La noticia policial, históricamente, se ha elaborado a partir de datos provistos por fuentes policiales y, en segundo lugar, judiciales (Caimari, 2004). Cuando sucede un hecho que beneficia la imagen de la policía, es frecuente que miembros de las fuerzas de seguridad se comuniquen con las redacciones periodísticas para brindar los únicos datos con los que se elaborará la noticia (Calzado y Fernández, 2023). Raramente los periodistas se hacen presentes en el lugar de los hechos y recurren a fuentes no oficiales (abogados y familiares de víctimas), convirtiendo la información oficial suministrada en unilateral y subjetiva (Rey, 2005). En casos de violencia institucional (Pita, 1998), lo más habitual es que se los trate como “enfrentamientos” en el marco de hechos de inseguridad que exigen políticas penales de mano dura (Motto, 2009).
Este tipo de hechos no forma parte de la agenda mediática. Siguiendo a Pierre Bourdieu (1997), esta última opera condicionada por relaciones de influencia y competitividad mutua con otros medios y por relaciones de fuerza que forman parte de la estructura mediática. El campo periodístico se desarrolla de acuerdo con un conjunto de creencias compartidas por los periodistas que fundamentan la selección de acontecimientos noticiables (sensacionalismo, urgencia, proximidad geográfica, primicia, etc.) por fuera de la posición que ocupen en el mismo y de la opinión de cada uno de ellos o ellas. De aquí que la información difundida excluya hechos considerados incapaces de atraer la atención de las audiencias y se proceda a ocultar mostrando, esto es, a exhibir algo distinto de lo que se debería informar, con un sentido que no se corresponde con los hechos o de forma tal de hacerlos parecer insignificantes.
Esta censura de acontecimientos considerados no noticiables se vincula con la capacidad de los actores involucrados para hacer escuchar su versión (Retegui et al., 2019). Los medios de referencia no suelen dar voz ni citar información provista por víctimas de hechos de violencia institucional debido a que una de las principales restricciones del género policial supone que para que un hecho sea noticiable, la víctima debe ser de clase alta o media (Focás y Kessler, 2021). Si bien en ocasiones los periodistas se oponen al interés del medio y buscan mostrar en los telediarios acontecimientos que exceden las rutinas periodísticas (Focás, 2018), las muertes de jóvenes de sectores populares en manos de agentes del Estado solo trascienden la esfera privada cuando toman una escala nacional, logran movilizar a la ciudadanía y son registradas a través de imágenes (Kessler y Gayol, 2018).
El registro de material audiovisual cumple un papel muy importante en la visibilización de casos de violencia institucional. Los familiares de las víctimas conservan las imágenes como testimonio a fin de construir evidencias en las causas judiciales (García Sotomayor et al., 2017). Asimismo, la “contravigilancia” (Lyon, 1996, p. 39) ejercida por la ciudadanía mediante el registro de imágenes de abusos en dispositivos móviles puede generar formas de solidaridad “desde abajo” y organización social para la prevención de este tipo de hechos (Alvarado y Silva, 2011) tanto como para reclamar por más seguridad de cara a las burocracias estatales (el gobierno, el sistema judicial, la policía) o a los medios masivos (Tufró, 2016). Durante la pandemia por COVID en Argentina, por ejemplo, las imágenes producidas y subidas a redes sociales por vecinos y vecinas habilitaron la cobertura de hechos de violencia policial en medios hegemónicos (Polola, et al., 2022).
En relación con la contravigilancia, pese a que en nuestro país no se encuentra generalizado el uso de cámaras corporales por el personal policial, es interesante mencionar estudios provenientes de países como Estados Unidos o Reino Unido, pioneros en la utilización de estas tecnologías en función del control de las fuerzas de seguridad. Al respecto, Christopher Schneider (2019) sostiene, para el caso de California, que la utilización de cámaras corporales en los chalecos de los agentes policiales, cascos o lentes, contribuye a disminuir tanto el uso excesivo de la fuerza como las quejas de la ciudadanía en relación con la actuación policial a partir de la exhibición y difusión en los medios de comunicación de la “actuación policial basada en evidencia” (p. 14). En esta misma línea, Brown Gregory (2016) afirma que la posibilidad del registro y difusión de la evidencia audiovisual puede llevar a moderar el uso de la fuerza por parte del personal policial al decidir cuándo y cómo ejercerla. En tal sentido, el empleo de bodycams operaría en un sentido que incrementa la rendición de cuentas y la transparencia en el cumplimiento de la ley (Duffy et al., 2020).
Con respecto al uso de cámaras de seguridad, existe consenso en que su utilidad se vincula menos con la prevención del delito que con el aporte de evidencia para la reconstrucción de los hechos (Lio, 2020). Estudios sobre la colocación de cámaras de videovigilancia urbana en ciudades como la de México afirman que la presencia de estos dispositivos no tiene un efecto significativo en la reducción de la criminalidad (Sánchez Valdés, 2016). De aquí que la instalación masiva de cámaras haya sido fuertemente cuestionada no solo por el costo que representa, sino por el detrimento a la vida privada que supone (Barinas Ubiñas, 2013).
Este tipo de registros suele ser noticiable para los medios masivos no sólo en función de la reconstrucción de los acontecimientos, generalmente por periodistas especializados en policiales, sino ante todo para entretener a la audiencia, como si se tratara de una película (Calzado et al., 2021). Existe una tendencia en el periodismo actual a borrar las fronteras entre información y entretenimiento en el marco de un mercado altamente competitivo de actualidad informativa (Berrocal et al., 2014). Las noticias basadas en imágenes de cámaras de seguridad suelen encuadrar el accionar de las fuerzas policiales en términos de eficiencia en la prevención y represión del delito (Calzado y Fernández, 2023) en línea con estrategias de marketing político de las gestiones gubernamentales (Ríos, 2019).
En este trabajo nos preguntamos, entonces, por la perspectiva de los agentes policiales en torno a la mediatización de imágenes de hechos que involucran a las fuerzas de seguridad y su relación con la labor que realizan: ¿De qué tipo de hechos se trata? ¿Cómo es la relación entre los medios y la policía en el acceso a los mismos? ¿Cómo se concibe el tratamiento periodístico? ¿Qué tipo de imagen del accionar policial contribuye a forjar el material audiovisual seleccionado? ¿Cómo se perciben las imágenes publicadas en redes sociales sobre hechos de violencia con intervención policial? ¿Condicionan la tarea? ¿Qué otro tipo de imágenes intervienen en el trabajo diario de los policías? ¿De qué manera inciden?
Estas fueron algunas de las preguntas disparadoras del estudio. Considerando que ni las prácticas mediáticas se encuentran aisladas ni las prácticas policiales pueden prescindir del rol de los medios en la construcción de noticias en las que intervienen las fuerzas de seguridad, muchas veces, a partir de imágenes tomadas por la ciudadanía, nos propusimos desentrañar el vínculo entre dichos campos (Bourdieu, 1997). La hipótesis de partida fue que las imágenes juegan un rol central en la disputa librada entre el campo policial y el campo mediático por la construcción de sentido en torno a hechos de violencia institucional, tanto como en acontecimientos delictivos en los que la actuación de los agentes aparece en términos de eficiencia. Las imágenes de hechos de violencia institucional son mayormente registradas por la ciudadanía testigo para denunciar lo ocurrido mientras que en casos de delito urbano las imágenes provienen de dispositivos de videovigilancia que se “filtran” a los medios a partir de contactos personales de algunos y algunas policías con periodistas y el aval del sector gubernamental.
El abordaje metodológico fue cualitativo. Realizamos diez entrevistas en profundidad (Wengraf, 2001 en Valles, 2000) a agentes de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad en febrero y marzo de 2024, entendiendo a dicha herramienta como sumamente útil no para explorar las trayectorias individuales de los agentes, sino para la reconstrucción de procesos sociales y formas de sociabilidad generales (Vasilachis de Gialdino, 2006). Con respecto a las consideraciones éticas, la investigación realizada buscó resguardar la identidad de las personas participantes cambiando sus verdaderos nombres por seudónimos con el fin de prevenir perjuicios provocados por el estudio. De esta manera, se protegió su anonimato y la confidencialidad de los datos.
Aunque no conocíamos a los entrevistados, haber sido docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina nos permitió vincular con docentes de la institución, quienes nos facilitaron algunos contactos. Comenzamos comunicándonos con diferentes agentes en forma aleatoria. Alcanzada la mitad del muestreo, utilizamos la técnica de la bola de nieve, basada en pedirles colaboración para contactarnos con otros informantes.
Nos comunicamos por WhatsApp y coordinamos un horario para la realización de las entrevistas en forma telefónica. Las mismas duraron alrededor de una hora y fueron grabadas, con previo aviso a los entrevistados. Ninguno objetó este mecanismo para el registro de los discursos ni se mostró intimidado en el transcurso de la charla. En cada entrevista, comenzamos enunciando los objetivos de la investigación en un lenguaje llano y coloquial. Si bien elaboramos previamente una guía de pautas de entrevista, empleamos técnicas conversacionales (Valles, 2000, p. 38) buscando que las preguntas y las respuestas se fueran encadenado como un diálogo. En tal sentido, no seguimos un orden estricto en la implementación de la guía, sino que buscamos mantener una escucha activa de la información provista y del vocabulario empleado. Buscamos focalizar los ejes de la conversación a los fines del estudio y en caso de requerir mayor profundización sobre algún aspecto, les pedimos más detalles, recapitulación, anécdotas o ejemplos vinculados a sus biografías.
Desgrabamos la información obtenida a fin de atender a la necesidad de incorporar preguntas, quitar aquellas irrelevantes e identificar similitudes y recurrencias en las respuestas dentro de una etapa de análisis preliminar. Cuando consideramos que era suficiente a los fines de los objetivos del estudio, dimos por concluido el trabajo de campo, siguiendo el principio de saturación teórica (Glaser y Strauss, 1967). Procedimos, entonces, a una segunda etapa de análisis intenso de los discursos en la que buscamos identificar patrones existentes entre ellos, interpretarlos y generar conceptos. La estrategia analítica empleada fue la del muestreo teórico y de la comparación constante para el análisis de los datos, buscando identificar patrones existentes entre ellos, interpretarlos y generar conceptos, en línea con los criterios de la teoría emergente (Glaser y Strauss, 1967).
Con los resultados del análisis, elaboramos tres categorías diferidas de los discursos, en ocasiones relacionadas entre sí, que se proponen aportar conceptualmente a otros estudios sobre medios de comunicación, policía e imagen. Estas categorías conceptuales son: 1) Imagen como herramienta (condicionante/ facilitador del trabajo policial); 2) Imagen como producto (a “vender” a/en medios y redes sociales para favorecer la imagen de la gestión y de la institución); y 3) Imagen como prueba (tanto del buen procedimiento policial y motivo de reconocimientos, premios y ascensos como del mal desempeño, empleo pedagógico y motivo de sanción).
Para desarrollar el análisis de estas categorías dividimos el artículo en dos partes: primero, la incidencia de las imágenes en la tarea policial; segundo, la influencia de la mediatización de imágenes en la construcción de la imagen pública de la policía. Por último, esbozamos algunas reflexiones para continuar indagando sobre las disputas libradas a través del empleo de imágenes.
En nuestro país existe un sistema de videovigilancia público, es decir, financiado y gestionado desde el Estado, un sistema de videovigilancia privado, solventado y administrado por la ciudadanía, y sistemas de videovigilancia fija y móvil. Pese a que en torno a la videovigilancia se construyen promesas sobredimensionadas de políticas públicas de control social y profecías de ciudades vigiladas (Cardoso, 2011), la regulación normativa de su utilización no refiere, salvo excepciones, a los usos y prácticas de control (Ríos, 2019). De aquí nuestro interés por examinar cómo intervienen las nuevas tecnologías en la tarea policial y de qué manera se las utiliza como dispositivos orientados a fortalecer las políticas de seguridad.
Al consultarles por estas cuestiones, la mayoría de los entrevistados coincidió en señalar que la principal utilidad de las cámaras de videovigilancia es como herramienta de localización de delincuentes, ya sea en la fase investigativa de una causa penal, en la cual muchas veces intervienen los grupos especiales de la policía quienes ingresan a los lugares para realizar allanamientos, como en el momento posterior al hecho cuando se busca identificar al transgresor. En el primero de los casos, contar con imágenes y videos serviría para hacer la planificación del ingreso, saber cómo es el lugar, detener a los delincuentes rápido y evitar que se descarten elementos probatorios. En el segundo, la imagen operaría como un testigo “objetivo” del acontecimiento, que permite exhibir detalles concretos y contribuir a la búsqueda del sospechoso. Con respecto a esta última cuestión, uno de los informantes, explicaba:
La imagen es más contundente que el testimonio. Supongamos que hay tres testigos y uno te dice que el delincuente estaba vestido con zapatillas verdes y el otro te dice que eran celestes. No es que la persona mienta, pero en un juicio oral se encuentran variables que no concuerdan. Con la imagen todos pueden ver el color de las zapatillas. (Fernando, entrevista personal, febrero de 2024)
El carácter performativo de las imágenes llevaría a desmentir la falsedad de los testimonios de los actores involucrados en función de la fuerza constatativa del registro (Bettendorff, 2021). Sin embargo, al momento de detener al sospechoso de un delito, la herramienta puede dar lugar a una “falla”, como en los casos en que se confunde a la persona buscada con otra y se la detiene arbitrariamente. Al respecto, uno de los entrevistados contaba:
Ayer le robaron la cartera a una señora y las cámaras modularon que los delincuentes estaban cerca de una casa. Nosotros vamos con el patrullero, agarramos una masculina de similares características, la acercamos al domo, la ponemos de frente y no era. No siempre acertamos, a veces nos falla. (Bruno, entrevista personal, marzo de 2024)
Este tipo de prácticas, sostienen Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forne (2011) llevan a la desconfianza ciudadana en la policía y si acaso las personas cooperan con ella, lo hace desde una actitud no motivada por una obligación moral, sino por la expectativa de obtener seguridad personal y colectiva contra el delito. Otra de las cuestiones que atentan contra la desconfianza policial son los casos de violencia institucional que se alcanzan a visibilizar e instalan en la agenda pública, como el caso de Lucas González.1 Estos casos, opinan los entrevistados, no se previenen por la mera presencia de cámaras. Las razones por las cuales se comete este tipo de delitos exceden el efecto disuasivo que los defensores de la prevención situacional consideran que tiene la colocación masiva de cámaras en puntos estratégicos de la ciudad (O’Malley, 2006). En palabras de dos de nuestros entrevistados:
Realmente no sé si sirve o no porque si tenemos a un chico que se lo mata erróneamente por el color de piel e incluso después ciertos colegas hicieron las cosas peor, yo no sé qué aporte hace una cámara ahí. (Rodolfo, entrevista personal, febrero de 2024)
Depende del sector político. ¿Vos creés que no había cámaras en esa esquina? Quizás por no desprestigiar al gobierno de la ciudad, hayan sido selectivos. La noticia de un futbolista muerto termina teniendo mucho que ver con el daño que se puede hacer a una imagen política. (Leandro, entrevista personal, marzo de 2024)
Como viene sucediendo históricamente, la franja de niños, niñas y jóvenes varones, morochos y de sectores populares, de entre 15 y 27 años, es la que representa la mayor cantidad de víctimas de violencia policial. El caso de Lucas González es solo un ejemplo de muchos otros jóvenes muertos por las fuerzas de seguridad, cuyos casos no llegan a las pantallas televisivas2 y si lo hacen, no se ofrecen miradas alternativas a la perspectiva de la fuente informativa principal, la policial. Podríamos decir, entonces, que la presencia de dispositivos de videovigilancia no alcanza para romper la operación mediática de ocultar mostrando conceptualizada por Bourdieu para señalar el encubrimiento de la versión de los hechos por parte de aquellas voces no autorizadas.
Con respecto a la utilidad de las cámaras de seguridad para la prevención de hechos de violencia policial, Elizabeth Joh (2018) sostiene que su presencia no garantiza por sí misma la responsabilidad policial y mucho menos la transparencia y rendición de cuentas sin un establecimiento claro de directrices para la vigilancia democrática. Principalmente, porque por lo general los registros se encuentran bajo la órbita policial y es dicha institución la que decide qué registrar y presentar como prueba (Mateescu et al., 2016). Al respecto, la investigación de Lucía Carmina Jasso López (2021) sobre casos de abuso policial y ejecuciones arbitrarias captadas por cámaras en quince países de América Latina aporta que en este tipo de casos es común que los registros se omitan, oculten o eliminen.
Con respecto a las imágenes tomadas desde domos, dispositivos colocados en la vía pública que apuntan permanentemente a un punto fijo, los entrevistados argumentan que no sirven para la prevención, sino para testimoniar el buen o mal desempeño policial. En casos de “enfrentamientos”, el registro de los hechos permitiría evidenciar si el policía actuó o no “en el uso de la legítima defensa”:
Cuando yo ingresé a la Policía Federal no había muchos lugares que tuvieran cámaras. Muchos de los que murieron en enfrentamientos fue por dudar en sacar el arma por el temor de que no le fueran a creer. Las cámaras son un beneficio para el policía. (Fernando, entrevista personal, febrero de 2024)
Lo mismo ocurriría con las pistolas Taser, de reciente incorporación en la Policía de la Ciudad, las cuales, al momento en que el policía quita el seguro del arma, activa la grabación de la cámara instalada en el chaleco antibalas.
Las cámaras están para que uno no sea cuestionado, queda toda la secuencia registrada desde el inicio del suceso. Después, las imágenes van a la gente de criminalística que cuando el magistrado lo solicita, comprueban si estuvo bien utilizada o fue un exceso. (Ramiro, entrevista personal, febrero de 2024)
Te puede pasar que en un patrullero una mujer diga que la quisiste manosear o que al palpar de armas le metiste un porro en el bolsillo. La cámara ayuda a que el procedimiento tenga mayor transparencia. (Fernando, entrevista personal, febrero de 2024)
Con respecto a la función testimonial del registro audiovisual, estudios como el de Marcela Perelman (2010) relativizan su alcance para construir una verdad jurídica, incluso si se encuentra probado que no fue trucado. Para definir lo ocurrido en la Masacre de Avellaneda fue necesario reconstruir el proceso de validación de las imágenes a través del testimonio de los actores involucrados tanto como el conjunto de rutinas que confluyeron en un acontecimiento “excepcional” más por sus condiciones particulares de visibilidad que por el tipo de procedimientos policiales desarrollados.
El condicionamiento de las cámaras a la actividad policial se vincula, también, con el registro del uso del poder público para fines privados (Grijalva Eternod y Fernández Molina, 2017):
Si yo llego a salir de una panadería con facturas sin ticket ya enseguida quedo como que estoy mangueando, entonces uno tiene que cuidarse. (Rodolfo, entrevista personal, febrero de 2024)
Las cámaras condicionan al policía que está con ese miedo de que los jefes lo están mirando, que si se sentaron, que si comieron. Tiene más miedo el policía de eso que de si cometió un error en un enfrentamiento. (Julio, entrevista personal, febrero de 2024)
En este tipo de discursos, pequeños actos de corrupción como consumir mercadería sin pagar o descansar en el cumplimiento de horas de servicio implicaría una consecuencia de mayor gravedad para las evaluaciones de desempeño (Perelman, 2010) que la intervención violenta “errada” en el marco de un acontecimiento delictivo. Como veremos en el próximo apartado, si la violencia es legítima cuando no suscita reprobación social (Durkheim, 1967/2004), podemos afirmar que al interior de los discursos policiales la muerte de jóvenes de sectores populares es un acto legítimo.
Los entrevistados atribuyen mucha importancia a las imágenes en su cotidianeidad, no solo como herramienta que interviene en la labor diaria, sino como artefacto producido para mostrar estratégicamente una cierta imagen de la institución. Las fotografías y videos que los propios policías producen al llegar al lugar del hecho son elaboradas de acuerdo con un conjunto de procedimientos técnicos institucionalmente pautados para producir comportamientos policiales legítimos. De aquí la imposibilidad de sostener el carácter objetivo de la imagen en la representación de los hechos, los cuales siempre se hallan narrados desde un punto de vista, aquel de quien los ha elegido encuadrar de una cierta manera y que excluyen otras perspectivas (Sontag, 1972).
Los policías de calle de la Ciudad de Buenos Aires destacan que lo primero que les ordenan hacer desde la jefatura policial al llegar al lugar del hecho es sacar una foto en la que se exhiban a sí mismos “en actitud de servicio” para poder “vender el producto”. En palabras de uno de ellos, integrante de un grupo especial de intervención rápida:
El tema de las imágenes hoy en día es lo más importante de todo. Es como que está al principio la imagen y después el laburo nuestro. Lo primero que tenés que hacer cuando llegás al lugar es sacar una foto en la que salgamos correctamente uniformados, con todos los atributos, correctamente peinados, con los escudos tácticos, según para cada procedimiento. Si no hay tanta relevancia, salimos normalmente con la gorrita puesta y si estamos cerca de la villa o corremos riesgos de que se arme en la calle, ahí salimos todos armados; o cuando agarramos un delincuente lo que hacemos es mostrar un cartelito que dice “despliegue de intervención rápida escuadrón 1” y el delincuente atrás. (Roberto, entrevista personal, marzo de 2024)
Las imágenes de hechos delictivos en los que interviene la policía de la ciudad son enviadas a los jefes policiales y ellos se las envían al Ministerio de Justicia. Varios entrevistados interpretan este pedido de la institución en torno al registro del comportamiento policial “eficiente” como una respuesta a discursos circulantes en la sociedad sobre la falta de intervención policial ante los problemas vecinales. Frente a esta tendencia generalizada a atribuir inoperancia a la actuación policial, las imágenes operarían como prueba de que la policía “está haciendo algo” y resguardan su accionar ante cualquier queja. Al respecto, los policías interpretan que es injusto que se los acuse de no actuar frente al delito, pues no depende de ellos las decisiones que se toman en los procedimientos:
Los medios, frente a casos de inseguridad, repiten que nosotros no hacemos nada, pero eso es mentira. Deberían consultar con la fiscalía de turno, que es la que te dice que lo notifiques y lo sueltes. Por eso, la sociedad está en contra de las fuerzas de seguridad. (Omar, entrevista personal, marzo de 2024)
Hay casos y casos. Muchas veces hablan de gatillo fácil y después un caso similar dicen “che y por qué no sacó el arma y tiró”. Depende de lo que creen que la gente quiere que digan, van y lo dicen. (Ramiro, entrevista personal, febrero de 2024)
Si bien los entrevistados reconocen que cada medio tiene una línea editorial específica, coinciden en señalar que al interior de cada cual conviven noticias “de inseguridad” que denuncian la falta de accionar policial con otras en las que se los exhibe deteniendo a un delincuente o enfrentando una situación de riesgo para sí mismo y para la víctima (y que precisamente por ello no deberían interpretarse como “gatillo fácil” pese a que se dispare y mate a un particular). Estas complicidades e influencias mutuas llevan a lo que Bourdieu (1997) llama circulación circular de la información, la cual, de acuerdo a las percepciones de los agentes, impide representar correctamente la imagen de la policía:
Los medios suelen tirar a matar a los policías. No es que dice “es lo que tenía que hacer”. Hablan de gatillo fácil y no le dan voz a la parte del policía o a la norma en general, le dan voz al que está con el cartelito pidiendo justicia. Me parece muy innecesaria la forma de opinar porque terminan llenando a la gente de bronca con la policía. (Matías, entrevista personal, febrero de 2024)
El policía es un ser humano y comete errores. Los medios hablan mucho del gatillo fácil, de un montón de errores que puede tener cualquier profesional y que en el caso nuestro se paga caro. Entonces, cuando se informa creo que tienen que ser imparciales. (Martín, entrevista personal, marzo de 2024)
Los policías se sienten utilizados por los medios por tratarlos como “un mal necesario”, en palabras de nuestro entrevistado Ramiro, que cuando se los precisa se los llama y cuando se “equivocan” se les suelta la mano. Este modo de representación de la policía se asocia a la lógica del mercado y los índices de audiencia a los que se encuentra subordinada la labor periodística tanto como a los mecanismos de censura internos al campo periodístico que hacen de los medios masivos una herramienta de conservación del orden simbólico (Bourdieu, 1997).
Los policías consideran que cuando los casos de violencia institucional se alcanzan a visibilizar, los periodistas no están lo suficientemente formados como para transmitir a la audiencia la información de forma “imparcial”:
Hay algunos periodistas que tienen conocimiento, por ejemplo, Gustavo Carvajal, que está en La Nación+ y, se dedicó a lo penal toda la vida, tiene mucho contacto con la policía. Pero a veces vos escuchas que dicen cualquier cosa, tipo Facundo Pastor, que empieza a hacer supuestos y no entiende nada de leyes, ni de procedimientos y está dos horas hablándote de eso. (Bruno, entrevista personal, marzo de 2024)
Hay un periodista que es comisario retirado, ese tipo sabe de lo que habla, informa sabiendo de la función que tuvo en su momento. (Roberto, entrevista personal, marzo de 2024)
Miro el programa de Mauro Szeta, me gusta porque pone una imagen y va haciendo un análisis criminalístico, más neutral. En cambio, Crónica agarra esa misma imagen y la utiliza como un show e incluso a veces mandan al periodista a generar situaciones para que los vecinos se pongan violentos o exagerar algunas cosas como para hacerle ver a la gente que está en presencia de algo grave cuando no es tan así. (Fernando, entrevista personal, febrero de 2024)
La necesidad de que los periodistas informen de manera “neutral” supone que no espectacularicen los hechos y que conozcan de criminalística, el código penal, los protocolos de actuación policial e incluso hayan atravesado en carne propia la institución policial. Los medios aparecen en los discursos policiales como potenciadores de las demandas de las víctimas de la inseguridad a través de la puesta en agenda de una oferta informativa que excluiría la versión policial de los hechos y crearía una imagen perjudicial de la policía.
El personal policial se siente cuestionado, tanto por los medios de comunicación que critican su accionar (ya sea por falta de actuación ya por un “exceso” en casos de violencia) como por las diferentes gestiones gubernamentales que buscan exhibir su desempeño como un “hecho político” en complicidad con los jefes policiales. Ahora bien, la relación entre las fuerzas de seguridad y los medios es compleja, pues, si bien tienen leyes propias, ambos campos se definen por la posición que ocupan en la sociedad, tanto como por las atracciones y las repulsiones de la opinión pública (Bourdieu, 1997). Se trata de actores mutuamente interesados: los medios necesitan información veraz sobre hechos delictuosos (noticiables y, por ende, rentables) y los policías buscan generar una imagen “proactiva” de sí mismos en el cumplimiento eficaz de su tarea (resguardo del orden y cumplimiento de la ley) (Silverman, 2008). Ello no significa que estos “errores” no manchen la imagen de la policía como institución. Con todo, varios entrevistados afirman que la tendencia actual en los medios consiste en individualizar los casos de corrupción o “excesos” a diferencia de otras épocas:
Cuando hay una inconducta antes se culpaba a toda la policía, hoy se individualiza y no involucran al resto, juzgan solo al policía que cometió el acto malo, se pone en valor eso. (Fernando, entrevista personal, febrero de 2024)
De los discursos se desprende la vigencia de la llamada “teoría de las manzanas podridas” según la cual los actos de corrupción en el seno de las fuerzas de seguridad corresponden únicamente a ciertos oficiales con comportamientos desviados, lo cual no significa que toda la institución sea corrupta (Gualdrón Ángel, 2015). Este tipo de actos, cuentan los entrevistados, siempre llegan a conocimiento de los superiores quienes aplican los correspondientes castigos, con lo cual no sería necesario que se mediaticen, ya que el error habría sido reparado y se evitaría empeorar la imagen de la policía.
Las “filtraciones” que se producen cuando un hecho “sale bien” y el registro llega a los medios, algunos entrevistados lo atribuyen a decisiones “de arriba” (no a miembros de la fuerza) mientras que otros reconocen que en la actualidad muchos policías se encuentran en contacto frecuente con ciertos periodistas: “Hoy por hoy todo el mundo tiene contacto con el periodismo, agarras los números, llamas y le decís ‘che, ¿te sirve?’ Y vienen”. Ello explica que muchas veces las imágenes lleguen primero a los medios que a los jefes y a las fiscalías.
Ahora bien, en ocasiones las imágenes se difunden en cuentas de redes sociales de particulares y se viralizan. De aquí la precaución de los policías ante los teléfonos celulares de vecinos que pueden captar hechos que los comprometen no solo judicialmente, sino ante la familia y amigos. Así contaba José, que le tocó vivir un hecho en el que intervino violentamente para “reducir” a un hombre que le estaba pegando a una mujer en la vía pública, el cual no se mediatizó, pero tuvo mucha trascendencia en redes sociales:
Tuve un hecho de un masculino que estaba agrediendo a un femenino. La golpeó, hubo varios llamados al 911, cuando llego, el tipo me quiere golpear, me empuja, yo solicito apoyo, me viene a golpear y yo lo reduzco como puedo. Lo termino golpeando, lo esposo y ahí terminó. El tipo termina preso. A todo esto, tenía a una persona filmándome a 5 metros míos, no me di cuenta y esta persona subió a un grupo de Facebook de parque Chacabuco una imagen editada de 5 segundos que mostraba la parte en la que yo golpeaba al muchacho, al poco tiempo se expandió por todo el país. Tuve indagatoria por ese tema, por suerte no pase a disponibilidad, pero así como uno es policía también es padre, hijo, hermano y que te vean así no está bueno. (entrevista personal, febrero de 2024)
Podemos pensar en la grabación y distribución de la imagen en que se veía a José golpear a otra persona como una “forma de vigilancia invertida” (Krona, 2015, p. 9) orientada a cuestionar las relaciones de poder entre ciudadanos y policías mediante la utilización de la tecnología. En este caso, la evidencia sobre lo ocurrido no fue suficiente para el sistema de administración de justicia, puesto que el agente declaró que se trataba de imágenes editadas, las cuales omitían una parte del episodio. Aquí, nuevamente, podemos ver que para probar un hecho, además de la imagen, sigue resultando fundamental el testimonio de actores involucrados y de testigos.
Este artículo pretendió aportar a la comprensión de las interrelaciones entre tecnologías, medios, policía y sociedad en la producción de sentidos en torno a la cuestión securitaria y el problema de la violencia policial en Argentina. Creemos que los límites entre los diferentes campos en que se legitiman o cuestionan las prácticas policiales violentas no son tajantes, sino que se retroalimentan a través de la confluencia de discursos y prácticas que configuran la trama simbólica de nuestras sociedades.
En tal sentido, indagamos el modo en que las imágenes posibilitan o condicionan el ejercicio de rutinas policiales buscando poner en cuestión algunas de las herramientas que emplean diferentes estados para prevenir la violencia policial, las relaciones de los agentes con periodistas, la puesta en agenda de acontecimientos en los medios tanto como la constitución de una imagen pública de las fuerzas de seguridad a través del registro y difusión de imágenes viralizadas en redes sociales por la ciudadanía. Con respecto al uso de las imágenes en las tareas policiales los discursos, enfatizaron en el poder de estas últimas como herramienta que permite identificar “objetivamente” delincuentes, lugares donde estos últimos operan, etc. aunque en ocasiones den lugar a prácticas arbitrarias entendidas por los agentes como “fallas”. Es interesante identificar que los casos de homicidio por parte de las fuerzas de seguridad también son entendidos como “errores” y de ningún modo como delitos. Se trata de violencias aceptadas (Fassin, 2016) en un contexto institucional donde el abuso de poder está legitimado (Puex, 2003). En estos casos, las imágenes tomadas por la ciudadanía operan como prueba de lo ocurrido y motivo de denuncia, generalmente en redes sociales.
En relación con los efectos de las imágenes de cara a la sociedad, jefes y funcionarios políticos hemos identificado que el registro de ciertas poses, ademanes y vestimentas de los agentes policiales son tratadas como una suerte de producto que busca valorizar la labor policial y satisfacer las necesidades de la ciudadanía vinculadas a la vigilancia y la seguridad. Desde la perspectiva de los agentes, perjudica más la imagen policial la difusión de imágenes de policías cometiendo pequeños actos de corrupción que aquellas de violencia institucional. De aquí la preocupación del personal policial por registrar imágenes que los muestran “combatiendo el delito” en respuesta a las demandas ciudadanas de ley y orden que los medios de comunicación promueven, alimentando así las relaciones de fuerza e imposición de una visión de mundo entre los campos. Visión que lleva a los policías a advertir la presencia de cámaras ante hechos que no salen “bien” por temor a que se mediaticen o sean difundidos en redes sociales por integrantes de la ciudadanía.
El debate abierto en relación con esta cuestión radica en indagar qué significa subvertir la sociedad de la vigilancia (Galdon Clavell, 2014), si las prácticas contravigilantes contribuyen a desincentivar las arbitrariedades policiales (Blair, 2022) o solo incentivan las percepciones de la policía como incompetente (Kochel, 2018), pero no mejora el comportamiento de los agentes de forma significativa (Yokum et al., 2019). En tal sentido, nos preguntamos: ¿se trata de una cultura de oposición (Hoggart, 1957) que opera sobre la base de valores y creencias distintas de la hegemónica? ¿Qué pasa cuando estas imágenes son mediatizadas? ¿Se someten sin más a la lógica homogeneizante del campo (Bourdieu, 1997)? ¿Pueden contribuir a disminuir la violencia policial o simplemente a anestesiar la mirada de la audiencia?
Como refieren Jesús Martín Barbero y Sarah Berkin (1999) la primacía que se da en los medios a las imágenes pueden conllevar a que la proliferación de flujos audiovisuales actúe en detrimento del carácter crítico y se transforme en mera pulsión de ver; sobre todo por efecto de la espectacularización, la repetición y la descontextualización:
Lo que sale a flote en ese recorrido no son sólo las complejidades de lenguajes y escrituras de la imagen, las imaginerías y los imaginarios, sino también su desgaste, el vaciado de sentido que sufre la imagen sometida a la lógica de la mercancía. (Barbero y Berkin, 2017, p. 3)
No obstante, considerando que son generalmente las fuentes institucionales —gubernamentales o privadas— las más utilizadas por los periodistas —con la implicancia que su prevalencia supone en la imposición de sus puntos de vista en torno a los asuntos públicos (Zunino, 2019)—, creemos que es de suma importancia la incorporación de estas imágenes ciudadanas subidas a las redes sociales como fuente de las noticias. La utilización periodística de imágenes ciudadanas transforma las relaciones del periodismo policial con las fuentes oficiales y contribuye a dar visibilidad a hechos que, de otro modo, permanecerían ocultos.
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