En los últimos años, el creciente consumo de drogas en los sectores obreros y su judicialización por tenencia y uso ha derivado en un debate al interior de las organizaciones de la izquierda argentina. En algunos de los lugares de trabajo, las situaciones son preocupantes. En las obras de construcción se registraron denuncias por la comercialización de estupefacientes, alrededor del 40 % de los operarios de la actividad petrolera manifestaron algún tipo de adicción, y el 12 % de los docentes argentinos presentan problemas relacionados con el consumo de alcohol, marihuana y cocaína (Aringoli, 2014; Clariá, 2018; “Descubrieron a integrante…”, 2017).
Nuestro artículo pretende abordar cómo se ha encarado este debate desde una organización de izquierda trotskista argentina, el Partido Obrero (PO) —que tuvo su origen en Política Obrera a finales del año 1963, y entre sus principales fundadores se encuentran Jorge Altamira y Julio Magri— entre los años 1996 a 2009. Este recorte temporal se fundamenta debido a una transformación global en el abordaje del problema de las drogas. De acuerdo con la propia Prensa Obrera, desde comienzos del nuevo siglo la burguesía internacional cambió su enfoque respecto al asunto: un importante sector pasó a promover la legalización de la producción mundial de estupefacientes, bajo la premisa de que la “represión de la oferta” fracasó. De este modo, se buscaría que el gran negocio pase de manos de las mafias al gran capital financiero, simplificando a su vez el proceder de los bancos, quienes se ahorrarían los problemas judiciales producto del lavado de dinero obtenido en este mercado “ilegal” (Martín, 2000).
Por otro lado, abordamos la controversia en el PO debido a que esta fue la primera organización que la desarrolló públicamente en su periódico. Con vistas a futuros trabajos, establecimos cuatro subperíodos en los que se destacaron estas discusiones: 1996-1998; 2009; 2012; 2016-2019. Para este artículo, seleccionamos los dos primeros porque ello nos permite abarcar desde los comienzos de las deliberaciones partidarias hasta el primer debate que se da en el contexto del mencionado viraje de los capitalistas sobre el tema. A partir de esto, surgen una serie de cuestiones de las que intentaremos dar cuenta aquí: ¿Cuáles fueron los factores que operaron en la discusión sobre el consumo de drogas en el PO? ¿Qué posturas y enfoques caracterizaron este debate? ¿Cuáles fueron las principales propuestas o resoluciones que se adoptaron?
Analizaremos el caso seleccionado desde un punto de vista marxista, retomando los aportes de las primeras organizaciones socialistas a la hora de discutir sobre esta problemática y su impacto sobre la clase obrera, su sujeto histórico. El debate en las organizaciones de izquierda sobre las adicciones y el consumo de drogas cuenta con una serie de antecedentes históricos que nos parece pertinente mencionar. En primera instancia, fue un tema que formó parte en la agenda de los socialdemócratas a comienzos del siglo XX. Destacan las polémicas en torno al problema del alcoholismo en Alemania o Francia, que fueron motivo de importantes intercambios en convenciones y congresos socialdemócratas de cada país, contando con aportes de dirigentes como Karl Kautsky, Emile Vandervelde y Jules Guesde (Mignon y Gaido, 2023). También es importante mencionar la extensión del consumo de alcohol, tabaco y narcóticos en el Estado soviético luego de la revolución, situación que se prolongó hasta el período estalinista (Miller, 2015). Su presencia al interior del gobierno y del partido bolchevique derivó en el famoso artículo escrito por León Trotsky (2019), “el vodka, la iglesia y el cine”. Más cercano en el tiempo, a mediados de la década del ochenta, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) convocó a una conferencia sobre las drogodependencias, cuyas resoluciones fueron editadas en un folleto (PSOE, 1985).
En Argentina, podríamos afirmar que el debate sobre las adicciones en las corrientes políticas de izquierda tuvo su origen a comienzos del siglo XX en torno al consumo del alcohol entre los obreros. Esta situación se reflejó en las filas del Partido Socialista (PS), donde primó una postura “higienista” basada en la lucha contra el alcoholismo y la necesidad de impulsar un programa relacionado a la salud de los trabajadores, con el fin de promover su desenvolvimiento físico y mental (Alvite, 2022). Algo semejante puede observarse durante la década de los setenta, donde el militante debía llevar a cabo una actividad fuera de todo vicio pernicioso, incluyendo el consumo de alcohol (Mangiantini, 2018; Pozzi, 2004). No obstante, es importante remarcar que la cuestión del debate sobre las drogas en sí (marihuana, cocaína, etc.) es reciente en la izquierda argentina, por lo que representa una importante área de vacancia.
Por otro lado, las investigaciones académicas sobre el PO aún se encuentran en una etapa incipiente. Además de la obra de Osvaldo Coggiola (2006), existen algunos trabajos académicos que solo se detuvieron a analizar aspectos específicos de la organización, como su prensa o la cuestión de género (Barraza, 2022; Casola, 2021; Ibarrola, 2021; Viñolo, 2021). Aspiramos también a realizar un aporte en este campo historiográfico. Nuestros principales referentes empíricos fueron los artículos de la prensa partidaria escrita (Prensa Obrera) y los Boletines Internos (BI), a los cuales hemos accedido a través de su sitio web y por donaciones individuales. Asimismo, al ser este un problema sensible tanto desde el punto de vista social y partidario como desde un ángulo legal, solamente hemos seleccionado aquellos testimonios de militantes que nos ofrecían una contextualización o ejemplificación sobre nuestro objeto de estudio. Por este motivo, los nombres consignados aquí son ficticios.
Como hipótesis, sostenemos que los virajes globales sobre la política de drogas afectaron los debates e intercambios partidarios sobre el tema. Si los socialistas del siglo XX se vieron influenciados por el peso de las ideas positivistas dominantes entonces (Ibarrola, 2021), sería esperable que algo semejante se observe en nuestro caso de estudio. Los militantes no se encuentran aislados, más bien expuestos a presiones sociales diversas que ejercen un influjo sobre lo que pueden ser los sentidos o concepciones tradicionales: durante los setenta, el PO se refirió al “ideologismo pequeño-burgués” como aquel sector político que promovía el consumo de drogas como “salida” a la crisis al margen de la lucha de clases (“Drogas ¿Quién es el responsable?”, 1972, p. 10). Además, siendo la drogadicción un problema que afecta fundamentalmente a los trabajadores, y por ser este el sujeto histórico de interés para la izquierda, consideramos que los militantes obreros tendrán un protagonismo en este debate.
Nuestro registro inicia a finales de 1996 con la publicación de una nota en la sección de Correo de Lectores de Prensa Obrera. El artículo en cuestión data de mediados de noviembre de ese año y fue firmado por Leandro Ventura, obrero de la industria plástica. Él consideraba que la campaña estatal “antidroga” era deficitaria y que colocaba al adicto como un “deficiente moral” o un delincuente. El breve artículo cerraba con tres reivindicaciones:
Que se discuta y profundice en el problema de la adicción como una enfermedad que se puede superar, que hay una vida mejor sin drogas y que se puede vivir sin ellas. Una campaña de ayuda para los drogodependientes y no contra ellos. Y la despenalización del consumo de drogas. (Ventura, 1996, p. 8)
Aquella preocupación inicial, tras una serie de aportes aislados entre sí y con diferentes ejes, tendría su eco en los BI del N.º 31 al 34 de 1997. Destaca el aporte de Julio [Magri], del Comité Nacional (CN), quien enmarcaba el consumo en la falta de perspectiva de los jóvenes y recuperaba una serie de ejemplos históricos donde la introducción de las drogas se había instrumentalizado para quebrar movimientos anticoloniales o degradar a la clase obrera. En este marco, el dirigente afirmaba que su utilización conspiraba contra la conformación de una suerte de “tipo-ideal” revolucionario, caracterizado por ser “inclaudicable, tesonero, altruista, consciente” y por la gran lucidez de sus juicios (Julio, documento de boletín interno no publicado N.º 31, apéndice, p. 1, 31 de octubre de 1997).
Su programa sienta una postura que otros discutirán: despenalización sí (el consumidor es una víctima) y legalización no (la sobreoferta incrementaría el consumo), junto con un “No a las drogas psicoactivas” (Julio, documento de boletín interno no publicado N.º 31, apéndice, p. 1, 31 de octubre de 1997). Además del reclamo de tratamientos médicos estatales, proponía un enfrentamiento “clasista” contra los dealers [vendedores de estupefacientes]: que las comisiones de vecinos los identifiquen, los llamen a la reflexión y, en caso de reincidencia, los expulsen del barrio. El BI N.º 32 incluía un texto firmado por Laura. Desde un discurso que remarca su expertise como profesional y con argumentos que buscan ejemplos prácticos y pedagógicos, este da cuenta de los efectos de la droga en el cuerpo humano, afirmando que esta altera nuestra forma de relacionarnos con la realidad (Laura, documento de boletín interno no publicado N.º 32, p. 3, 31 de octubre de 1997). Desde un enfoque estatal, la autora el problema debía ser enfocado como un asunto de salud y no como una cuestión jurídica o moral, dado que no era tratado por obras sociales u hospitales. Pero el aporte más importante allí sería autoría de Aníbal Romero [Pablo Rieznik], dirigente nacional y responsable del trabajo político de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS), la agrupación juvenil del PO. El punto de partida, decía, debía ser la “forma social de la droga”, no su forma material ni cuestiones morales. Esto implicaba considerar tanto su uso como su función represiva, regimentadora y de control; un elemento promotor de la degradación y la apatía de las masas. Al igual que la nota de Ventura, su crítica se dirigía hacia las campañas estatales, cuyo propósito era encubrir una política persecutoria: “la identificación de la juventud y los villeros con el mundo de la droga es promovida por el régimen para intentar dar legitimidad a la vigilancia, el control y la represión” (Romero, documento de boletín interno no publicado N.º 32, p. 3, 31 de octubre de 1997).
En un plano más general, el autor señalaba las limitaciones del Estado para acabar con las adicciones y el consumo de estupefacientes, puesto se trataba de un negocio lucrativo para la clase capitalista a nivel mundial. En el marco de un partido que luchaba por la libertad y contra el Estado, Romero se oponía a las prohibiciones y decretos que indiquen que puede o no hacerse: “En nuestro programa figura la despenalización del consumo y la libertad para la juventud y los trabajadores para decidir qué hacer con su vida” (Romero, documento de boletín interno no publicado N.º 32, p. 3, 31 de octubre de 1997). Finalmente, el dirigente rechazaba el consumo como un escape ante una realidad adversa, sin hacer distinción en el tipo de sustancia. Su preocupación partía de la existencia de ciertas prácticas en otras fuerzas de izquierda, las que recurrirían al consumo como mecanismo (no explícito) de reclutamiento. Así, pretendía prevenir a su organización contra el fomento del consumo personal, cuya justificación era “liberal y pequeño burguesa”. Como principio general, el militante no se droga. Para Romero se trata de dos aspectos antagónicos. Es en esta “conducta” que el partido debía educar a la juventud.
La intervención de Romero fue refrendada en una minuta de la dirección de la juventud reunida en noviembre de 1997. En aquella instancia, quedaron expuestas las divergencias. Se postulaba la existencia de una postura “desde el punto de vista de la clase obrera”, la cual enfatizaría la degradación social que implicarían las drogas, y de otra desde el “punto de vista liberal”, con énfasis en el derecho individual, de elección del consumo. El cierre del escrito expresaba un interés creciente por la cuestión: llamaba a registrar las vicisitudes de los debates en los equipos partidarios (Minuta de reunión de la Juventud, boletín interno no publicado N.º 33, p. 4, 16 de diciembre de 1997).
Esta comunicación sería denunciada por un grupo de militantes identificados como estudiantes universitarios, quienes sostuvieron que se trató de una “actitud burocrática” que limitaba y deformaba el debate interno, preestableciendo quienes eran los “liberales” y los defensores de la “perspectiva obrera”. El colectivo protestaba por la no publicación de una respuesta al texto de Romero, al que acusaban de lanzar “falsas caracterizaciones”. Los estudiantes reclamaban por la apertura del enfoque del problema: un abordaje que trascienda el uso de las drogas como una mera arma en la lucha de clases. Además, criticaban la minuta del dirigente, ya que esta no llevaría su razonamiento a fondo. Si Romero reivindicaba la despenalización como una forma de promover la libertad del individuo para decidir su propia vida, los jóvenes argumentaban que, siguiendo esta lógica, él también debería apoyar la legalización de las drogas, una medida que este grupo aprobaba por su control sanitario, considerándola “un derecho democrático de las masas contra su degradación física” (Marina, Guillermo, Tomás, Freddy y Nicolás, boletín interno no publicado N.º 34, p. 3, 26 de diciembre de 1997). De este modo, afirmaban que la dirección sostenía prejuicios sobre el uso de drogas, evidenciando la carencia de “conocimiento concreto del problema en la juventud”. Además, realizaban una serie de señalamientos.
En primer lugar, las drogas duras no serían tan nocivas como otras legales. En segundo término, el grupo rechazaba que su uso implicase una apatía para con la lucha de clases. Al contrario, el consumo de marihuana sería altamente frecuente en los círculos militantes, su uso en carácter recreativo o de fuga sería lógico y no condenable, siempre y cuando no reemplace la participación política o sea utilizado como medio de reclutamiento. Los autores buscaban refutar la premisa de que “el militante no se droga”, señalando que Romero exageraba el antagonismo entre el activismo y el consumo. Además, reclamaban debatir sobre los tipos de sustancias “compatibles” con la acción política, ya que los criterios estatales serían estrategias de “confusión” contra los jóvenes. Sobre el cierre, un comentario significativo sobre el propósito de esta intervención: “Se trata de comprender cuál es el papel social del asunto en la relación entre los jóvenes para poder encarar mejor cualquier legislación interna partidaria” (Marina, Guillermo, Tomás, Freddy y Nicolás, boletín interno no publicado N.º 34, p. 4, 26 de diciembre de 1997). Esta postura prolegalización sería acompañada por otros aportes juveniles, como el de Melta, quien también argumentaba en favor de los llamados “vendedores de última escala”, que eran perseguidos por la policía, del mismo modo que la juventud de los barrios (Melta, boletín interno no publicado N.º 34, p. 3, 26 de diciembre de 1997).
A lo largo de este primer período de tiempo, las posiciones en pugna se expresaron bajo la forma de un debate esporádico y espaciado, donde despuntan sectores de la juventud y de la dirigencia, pese a que el debate inició con una inquietud obrera.
De hecho, Mónica Barco, que militó en frentes universitarios, recordó que: “el debate no tuvo mucho impacto salvo en el frente estudiantil, que eran los universitarios y secundarios. Recuerdo que hubo un par de Boletines Internos sobre el asunto, pero no recuerdo que generó impacto alguno” (M. Barco, entrevista personal con los autores, septiembre de 2022). Magali César, militante del mismo frente, coincidió con el testimonio de Barco, pero agregó: “una vez milité las elecciones en [la Facultad de] Sociales y había muchas tucas [restos de marihuana] cuando finalizó un plenario. Pero no generó una discusión eterna y tampoco vino un dirigente del partido a retarnos” (M. Cesar, entrevista personal con los autores, septiembre de 2022).
La discusión abarcó un total de doce intervenciones entre artículos de la prensa escrita y minutas en los BI. Si la organización contaba entonces con 700 militantes, solamente el 1 % de las filas del partido intervino en la misma, siendo el frente universitario su mayor exponente (ver figuras 1 y 2). No obstante, en esta primera etapa pudimos apreciar que la apertura de ciertos canales para la discusión reflejó la preocupación y necesidad de un sector de la dirección del partido por dejar asentadas las principales posturas y, a título individual, posibles resoluciones, aunque sin pronunciarse de manera corporativa. Se vislumbraron dos posiciones: despenalización y legalización.
Figura 1
Aportes al debate por período temporal. Nota: El gráfico representa la distancia temporal entre los distintos aportes del período temporal de este apartado
Figura 2
Origen social de los aportes al debate de las drogas en el PO (1996-1998)
Pero no se trata solo de esto, sino de la concepción que estas llevan implícitas sobre el fenómeno. Recordemos que, durante los setenta, el partido se había pronunciado contra el fomento del consumo de drogas como salida a la crisis. Los documentos prodespenalización de Romero, Laura y Julio parecen presentar una continuidad con aquellas posiciones del PO en dos aspectos centrales. El primero se basa en la asociación del consumidor de drogas con posturas pequeñoburguesas. Como indicamos anteriormente, en un número de Política Obrera (antecesor de Prensa Obrera) podía leerse que el consumo de drogas se encuentra directamente vinculado a la “descomposición social de la burguesía”. Había que denunciar la acción represiva del Estado y los sectores imperialistas que fomentaban su uso para profundizar la degradación juvenil. En este sentido, proponía una crítica al “ideologismo pequeño-burgués” que fomentaría el consumo de estupefacientes, calificándola como una propuesta escapista y “al margen de la lucha de clases” (“Drogas ¿Quién es el responsable?”, 1972, p. 2). Aquí existe una coincidencia con otras organizaciones de izquierda, como el caso del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que planteaba que los drogadictos o corrientes como el hippismo “solo buscaban evadirse de la sociedad de consumo”, pero “sin combatirla” (Mangiantini, 2018, p. 86).
El segundo aspecto tiene que ver con el consumo y la práctica militante. En la década del 70, el militante promedio del PO se desarrolló bajo los criterios de las “tesis sobre la proletarización” redactadas en 1967. Básicamente, estas proponían que los militantes debían ingresar a trabajar a los centros fabriles y trasladarse a los barrios obreros, evitando toda clase de “vicios” pequeñoburgueses como el consumo desmedido de alcohol, que podrían atentar contra la “profesionalización” de los militantes (Política Obrera, 1967, documento no publicado). En otras organizaciones de izquierda como el PST, también podemos encontrar una relación entre el ideario militante y la evasión de ciertas prácticas que pueden considerarse pequeñoburguesas o lumpen, aquellas que obstaculizaban las tareas del partido o aislaban al individuo del movimiento obrero (Mangiantini, 2018). En casos como el PRT-ERP se desarrollaban mecanismos de control que sancionaban la caída en ciertas adicciones que incluían las drogas, situación que alejaba al revolucionario de valores como “el trabajo”, “el futuro de nuestros hijos” y “la gran fraternidad humana”, rasgos que caracterizarían al “hombre nuevo” rescatado por la revolución (Pozzi, 2004, p. 125). De este modo, existe un hilo histórico entre la posición de algunos dirigentes del PO en 1997, que llega hasta las posiciones de los partidos de izquierda en los 70 e incluso alcanza a las primeras formulaciones higienistas de los socialistas argentinos a comienzo del siglo XX (Roldán, 2011).
La fuerza de esta “herencia” también se hace sentir entre los argumentos del segundo grupo, partidario de la legalización. Esto se expresa de forma muy clara cuando sus polemistas intentan matizar lo negativo del uso de drogas. En todo momento, la perspectiva es que este sería aceptable solo si esta actividad no entorpece la actividad partidaria, reemplaza la militancia revolucionaria o es utilizado como medio de reclutamiento. Es decir, las acepciones que circulaban entre la izquierda argentina acerca del fenómeno formaban parte todavía del lenguaje que deben hablar los partidarios de la legalización para fundamentar sus posicionamientos. Pese a la incidencia de los antecedentes, el gran dato aquí es la emergencia de una postura que luego tomaría una forma todavía más definida en los años por venir.
El debate recién volvería a abrirse más de una década después. En ese lapso, la estructura organizativa del partido había dado un salto cuantitativo, alcanzando un número de 2200 miembros. Esto se reflejó en un crecimiento en los frentes juveniles y, en menor medida, en los obreros. En los primeros, el incremento se relacionaba con los triunfos en los centros de estudiantes de facultades correspondientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante del país en cantidad de estudiantes y prestigio académico. Esto permitió la conquista de la dirección de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en 2001.
El detonante del nuevo debate fue el “Fallo Arriola” de la Corte Suprema (25 de agosto de 2009), que resolvió a favor de despenalizar el consumo de marihuana al declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (N.º 23.737), en tanto y cuanto esa tenencia no afectase a terceros. Si en el apartado previo observamos cómo ciertas publicaciones en Prensa Obrera suscitaron una serie de aportes para los BI, en este caso todo se daría de forma semejante, pero con mayor velocidad e intensidad. En un artículo publicado en la editorial, Katerina Matsas, psiquiatra y trabajadora de la salud en el área de drogodependencia en Atenas y dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores [EEK las siglas en griego], expuso una serie de nociones como la “pérdida de la esencia humana” y la condena a una vida “sin sentido” para hablar de las adicciones (Matsas, 2009, p. 2). Las drogas aparecían como una necesidad artificial que reemplaza a las reales, aquellas que implican una relación con el “otro” y una conexión con el entorno objetivo. La adicción sería una condena a un extrañamiento respecto a uno mismo y al otro, un bloqueo de los potenciales humanos en la vida social y del desarrollo de la personalidad humana; ni más ni menos que la anulación del requisito “para poder lograr su autonomía como ser social, para llegar a constituir la individualidad social libre de la sociedad comunista”. La adicción impediría el hallazgo del “verdadero significado de una vida completa como sujeto en la historia, reemplazándolo por un sustituto artificial” (Matsas, 2009, p. 2). Es este aislamiento de la realidad el que facilitaría el trabajo de los capitalistas y sus medidas contra las masas. Se trata de una versión más elaborada de lo esgrimido en los noventa por Laura (1997).
La autora tomaba nota del viraje internacional de la burguesía y señalaba que el interés en defender la legalización de las drogas estaba relacionado con la búsqueda de transformarlas en una mercancía como cualquier otra, integrándolas al circuito legal impositivo y mercantil. Matsas sostenía que es imposible controlar la economía “en negro” de la producción y comercialización de estupefacientes. Asimismo, la psiquiatra expresaba reservas sobre la legalización de las drogas duras, las cuales podrían producir problemas psiquiátricos serios. La autora identificaba en esta clase de argumentos una lógica gerencial de un fenómeno social en expansión: lo aparentemente radical era en verdad conservador, un escape de las contradicciones sociales por medios legales. En este marco se situaba la propuesta de Matsas: ni penalización ni legalización “liberal”: una política de comunidades terapéuticas “basadas en una filosofía revolucionaria y una práctica de liberación social, apoyada por un gran movimiento social y popular contra el sistema capitalista, responsable de generar la presente tragedia humana” (Matsas, 2009, p. 2).
La aparición de este artículo tuvo una repercusión inmediata. La precedió la publicación de una serie de minutas en los BI N.º 23 y 24 (aparecidas durante el mes de septiembre) que abarcaron varios tópicos. Interpeló a un público que, en ocasiones, declaró una expertise “no técnica” (pero práctica) en el asunto y que, sobre todo, fue mayormente crítico. Entre los pocos comentarios favorables a la griega, Michel reconocía que la vida es casi impensable sin algún “exceso”, pero señalaba que estos expresan los problemas de la vida social y que un partido revolucionario no podía ignorar la creciente “narcotización” de la juventud. Saludando a la editorial, deseaba que fuera discutida seriamente entre los jóvenes del partido, “donde a menudo suele tenerse una actitud de tolerancia, cuando no de promoción, de las diferentes drogas” (Michel, boletín interno documento no publicado N.º 23, p. 2, 10 de setiembre de 2009). Seguido a ello, se registraron intervenciones que manifestaban que el partido debía participar de agrupaciones que luchaban en contra de las adicciones en los barrios más carenciados y abrir el debate con los vecinos acerca de estos problemas (Nacho, boletín interno no publicado N.º 23, p. 6, 10 de setiembre de 2009).
Las críticas a Matsas no escatimaron en adjetivos descalificativos para caracterizar su postura: “explicación sabelotoda”, “reaccionaria”, “anarquista”, “conservadora”, “anticuado”, “hermético”, “moralista”, “práctica psiquiátrica temerosa” y “sentencia anacrónica”. Destacaremos dos cuestiones fundamentales. En primer término, un autoreconocimiento de los críticos como consumidores, cuyo uso de drogas no “entorpecía” su actividad militante e incluso era justificado en tanto apaciguamiento de las consecuencias de una realidad desfavorable y en ocasiones una herramienta de liberación de potenciales humanos. Junto con esto, se evidenciaba una preocupación de que la postura de la griega pudiese alejar a sectores juveniles de la militancia. El reclamo era claro: existe un margen de control individual en el consumo de drogas que la articulista no estaba contemplando: una posibilidad de decisión que transformaba a la problemática en un asunto de sujetos capaces de manejar el uso de sustancias. De la mano de esto, una defensa de la despenalización en términos semejantes a los de los noventa: no entregar a los jóvenes a las fuerzas policiales.
En segundo lugar, emergió un fuerte cuestionamiento a la propuesta de Matsas de comunidades terapéuticas, ya que estas serían actualmente una deformación de la experiencia argentina de los sesenta; pasaron de ser un tratamiento horizontal y democrático, alternativo a la industria farmacológica, a conformarse como “granjas represivas”. Otros consideraban que estas comunidades, en vez de fetichizar el paraíso religioso, ahora harían lo mismo con el socialista (Morcillo, boletín interno no publicado N.º 24, p. 2, 17 de setiembre de 2009). Señalaban una inadecuación de sus planteos a la realidad local. El problema serían las pautas culturales de la sociedad judeo-cristiana que se oponían a cualquier forma de placer y daban forma a un sentido común. Pero este, que naturaliza ciertas prácticas, cambia con el tiempo. De allí lo anticuado de las posiciones “morales” contra la droga. Además de las críticas “de contenido”, aparecían reproches a la utilización de un texto extrapartidario como editorial. Es decir, la de la griega no era considerado una postura oficial.
La respuesta de Matsas llegó en el BI N.º 25 de septiembre de 2009. Allí, reafirmó la mayoría de sus argumentos, enfatizando que el partido revolucionario, al combatir la drogadicción, luchaba por la educación de las masas oprimidas. Utilizó el concepto foucaultiano bio-poder para explicar la búsqueda del control social, vida, pensamiento y manifestaciones de los oprimidos a los que aspira la burguesía, en el marco de lo cual se debía entender la promoción de la despenalización y la legalización, medidas concebidas para neutralizar potenciales rebeliones populares mediante la exaltación de estilos de vida inocuos que promovían valores y el ethos del liberalismo. Un efecto de “zanahoria y garrote”: libertad para drogarse, represión a los que desean rebelarse. Sobre el cierre, la griega buscaba refutar las críticas a su propuesta, anclándose nuevamente en su expertise profesional. Su trabajo, al cual ponía como ejemplo de salida al problema, se daba en el marco de la salud pública, no privada, al calor de la lucha contra los ajustes y la privatización. Una experiencia combativa distinta de las comunidades terapéuticas privadas. Su intervención, aseguraba, no era la de un académico, sino la de un participante activo de la lucha de clases. La clave no sería el gerenciamiento del problema de acuerdo a los designios del capital, sino la prevención en el marco del combate contra las reales causas sociales que empujan a las masas a este tipo de escape (Matsas, boletín interno, documento no publicado N.º 25, p. 3, 24 de setiembre de 2009).
En este período, tampoco apareció un pronunciamiento de la dirección nacional en torno a la problemática y al debate que este había suscitado. De una organización con 2200 miembros, la discusión interna abarcó alrededor de 20 intervenciones, nuevamente el 1 % del partido. Pero a diferencia del primer debate, en este caso algunos equipos partidarios votaron una serie de iniciativas en rechazo del escrito de Matsas, como recuerda un entonces militante universitario:
Recuerdo que la editorial de Matsas generó un revuelo en la juventud, me acuerdo clarito que hubo círculos que votaron, además del repudio a la nota, negarse a vender el periódico. Otros amenazaron con pudrir una charla de Altamira en la Facultad de Derecho, si llegaba a mencionar el tema de la droga. Esto fue porque el debate aún no se había saldado. (J. Vitrola, entrevista personal con los autores, agosto de 2022)
Otra vez, el debate interno reflejó que el tema de los narcóticos se encontraba circunscrito a la juventud y aquellos frentes relacionados con la problemática, psicólogos, operadores terapéuticos, abogados, docentes y trabajadores de la cultura (ver figura 3).
Figura 3
Origen social de los aportes al debate de las drogas en el PO (2009)
Sobre el sector obrero del partido, solo contamos con dos testimonios provenientes de diferentes frentes sociales. El primero, de un obrero gráfico de Buenos Aires, quien manifestó tener “problemas con el consumo de drogas” el cual se relacionaba con la jornada laboral y “los problemas personales” (M. Calarco, entrevista personal con los autores, octubre de 2022). El segundo, Pablo Carmona, comentó el caso de un militante perteneciente al gremio telefónico que era alcohólico y que se alejó “sin pena ni gloria” del partido al no darle este “las herramientas” para tratar su adicción (P. Caruso, entrevista personal con los autores, noviembre de 2022). Sin embargo, cuando se les consultó sobre el debate que transcurrió en la organización, los dos individuos coincidieron en que desde la dirigencia de sus respectivos círculos partidarios no habilitaron los espacios para discutir sobre el asunto, quedando en manos de los miembros la responsabilidad de intervenir y acompañar cada caso.
Otro aspecto a destacar durante este período temporal es que se pusieron en juego dos clases de expertise. De la primera ya habíamos tenido un registro con Laura (1997), y consiste en un discurso basado en la práctica profesional y el conocimiento científico. Esta se encuentra personificada en el eje sobre el cual giró toda esta parte de la discusión: Matsas. Más que nunca, se combina con una visión higienista sobre la tarea de los militantes revolucionarios. De la segunda también encontramos antecedentes en los noventa: “el conocimiento concreto del problema en la juventud” que se atribuían los estudiantes defensores de la legalización. Esto se une definitivamente con los críticos a Matsas, quienes reconocen ser consumidores y afirman que la griega desconoce la realidad de los mismos y de la Argentina, ignorando la incidencia de sustancias como el paco. Así, desde esta última óptica, se contraponen dos figuras: el académico “inmune” al sentir popular y antagónico al participante activo en la lucha de clases. Una construcción que la griega criticó en su respuesta final.
Este episodio del debate también revela la emergencia de una nueva posición que no es partidaria ni de la legalización ni de la despenalización. Ecos de esta se podían encontrar en las pretéritas posturas de dirigentes como Ferro (1997), que reclamaban una política educativa para la clase obrera, pero sin posicionarse sobre aquella dicotomía. Además, en relación con lo planteado en el apartado previo, aquí cobró forma definitiva la contraparte de la visión higienista sobre el problema de las drogas. Un punto de vista al que llamaremos “productivista”, que sustancialmente afirma que el consumo de drogas es irrelevante, siempre y cuando no altere la actividad militante. Quizás la mejor expresión de esta postura es el texto de Aldo (2009) en el BI N.º 24, donde los “problemas personales” que esgrimían muchos militantes para dejar de militar eran “excusas” para disimular un retroceso político. Las cuestiones generales e interpersonales que afectan a los individuos, todas ellas son responsabilidad de la burguesía y su régimen social. De allí que, ante esta clase de síntomas, se debía insistir con la actividad política:
No digo que mis problemas actuales se resuelvan militando, tal vez empeoren. Pero tengo la convicción que, si pongo el 5 % de mi ingreso mensual, el 10 % de mi aguinaldo, el 30 % de aquellos juicios, indemnizaciones, herencias, propiedades que venda, dinero que encuentra tirado o cualquier otro ingreso extraordinario y venda al menos 3 prensas por semana, muy probablemente mis nietos tengan menos “problemas personales”. (Aldo, boletín interno no publicado N.º 24, p. 2, 15 de setiembre de 2009)
Por otro lado, a comienzos del mes de noviembre de 2009 se celebró el Congreso Nacional de la UJS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema del consumo de drogas no fue puesto a discusión en las comisiones y tampoco se encuentra en el manifiesto final del evento. Pese a su ausencia en las instancias formales, la cuestión se hacía presente en la realidad concreta, lejos de las resoluciones y las proclamas oficiales. Se comenzaban a “avizorar” una serie de problemas tales como el consumo excesivo de cocaína en las fiestas partidarias. Desde un singular cántico para acompañar las movilizaciones y actividades universitarias: “Porque yo no quiero piquetear [vender el periódico del partido], no quiero volantear, no quiero militar, quiero estar fumando chala [marihuana] todo el día y que milite Pablo Rieznik y Altamira” (M. Moreira, entrevista personal, febrero de 2023), hasta el uso de drogas para soportar largas jornadas:
En las elecciones universitarias son semanas y semanas de militancia que va desde pasar por los cursos, poner la mesa, pasar por los cursos de vuelta, plenario por la noche para hacer un balance… y al otro día arrancabas de nuevo a las ocho de la mañana. Había compañeros que tomaban merca [cocaína] para mantenerse activos. (C. Ferrer, comunicación personal con los autores, junio de 2022)
Ambos testimonios poseen similitudes con el relato de Manuel Castells (2017) sobre su militancia en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). En su escrito, Castells describe el problema del consumo de drogas en un sector de los miembros de la organización trotskista como parte de una práctica militante full-time que, en palabras del autor, era “rutinaria” y, a veces, “rozaba las orillas de la desilusión” (Castells, 2017, p. 72).
Por otra parte, la cuestión no se circunscribía a lo festivo y lo individual. Independientemente de las posturas partidarias, estos militantes tomaban posturas en el campo de las drogas que los llevaban a realizar acciones propias:
Cuando yo era estudiante ya había compañeros que iban [a las marchas por la despenalización]. Y me recibí en 2012. Te diría que los primeros en ir no fueron los más descompuestos, sino al contrario, los que simplemente querían fumarse un porro en paz. Apostaría a que esto fue antes de 2010”. (N. Serna, entrevista personal con José Barraza, enero de 2023)
A lo largo de este artículo analizamos el debate sobre el consumo de drogas y adicciones en el PO como parte de las discusiones y luchas que llevaron a cabo las organizaciones socialistas sobre esta problemática entre los trabajadores.
A partir del registro documental, pudimos reflejar el surgimiento de una variedad de posturas sobre esta problemática. Además, en dichas intervenciones, pudimos establecer puntos en común tales como la crítica hacia el Estado en cuanto garante de la represión y criminalización de la juventud, además del narcotráfico como un negociado capitalista con fuertes lazos con el aparato estatal. En este punto, se puede establecer una relación entre la drogadicción y la afirmación de Kautsky sobre el alcoholismo como “un producto del capitalismo” (Mignon y Gaido, 2023, p. 13).
Algunos aspectos fueron perdiendo importancia con el paso del tiempo, como el análisis de campañas estatales, y otros irían ganando relevancia, como el énfasis en la marihuana. Pese a esto, en nuestro trabajo reflejamos la existencia de tres posiciones centrales en torno a este tema que, con ciertos matices y apreciaciones sobre la droga en sí, se manifestaron en el tiempo. En el caso de la legalización, esta fue reivindicada bajo argumentos individualistas y sanitarios, matizando el supuesto efecto nocivo de la droga en el cuerpo humano. La idea de impulsar la despenalización obedecía a un interés por proteger fundamentalmente a la juventud de la represión estatal, al consumidor y el pequeño comerciante. Finalmente, primó una posición que no promovía ninguna de las dos alternativas, retomando una propuesta de carácter científico, pero bajo una óptica socialista. Esta parecía hacerse eco de la experiencia soviética y el pensamiento de Trotsky donde se afirmaba que era imposible dar concesiones en materia de liberar el consumo de alcohol, si se quería concretar el éxito de la revolución (Trotsky, 2019). Aunque estas posiciones se desarrollaron a la luz de un viraje internacional sobre la gestión de las drogas, no se han observado sus huellas de este debate. Si bien polemistas como Matsas dan cuenta de este fenómeno, al observar la polémica de forma general se observa que la diversidad de opiniones y valoraciones sobre la droga era preexistente. En efecto, la concepción tradicional partidaria estaba siendo cuestionada con antelación a los nuevos enfoques globales.
Si en nuestra otra hipótesis esperábamos una fuerte presencia obrera en el debate, nuestro relevamiento dio cuenta de un claro protagonismo de la juventud estudiantil y de los profesionales. Lamentablemente, la documentación recabada no nos otorga datos cuantitativos para medir la composición obrera al interior de la organización. Salvo a través de los testimonios orales, pudimos aproximarnos a la idea de que su ausencia en los materiales relevados habría sido por cuestiones relacionadas con un desinterés de una parte de la dirección del partido para concretar su intervención en los boletines internos.
Señalaremos también que, a futuro, nos parece necesario combinar lo trabajado aquí en fuentes escritas con otras técnicas cualitativas, como las entrevistas en profundidad y la observación participante, para así aproximarnos a una comprensión todavía más completa de la significación del problema de la droga en la izquierda argentina. Consideramos que este trabajo es una primera aproximación a la hora de elaborar un análisis más integral sobre el debate del consumo de drogas en otras corrientes políticas en Argentina, e incluso a nivel internacional. Creemos que este factor debe ser ponderado a la hora de abordar estas experiencias sociales durante la próxima etapa de la trayectoria de PO: el acceso a los recintos parlamentarios y la lucha interna que derivó en su división.
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