Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 25, Número 2, 2025

Respuesta de las comunidades indígenas de Junín y Ucayali para enfrentar el covid-19 en Perú

Response of Indigenous Communities of Junin and Ucayali to Face Covid-19 in Peru

• Resumen
• Abstract

1 Introducción

La declaración oficial de la emergencia sanitaria a nivel nacional, producto de la pandemia por el COVID-19, marcó el nuevo hito de acción de los pueblos indígenas en la implementación de medidas para atender la crisis sanitaria en su territorio. Por eso, en este artículo se presentan las respuestas de los pueblos indígenas de Junín y Ucayali para enfrentar la pandemia. Además, se contrastan con los factores que han supuesto desafíos y dificultades para la aplicación de estas medidas de prevención y cuidado.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018), antes del inicio de la pandemia, los niveles de pobreza de los pueblos indígenas, en función de la lengua hablada, oscilaban entre el 30 % y el 55 %. Al mismo tiempo, los medios de vida de los territorios indígenas ya se veían excesivamente afectados por la degradación ambiental, los conflictos y la expropiación (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2020). Esto favoreció a que brechas enquistadas y no resueltas en el país (inseguridad social, alimentaria y laboral) tomaran fuerza en poblaciones más vulneradas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2020; Defensoría del Pueblo, 2020).

Además, las debilidades institucionales, relacionadas con las capacidades estatales, la descentralización ineficiente, la tercerización y privatización de los servicios (Dargent y Gianella, 2024), allanaron el camino para que se produjera un colapso en el sistema sanitario y fallos de coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental. La fragmentación al interior de las entidades centrales y las entidades análogas de los gobiernos regionales no permitió responder a los diversos grupos sociales con una mejor gestión del presupuesto, prevención, rastreo y vigilancia epidemiológica.

La primera medida sanitaria implementada por el Estado peruano fue la Resolución Ministerial 095-2020-MINSA, del 18 de marzo de 2020, “Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, que tuvo un enfoque generalizado y carente de medidas específicas para atender a los pueblos indígenas. Luego, como subsanación, se emitió el Decreto Legislativo N.º 1489, del 10 de mayo de 2020, que estableció medidas de implementación extraordinarias para la atención de los pueblos indígenas durante la pandemia, pero la falta de establecimientos de salud y la poca capacidad de estos dificultaron la labor de detección del COVID-19.

El Decreto Supremo N.º 040-2020-PCM, del 17 de abril de 2020, estableció medidas para mitigar los efectos económicos del aislamiento social obligatorio, permitiendo que actividades extractivas pudieran operar, y el 11 de mayo de 2020 se aprobó el Decreto Legislativo N.º 1500 con medidas para reactivar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada flexibilizando los requisitos y estándares ambientales. Los decretos concernientes a la reactivación económica plantearon dudas sobre las garantías al derecho a la participación, la consulta y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, así como sobre el ingreso de personal de las empresas a territorios habitados por las comunidades.

El 1 de abril de 2020 se puso a disposición una guía para la distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional, que fue elaborada sin la participación de las organizaciones indígenas, desconociendo su realidad, suprimiendo protocolos y medidas de descarte al personal que trasladaba los alimentos. Esta se modificó con el Decreto Supremo N.° 008-2020-MC, del 5 de junio de 2020, para el traslado y entrega de bienes y/o alimentos a pueblos indígenas.

Frente a ese contexto, los pueblos y organizaciones indígenas hicieron uso de sus instituciones y formas de gobierno y cubrieron los vacíos de las gestiones estatales en materia de protección de sus derechos. Es así como aplicaron medidas de autogestión relacionadas con la prevención del contagio, divulgación de información en lenguas originarias, combate a la inseguridad alimentaria y recuperación de conocimientos ancestrales. Sin embargo, la aplicación de estas medidas reveló numerosos desafíos que las comunidades afrontaron para la defensa de la vida de sus pueblos.

2 Marco teórico

La definición de los pueblos indígenas es una tarea compleja por la variedad de sus características y especificidades. No obstante, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere:

Los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenecía el país en la época de la conquista, colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. (2007, p. 20)

Algunos autores enfatizan otras características: las especificidades histórico-culturales y la diversidad al interior de los pueblos (Oliva, 2005); la ocupación de las tierras ancestrales, ascendencia común con sus habitantes originales, manifestaciones culturales determinadas (idioma, religión, sistema tribal, vestimenta, medios y estilos de vida) (Martínez Cobo, 1987); la marginación, explotación y pobreza como descripción de su situación socioeconómica, su autoidentificación como indígenas y una identidad cultural compartida distinta de la dominante, y su especial relación con el territorio que ocupan (Andrade, 2018 y Gómez del Prado, 2002).

En el Convenio 169 se reconocen por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales. Este proceso se refuerza con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2007), que plantea su derecho a la libre determinación de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, haciendo expresa la mención a las “naciones indígenas”. De hecho, la demanda por este reconocimiento fue una de las grandes preocupaciones de las organizaciones indígenas (Barsh, 2001; Gilbert, 2007; Oldham y Frank, 2008) porque, según Yolanda Sobero (2006), el término de pueblos indígenas (y naciones indígenas) “no es una discusión teórica o científica, sino política” (p. 19) por las repercusiones jurídicas que tiene ese reconocimiento en los Estados. Un pueblo tiene derecho a la libre determinación, que es una de las principales demandas de las comunidades indígenas, pero pone en jaque la soberanía y las teorías sobre los Estados.

En otro orden de ideas, se destacan los conocimientos locales o tradicionales que las comunidades mantienen. Autores como Dennis M. Warren (1991) y Floro Tunubalá (2014) refieren que las comunidades cuentan con un conocimiento válido y legítimo para ganarse la vida en su entorno o para responder a las necesidades propias. Dennis M. Warren y Bhakthavatsalam Rajasekaran (1993) agregan que el conocimiento indígena es un cuerpo sistemático de saberes adquiridos a través de la acumulación de experiencias y la íntima comprensión del medioambiente en una cultura particular. A esta comprensión, Robert Chambers et al. (1989) y Elon Gilbert et al. (1980) añaden que estos conocimientos están basados principalmente en creencias, prácticas y tecnologías desarrolladas sin la contribución de la ciencia moderna y formal. Indubitablemente, la cercanía entre el conocimiento indígena y la naturaleza, y su carácter dinámico, ha permitido que las comunidades y sus culturas sobrevivan durante generaciones en medio de las presiones del cambio y contextos sociales, políticos y económicos específicos.

El Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) han propuesto como obligatorio un estándar mínimo de derechos que se puede articular en cinco dimensiones: el derecho a la no discriminación; al desarrollo y el bienestar social; a la integridad cultural; a la propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios y recursos naturales; y a la participación política.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2014), el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones relativas a asuntos que les afectan tiene un impacto directo sobre el goce efectivo de otros derechos humanos como la libre determinación, la igualdad, la integridad cultural, el consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la propiedad. Su participación se presenta en diferentes niveles y con una diversidad de intereses y acciones. Están las estructuras comunitarias ancestrales que presionan por el mejoramiento de los servicios básicos y la reivindicación étnica, y las que se movilizan por los derechos territoriales frente a la explotación de los recursos. Además, se presentan otras formas de participación comunitaria a través de actividades deportivas, culturales, religiosas y espirituales.

Como sugiere Snoeck (2013), la participación indígena también se puede plantear tomando en cuenta dos dimensiones: una interna y otra externa. La primera alude al ejercicio de la autonomía y el autogobierno y al mantenimiento de sus propios sistemas de justicia para adoptar decisiones internas. La segunda, a la participación en la adopción de decisiones en ámbitos que son externos a los pueblos, relacionada con autoridades públicas: participación en decisiones en el espacio internacional, en la vida pública general del Estado y en las medidas que afectan sus derechos o intereses.

3 Diseño metodológico

Debido a la forma de gestión institucional de la crisis sanitaria, la pregunta que guía este artículo es cuál ha sido la respuesta de los pueblos indígenas y qué elementos determinan el carácter de las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 en sus territorios. La hipótesis plantea que las prácticas ancestrales y las capacidades organizativas de los pueblos indígenas, condicionados por sus procesos históricos, permitieron la implementación de medidas propias para enfrentar la emergencia sanitaria en Perú. No obstante, esos mismos procesos históricos están ligados a problemas que han tenido que afrontar para implementarlas.

La indagación se realizó tomando como objeto de estudio a 4 comunidades indígenas reconocidas formalmente desde 1975: 2 comunidades Shipibo-Konibo de Ucayali (Santa Clara de Uchunya y San Francisco), de la selva baja amazónica, y 2 comunidades Asháninka de Junín (Arizona Portillo y Anapate), de la selva central. La elección de estas comunidades, entre las más de 8000, se debe a las posibilidades de contacto y comunicación con ellas.

El pueblo Shipibo-Konibo es un pueblo indígena originado en la fusión cultural de tres grupos distintos: Shipibos, Konibos y Shetebos; y el pueblo Asháninka es el grupo indígena amazónico demográficamente más numeroso. A este respecto, Santa Clara de Uchunya es una comunidad Shipibo-Konibo ubicada en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, a orillas del río Aguaytía, con una población de 137 personas. Se dedican a la pesca y recolección de frutos para su venta. Se destaca la presencia activa de dos organizaciones: la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

San Francisco es una comunidad Shipibo-Konibo ubicada en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, en el margen izquierdo de la laguna Yarinacocha, con una población de 520 personas. Viven de la pesca, la caza, la agricultura familiar y, en menor medida, del turismo. Se resalta la participación de organizaciones como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU).

Arizona Portillo es una comunidad Asháninka ubicada en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo, con una población de 185 personas. Durante el Conflicto Armado Interno sufrió dispersión, desplazamiento, repoblación y recuperación de su territorio.

Asimismo, Anapate es una comunidad Asháninka ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, con una población de 247 personas. Es una comunidad ribereña que depende de la conexión fluvial y su principal espacio comercial es la ciudad de Atalaya. Mantienen una relación de coordinación estrecha con su organización representativa CART (Central Asháninka Río Tambo) (ver Figura 1).

Figura 1

Mapa de ubicación de las comunidades de Junín y Ucayali

Fuente: mapa elaborado por geógrafo especializado

La metodología es cualitativa, por lo cual se realizaron 19 entrevistas semiestructuradas de forma presencial, entre el 21 de junio y el 27 de julio de 2021, a líderes de comunidades indígenas, comuneros, funcionarios públicos y representantes de organizaciones indígenas articuladas a las comunidades de Ucayali (Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya [URPIA], Organización Regional de AIDESEP-Ucayali [ORAU] y Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya [CORPIAA]) y Junín (Federación Ashaninka del Bajo Urubamba [FABU], Central de Comunidades Asháninkas del Río Ene [CARE], Central Asháninka del Río Tambo [CART] y Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central [ARPISC]). Esto con el fin de identificar los factores que intervinieron en la ejecución de las medidas y los desafíos para llevarlas a cabo. Asimismo, se utilizaron fuentes bibliográficas para complementar la discusión. Suponiendo los diversos desafíos y respuestas para enfrentar el COVID-19, los resultados expuestos se ciñeron al contenido de la información proporcionada por las personas entrevistadas.

Para respetar los aspectos éticos de la investigación, se solicitó el consentimiento de los entrevistados para participar en el estudio y utilizar la información brindada. Asimismo, se aplicaron las medidas de bioseguridad. Como se acordó el tratamiento confidencial de la identidad, las entrevistas han sido codificadas con un identificador para resguardar la privacidad de las personas consultadas. Los entrevistados que son líderes de comunidades o comuneros han sido identificados como “habitante de la C.” y se ha agregado el nombre de la comunidad perteneciente. A su vez, los representantes de organizaciones indígenas y funcionarios han sido identificados como “representante” y se ha agregado el nombre de la institución. Por último, los entrevistados fueron seleccionados por los cargos de responsabilidad e involucramiento en la gestión de medidas durante la pandemia.

4 Resultados

4.1 Medidas aplicadas para contrarrestar los efectos del COVID-19

Las comunidades nativas de Ucayali y Junín adoptaron mecanismos de carácter inmediato y otros con perfil sostenible para afrontar las consecuencias del COVID-19 en sus territorios. Las comunidades y las organizaciones indígenas manifiestan que apelaron a la organización comunal para determinar las medidas de prevención durante el estado de emergencia. Así, refieren que la acción inmediata fue ponerse en comunicación entre comuneros y organizaciones. En el caso de Junín, las organizaciones indígenas se reunieron con los jefes de las comunidades: “hemos hecho reunión con los jefes de los centros poblados” (representante de ARPISC, entrevista personal, 1 de julio de 2021) para determinar acciones en favor del cuidado de las comunidades. Además, al interior de la comunidad se organizaron para tomar medidas: “hemos llamado a una reunión a toda la comunidad y hemos conversado sobre cómo vamos a prevenir para no seguir contagiándonos” (habitante de la C. Arizona Portillo, entrevista personal, 30 de junio de 2021). En el caso de Ucayali, los comuneros también se pusieron en contacto con las organizaciones indígenas para conocer sobre esta nueva afectación a la salud: “ellos —los jefes de comunidad— han recurrido a una reunión de contextualización y articulación, al enterarse de que había una nueva enfermedad” (representante de URPIA, entrevista personal, 12 de julio de 2021).

Como efecto, la primera medida fue restringir el ingreso de personas ajenas al territorio para evitar la propagación del virus. En Ucayali, las comunidades decidieron cerrar las “trancas de los caminos. Hemos cerrado las carreteras a gente que no habitaba aquí. Ellos no ingresaban” (habitante de la C. Santa Clara de Uchunya, entrevista personal, 16 de julio de 2021). Además, en Junín, los comuneros decidieron no salir de sus comunidades y retirarse a sus chacras para afrontar el distanciamiento social: “así se ha decidido en la asamblea comunal, se van a sus chacras para mitigar —las consecuencias—. Es como la comunidad ha tratado de organizarse” (habitante de la C. Anapate, entrevista personal, 5 de julio de 2021).

Pero el aislamiento acarreó la preocupación por el abastecimiento de artículos básicos y alimentos. Así se dispuso que quienes contaran con una tienda o bodega salieran a la ciudad para abastecerse y aprovisionar a las comunidades. En el caso de Junín, los comuneros con tiendas podían salir con una autorización del jefe de la comunidad: “los que tienen su negocio, ellos bajaban con una constancia del señor jefe, que autorizaba al bodeguero a salir y hacer sus compras” (habitante de la C. Anapate, entrevista personal, 5 de julio de 2021). De la misma forma, en Ucayali, los únicos que podían salir del territorio comunal eran los comuneros con tiendas de abastecimiento: “solo salían los bodegueros a hacer compras, el resto estaba prohibido de salir para que no haya mucho contagio” (habitante de la C. Santa Clara de Uchunya, entrevista personal, 16 de julio de 2021).

Además, se impulsó la adopción de otras iniciativas como la siembra y la crianza. En el caso de Ucayali: “les hemos dicho que hay que tener más gallinas, patos, chanchos, huevos en abundancia. Les hemos dicho que críen todo lo que podamos comer. Decíamos: se van a cerrar las tiendas y no habrá víveres o verduras” (representante de FABU, entrevista personal, 12 de julio de 2021). Esta medida destaca la siembra de hortalizas, maíz, yuca y la crianza de pollos, cuyes, cerdos y peces.

Al mismo tiempo, el intercambio y trueque de alimentos fue indispensable. En el caso de las comunidades de Junín: “hacemos intercambio de alimentos. Si te piden arroz, le haces el cambio por otro alimento que tú no tienes” (habitante de la C. Arizona Portillo, entrevista personal, 30 de junio de 2021). Efectivamente,

Comenzaron a venir las personas con sus peques —pequeña embarcación de madera utilizada en la selva para moverse por los ríos— o con sus canoas, hacían trueque de carne por pescado, yuca por pescado y así. Era un mercado interno de la comunidad para que no salgan a la cuidad. (representante de CART, entrevista personal, 2 de julio de 2021)

En lo que respecta a la salud, las comunidades cuentan con saberes propios de medicina natural que fueron los protagonistas en la prevención y la atención de síntomas del COVID-19. Esta iniciativa para combatir la enfermedad tiene precedentes en la “toma de hierbas de nuestros ancestros —que— han sobrevivido a las enfermedades de cuando llegaron los primeros colonizadores del Perú” (representante de ARPISC, 1 de julio de 2021). En esa línea, se especifica que “cada comunidad tiene su propia forma de hacer sus medicamentos, de curarse, ya sea con vapor, con agua caliente, con plantas medicinales” (representante de la municipalidad provincial de Satipo, entrevista personal, 28 de junio de 2021).

En las comunidades de Junín se destaca el uso de las vaporizaciones o vaporeos, baños con la planta santaricha (sacha ajo) y regado de cenizas para prevenir y limpiar a la persona antes de su ingreso o contacto con la comunidad. Como ejemplo: “la santaricha la hacen hervir y se bañan, otra porción se toma y eso entra en el cuerpo como un vapor y elimina los malestares” (habitante de la C. Anapate, entrevista personal, 5 de julio de 2021). En las comunidades de Ucayali también aplican las vaporizaciones: “con la comunidad nos organizamos para que cada familia haga tratamiento de evaporar tres veces por noche” (habitante de la C. San Francisco, entrevista personal, 24 de julio de 2021) y, también, “usábamos múcura, matico, sacha ajo, ajo macho u otras plantas más para calmar la enfermedad” (habitante de la C. Santa Clara de Uchunya, entrevista personal, 16 de julio de 2021). Un ejemplo es la preparación de bebidas con ingredientes naturales: “para combatir —la enfermedad—, cada uno tiene su botellita de preparado de agua ardiente con kion, ajos, otras plantas y miel” (representante de ARPISC, entrevista personal, julio 1 de 2021).

El conocimiento de sabios, chamanes, curanderos y mujeres promovió dos instancias para la atención de esta enfermedad en Ucayali: la “Casa de sanación de sabios y sabias indígenas”, iniciativa de las organizaciones indígenas CORPIAA y URPIA, en la que se fusionó la medicina tradicional y la medicina occidental, gracias al trabajo coordinado de los sabios y sabias indígenas, médicos y enfermeras, y funcionó como un espacio “de atención y de recuperación de posibles pacientes enfermos de COVID” (representante de URPIA, entrevista personal, 12 de julio de 2021); y el “Comando matico”, iniciativa de un grupo de jóvenes de la etnia Shipibo-Konibo, con el fin de brindar tratamiento con plantas medicinales a quienes padecían el COVID-19 y abastecer, promover y educar en el uso de estas plantas. Funcionó como “un centro de hospitalización. Se registraba al paciente, se diagnosticaba, se realizaban análisis con indicación de un médico y se establecía el tratamiento con plantas medicinales y con medicina occidental” (representante de Comando Matico, entrevista personal, 19 de julio de 2021). En el caso de Junín, se organizaron en el local comunal para destinar “un cuarto para todos los que están con covid” y compartir víveres a “los que eran asintomáticos y estaban en sus casas haciendo cuarentena” (agente comunal de C. Arizona Portillo, entrevista personal, 30 de junio de 2021).

4.2 Factores que han desafiado a las comunidades en la implementación de medidas de prevención y cuidado

El primer desafío fue el de la información. A pesar de que el Ministerio de Cultura (2020) brindó mensajes de prevención ante el COVID-19 en 11 lenguas originarias para ser distribuidos en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), un dirigente explica: “para los que no tenían radio y televisión, es como que si no pasó nada. (…) las instituciones públicas dejaron de trabajar” (representante de la municipalidad provincial de Satipo, entrevista personal, 28 de junio de 2021).

A esto se suma la frágil interrelación y respeto de las instituciones públicas y privadas por los procesos de las comunidades. En Ucayali se señala: “si se les explica a los hermanos de las comunidades, ellos entienden, pero si como institución pública o privada vienes sin que la organización o la comunidad tenga conocimiento, poco o nada vas a poder hacer” (representante de URPIA, entrevista personal, 12 de julio de 2021). Lo mismo sucede en el caso de Junín: “cuando sabemos para qué vienen, se recibe a la gente. Cuando no tenemos ningún tipo de información, se cierran las puertas” (habitante de la C. Arizona Portillo, entrevista personal, 29 de junio de 2021). Las comunidades indígenas no son ajenas a un trabajo coordinado y cooperativo, pero consideran que es fundamental que ellas puedan prever la comunicación con sus organizaciones indígenas para discutir sus puntos de vista y sensibilizar sobre los temas que son de interés; luego de ello, coordinar las medidas necesarias con las instituciones públicas. Lo que no esperan es que se determinen acciones por encima de la organización y acuerdos comunales.

La migración en calidad de retorno también supuso un tema de discusión en las comunidades. A pesar de cerrar las fronteras como medida de protección, las personas fueron llegando hasta el punto de ingreso de sus territorios. En Ucayali expresan: “no podíamos recibir gente de afuera, pero la gente estaba en las carreteras con niños escapándose del COVID. Los hemos dejado entrar” (habitante de la C. San Francisco, entrevista personal, 24 de julio de 2021). Esta situación, en el caso de Junín, supuso “una dura pelea interna en la comunidad” (representante municipalidad provincial de Satipo, entrevista personal, 28 de junio de 2021). Con el tiempo transcurrido, los comuneros se replantearon la estancia de estas personas: “hemos tratado de llevar esta sensibilización de que son indígenas, aunque no viven en la comunidad, y tenemos que recibirlos, pero ahora sí ya los están mandando a que se vayan” (representante de CART, entrevista personal, 2 de julio de 2021). Además, en Ucayali consideran que la migración inversa o en calidad de retorno ha producido “cambios en el ambiente social y la integración comunal” (representante de URPIA, entrevista personal, 12 de julio de 2021).

Igualmente, asocian la presencia de la migración a la inseguridad en el territorio. En Junín le atribuyen el robo de menores, cosecha y ganado: “como está desolado, fácil ingresan a robar y pueden echar la culpa a la comunidad. Hay que cuidarnos de los robos de menores, también hay gente que roba café y ganado” (habitante de C. de Arizona Portillo, entrevista personal, 29 de junio de 2021). A las medidas de cuidado de la salud, se sumaron las de cuidado del territorio con la organización de rondas campesinas. Además, añaden la invasión de sus territorios. En Ucayali señalan que “el problema fundamental de la comunidad son los traficantes de tierras, los arroceros que han entrado a invadir el territorio de la comunidad” (habitante de C. Santa Clara de Uchunya, entrevista personal, 17 de julio de 2021). A pesar de las instancias organizativas, antes y durante la pandemia, la comunidad de Santa Clara de Uchunya ha continuado siendo amenazada por enfrentarse a capitales privados y usurpadores de tierras que se dedican a la producción de palma aceitera o arroz, invadiendo y deforestando el territorio e interrumpiendo los caminos. Esto último, junto con las consecuencias del cambio climático, son factores determinantes en el abastecimiento para consumo de las comunidades, porque, cuanto menos pueden garantizar el derecho a la tierra, tienen menos acceso a los recursos naturales, esenciales para sus actividades tradicionales.

Las enfermedades vigentes sumaron otro desafío: “sabíamos que nos enfrentamos a esta pandemia con personas anémicas, con desnutrición” (representante de municipalidad provincial de Satipo, entrevista personal, 28 de junio de 2021). Otras enfermedades vigentes que ambos departamentos incluyen son el dengue y la tifoidea, por ejemplo, organizaciones de Ucayali refieren que “para los pueblos indígenas ha sido complicado tener una enfermedad más, porque no sabes cómo son los síntomas del COVID, puede ser dengue (…) u otra enfermedad como tifoidea” (representante de CORPIAA, entrevista personal, 12 de julio de 2021).

Esto está relacionado con la deficitaria atención de las instituciones públicas en las comunidades. De hecho, tanto el COVID-19 como otras enfermedades precedentes dejaron de atenderse con medicina occidental porque las comunidades no tenían medicamentos e implementos: “la municipalidad de Río Tambo solo ha venido a hacer reuniones, pero no para dar insumos o medicinas para el botiquín. La gente no solo se enferma de COVID” (habitante de la comunidad de Anapate, entrevista personal, 5 de julio de 2021). En esa línea, la falta de recursos obligó a detener cualquier otro programa relacionado a la salud: “hemos parado de hacer seguimiento a los niños que están con desnutrición o con anemia” (representante de ARPISC, 1 de julio de 2021). Es así que, el 21 de julio de 2020, el módulo de la Defensoría del Pueblo demandó a las autoridades del Hospital de Apoyo de Satipo asegurar el abastecimiento de medicamentos e insumos a favor de más de medio centenar de miembros de comunidades indígenas que se han visto afectados por el COVID-19.

Esta no es solo una cuestión de equipamiento, también se revelan dificultades en la ejecución de políticas de interculturalidad en la salud. Se explica que “Piensan que por poner un afiche que dice ‘intercultural’, poner una cuota de shipibos en la DIRESA o pintar murales con indígenas, el Estado ya es intercultural” (representante de ORAU, entrevista personal, 24 de julio de 2021). Esto se refleja en Ucayali cuando se genera una brecha de comunicación porque los trabajadores no saben el idioma shipibo y los pacientes, el castellano: “los que trabajan en el hospital, aunque son personas preparadas, no dominan la lengua materna de cada pueblo, entonces no hay información” (representante de URPIA, entrevista personal, 12 de julio de 2021).

Finalmente, cada vez menos miembros de las comunidades asumen la responsabilidad de heredar los saberes ancestrales. Por un lado, tener instituciones dentro del territorio comunal aligeró la preocupación comunitaria por el cuidado de la salud. Entrevistados en Junín explican que “con la instalación del puesto de salud, los comuneros ya sentían un alivio con los servicios de medicamento de ampollas, casi han dejado a un lado el uso de las plantas” (habitante de la comunidad de Anapate, entrevista personal, 5 de julio de 2021). Por otro lado, las comunidades de ambos departamentos manifiestan la inquietud porque la transmisión de los saberes a los jóvenes no se da con la regularidad de tiempos anteriores. En Junín señalan que “los jóvenes no han replicado lo que los abuelos han enseñado” (representante de CART, entrevista personal, 2 de julio de 2021) y en Ucayali “son poquitos los jóvenes curiosos y que respetan todo lo que dice el anciano” (representante de URPIA, entrevista personal, 12 de julio de 2021).

5 Discusión

La memoria histórica de los pueblos indígenas ha sido caracterizada por enfermedades que han diezmado durante siglos a sus poblaciones hasta el punto de extinguirlas. La viruela y el sarampión en la época de la Conquista, o el cólera y la tuberculosis en el tiempo del boom del caucho, que fueron perjudiciales, han contribuido a la construcción de una “identidad ancestral” (Ansótegui, 2020) y al fomento de procesos organizativos entre comunidades y asociaciones (Espinosa, 2009). De ahí que las medidas implementadas por las comunidades fueran pluridimensionales y en consideración de los conocimientos ancestrales. Tuvieron respuestas desconcentradas, situadas en los territorios, a diferencia de la concepción hegemónica de salud promovida por el centralismo institucional del Estado (Wilhelmi, 2020).

En efecto, el cierre de fronteras en sus territorios para prevenir el contagio obedecía a la experiencia en la adopción de medidas similares durante epidemias anteriores (Kaplan et al., 2020 y Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe [FILAC], 2020), ya que su historia ha estado marcada por periodos de aislamiento voluntario, permitiéndoles enfrentar epidemias como el cólera, influenza, viruela, fiebre amarilla, entre otras, y garantizándoles su subsistencia y supervivencia (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). Respecto a esta medida, Velásquez (en Segovia et al., 2021, p. 146) expone que esa estrategia de supervivencia se conoce como un tipo de “endogenismo”: el aislamiento de las comunidades, cerrando ellos mismos sus accesos para protegerse del contagio.

No obstante, las comunidades permitieron el acceso de migrantes retornantes. Las autoridades reportaron que “los pueblos recibieron a los retornantes con recelo, debido al miedo de la población de que estos trajeran el virus” (Fort et al., 2021, p. 35). Igualmente, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas [IWGIA] y Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2020) añadieron que el regreso de personas indígenas, a consecuencia de la pérdida de empleos y medios de vida durante la pandemia, no solo fue un fenómeno que causó angustia personal, sino que planteó problemas en las comunidades acerca de cómo esas personas tendrían acceso a la alimentación y la vivienda provocando disputas por tierra.

Pese a los esfuerzos organizativos, las comunidades no dejaron de observar las dificultades para acceder a la información. Esto se relaciona con lo que, en un ámbito más amplio, explican Diana Bocarejo et al. (2021) respecto a la triple barrera que enfrentan los pueblos indígenas: falta de acceso a electrificación u otras fuentes de energía; menores niveles de ingresos que limitan el acceso a dispositivos tecnológicos; y limitadas habilidades digitales. Esto sin tomar en cuenta que el acceso a medios más tradicionales de información se complejiza en proporción a mayor distancia de las comunidades.

Por otra parte, la crisis sanitaria evidenció la constante vulneración a la que están expuestas. Durante la pandemia, la gran preocupación fue que la supervivencia de las personas no se viera amenazada por la enfermedad, pero lo cierto es que también se reveló una incertidumbre sobre la estabilidad de los pueblos y de sus culturas. En primer lugar, siendo que los reportes indicaban una alta incidencia del COVID-19 en las personas mayores, quienes son los que habitualmente transmiten el conocimiento a los jóvenes, la pérdida de estas personas suponía un daño irreparable para sus culturas. En segundo lugar, al establecer medidas al interior de las comunidades, se evidenció la pérdida de saberes tradicionales y el deseo de recuperarlos. Esto se debe a un paulatino alejamiento de las poblaciones nativas, principalmente los jóvenes, de sus lenguas y sus modos de vivir a causa de la migración de los jóvenes a las ciudades para estudiar y trabajar (Falcón, 2018).

La agricultura y la crianza de animales, que se han estimado positivamente en las comunidades, porque “los pueblos indígenas que pueden producir en su propio territorio son mucho más resilientes que sus homólogos en las zonas urbanas” (IWGIA y OIT, 2020, p. 37), no estuvieron exentas de desafíos. Así que, cuando los puertos comerciales aéreos y fluviales se restringieron, las comunidades no tuvieron buena capacidad de autoabastecimiento para sobrellevar la cuarentena y el autoaislamiento. Esto se puede explicar por qué, antes de la pandemia, por un lado, las familias que cultivaban productos agrícolas autóctonos se redujeron para dedicarse a otras actividades productivas y se convirtieron en consumidoras de alimentos procesados que venden las cadenas de comercio (Leiva y Díaz, 2013; Guhl et al., 2020); por otro lado, la pérdida de territorio por la contaminación, deforestación, usurpación y estrategias legales de apropiación. En un estudio de las comunidades Kukama Kukamiria de la Amazonía peruana se explicita una demanda a una empresa petrolera y al Estado peruano “por la contaminación de la quebrada, la de sus cuerpos y la de sus principales medios de vida” (Ulfe y Vergara, 2021). También, Ruiz y Gavancho (2022) explican el mecanismo de constancias de posesión a terceros (colonos) en territorio de comunidades pendientes de titulación que luego se transfieren a empresas extractivas. Esto ha sucedido con cultivos de palma aceitera en la región de Ucayali. Como los resultados evidencian, la discontinuidad en la transmisión de saberes y costumbres en los pueblos indígenas no obedece solo a que ya no hay un receptor para ella, sino también a la explotación de sus territorios que expulsa a los comuneros de sus tierras y de sus prácticas comunales.

Si bien estos conocimientos ancestrales y costumbres se han visto mellados por factores externos, no toda práctica ancestral ha desaparecido, pues se conservan tradiciones como el uso de plantas con fines medicinales. El uso de este conocimiento estuvo muy presente en las medidas tomadas por las comunidades indígenas de Junín y Ucayali para el cuidado y la prevención. A tal respecto, Christina Stolte et al. (2022) expresan que la medicina ancestral no solo se practicaba en todos los países desde tiempo atrás, sino que es el pilar principal en la prestación de servicios sanitarios, dada la facilidad de acceso y la amplia aceptación entre la gente. Además, la crisis sanitaria obligó a que, en el marco de las deficiencias en el sector salud, líderes indígenas y personal de salud trabajaran en conjunto para la atención de pacientes contagiados por el COVID-19 u otras enfermedades, como es el caso del Comando Matico y la Casa de sanación de sabios y sabias indígenas en Ucayali.

Este uso y reivindicación de las plantas devuelven una tensión sobre el uso de la medicina tradicional y la medicina occidental y su relación con la interculturalidad. Ya que la salud intercultural ha sido un desafío constante durante la pandemia, el cuestionamiento es cómo lograr una confluencia entre ambos saberes, sin marginar los saberes tradicionales y a sus conocedores. De acuerdo con Ambrosio Velasco (2021, p. 29), a pesar de que esta confluencia no se ve reflejada en la cotidianeidad de las comunidades,

La viabilidad entre conocimientos tradicionales y científicos se muestra, paradójicamente, en proyectos de investigación tecnocientífica de punta de empresas farmacéuticas transnacionales que reconocen y se aprovechan del valor de los conocimientos tradicionales indígenas para generar ganancias millonarias por medio de la enajenación y despojo de esos conocimientos tradicionales.

Entonces, la interculturalidad solo se utiliza como instrumento para la explotación, para la apropiación de saberes o para el mercado de turismo étnico (Quintana Arias, 2018; Smith, 1992), del que sale beneficiado el trinomio Estado-Empresa-Academia, pero no las comunidades. Todo lo cual se inscribe dentro de un proceso de colonialidad, que se resume en la aniquilación de la alteridad (Estermann, 2014) e imposición de un conocimiento hegemónico sobre otros saberes (Walsh, 2007). Dicho proceso de colonialidad despoja a las comunidades de sus territorios, de sus tradiciones y saberes, lo que da como resultado una ruptura de sus modos de vivir. Paralelamente, se les excluye de los servicios y bienes que brinda el Estado, lo que explica las dificultades para afrontar esta crisis sanitaria.

6 Conclusiones

Se han presentado las medidas implementadas por los pueblos indígenas de Junín y Ucayali para enfrentar la crisis sanitaria en su territorio: articulación de comunidades y organizaciones indígenas; ejecución de aislamiento voluntario y cercos sanitarios para controlar sus fronteras y prevenir el contagio; combate a la inseguridad alimentaria con la siembra de semillas; crianza de animales y con intercambio de víveres a través del trueque; y recomposición de los saberes sobre plantas medicinales para la prevención y tratamiento del COVID-19, promoviendo iniciativas como la “Casa de sanación de sabios y sabias indígenas” o el “Comando matico”. A raíz de los conocimientos ancestrales y la organización comunal han instalado respuestas inmediatas y otras con proyección a ser sostenibles en el tiempo.

No obstante, la respuesta no ha estado ajena a encontrarse con factores que retan la implementación de estas medidas y que están asociados a procesos históricos a los que están ligados los pueblos indígenas. Así, se presentan los desafíos enfrentados como falta de información y sobreexposición a información falsa. También, se puede identificar una frágil interrelación y respeto por los procesos comunitarios, migración inversa, invasión y tráfico de sus territorios que afecta el autoabastecimiento para el consumo familiar y el uso de la tierra para actividades ancestrales, inseguridad, vigencia de otras enfermedades y falta de una estrategia de salud intercultural. Ciertamente, se identifican situaciones que son anteriores a la crisis sanitaria y se han visto profundizadas en el contexto del COVID-19.

Los resultados revelan que, a pesar de la respuesta organizada de los pueblos indígenas para enfrentar esta crisis, los desafíos sobre la seguridad alimentaria, el uso de la tierra, entre otros, se mantendrán y se profundizarán en la medida que el Estado no respete sus compromisos y los pueblos indígenas no puedan transmitir los saberes ancestrales.

7 Referencias