Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 22, Número 1, 2022

Usos de Memorias y Producción de Identidades en un “Barrio Crítico” en Santiago de Chile

Uses of Memories and the Production of Identities in a “Critical Neighborhood” in Santiago of Chile

• Resumen
• Abstract

1 Introducción

“Aquí nadie sobra, nadie está de más, ¡hoy día todos somos uno!”. Con esta frase partía el Día del Patrimonio¹ en un barrio popular de Santiago de Chile el año 2016. Sin embargo, ese “uno” no era algo homogéneo y había muchos que sí parecían “sobrar”. Esto ocurría en La Legua, población² altamente estigmatizada, antaño reconocida como “emblemática”, pero que ha devenido en “barrio crítico”.

En Chile, las poblaciones “emblemáticas” reciben ese nombre por sus orígenes vinculados a las luchas por la sobrevivencia (Álvarez, 2017) y porque durante la dictadura (1973-1990) fueron objeto de una encarnizada represión política, a la par que protagonistas de distintas formas de resistencia. En el presente, varias de ellas siguen afectadas por la desigualdad social producida por las políticas neoliberales (Bruey, 2018) y lidian con el aumento sostenido de la violencia asociada al tráfico de drogas (Parraguez, 2012). Esto supuso que el Estado las redefina como “barrios críticos”³.

Para el caso de La Legua, tal nominación implicó que en el año 2001 fuera objeto de un complejo “Plan de Intervención” (en adelante PI) destinado a “combatir” el narcotráfico, congregando diferentes programas estatales con un fuerte énfasis en la dimensión policial (Larenas et al., 2018). A la fecha, el PI lleva ya dos décadas sin mayores logros en sus objetivos (Congreso Nacional, 2016), pero con serios costos para quienes allí habitan.

Durante tres años (2016-2019) realizamos una etnografía colaborativa (Rappaport, 2007) con una organización cultural de este barrio. Conocimos de cerca cómo sus habitantes conviven cotidianamente con diversas formas de violencia, las derivadas del tráfico de drogas, pero también las producidas por la precariedad económica y la presencia constante de dispositivos policiales fuertemente armados, que controlan el tránsito por sus calles, allanan las viviendas o lanzan gases antimotines. Asimismo, observamos variadas formas de asociatividad, algunas más institucionalizadas y apoyadas por los programas sociales que son parte del PI, otras más autogestionadas (Jeanneret et al., 2020), todas ellas atravesadas por el conflicto sobre cómo enfrentar las diferentes violencias, y ensayando modos de vida alternativos a la homogenización neoliberal en una ciudad altamente segregada.

El objetivo del estudio⁴ era comprender las formas de transmisión de memorias sociales del barrio, alejándonos de las preocupaciones más comunes de los estudios de memoria en el Cono Sur: las memorias nacionales, circunscritas a la dictadura y referidas al terrorismo de Estado. ¿Qué significa hacer memoria desde formas de habitar donde el presente no puede escapar a la urgencia?, ¿qué formas de transmisión de memorias son posibles en territorios en disputa?, ¿cómo podíamos estudiar todo esto de manera rigurosa, pero no neutral?, eran algunas de nuestras interrogantes. Y, en el camino, emergió la pregunta sobre la que se centra este artículo: ¿cómo pensar la relación entre memorias e identidades de manera situada?

Para ello, presentamos parte de los resultados de esa investigación más amplia, focalizándonos en el Día del Patrimonio como escenario privilegiado en el que ciertas memorias sociales se ponen en acto en el espacio público local. A diferencia de otros eventos —como las conmemoraciones del 11 de septiembre— que permiten pesquisar formas de acción más autónomas respecto al Estado (Jeanneret et al., 2020), el Día del Patrimonio posibilita analizar especialmente los usos institucionales del pasado al ser un evento auspiciado por el gobierno local y gestionado por distintas instituciones y organizaciones comunitarias. Como mostraremos, entre tales usos destaca el intento por (re)construir una identidad basada en criterios morales fuertemente excluyentes de ciertos vecinos/as y sus formas de vida. Esto permite comprender que, al contrario de lo que solemos suponer, la apelación a las memorias de un pasado común puede debilitar el tejido social en vez de fortalecerlo.

En lo que sigue exponemos el marco conceptual, una breve descripción del caso de estudio y la síntesis del diseño metodológico. Luego, compartimos los resultados centrales del análisis de los discursos de los/as organizadores de la ruta patrimonial en La Legua, para posteriormente plantear algunas conclusiones.

2 Memorias sociales, articulaciones identitarias y “barrios críticos”

Las memorias sociales aluden a la construcción y disputa de sentidos sobre el pasado mediante diversas prácticas del presente que involucran a disímiles grupos sociales. Así, intereses, valores, afectos y problemas actuales van condicionando qué y cómo se recuerda, se olvida y/o silencia (Halbwachs, 1925/2004; Vázquez, 2001). En el Cono Sur, los estudios de la memoria han sido prolíficos en investigar el pasado referido a las dictaduras de los años setenta y ochenta, focalizándose predominantemente en el Estado-Nación. Sin embargo, las investigaciones abocadas a lo local muestran que las comunidades subalternas arrastran violencias que rebasan los límites temporales de las dictaduras (Del Pino y Jelin, 2003).

Ignacio Martín-Baró (2006) sostenía que trabajar las memorias de una comunidad posibilitaría la producción de una identidad social rescatando recursos de antaño que, en el presente, podrían propiciar un proceso de liberación. En el caso de Chile, este planteamiento ha inspirado parte importante de las investigaciones sobre las memorias sociales de los/as pobladores/as (Garcés y Leiva, 2005). A su vez, ha influido en programas estatales e iniciativas autogestionadas por organizaciones sociales que promovieron la producción de historias locales (p. ej.: el Programa Quiero Mi Barrio). En este tipo de proyectos, se suele asumir que al hacer memoria se fortalece una identidad local que contribuye a la reactivación del tejido social dañado por la dictadura, la consolidación de las políticas neoliberales (Ruiz, 2012) y el aumento de la violencia del narcotráfico (Parraguez, 2012).

Sin embargo, lo que solíamos llamar “identidad” ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en el campo teórico y político por los riesgos que implica sostener que hay “algo” fijo que la define, remitiendo a ciertas categorizaciones de los sujetos sociales (p. ej.: “mujeres”, “pobres”, “inmigrantes”) como entidades estables y homogéneas. Aquí seguimos a Carmen Romero (2006), quien propone pensar más bien en articulaciones identitarias que se ensamblan a través de un ejercicio cartográfico —en su caso, en torno a la figuración mujer inmigrante— que incluye una categorización social, unas identificaciones y un escenario de determinadas posibilidades de existencia. Más que una identidad, opera una “multiplicidad de interacciones heterogéneas que configuran el entramado” (Romero, 2006, p. 393) que sostiene la figuración mujer inmigrante. Para nosotros/as, supone comprender que los/as pobladores/as, vecinos/as y/o legüinos/as no preexisten a la práctica social, sino que adoptan posiciones de sujeto en las acciones que los/as constituyen de manera performativa. Se trata de un debate sostenido especialmente en la teoría feminista, pero que bien puede ser llevado a la comprensión de otras formas de luchas por el reconocimiento y la justicia social.

Nuestro interés es desplazarnos hacia las discusiones sobre identidades urbanas de territorios altamente estigmatizados, reconociendo que en las configuraciones identitarias hay múltiples componentes en juego, como la diversidad de sus habitantes (Cornejo, 2012), las arquitecturas (Marín et al., 2017) y los discursos sobre los territorios (Lunecke, 2012; Ruiz, 2012), pero también sus memorias sociales (Tesche et al., 2018).

En Latinoamérica, Elizabeth Jelin (2017) ha argumentado que las memorias sociales están estrechamente ligadas a la discusión sobre identidades que enaltecen ciertos valores sociales y denigran otros. Ese lente nos parece relevante para entender las estrategias desplegadas por los planes estatales de intervención de los llamados “barrios críticos”.

En tal sentido, retomando a Tzvetan Todorov (1995/2000), asumimos que no todos los recuerdos que se enarbolan en el espacio público son admirables. El autor propone distinguir entre la memoria literal, que opera cuando intentamos preservar un hecho doloroso del pasado sin posibilitar una reflexión que lo trascienda; y la memoria ejemplar, una que, sin negar la particularidad de lo ocurrido, lo recupera como expresión de una situación más general que podemos usar para comprender nuevas experiencias, escapando así a su ritualización. La apelación a la memoria de un pasado cargado de luchas contra las injusticias, como ocurre en el caso que analizaremos, podría servir para transformar el presente. Sin embargo, no hay un parámetro único para establecer las maneras de hacerlo, sino construcciones múltiples, en disputa y contingentes. Como comenta Karen Till (2003) la producción de lugares –como es el caso que analizaremos, la ruta patrimonial en La Legua– es central para la memoria social y para la formación de comunidades políticas y culturales, donde las luchas políticas sobre el control del pasado en el espacio público se vinculan a intereses en competencia y relaciones de poder. Configuración relacional que nunca está saldada, sino que, siguiendo la naturaleza procesual de la hegemonía, siempre se reconstituye (Mitchell, 2003).

En Chile se entiende por “barrios críticos” aquellos que presentan graves problemas de violencia y conflictividad asociados al tráfico de drogas, la delincuencia y el porte de armas (Ruiz, 2012). Convertidos en objeto de experimentación de nuevas formas de control policial y erradicación (Arriagada y Godoy, 2000), en América Latina podemos reconocer estos barrios bajo variadas denominaciones: “villas miseria”, “cantegriles”, “favelas”, “barriadas” o en Chile, “poblaciones”. Sin embargo, urge desnaturalizar su adjetivación de “críticos”. Como señala Catalina Cornejo (2012), la importancia pública que ha adquirido el discurso de la seguridad ciudadana exacerba los delitos violentos a la vez que posibilita legitimar un orden social específico, sin esclarecer ni las causas de la violencia, ni las de la desigualdad social.

Los estudios sobre memorias sociales e identidades de barrios urbanos populares son todavía incipientes y en su mayor parte indagan en los procesos virtuosos que las memorias pueden producir (Kuri, 2016). Hay escasa reconstrucción histórica sobre estos espacios que han estado en permanente disputa con la institucionalidad (Brodwyn et al., 2014). Así, las políticas públicas actuales omiten el peso histórico de cada territorio, presentando el problema del narcotráfico como resultado de un presente sin pasado (Sánchez, 2006), pese a que durante las dictaduras se iniciaron una serie de prácticas de erradicación, congelamiento y allanamientos de barrios populares que derivaron en el desmantelamiento de los procesos comunitarios que allí se venían desarrollando.

En Chile, los pobladores y especialmente las pobladoras fueron muy relevantes en las luchas contra la dictadura (Iglesias, 2011). En la postdictadura, algunas de las acciones colectivas de sujetos populares han surgido, precisamente, en los barrios catalogados como críticos, donde la memoria colectiva ha trabajado como una categoría que articula las identidades de los/as pobladores/as bajo un relato épico vinculado a la superación de las adversidades (Parraguez, 2012). En otros, se trata de poblaciones emblemáticas reconocidas por sus prácticas conmemorativas de la dictadura (Raposo, 2012). Sin embargo, no encontramos estudios que problematicen cómo las disputas y usos de las memorias sociales pueden también debilitar procesos comunitarios. Ese es el foco de este artículo.

3 El Caso

La Legua está constituida por tres zonas según los momentos históricos de su poblamiento: Legua Vieja, Nueva La Legua y Legua Emergencia (Lin, 2016). La “Vieja” viene de finales de la década de los veinte vinculada al desplazamiento masivo de familias desde el norte hacia la capital durante la caída del auge salitrero. Hacia 1947 nace “la Nueva”, con la llegada de familias desalojadas de “tomas” —ocupación ilegal de terrenos— de distintos lugares de Santiago, a quienes el gobierno de la época les asignó este sector como solución habitacional; ese origen se vincula a sus mayores niveles de organización sociopolítica (Garcés y Leiva, 2005). Finalmente, Legua “Emergencia” debe su nombre a las viviendas provisorias entregadas entre 1949 y 1951, pero que devinieron en permanentes (Álvarez, 2017; Lin, 2016).

Desde su fundación, esta población y el Estado han mantenido una relación compleja que se agudizó con la represión en dictadura (Garcés y Leiva, 2005). Con el cambio de régimen (1990), el Estado se ha relacionado de un modo ambivalente, generando por un lado políticas públicas orientadas a resolver los altos niveles de pobreza y estigmatización, mientras que, por otro, intervenciones policiales y de seguridad. El año 2001 marca un hito cuando se la declara como “barrio crítico” y parte el PI.

Previamente (Jeanneret et al., 2020) hemos detallado cómo, entre los años 2001 y 2006, el PI se acentuó en el territorio a través de nuevos sistemas de vigilancia policial que incluyeron allanamientos masivos con alta cobertura mediática. Durante el periodo 2006-2010, se sumó el despliegue de múltiples programas de intervención psico-social como parte de un PI más integral. A partir del 2010 y hasta el 2014, comienza una nueva etapa que destaca por la coordinación de diversos planes estatales con un elevado nivel de inversión ($20.000 M USD), combinando tanto la lógica del control policial como la prevención comunitaria, en una articulación del gobierno central, el gobierno local y la comunidad a través del “Consejo de Organizaciones e Instituciones Sociales y Culturales de la Legua” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, 2015). Este Consejo se autodefine como una organización que agrupa a todos/as los/as pobladores/as, pero su representatividad es cuestionada por algunas organizaciones (INDH, 2015). A partir del año 2016, el PI pasa a depender directamente de la Intendencia Metropolitana y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

4 Nota Metodológica

Este trabajo es parte de una investigación cualitativa de tres años (2016-2019) basada en la lógica del estudio de caso. La selección del caso se basó en su doble carácter de población emblemática y “barrio crítico”.

El equipo estuvo integrado por los/as investigadores/as y por miembros de una organización cultural territorial que ha sido crítica del PI. A propósito de los aciertos y dificultades que implicó la coexistencia de la lógica académica y la lógica territorial en un trabajo de investigación anterior (Reyes et al., 2018), en este estudio se optó por realizar una etnografía en colaboración (Rappaport, 2007), siendo dos los acuerdos centrales: por un lado, que el criterio principal para la toma de decisiones en el proceso de investigación sería el resguardo del vínculo con los/as pobladores/as, quedando en segundo plano los imperativos de la lógica académica; mientras que por otro, generar en el equipo un dispositivo reflexivo con el fin de elaborar en conjunto interrogaciones y/o tensiones que se produjesen en el proceso, así como conceptualizaciones que nos permitiesen su comprensión.

La producción de datos apuntó a reconstruir las memorias locales y sus formas de transmisión. Así, realizamos entrevistas a 36 vecinos/as del barrio; cinco grupos de conversación con pobladores/as; además de la observación participante en cinco escenarios durante los tres años: los murales de la población; la Conmemoración del 11 de septiembre; el Carnaval 500 Tambores; el Carnaval a Mano y Sin Permiso; y el Día del Patrimonio.

Este artículo se centra en el análisis del Día del Patrimonio conmemorado en 2016 y 2017. Para ello se produjeron notas de campos, registros fotográficos, audiovisuales y audios de los discursos pronunciados por los/as organizadores/as. Aquí presentamos los resultados del análisis de los discursos de los/as organizadores/as por ser el material más claro mediante el cual podemos observar cómo se usan los sentidos del pasado. Todos los discursos fueron transcritos y trabajados mediante el análisis del discurso (Íñiguez y Antaki, 1998) facilitado por el software ATLAS/ti.

5 Resultados

A continuación, se desarrollan tres ejes analíticos: a) el discurso que se despliega a través de la ruta patrimonial, donde se realzan los logros de las formas de vida de la población y el lugar central, pero a la vez silenciado, de la violencia; b) las posiciones legítimas e ilegítimas que se configuran en dicho discurso; y c) finalmente, los usos de las memorias para particulares articulaciones identitarias.

5.1 La ruta patrimonial: de logros y violencia

La ruta patrimonial de La Legua surgió el 2012 por iniciativa del programa estatal “Quiero Mi Barrio”, parte del PI. Aquí, nos centraremos en la conmemoración del Día del Patrimonio en el 2016 y 2017, pues el 2018 fue suspendida. Los/as asistentes eran, mayoritariamente, vecinos/as del barrio que integraban organizaciones sociales aliadas del PI, funcionarios/as de instituciones públicas y privadas asentadas en la localidad y algunos/as visitantes externos.

El trabajo de campo nos permite sostener que frente al PI hay posiciones en conflicto (Reyes et al., 2021), cuestión central para comprender gran parte de los discursos que aquí analizaremos. Las organizaciones e instituciones locales que participan en la ruta patrimonial son parte del PI a través de programas psicosociales, coordinándose y/o recibiendo financiamiento del gobierno local y central, estableciendo así acciones colaborativas con el Estado. A su vez, algunas organizaciones locales, que no se involucran en la ruta, son contrarias al PI y operan con una lógica más bien autónoma y contestataria ante los poderes públicos. Si bien ambas formas de organización proponen cambios respecto al orden social actual, las primeras lo hacen desde la política institucional, asumiendo sus encuadres y a la vez revisando lo instaurado, mientras que las segundas se oponen a dicha política buscando formas alternativas (Santamarina y Mompó, 2018).

La ruta parte en la plaza del barrio ante el memorial construido para recordar a los/as vecinos/as ejecutados/as políticos/as y detenidos/as desaparecidos/as durante la dictadura. Luego transita por diversas calles, deteniéndose en distintas “estaciones” correspondientes a instituciones/organizaciones locales que han sido signadas como parte del patrimonio: la escuela, una fundación que apoya a niños/as y jóvenes con capacidades diferentes, un centro cultural de danzas folclóricas, algunas Juntas de Vecinos⁵, una capilla católica, el museo del barrio, una antigua heladería artesanal, entre otras. Ruta entonces, como señala Katharyne Mitchell (2003), que implica la selección de lugares y fragmentos de la historia, así como el olvido organizado de otros.

En cada una de las estaciones los/as participantes se detienen, el animador del evento presenta el lugar y luego cede la palabra a quien hace de anfitrión/a de la parada. El animador era un vecino y concejal del municipio.

En ambos años, los/as organizadores/as al presentar la ruta reconocieron “la historia” y “la memoria” como un “recurso” fundamental para construir el futuro de la población. Aún más, saberse pioneros como barrio popular con una ruta patrimonial era motivo de orgullo. Pese a ello, la declaración sobre la relevancia del hacer memoria, contrastaba con una práctica que funcionó bajo una lógica turística (“venga y disfrute”) y apresurada (“hacerla cortita”).

Esta ruta a lo largo de la historia ha crecido, (…) porque hay un montón de lugares patrimoniales, pero La Legua es la primera ruta de una población (…) recuperar nuestra historia, nuestra memoria es fundamental para construir el futuro de nuestra Legua, así que bienvenido… venga y disfrute, va a ser muy larga y queremos hacerla cortita (Animador, registro de audio en observación participante, mayo de 2016)

Toda la ruta estuvo llena de intentos por transmitir determinados sentidos del pasado a través de la valoración del patrimonio; no obstante, nos vamos a concentrar en lo que identificamos como la trama del recorrido, a saber: cómo abordar y/o evadir las situaciones de violencia. Se trata de nudos problemáticos complejos en torno a lo que ocurre con el tráfico de drogas y las diversas formas en que el Estado ha definido combatirlo mediante el PI. Pese a su complejidad, en los discursos que se despliegan durante la ruta, la trama queda reducida a “la violencia” y “las balas”, calificadas como parte de “la realidad” que los/as organizadores/as, reiteradamente advertirán, no pretenden “esconder”. Para ilustrarlo, un breve diálogo entre un vecino y uno de los organizadores, y el comentario del animador.

No obstante, las declaraciones sobre la violencia y las balas tienen sus ritmos y una configuración espacial. De las tres zonas que conforman el territorio, la “Emergencia” es la que, en los medios de comunicación, en las políticas estatales y en el discurso de los/as vecinos/as aparece como la más estigmatizada. Por ejemplo, en el 2016, desde el inicio del itinerario el discurso del animador y de los/as anfitriones de cada estación se concentró en destacar los distintos avances que las respectivas organizaciones/instituciones habían logrado en beneficio de la población, primaban las bromas, risas y aplausos, pero al acercarse a la zona de la “Emergencia”, las risas se volvieron más nerviosas, la tensión se sentía al caminar y el animador cambió el discurso de los avances por el de los problemas.

Después lo vamos a repetir allá en la capilla de Legua Emergencia, no más violencia (…) toda violencia es un retroceso para la población venga de donde venga (…)

Hoy día vecina estamos en el recorrido patrimonial donde le estamos mostrando a los vecinos de La Legua y cualquier lugar de Santiago de Chile que venga a visitarnos, esa calle que como cualquier calle puede tener uno que otro papelito, de esas necesidades de los perros que quedan por ahí porque es parte de nuestra realidad, quisiéramos que no fuera tan así, pero si es así… es lo que es no más. (Animador, registro de audio en observación participante, mayo de 2016)

5.2 Posiciones legítimas e ilegítimas: vecinos/as “autoconvocados/as” y “amigos/as” v/s “gente del mal vivir”

Los/as organizadores/as de la ruta establecen una serie de distinciones para asentar posiciones más o menos legítimas frente al conflicto que atraviesa al territorio.

Uno de los mecanismos utilizados es cualificar a quiénes son los/as organizadores/as y los/as participantes en la búsqueda de un nosotros que pretende ser inclusivo. Así, por ejemplo, en el 2016 se partió indicando que ese día estaban presentes dirigentes y vecinos/as “autoconvocados/as”. Sin embargo, desde los antecedentes recabados en el trabajo de campo era evidente que no se trataba de una actividad autogestionada, sino de un evento financiado por el gobierno local y central, en colaboración con instituciones/organizaciones del barrio aliadas del PI. Con todo, y como adelantamos, era necesario reforzar que ese día “nadie sobraba”, en un esfuerzo por ensamblar lo que se diagnosticaba como des-unido.

Eso cambió al año siguiente, interpelando más directamente a los “afuerinos” que no eran aliados de la ruta deslegitimándolos como “colonizadores”. Aquí observamos una pista de cómo se está enlazando memoria e identidad a través de un relato acerca de las diferentes generaciones que habrían ido poblando el territorio, algo que termina delimitando quiénes serían los “verdaderos” legüinos.

Los viejos decían “aquí hay legüinos y hay afuerinos”. Los legüinos somos los que compartimos con aquellos que llegaron en las primeras generaciones y hemos querido hacer historia. Los afuerinos son aquellos que han llegado de otras latitudes a creerse que vienen con una verdad. Esperamos que ustedes no vengan con esa idea mágica de venir a colonizarnos, porque nosotros no necesitamos colonizadores (…) somos orgullosamente legüinos y vamos a mostrar la historia de nuestra querida Legua, de quiénes somos. (Animador, registro de audio en observación participante, mayo de 2017)

“Nosotros los vecinos organizados” es otra de las posiciones que se presenta como legítima, pero incluyendo en ella solo a quienes participan en el consejo de organizaciones sociales aliada del PI. Los otros colectivos, aquellos que se oponen al PI, quedan fuera de la distinción.

Del mismo modo en que el discurso de los/as organizadores/as legitima ciertas posiciones sociales –los autoconvocados, los legüinos, los organizados– también convierte a otras en ilegítimas. Como indicamos, lo más común es que se sitúe a “las balas” como el principal problema del barrio, sin nunca identificar quiénes son los que las disparan ni a quiénes van dirigidas. Sin embargo, en algunos momentos hay alusiones, mediante metáforas y sobreentendidos, a las posiciones de sujeto a las que quedan vinculadas: los/as habitantes de Legua Emergencia.

La gente acá como que todos pagan los platos rotos por un sector de la Legua, y es por eso que yo creo que se intentan desmarcar de ese sector, y muestran cosas, y hacen actividades, porque para que la Legua no solamente sea vista como desde el conflicto, como desde la violencia, sino también desde las ganas de salir adelante de los pobladores de acá, que yo me atrevería, son la mayoría. (Vecino asistente a Día del patrimonio, entrevista etnográfica, mayo de 2016)

Tales posiciones aparecen como el gran condensador de todos los males de la población, sin ellas ésta sería como “una tacita de leche”, algo inocuo. Estos discursos proliferan también entre vecinos/as que habitan este sector, como ocurre en el saludo de la dirigenta de la Junta de Vecinos, quien se suma a la posición que se pretende legítima: vecinos/as organizados/as que logran derechos y beneficios bajo un relato del pasado épico.

Esta sede fue construida primeramente por todos los vecinos, ladrillo por ladrillo construyeron esta Junta de Vecinos en el año 52, y después nosotros cuando estaba el presidente fueron arreglando y construyendo y haciendo muchas cosas por nuestra población, que fuera pavimentación, el alumbrado (…), y esto fue construido a través de los años, así que ahora gracias a Dios tenemos una muy buena población pese a algunas cosas por ahí que están, pero si no fuera por eso estaríamos en una tacita de leche. (Dirigenta Junta de Vecinos Legua Emergencia, registro de audio en observación participante, mayo de 2016)

Esta narrativa, que alude sin nombrar a las posiciones ilegítimas, es completada por el animador tildándolas con un fuerte adjetivo moral que aparecerá en diferentes momentos de la ruta tanto del 2016 como del 2017: “la gente del mal vivir”.

Yo le voy a decir al tiro, nosotros no escondemos nuestra realidad y en lo que se refiere a los hechos de violencia a veces, que hay balazos a veces que hay gente que tiene mal vivir, pero eso pasa en cualquier lugar. (Animador, registro de audio en observación participante, mayo de 2016)

5.3 Memorias como soportes para las articulaciones identitarias

Fijadas las posiciones legítimas e ilegítimas podemos mostrar cómo se usan determinadas narrativas sobre el pasado para apuntalarlas y con ello articular entramados identitarios.

En primer lugar, un recurso reiterado es la búsqueda de una posición inocente que permita evadir el conflicto. Es lo que ocurre al poner a la infancia como el actor que congregaría todas las “buenas voluntades”, por ejemplo, destacando que hoy, como ayer, se lucha por los “derechos humanos” de los/as niños/as. La apelación a los derechos humanos es retrotraerse a las luchas antidictadura, consigna que estaba asociada a las demandas contra el terrorismo de Estado y, particularmente, en el caso de las resistencias de los/as pobladores/as, a derechos sociales (Bruey, 2018). Ligar derechos humanos e infancia apelando al pasado, viene a ser una operación que legitima especialmente a las instituciones locales (ONG) que en el presente trabajan en favor de la infancia vulnerada y que participan en la ruta patrimonial. Aún más, de todos los problemas que afectan a la infancia solo se alude a la violencia de las balas, ofreciendo como contraparte la apelación a la identidad barrial, una que se define como “luchadores por la dignidad”.

El recorrido nace de la voluntad de los vecinos organizados de las organizaciones sociales, es por eso que entre nosotros vemos que está “La Caleta”, y están hoy día con una propuesta de intervención en la ruta (…) que es por los derechos humanos actuales, así que ahí vamos sumando a la lucha del ayer por la del día de hoy, que es la misma ¿no?, hoy día es por la defensa de nuestros niños y niñas que son vulnerados por la violencia, principalmente de la balas, así que… nosotros estamos acá para mostrar lo bueno de la historia de La Legua, para mostrar lo que somos los legüinos, pero no vamos a ocultar nuestra realidad tampoco ¿no?, el tema de la violencia, el tema de las balas es parte de nuestra realidad, es parte de nuestro día a día, pero eso no nos hace ser menos firmes, estamos luchando día a día por la dignidad (Animador, registro de audio en observación participante, mayo de 2016)

Una segunda modalidad de uso del pasado corresponde al modo en que se rememoran ciertas memorias militantes. Como todos los años, los/as organizadores/as deciden dedicar a alguien el recorrido del Día del Patrimonio y, en el año 2016, eligen a un vecino militante comunista perseguido durante la dictadura.

Como Comisión de Derechos Humanos se la dedicamos hoy día al vecino Sigfrido Orellana Pérez, él fue un vecino de la calle Carlos Fau, detenido en el bloque 38, y llevado a Tejas Verdes [centro de prisión política], se fue al exilio y en septiembre del año pasado él falleció en Argentina producto de un cáncer. Sigfrido fue un combatiente resistente en tiempos de Pinochet (…) así que este recorrido de la historia y la memoria se lo dedicamos a este chileno, a este legüino que dejó un recuerdo en la historia que nunca lo vamos a olvidar así que, por él, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por ustedes, buen patrimonio, buen recorrido. (Comisión DDHH de La Legua, registro de audio en observación participante, mayo de 2016)

Emerge así una figura que en las memorias dominantes sobre el pasado reciente en Chile no suele ser muy destacada: el “combatiente-resistente” como oposición a la figura dominante de la víctima. Sin embargo, no se narran sus resistencias y todo termina sellado en un “nunca lo vamos a olvidar” carente de relato: ¿qué es lo que no se olvidará?, ¿cómo se conecta con las luchas del presente? Nada de eso aparece, las memorias combatientes se nombran, pero no se ponen en uso en las disputas del presente. Es parte de lo patrimonializable, pero que arriesga devenir en ritualización.

Finalmente, opera una tercera forma de vincular memoria e identidad que equivale al intento por definir una identidad barrial en una marca que pueda reconocerse como parte del patrimonio: La Legua como gente de esfuerzo, población de izquierda, población obrera. Las comunidades suelen construir mitos sobre el origen, instalando narrativas cargadas de valores que ritos heterogéneos reactualizan. En este caso, se trata de una narración que pone a La Legua en vínculo con la historia nacional a través de un relato épico de “familias” que salen adelante luchando contra la adversidad y la carestía.

Hace setenta años, exactamente el mes de abril del año 47, 1.217 familias, son trasladadas de las cercanías del Estadio Nacional, por un acuerdo político del gobierno de la época (…) a una solución de vivienda que fue este sector. Llegaron acá, como decían nuestros abuelos, nuestros padres, solamente con dos cosas que tenían ellos: las ganas de cambiar su vida, de construir su familia, su vivienda de forma digna; y la esperanza. ¿Qué tenían en términos materiales? Nada. El suelo, y en la noche el cielo. (Militante del Partido Comunista, registro de audio en observación participante, mayo de 2017)

Así, se reconstruye un cierto ethos local que caracterizaría identitariamente a la población, lo que ha sido y lo que todavía puede ser, “gente de esfuerzo”. Es una forma no solo de contrarrestar las estigmatizaciones externas que se hacen de la población, sino también a las voces más críticas que defienden que desde siempre en La Legua han coexistido distintos modos de vida articulados al esfuerzo, pero también a modalidades que mezclan solidaridades, resistencias a lo legal, formas de escapar al orden y a la planificación de una ciudad atravesada por crecientes formas de homogenización, segregación y privatización de la vida. Sin embargo, las organizaciones que son parte de la ruta insistirán, una y otra vez, sólo en el esfuerzo.

Ya en el mito del origen se sitúa a los primeros vecinos/as desde posiciones de sujeto caracterizadas por una capacidad de organización que les permitió salir adelante. La continuación de la cita enlaza esa cualidad a una conciencia política específica: la izquierda y el derrocado gobierno de Salvador Allende.

Esta población es producto de la lucha de los vecinos y de la organización, sobre todo política, que lograron reconstruir este espacio para una mejor calidad de vida para su familia, y todo lo que uno ve hoy día a través del tiempo y el espacio de la historia eso es fruto de eso, no es del azar… las veredas, el pavimento, la luz eléctrica, la parroquia, el consultorio… y hoy día podemos decir hasta un banco… como decía la derecha en el gobierno de Piñera “para que van a tener un banco en La Legua si lo van a asaltar todos los días” (…) Y está este monumento que no es un monumento neutro, es al presidente Salvador Allende, porque todos sabemos que el 11 de septiembre, cayó la dictadura, la noche negra, y esta población a lo largo de su historia se identificó con el proyecto de la Unidad Popular, de la izquierda, de conseguir otros logros para el pueblo de Chile, aquí hubo resistencia. (Animador, registro de audio en observación participante, mayo de 2016)

La identificación con la izquierda y la resistencia a la dictadura aparece mezclada con otros significantes mucho más cercanos al presente de la postdictadura donde los/as vecinos/as se movilizan por demandas de mejoramiento barrial y “calidad de vida”. En los diferentes discursos que registramos, la apelación al pasado corresponde a un uso de la memoria llena de híbridos a nivel de posiciones de sujeto (familias, vecinos/as), formas de nombrar las demandas o logros sociales (calidad de vida, veredas, resistencia, vida digna) y diferentes temporalidades (el origen de la población, la dictadura y el Día del Patrimonio). Sin embargo, la organización social para luchar por derechos sociales se entrelaza con el logro de servicios de consumo como tener una sede bancaria en la plaza. Aquí el desafío era otra vez romper con la imagen de población delictiva que asaltaría el banco y, para ello, se ensamblan diferentes posiciones de sujeto de derecho: del derecho a la vivienda al derecho al banco, algo que se liga más a posiciones identitarias de un Chile postdictatorial neoliberal y globalizado.

6 Conclusiones

Los usos del pasado han sido discutidos especialmente respecto a las identidades nacionales. En el contexto actual, parece relevante analizar dichos usos y su relación a las identidades desde una dimensión local y, en particular, en los barrios urbanos que vienen siendo catalogados por el Estado como “barrios críticos” por su asociación al narcotráfico. Esto los ha vuelto objeto de planes de intervención estatal que incluyen un fuerte control policial. Algo que se vuelve más relevante cuando se trata de sociedades que han experimentado procesos de violencia política en su pasado reciente. Hoy muchas de las poblaciones reconocidas como emblemáticas por sus luchas contra las dictaduras, en democracia han devenido en “barrios críticos”. En ese marco, nos preguntamos sobre cómo las memorias del pasado reciente son usadas por actores implicados en el Plan de Intervención implementado en la población La Legua, con la cual compartimos vínculos académicos, políticos y afectivos.

A través del trabajo etnográfico en colaboración pudimos comprender que, entre los variados eventos públicos locales que ponen en acto las memorias del barrio, el Día del Patrimonio permite hacer visible los modos en que quienes participan y apoyan el PI creado para contrarrestar el comercio ilícito de drogas, apelan a ciertas memorias del pasado para fundamentar sus posiciones ante la violencia y el PI.

En los diferentes usos de la memoria por parte de los/as representantes de las instituciones/organizaciones locales se discute “qué fuimos”, porque está en juego “qué somos” y “qué podríamos ser”. Como señala Karen Till (2003), si bien la constitución de lugares alternativos de memoria, como puede ser la ruta patrimonial, interpela a las amnesias de las narrativas oficiales, suelen constituirse de memorias dominantes reforzando categorías identitarias problemáticas. En este caso, la configuración de un “nosotros” se usa como un recurso para legitimar la posición que se tiene ante el PI que es parte de un conflicto territorial. Para ello, ciertas memorias se configuran en un entramado identitario. Como describimos, la apelación al pasado se hace, al menos mediante tres operaciones: a) buscando una posición inocente que permita evadir el conflicto, en este caso la infancia, a partir de lo cual se resignifican las luchas por los derechos humanos en dictadura; b) rememorando ciertas memorias militantes, pero que terminan en un acto más bien ritualizado donde no llegan a reivindicarse las memorias de la resistencia que escapen a la univocidad de la posición de víctima del terrorismo de Estado; y c) finalmente, el intento por definir una identidad barrial que pueda volverse patrimonio a través de la figura de los legüinos como gente de esfuerzo, población de izquierda, población obrera.

Las memorias que traen del pasado son precisamente las que validan las posiciones que buscan legitimarse en el presente. Las posiciones ilegítimas, en cambio, carecen de pasado, no hay apelaciones a cómo, desde siempre, ha habido conflictos en el territorio, particularmente con el Estado, o a cómo han convivido distintas formas de ilegalidad en el mismo barrio, que van desde orígenes en tomas de terreno ilegales hasta formas de resistencia armada en dictadura, pasando por el comercio no autorizado, las figuras icónicas de choros y lanzas (que nos remiten al sistema jerárquico del “mundo del ambiente” previo a la llegada del narcotráfico) que son parte del imaginario urbano de éste y otros barrios. Todo eso es parte de un silencio público en la ruta patrimonial. El problema, entonces, es que a la exclusión y/o subalternidad económica se suman las exclusiones culturales de ciertas formas de vida y la estigmatización de espacios locales que son alterados unilateralmente. Sabemos que siempre hay alteración, la cuestión es cómo se resuelven o imponen los sentidos, formas y fines de las intervenciones urbanas.

Como mostramos, parte importante del discurso de los/as gestores/as de la ruta construye la posición de sujeto, sintetizada en personas del mal vivir a quienes se las responsabiliza de las violencias del presente. Sin embargo, como ocurre en las favelas de Brasil, las villas miserias argentinas u otras poblaciones de Chile, las prácticas del habitar este tipo de territorios están saturadas de mixturas, sobrevivencias, vivires a medias donde lo bueno y lo malo se sostienen sobre componendas frágiles, soterradas y sobrexpuestas. Zonas grises que no pueden ser pensadas como una abstracción, pues nos hablan de lazos familiares más o menos cercanos, de amistad o incluso simple y llanamente de com-pasión, de vivir aquella pasión conjunta que es la vida en un “barrio crítico”.

Las clasificaciones moralizantes de ciertos modos de vida van dando forma a entramados identitarios y, en ellos, los usos de la memoria promueven ciertas alianzas y exclusiones, funcionando como memorias ejemplares que nos entregan lecciones que han sido bien aprendidas y aprobadas, pero no son necesariamente lecciones liberadoras. Considerando ello, y como proyección de este trabajo, se requiere continuar analizando cómo otras posiciones ante el conflicto disputan los sentidos del pasado y las articulaciones identitarias del presente.

7 Financiamiento

Este artículo fue financiado por Fondecyt Regular N°1161026 “Memorias locales y transmisión intergeneracional: estudio de caso de un “barrio crítico” en Santiago de Chile”. El Concurso Fondecyt Regular integra la red de financiamiento público de la ciencia en Chile.

8 Agradecimientos

Agradecemos a los vecinos y las vecinas de la población La Legua de Santiago de Chile que generosamente colaboraron en esta investigación. Asimismo, damos las gracias a las y los asistentes de investigación, tesistas, pasantes y estudiantes en práctica, en especial a Macarena Fuentes, Patricio Caviedes y Valeska Orellana.

9 Referencias