Conceptualización de la violencia policial a partir de las prácticas de defensores/as de derechos humanos

Conceptualization of Police Violence based on the Practices of Human Rights Defenders

  • Tamara Jorquera-Álvarez
Presento una investigación dirigida a comprender los discursos y prácticas en torno a la violencia policial de defensores/as de derechos humanos en Chile. Mediante metodología etnográfica (2020-2022), trabajé con defensores/as de una institución estatal, una organización de sociedad civil que apoya a víctimas y otra que monitorea protestas, realizando 16 entrevistas, revisión de documentos y observación en actividades cotidianas. El análisis etnográfico integrado estuvo orientado a comprender cómo los discursos y prácticas mantienen y promueven determinadas relaciones sociales. La investigación permitió identificar prácticas dirigidas hacia el Estado, la sociedad y hacia las propias organizaciones. El sentido de estas prácticas resistentes confluye en tres ámbitos entrelazados que caracterizan esta violencia institucional: su invisibilización, naturalización e impunidad. Concluyo que la denuncia y la educación para impulsar cambios culturales trazan caminos para enfrentar las causas de los abusos policiales, asociadas al rol productivo de la policía en un orden racializado y de clase.
    Palabras clave:
  • Violencia
  • Resistencia
  • Derechos humanos
  • Uso de la Fuerza
I present a research study aimed at understanding the discourses and practices regarding police violence that human rights defenders in Chile have. Using an ethnographic methodology (2020-2022), I worked with defenders from a state institution, a civil organization that supports victims, and another civil organization that monitors protests. I conducted 16 interviews, document reviews, and daily activities observations. The integrated ethnographic analysis aimed to understand how discourses and practices maintain and promote certain social relations. This research allowed me to identify practices directed toward the State, society, and the organizations themselves. The meanings of these resistance practices come together in three interrelated areas that characterize this institutional violence: invisibilization, naturalization and impunity. I conclude that filing complaints and educating to promote cultural changes create paths to face the causes of police abuses associated with the productive role of the police in a racialized and class-based order.
    Keywords:
  • Violence
  • Resistance
  • Human Rights
  • Use of Force
  • Policing

1 Introducción

Durante la dictadura chilena de 1973-1990, las violencias de Estado afectaron a más de 40.000 personas. Las ejecuciones y desapariciones forzadas son los delitos prioritariamente judicializados, sin embargo, la tortura fue una práctica generalizada (Universidad Diego Portales, 2003). Aunque la violencia policial disminuyó cuantitativamente y en intensidad desde 1990 (Universidad Diego Portales, 2015), en tres décadas de gobiernos civiles las denuncias se incrementaron, manteniéndose altos niveles de impunidad y respaldo estatal hacia las policías. Esta violencia ocurre principalmente durante el traslado y detención de personas y en las protestas. Los grupos afectados con mayor frecuencia y gravedad son niños, niñas y adolescentes, varones de grupos marginalizados y mapuches (Universidad Diego Portales, 2015, 2017). El denominado estallido social de 2019 agudizó la violencia policial, generando “una de las más graves crisis en derechos humanos desde el fin de la dictadura” (Gerber et al., 2023, p. 2), dejando miles de heridos/as y 10.142 causas por violencia institucional según el Ministerio Público de Chile .

Desde el año 2006 surgieron organizaciones para monitorear, denunciar y acompañar a víctimas de violencia policial, en un giro hacia el presente que las distingue de las reivindicaciones referentes a la última dictadura. Aunque esta labor se ha ejercido principalmente desde la sociedad civil, también la realizan funcionarios/as estatales desde diversas instituciones, constituyendo una comunidad heterogénea de defensores/as de derechos humanos1.

El campo de estudio de la violencia policial la sitúa como un problema de salud pública (Cooper y Fullilove, 2016; DeVylder et al., 2022) que impacta en el bienestar integral de la población (Ang, 2020), en la salud física (Sewell, 2017) y mental (Greene et al., 2022), en el rendimiento y permanencia académica en población juvenil afectada (Ang, 2020; Legewie y Fagan, 2019), y su mayor alcance se produce mediante mecanismos vicarios e indirectos, más desgastantes, dispersos y ocultos que una evidente agresión física (Kramer y Remster, 2022; Ward, 2015). Investigaciones sugieren que la violencia policial es generalizada, pero subreportada (Gray et al., 2017; Sharara y Wool, 2021). Tiene significativas consecuencias económicas, públicas y privadas (Ngozi, 2020), aumenta la desconfianza en las instituciones y puede detonar hostilidad hacia el Estado e instituciones policiales (Jackson et al., 2021). Su racionalización y banalización produce una “clientela policial” que contribuye a mantener un orden social desigual: habitantes de zonas estigmatizadas y socioeconómicamente desfavorecidas, minorías étnicas/raciales (Birk et al., 2020), manifestantes, personas LGTBIQ+ (DeVylder et al., 2022; Serpe y Nadal, 2017) y personas con discapacidades (Jun et al., 2020).

Hablamos de violencia policial cuando, como resultado de la interacción con la policía o de su inacción, con o sin intención consciente, se ataca o amenaza con atacar la integridad física, moral, bienes, capacidades de subsistencia, los/as semejantes, obras o pertenencias simbólicas y culturales, implicando una deshumanización o degradación de la persona afectada (Emesowum, 2016; Jorquera y Piper, 2018).

Las acciones se definen como violencia policial dentro de un campo de disputa por su sentido. Cuando se la califica como tal, se sitúa como una acción ilegítima y despreciable (violencia), mientras que se posiciona a quien la ejerce (policía) como encarnación del Estado, politizando la acción como un asunto público (Garriga, 2020; Lerchundi, 2020). Lo contrario sucede cuando instancias estatales refutan este término manipulando estadísticas, negando o relativizando situaciones, o comunicando información precisa sobre lesiones sufridas por policías sin proporcionar datos análogos sobre sus víctimas (Rocher, 2021).

Aunque se legaliza como “uso de la fuerza”, su legitimidad se construye dialógicamente entre actores involucrados, quienes la consideran justa o excesiva/innecesaria según su identidad y visión de mundo: esta legitimidad es relativa culturalmente (Bonner, 2021; Gerber et al., 2021). Los/as policías recurren a distintos mecanismos de desconexión moral para legitimar su uso, como minimizar la violencia no letal, presentándola como inocua (Soares et al., 2018). Así, banalizan el uso de armas menos letales, aunque su disponibilidad genera un uso más frecuente y rápido (Rocher, 2021; Velásquez et al., 2021). No basta, entonces, con proporcionar armas de menor letalidad, pues se requiere una desmilitarización material, cultural, organizacional y operacional, dada la evidencia de asociación entre militarización policial y comportamiento violento (Delehanty et al., 2017; Kappeler y Kraska, 2013).

Sin embargo, intervenir exclusivamente estas instituciones es ineficaz para prevenir la violencia policial, puesto que su reforma refuerza la legitimidad institucional sin alterar las funciones reales que cumple (Vitale, 2017/2021). Desde la criminología crítica, la sociología y la antropología de la policía, se ha puntualizado que la función policial no solo tiene un carácter punitivo (detener, juzgar, encarcelar), sino también performativo, manteniendo y produciendo el sutil límite entre lo que debe hacerse y lo que no (Jobard, 2002/2011; Rocher, 2021). Las policías modernas conservan su herencia colonialista, sosteniendo un sistema que mantiene la desigualdad económica, produciendo y reproduciendo coercitivamente un orden social racializado y de clase (Fassin, 2013/2016; Neocleous, 2000/2010, 2021/2022; Rocher, 2022/2023; Vitale, 2017/2021).

En esta lógica, la justicia aplica requisitos difíciles de cumplir para considerar las acciones como ilegítimas: será violencia policial solo si es gravemente desproporcional, se evidencia ausencia de peligro/amenaza al/la policía, hay pruebas técnicas (médicas/videos) que la conectan indiscutiblemente con el daño en la víctima y, tanto víctima como testigos, son vistos como puros e inocentes —lo que en la práctica se determina con una identificación de clase/raza/etnia— (Trautmann y Democracia, 2018). Dado este sistema de protección del verdadero rol policial, las reformas que exclusivamente incrementan sus capacidades no apuntan a las causas del problema: “Una guerra contra los pobres más amable, suave y diversa sigue siendo una guerra contra los pobres” (Vitale, 2017/2021, p. 61).

En este escenario, esta investigación dialoga con colectivos que confrontan las formas más nocivas este sistema, desde la defensa de derechos humanos. Esto permite conocer los mecanismos que sostienen cotidianamente la discrecionalidad de las prácticas policiales, entendiendo que existe distancia entre las normas formales y lo que efectivamente hace la policía (Garriga, 2016; Lerchundi, 2020). En cada violencia cristalizan dimensiones legales e institucionales que instituyen las prácticas policiales, dándoles autonomía organizativa, junto a lógicas situacionales que aíslan su trabajo dando oportunidad para los abusos (Jobard, 2002/2011). La perspectiva de quienes habitan el escenario de los encuentros policiales con su “clientela” me ha guiado para conocer lo que ocurre en estas situaciones, más allá de las normas y estadísticas.

Gran parte de la investigación sobre violencia policial se basa en fuentes oficiales para cuantificar incidencia y denuncias, o estudian las interacciones con la “clientela policial” o la perspectiva de víctimas (Morgan et al., 2020). No se suele estudiar todo el continuo de uso de la fuerza, concitando más interés su letalidad. Por otra parte, escasos estudios exploran qué sucede en el campo de las “cifras negras” de violencias policiales no denunciadas. Se requiere indagar sobre la experiencia de la violencia policial y las acciones que la permiten o inhiben (Bonner, 2021; Boutros et al., 2022; DeVylder et al., 2022). Este artículo contribuye en esa dirección, abordando el tema desde defensores/as de derechos humanos de tres organizaciones chilenas, que se relacionan habitual y reflexivamente con la violencia policial, desarrollado un saber sobre ella que se expresa y expande en lo que hacen.

Abordo sus acciones como prácticas de resistencia frente al poder policial, capaces de adaptarse a las formas que adopta la dominación y los espacios que deja para actuar (Scott, 1990/2000). El poder es productor en las relaciones sociales, siendo ejercido en redes de relaciones asimétricas, móviles y no binarias que se pueden potenciar o desarticular en sus confrontaciones (Calveiro, 2021; Foucault, 1976/2016). Al focalizarme en las prácticas de resistencia a la violencia policial, las empleo como puerta de entrada para descifrar este ejercicio de poder, entendiendo que cada táctica resistente confronta puntos clave del poder al que se enfrenta. Al estar en el orden de la táctica, las resistencias se mueven en el campo de visión del enemigo, al no poseer un lugar propio (de Certeau, 1980/2000; Diz, 2018). Por ello combinan la confrontación visible con formas laterales o subterráneas de oposición, que les permiten crecer y construir desde sus propias reglas, erosionando el entramado de poder (Calveiro, 2021). Esta perspectiva reivindica las resistencias efectivas que empujan cambios a pesar la aparente omnipotencia del poder policial (Trautmann y Democracia, 2018).

Sobre esta base, trabajé con defensores/as de organizaciones que monitorean la labor policial en Chile hace más de una década. El objetivo del estudio fue comprender los discursos y prácticas en torno a la violencia policial de agentes que ejercen como defensores/as de derechos humanos. Los objetivos específicos apuntaron a identificar, describir y analizar los discursos y prácticas en torno a la violencia policial de defensores/as miembros de instituciones estatales, de organizaciones civiles que defienden el derecho a la protesta y de organizaciones de víctimas, para luego comparar y analizar estos discursos y prácticas identificando sus diferencias y similitudes. De esta forma, en los resultados expondré qué hacen en torno a la violencia policial, para luego explicar los aspectos centrales de cómo entienden la violencia policial, presentados como desafíos que orientan sus prácticas de resistencia.

2 Método

En esta investigación cualitativa (Vasilachis, 2019) de orientación etnográfica, busqué comprender el sentido de la acción social desde la perspectiva de los/as participantes. Utilicé una estrategia de caminos múltiples, incluyendo análisis de documentos, entrevistas y observación participante (Guber, 2011).

Participaron 16 defensores/as, 9 hombres y 7 mujeres, de organizaciones de los tres tipos definidos en los objetivos específicos. Las tres organizaciones participantes funcionan hace más de una década: una institución estatal de alcance nacional, una organización civil que monitorea la acción estatal en protestas con sede en Santiago, pero con acciones a nivel nacional y una organización civil que apoya a víctimas de violencia policial dentro y fuera de Santiago, especialmente personas victimizadas en contextos distintos de manifestaciones. Las dos primeras incorporan entre su campo de acción violencias policiales en territorio mapuche. Esta selección permite una mirada heterogénea sobre resistencias desde el rol de defensores/as de derechos humanos.

Entre los años 2020-2022 analicé documentos e hice entrevistas en las tres organizaciones. Además, participé observando las actividades cotidianas de una de ellas. No observé en las otras dos, puesto que una tuvo un prolongado receso por la pandemia de COVID-19 y la otra no consintió el uso de esta técnica.

Hice entrevistas cualitativas (Valles, 2014) semiestructuradas, conducidas como una conversación sobre lo que los/as defensores/as hacen en torno a la violencia policial. Fueron videollamadas de una a cuatro horas, en una o dos sesiones.

Analicé documentos producidos por cada organización, lo que sirvió para ampliar información, especialmente sobre las acciones realizadas antes de comenzar este estudio. Incluí informes, comunicados, cartas abiertas, fotos de actividades, textos escritos por participantes sobre sus acciones y publicaciones en internet.

Como observación participante, colaboré en las actividades habituales de la organización: monitoreo en protestas, reuniones, sistematización de datos, redacción de informes y apoyo a víctimas. Esta inserción prolongada, registrada en un cuaderno de campo, permitió identificar temas relevantes y profundizar en aspectos mencionados en entrevistas o documentos.

Realicé un análisis etnográfico integrado, elaborando conceptos y categorías para dar cuenta del significado, en un diálogo entre datos y objetivo de investigación (Coffey y Atkinson, 2003; Hammersley y Atkinson, 1983/2006). Comprendo que los enunciados, junto a otras nociones, refieren a convenciones, a cierto contexto, al entramado institucional, a los discursos y sus prácticas (Espinoza e Íñiguez, 2017). Es decir, he entendido el discurso como “prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan” (Foucault, 1969/2008, p. 81), asumiendo su carácter pragmático que lo constituye también como un tipo de práctica social. Desde esta perspectiva, el análisis de las prácticas estuvo orientado a comprender de qué manera mantienen y promueven ciertas relaciones sociales (Íñiguez y Antaki, 1998).

Comencé identificando, describiendo y categorizando las acciones que realizan los/as defensores/as. Luego identifiqué, describí y categoricé su perspectiva sobre el sujeto policial y sus prácticas, relacionando estos aspectos con las acciones de los/as defensores/as, estableciendo el sentido de sus prácticas. En esta red de relaciones emergieron tres nodos, que abordo en los resultados como desafíos que presenta la violencia policial y que permean las prácticas de los/as defensores/as, orientándolas.

El Comité de Ética de la universidad patrocinante aprobó y revisó anualmente el estudio. Cada organización autorizó participar y cada participante dio su consentimiento informado. He resguardado el anonimato y confidencialidad en el procesamiento de datos, por lo que en esta publicación reemplacé nombres por letras asignadas aleatoriamente.

A continuación, presento los resultados, caracterizando primero las prácticas que realizan los/as defensores/as en torno a la violencia policial, para luego mostrar cómo entienden la violencia policial a partir de la exposición de tres desafíos que esta presenta.

3 ¿Cómo enfrentan la violencia policial las/os defensoras/as de derechos humanos?

El trabajo de las/os defensoras/es es una máquina que no para, pues la persistente violencia policial y sus consecuencias requieren actuar permanentemente. Cada defensor/a compartió conmigo cómo se ha subido a esta máquina, qué ha hecho y por qué. El panorama que presento en este apartado se nutre de estos retazos para cartografiar sus múltiples acciones en un mapa general. La figura 1 sintetiza los resultados del proceso analítico que llevó desde la identificación de prácticas aisladas a su categorización en tipos de prácticas (como formar, denunciar, colaborar, etc.). Luego, estos tipos de prácticas están organizadas en función del sujeto al que se orientan: al Estado, a la sociedad o hacia la propia organización. Al rastrear el sentido de estos diversos tipos de prácticas, fueron convergiendo en tres grandes problemas que presenta la violencia policial y que la constituyen, desde la perspectiva de las/os defensoras/es, los que explicaré en el siguiente apartado.

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Figura 1

Prácticas de defensores/as de derechos humanos en torno a la violencia policial

A continuación, expongo en qué consisten los distintos tipos de prácticas para enfrentar la violencia policial, categorizadas según a quién se dirigen. Esto permitirá luego comprender, en el siguiente apartado, cuáles son los aspectos de la violencia policial que resisten estas prácticas.

3.1 Prácticas dirigidas al Estado

Formar: La ignorancia generalizada sobre el marco de derechos humanos sobre función policial motiva diferentes acciones pedagógicas. Las capacitaciones a instituciones policiales son instancias explícitas de formación, que favorecen el surgimiento de policías facilitadores/as que medien en los encuentros con defensores/as. A pesar de su impacto positivo, estas capacitaciones tienen escasa cobertura. Menos explícitas son las maneras de educar a funcionarios/as estatales mediante textos y diálogos. La presentación de informes también opera como instancia pedagógica:

Tú sigues pa’ arriba y llevas tu informe y lo presentas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Diputados, y tienes que explicarle a los diputados hueón, enseñarles hueón, decirles; y al senador, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y tampoco para ahí, porque te llama del Ministro de Justicia, de la Intendencia, de Misterio del Interior y tienes que decirle “pero esto es” y te miran así, entre con cariño, entre con odio (Participante T., entrevista personal, agosto de 2020)

Esta ignorancia sobre los derechos humanos no es exclusiva de las policías, sino que afecta a las distintas instancias encargadas de tomar decisiones relativas a la violencia policial.

Monitorear al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones incluye registrar acciones policiales; solicitar, recopilar y analizar datos para determinar el ajuste con las normas nacionales e internacionales; hacer seguimiento de casos; seguimiento legislativo; oficiar o notificar a instituciones y emitir informes. Mientras que la defensa policial es unitaria, este insistente trabajo opera desarticuladamente, provocando desgaste.

Denunciar: Es un mecanismo importante y útil, aunque débil individualmente. Problemas comunes son la falta de abogados y recursos, el desistimento de las víctimas por las dificultades, costos y riesgos. Las denuncias se debilitan cuando faltan pruebas, las personas desconocen sus derechos, y victimarios y sus instituciones obstruyen o ejercen coerción hacia las víctimas.

Insistir: Es una práctica fundamental, derivada de las anteriores. Ningún registro, informe, denuncia o proceso formativo avanza sin una presión permanente: “cuando uno lo pide insistentemente, cuando te das cuenta que hay alguien como que fue vulnerado ahí, ahí yo lo pido como más insistentemente” (Participante D., entrevista personal, noviembre de 2021). Mostrar que hay un seguimiento activo de cada proceso aumenta el costo de paralizarlo o bloquearlo, previniendo que las situaciones empeoren.

3.2 Prácticas dirigidas hacia la sociedad

Informar y formar: Acciones que amplifican la voz de las víctimas y sostienen los casos en la esfera pública permiten resistir a la privatización del problema. Las campañas de información usan medios presenciales/virtuales, orales/escritos, buscando compensar la escasa cobertura de los medios de comunicación hegemónicos:

Nosotros, eh, observando que había una especie de… desgano, de… despreocupación, ¿cierto?, por estas, por estos casos de violencia policial en que muchas veces se evidenciaba, o se mostraba a la luz pública un caso, pero al día siguiente ya desaparecía, o, o en dos, tres días ya no había ninguna… visualización del caso. (Participante P., entrevista personal, abril de 2021)

Hay una diferencia radical entre un “nosotros”, que se escandaliza con la acción violenta, y un “otro”, cuya despreocupación invisibiliza el hecho. Operan marcos culturales distintos sobre las violencias policiales, que son legitimadas por los medios. Por ello, informar está ligado a formar a la sociedad, cuestionando las creencias y valores que legitiman estas prácticas policiales. Los derechos humanos sirven de apoyo en esta labor, proporcionando un marco alternativo de autoridad para desnaturalizar estas violencias.

Presencia para proteger y apoyar: “ahí está la esencia de todo esto, de estar en el momento preciso, estar en el lugar preciso… si no es así no tiene sentido” (Participante P., entrevista personal, abril de 2021). El momento y lugar son el escenario de la violencia, y su presencia introduce un tercero vigilante que rompe el aislamiento de las potenciales víctimas con la policía. Su presencia es preventiva, porque los/as defensores/as son testigos conscientes, que registran y denuncian. En manifestaciones, vehículos, comisarías, cárceles y territorios bajo estado de excepción, su presencia ilumina espacios retirados de la mirada pública. Adicionalmente, los/as defensores/as proporcionan herramientas a víctimas y entorno para lidiar con la situación.

3.3 Prácticas dirigidas a la propia organización

Colaborar en red con otras organizaciones: Esto permite abarcar más, considerando los recursos limitados de cada organización. Mientras menos recursos tienen, más buscan articulación, aunque requiere esfuerzo sostenerla. Colaboran intercambiando información y apoyando en terreno, en situaciones críticas, denuncias y difusión. Estar presente es relevante, especialmente para las organizaciones de mayor peso político y financiero, pues son un apoyo importante para las demás.

Crear y planificar: El trabajo se crea sobre la marcha, adaptándose a nuevas necesidades: “tenía mucho de, de empirismo. O sea, como que estábamos actuando y tomábamos casos, no es que hayamos hecho un congreso (…) tuvo mucho de aprender haciendo, de aprender andando” (Participante F., entrevista personal, junio de 2021). Aunque los objetivos están definidos, se prioriza y gestiona creativamente. Las prácticas evolucionan con los desafíos y necesidades. Por ejemplo, el estallido social de 2019 y la pandemia potenciaron sistemas de registro y sistematización.

Cuidarse para hacer sustentable la labor: Frente a los riesgos físicos y psicosociales de exponerse a violencia institucional, directa o vicaria, hay un creciente interés en implementar estrategias de cuidado individuales o colectivas. Presenciar injusticia produce malestar, pero mantenerse en acción y ver resultados de su praxis (aunque sean pequeños) va en sentido opuesto e impulsa bienestar.

Reflexionar para comprender: Estudiar y reflexionar colectivamente genera satisfacción, cohesión grupal y permite perfeccionar el trabajo. El marco de derechos humanos está en constante crecimiento, exigiendo dedicación para comprenderlo y aplicarlo con habilidad.

4 Lo que estas prácticas de resistencia muestran sobre la violencia policial

Cada táctica resistente confronta puntos clave del poder que enfrenta. Sobre esta base, analicé el sentido de las prácticas expuestas en el apartado anterior. Los motivos que las orientan contra la violencia policial convergen en tres ámbitos que confrontan su invisibilización, naturalización e impunidad, los que explico a continuación.

4.1 La violencia policial se invisibiliza

Muchas prácticas observadas iluminan el territorio policial oscurecido a la vista pública. Son acciones fundamentales, pues el aislamiento físico y social bajo el control policial facilita la violencia:

En las comisarías la mayoría de la gente que estaba lesionada decía que había sido golpeada al interior del vehículo policial… y ese es el momento más oscuro, digamos, porque si uno ve que a veces hay gran violencia en las detenciones y están a la luz del día, y… digamos, en el espacio público donde un montón de gente hoy en día registra eso, y así y todo uno ve violencia desmedida… imaginarse lo que pasa al interior de los vehículos, era bastante aterrador. (Participante M., entrevista personal, noviembre de 2021)

El “momento más oscuro” conlleva vulnerabilidad, pero también opera como mecanismo de control a través del miedo al conectarlo con la violencia visible. La violencia policial es represiva en la oscuridad y produce control social amenazando en la penumbra.

Luego de ejercida la violencia, su invisibilización social y local perpetúa su repetición, al justificar y ocultar:

Es como la situación familiar, cuando hay una persona que maltrata sexual o físicamente a su entorno familiar, cuando se abre se corta. Se interrumpe cualquier situación de violencia cuando se abre. La interrupción ya es una posibilidad de amortiguarla. (Participante C., entrevista personal, mayo de 2021)

Perpetradores/as, víctimas y entorno pueden invisibilizar la violencia. Existen víctimas y familias que silencian el ser objeto de violencia policial, como una mancha que ocultar. Este silenciamiento, sumado al encubrimiento activo de los delitos policiales, el ocultamiento y legitimación de los medios, y la falta de reconocimiento oficial mediante sanción judicial, producen la creencia generalizada de que no es tan habitual.

4.2 La violencia policial se naturaliza

La policía considera la violencia como parte legítima de sus procedimientos, mientras que para el Estado y la sociedad esto es normal.

4.2.1 Las normas situacionales que rigen la acción policial incluyen la violencia

En reiteradas ocasiones los policías muestran abiertamente que la norma no les importa ni la respetan: “yo lo he visto, que dicen, ‘tengo derecho a una llamada’ y le dicen, ‘eso es en las películas’, y lo golpean, digamos, para que le quede claro que no es exactamente lo mismo la película que la realidad” (Participante M., entrevista personal, noviembre de 2021). Aunque existen normas formales que regulan las interacciones con la policía, en la práctica operan normas situacionales que definen el trato, como un “segundo código” (Participante M., entrevista personal, noviembre de 2021). El territorio dominado por la policía (comisarías, vehículos y espacio público bajo su control) es una zona difusa, donde el derecho escrito no significa nada (por el momento, al menos). Numerosas infracciones, ilícitos y vulneraciones de derechos que se ignoran cotidianamente, volviéndose “normales”, alimentan una cultura de impunidad que va ampliando su margen de tolerancia.

4.2.2 La violencia policial es posible hacia delincuentes y manifestantes

Se permite y legitima la violencia contra personas que cometieron un delito o hay algún indicio que las vincule, calificadas como delincuentes. Desde las protestas antidictatoriales, participantes y observadores/as continúan considerando la “represión” como parte de manifestarse: “teníamos supernaturalizado que si vai a una manifestación te pueden pegar, te pueden detener, te pueden torturar, y tú no denunciabai po’, porque es como parte del costo, es como parte de las consecuencias” (Participante C., entrevista personal, mayo de 2021). En esta línea, preocupa particularmente que existan jóvenes manifestantes y grupos de sociedad civil que se vanaglorian de sufrir violencia policial reiterada: “van tomando galardones, se van poniendo trofeos, una detención, dos detenciones, tres, cuatro, etcétera. Es todo un sistema de naturalización tremendo” (Participante K., entrevista personal, agosto de 2020). Jactarse de heridas y detenciones es parte de un sistema mayor que sostiene la violencia policial. Es un desafío para enfrentar trabajando hacia la sociedad y no solo hacia el Estado y sus agentes.

4.2.3 La violencia policial impresiona cuando no encaja en la naturalización

Las violencias policiales normalizadas delinean el campo de lo posible y sirven de parámetro para evaluar la legitimidad en cada caso.

(Una persona) adulta, no estaba encapuchada, no estaba en la protesta misma, (…) tenía que hacer un trámite, baj(ó) del metro, estaba todo acordonado, no había barricada, no había molotov, no había capucha, no había nada en esa esquina, y di(ce), o sea, (tiene) que llegar al banco, (tiene) que ir al otro lado, y (el policía le) dice ‘ya, pase’ y (va) pasando y (le) llega el chorro. Entonces te dai cuenta que es algo sistemático, que, que pasa y queda impune. (Participante C., entrevista personal, mayo de 2021)

La persona examina el contexto en busca de un detonante (barricada, molotov, capucha, protesta), así como las características de la víctima (persona adulta) y su comportamiento (rostro descubierto, fuera de la protesta, sigue una indicación policial), considerando que ninguno de estos elementos explica la agresión con un cañón de agua directo al cuerpo. Este examen arroja una inexplicable irracionalidad de la violencia, mientras que la impunidad ratifica su legitimación. Estos elementos examinados conforman el campo de lo posible: la violencia policial naturalizada.

Sin embargo, cuando las acciones policiales son impredecibles y no parecen responder a una norma, ética ni sentido común que sirva como marco interpretativo, produce una fuerte impresión. Pareciera que cualquiera, sin mediar una falta o provocación, podría ser objeto de violencia policial. Este control social mediante el miedo alimenta un estereotipo del policía que profundiza su distancia con la población.

Varios/as participantes asumieron el rol de defensor/a de derechos humanos impulsados por la impresión de constatar que la violencia de Estado no quedó en el pasado dictatorial, sino que se extiende hasta el presente.

4.2.4 Perspectiva integral para resistir a la naturalización

Dadas sus consecuencias, es importante resistir a esta naturalización desde diferentes dimensiones: “quizás después del estallido algo se problematizó sobre eso, pero hasta cierto punto, porque hasta el día de hoy no existe una condena suficientemente fuerte de la sociedad y de los órganos del Estado respecto a lo que ocurrió” (Participante J., entrevista personal, abril de 2021). La problematización de la violencia policial permite prevenir su repetición. Para ser eficaz, debe reprobar algo que está mal (una condena), superar un umbral de intensidad (suficientemente fuerte) e involucrar a la sociedad y el Estado. Requiere una perspectiva integral contra la naturalización que posibilita la violencia policial, involucrando a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

4.3 El sistema de impunidad-invisibilización-naturalización

Así como la naturalización desincentiva la denuncia, los extensos procesos judiciales que acaban en impunidad desincentivan futuras denuncias. Constatar esta impunidad sostenida incentiva nuevas violencias policiales. Así, el mensaje de la impunidad retroalimenta la naturalización e invisibilización de la violencia policial:

Si esa es la respuesta del sistema de justicia cuando funcionarios del Estado vulneran, agreden, cuestiones tan graves como tortura a los civiles, y no existe un escándalo, una reacción respecto de eso, nadie sabe de estos datos, a nadie tampoco le importan, em… posiblemente estos hechos van a seguir ocurriendo, porque no hay un reconocimiento de que es algo que no debería ocurrir y, eh, está perfectamente validado. (Participante J., entrevista personal, abril de 2021)

La falta de verdad jurídica sancionatoria genera una carencia de datos legitimados para establecer públicamente que estas acciones policiales ocurrieron (invisibiliza) y son punibles (naturaliza). Esta retroalimentación favorece y legitima la violencia policial.

La policía sostiene la impunidad mediante un “manto encubridor” (Participante C., entrevista personal, mayo de 2021) o “manto de impunidad” (Participante D., entrevista personal, noviembre de 2021; Participante N., entrevista personal, junio de 2021) cuando no registra acciones ni uso de armas, dificulta la identificación de agentes, justifica aduciendo necesidad o proporcionalidad, imputa a la víctima con una falta/delito o amedrenta para forzar el desistimiento de la denuncia. La impunidad también se sostiene con investigaciones judiciales lentas, falta de recursos y abogados para insistir, versiones parciales en los medios, el desgaste de víctimas solitarias y un desconocimiento generalizado en la sociedad del marco de derechos humanos.

5 Discusión y conclusiones

Esta investigación tuvo como objetivo comprender los discursos y prácticas en torno a la violencia policial de defensores/as de derechos humanos. Los resultados aportan una caracterización de los diferentes tipos de prácticas que realizan, dirigidas hacia el Estado, la sociedad y las propias organizaciones. El sentido de estas prácticas resistentes confluye en tres ámbitos que caracterizan esta violencia policial: su invisibilización, naturalización e impunidad. Estos hallazgos contribuyen a difundir mecanismos que se están utilizando para confrontar estos desafíos y la lógica que los guía. Comprender los desafíos hacia los que se orientan las prácticas resistentes profundiza, a partir del caso chileno, los planteamientos sobre la necesidad de apuntar a las causas del problema, más vinculadas al rol policial reproductor y productor de un orden social racializado y de clase, que a una necesidad de ampliar herramientas y capacidades policiales (Neocleous, 2000/2010, 2021/2022; Rocher, 2022/2023; Vitale, 2017/2021). Al confrontar la invisibilización, naturalización e impunidad de la violencia policial, los/as defensores/as evidencian cómo afecta particularmente a ciertos sujetos, comportamientos y contextos, cuya vulneración por parte de la policía cuenta con legitimidad.

Así como la violencia policial se adapta a las condiciones estructurales y sociales para preservarse, esta investigación muestra que la resistencia también es cambiante. Los/as defensores realizan acciones diversas y modifican creativamente su quehacer para sostener su labor. Este estudio destaca su capacidad para resistir la intimidación, registrar y señalar tanto las prácticas como la subjetivación policial, exponiendo al Estado en su impotencia de control social total y abriendo la puerta a construir una situación diferente (Trautmann y Democracia, 2018).

Estos resultados responden a la necesidad señalada en estudios previos (Jasso y Jasso, 2021; Simonson, 2016) de estudiar la acción policial, reconociendo la importancia del accountability social, respetando la observación e impugnación como prácticas legítimas dignas de protección. Concuerdo con Bärbel Harju (2020) en que, al investirnos con el rol defensor, pasamos a ser supervisoras/es de la acción policial, lo que subvierte la relación jerárquica con los/as policías y las narrativas dominantes.

Ciertas tácticas de monitoreo-denuncia se pueden considerar formas de vigilancia desde abajo o copwatching (Harju, 2020; Jasso y Jasso, 2021; Simonson, 2016). Estas prácticas intervienen sobre la invisibilización de la violencia policial, iluminando para la vista pública los territorios policiales que, de lo contrario, quedan ocultos. Para ello, es fundamental la presencia de los/as defensores/as para ser testigos directos y evidenciar las prácticas policiales violentas. La importancia de la visibilidad para desactivar las capacidades abusivas es coherente con propuestas para prevenir violencia policial, como derribar los muros internos de las comisarías para exponer las actividades policiales, entendiéndola como medida temprana, económica y técnicamente simple (Mayer-Rieckh, 2017).

Sin embargo, he mostrado que la invisibilización, normalización e impunidad de la violencia policial son procesos entrelazados. Las prácticas resistentes de los/as defensores/as operan hacia distintas direcciones, entendiendo que se trata de un problema multidimensional que no solo se enfrenta con reformas institucionales y legislativas. Ben Brucato (2015) problematiza la transparencia que permite la publicación instantánea de videos de violencias policiales, sosteniendo que, por sí misma, no produce rendición de cuentas ni deslegitimación de estas prácticas en el discurso público. Coincidentemente, el trabajo concatenado de monitoreo (que incluye el registro audiovisual, entre otras tareas), difusión, denuncia y formación que he presentado, no consiste en compartir reiterados videos a las redes sociales-digitales esperando que hablen por sí solos, sino que genera herramientas para trabajar contra la naturalización e impunidad. Siguiendo a Brucato (2015), esto implica participar en el discurso público proporcionando una interpretación contrahegemónica, a contrapelo de la perspectiva dominante que interpreta a la policía como proveedora de seguridad y normaliza la violencia hacia un “otro” monstruoso (Linnemann et al., 2014) —jóvenes marginalizados, indígenas y manifestantes— como amenazas al orden social.

Considerando esto, identifico dos ámbitos donde los/as defensores/as resisten puntos clave de la violencia policial. El primero es la educación, que contribuye a impulsar cambios culturales en policías, otros agentes estatales y la sociedad. Mostré mecanismos concretos desde sociedad civil y Estado que contribuyen al proceso político-cultural necesario para encarar la violencia policial. No basta con intervenir las policías si la sociedad normaliza y legitima la violencia y la estructura social desigual. Es preciso erradicar el funcionario del orden que habita en nosotros/as (Trautmann y Democracia, 2018).

Esto apoya investigaciones chilenas y argentinas previas (Garriga, 2020; Gerber et al., 2021), que destacan la necesidad de incluir cambios culturales, pues las modificaciones normativas e institucionales por sí solas no resuelven el problema. La discrecionalidad policial se guía más por creencias y normas situacionales que por reglas, capacitaciones y procedimientos. A su vez, las creencias y normas situacionales son más resistentes al cambio que las reglas y procedimientos. Adicionalmente, la formación militar de las policías chilenas genera un corporativismo masculino jerárquico y de lealtad interna, que contribuye a que ejecuten, legitimen y encubran violencias policiales, transgrediendo normas formales (Segato, 2018). Esto supone que “aun bajo la existencia de un arsenal jurídico robusto, pueden hacerse ‘presentes las peores infamias policiales’, incluso tratarse de prácticas totalmente legítimas bajo los códigos informales al interior de la institución” (Jasso y Jasso, 2021, p. 124).

El segundo ámbito de acción es la denuncia, que incluye registrar, sistematizar, denunciar e insistir, además de acompañar a los grupos más afectados en la comprensión del rol que tienen estas denuncias para resistir a la violencia policial. Implica problematizar la naturalización de la violencia de Estado en Chile que desafía en el presente, pero lleva medio siglo instalada. La tortura sistemática de la última dictadura hacia los/as opositores/as no extrañaba a nadie, era común. Esta normalización es uno de los grandes efectos de la tortura en nuestra sociedad (Piper, 2006).

La denuncia desde los/as defensores/as de esta investigación conecta los ámbitos de impugnación que Michelle Bonner (2021) sostiene como interconectados al enfrentar la violencia policial: reconfigurar las relaciones interpersonales en el ámbito comunitario, cuestionar los discursos dominantes y evidenciar las estructuras judiciales que apoyan la violencia policial.

Al avanzar en la comprensión de los mecanismos de resistencia contemporáneos, este estudio contribuye a evidenciar ejes fundamentales de la violencia policial, facilitando el diálogo entre términos cotidianos, como “visibilizar” y “naturalizar”, con los conceptos de uso académico. También puede contribuir a la formulación de políticas públicas desde una perspectiva multidimensional. La observación participante prolongada es una fortaleza de esta investigación, pues ayudó a comprender el sentido de las prácticas y contextualizar los discursos. Asimismo, trabajar con organizaciones con experiencias de larga data y desde distintas posiciones aporta a los resultados una perspectiva longitudinal que no se estanca en la impresión que provocó el denominado Estallido Social de octubre 2019. Esta mirada con perspectiva histórica fue relevante para amortiguar las limitaciones derivadas de estudiar la violencia policial en medio de los cambios contextuales por dicho Estallido y la pandemia de COVID-19, considerando que este proyecto de investigación fue presentado en septiembre 2019, en un escenario social diferente.

Los hallazgos sobre la naturalización social e invisibilización en medios de comunicación masivos muestran la necesidad de seguir investigando el rol de otros actores que consienten la violencia policial hacia grupos marginados (DeVylder et al., 2022). Futuros estudios podrían abordar cómo los cambios culturales impulsados por la educación/formación logran (o no) impactar en la prevención de violencia policial. Asimismo, se requiere conocer las formas en que distintos grupos sociales enfrentan las prácticas policiales y, con ello, comprender las experiencias acumuladas por quienes tienen contacto habitual con ellas, tendiendo puentes de colaboración. Además, espero contribuir a generar consciencia sobre las consecuencias de las interacciones violentas entre grupos desfavorecidos y la policía. Esto, considerando que no suelen ser visibles al resto de la población ni sujetos a sanciones judiciales, como muestran los hallazgos de esta investigación. El presente estudio también puede servir a responsables de elaborar políticas públicas, autoridades policiales e instructores policiales, para promover cambios culturales y materiales que se consoliden en el tiempo. Aun cuando en este artículo me focalizo en prácticas explícitas contra la violencia policial, no debemos perder de vista que su prevención requiere enfrentar las relaciones sociales de explotación que movilizan el uso de la violencia (Vitale, 2017/2021), desarrollar el poder de las comunidades y los recursos para abordar los daños con mecanismos más justos y reparadores.

6 Financiamiento

Esta investigación ha sido financiada a través del Proyecto de Investigación ANID‑FONDECYT Postdoctorado 3200993 “Prácticas y discursos de defensores/as de los derechos humanos en torno a la violencia policial en el Chile actual”. Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia.

7 Agradecimientos

A Jacqueline Espinoza-Ibacache por sus valiosos comentarios y recomendaciones para el desarrollo de esta investigación.

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