial, sanitario y judicial); cuarto, para establecer las bases de los protocolos integrales en la atención, acompañamiento y reparación de las víctimas de violencias sexuales; y quinto, para implicar a los desarrolladores de tecnologías digitales (plataformas y aplicaciones) en la lucha contra la violencia digital y la protección de la infancia. Esperamos haber contribuido a la reflexión sobre la violencia sexual digital desde la poderosa idea de que estamos en la era de los “derechos humanos digitales”.
Esta investigación se ha producido en el marco de un Proyecto I+D Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la Convocatoria 2021. Proyecto “DiViSAR - Digitalización de la Violencia Sexual en Apps y Redes Sociales”, de generación de conocimiento 2021 del MICINN, código PID2021-123071NA-I00 financiado a través de la Agencia Estatal de Investigación. Ver más en: https://proyectodivisar.squarespace.com/
Jacinto Gutiérrez Lorca es beneficiario de la beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para investigadores de postgrado en la Residencia de Estudiantes para el curso 2023-2024.
Elisa García-Mingo: Conceptualización, curación de datos, análisis formal, captación de fondos, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, revisión y edición.
Jacinto G. Lorca: Conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, software, redacción, revisión y edición.
Carmen Ruiz Repullo: Conceptualización, análisis formal, captación de fondos, investigación, validación y redacción.
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