El objetivo de este ensayo es analizar la contribución de la cultura libre al análisis crítico de la Academia hegemónica y a la proposición de vías de acción para cambiar el statu quo dominante. En este sentido, el término informacionalismo ha venido a describir el nuevo paradigma económico que se ha desarrollado en las sociedades occidentales a partir de los años noventa, articulado a través de las nuevas potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación para la producción y procesamiento de datos (Castells, 2004). Bajo nociones como capitalismo cognitivo o capitalismo informacional, subsume una retórica neoliberal en la que los oligopolios tecnológicos, altamente concentrados, configuran una nueva hegemonía donde el conocimiento y la innovación se acumulan en sujetos sociales concretos. Este contexto cercena, así, el espíritu anticomercial y antijerárquico del Internet primigenio (Fuchs, 2010; Mosco, 2014; Zafra, 2015; Zuboff, 2015).
Para Carlos Alberto Torres (2011) esta retórica neoliberal en la economía de mercado que afecta a Internet despliega asimismo su influencia en la Academia hasta generar, en términos gramscianos, un sentido común. Las consecuencias de este en un contexto, que ya el autor define per se como “capitalismo académico”, implican la existencia de valores culturales definidos y compartidos por toda la comunidad y basados, esencialmente, en la competición y la desregularización. Así lo señalan también Patricia Amigot Leache y Laureano Martínez:
El neoliberalismo, en su intento por establecer la lógica de empresa en el conjunto de la sociedad, ha conducido a una transformación de diferentes esferas sociales y la Universidad no ha sido una excepción. La expansión de criterios manageriales al ámbito de la producción y transmisión del saber en educación superior, ha transformado los planes de estudio, los objetivos y las funciones de las instituciones académicas. (2013, p. 100)
Esta situación manifiesta afecciones propias en el ámbito iberoamericano, como exponen diversos trabajos enfocados en este desde diversas perspectivas. Lucía Gómez y Francisco Jódar (2013) señalan que los procedimientos de evaluación voluntaria del profesorado español para incentivar la productividad —los sexenios—, responden a una lógica disciplinaria, incentivan la competición en pro de un estatus académico para quien obtenga más méritos de tipo cuantitativo y convierten a estos en “empresarios de sí mismos”. Tanto este país como Portugal, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), han experimentado también reformas educativas en el ámbito superior que, según Montserrat Galcerán Huguet (2007), han potenciado una mayor presencia del ámbito privado en las instituciones públicas —explícito, por ejemplo, en acuerdos entre las entidades bancarias y las universidades— o el aligeramiento de las plantillas mediante la contratación de profesorado precario.
En América Latina, aun con sus procesos políticos y económicos particulares, la Universidad ha recibido crecientemente la influencia del Proceso de Bolonia, con la consecuente presencia del capital privado, que eventualmente desplaza la financiación hacia el desarrollo y la innovación —a expensas de la ciencia y la tecnología— y que difícilmente cumple las demandas de todos los pueblos que conviven en estos territorios (Leher, 2010). José Joaquín Brunner (1986) ya advertía que en Chile los mecanismos de financiación universitarios solo parcialmente públicos podía derivar en una “elitización de la Universidad” sin sentido público, que tienda a la segregar la educación y orientar esta a las demandas del mercado.
En suma, en el contexto académico contemporáneo, marcado por una influencia de la retórica neoliberal, han florecido diversas reflexiones y análisis críticos (véanse, entre otros: Dakka y Wade, 2019; Gill, 2009; Loveday, 2018; Nash, 2018; Zafra, 2017), los cuales describen su cada vez más acusada capitalización, manifiesta de múltiples formas: burocratización de los procesos internos; creciente carga de trabajo administrativo; cuantificación de los méritos académicos —en términos de publicación y métricas de los resultados de la investigación—; reducción del tiempo para las tareas de reflexión y escritura; precarización de las condiciones de trabajo; competitividad pronunciada entre centros, departamentos y personal concreto, etc.
Como revulsivo, existen propuestas que bajo los valores de justicia social han proyectado nuevas fórmulas para dirigir el ámbito de la Academia —y por extensión, el de la investigación en esos espacios— hacia un futuro escenario más colaborativo y comunitario (Fitzpatrick, 2019; Newfield, 2016). La noción cultura libre surge en este sentido para defender la modificación y distribución de producciones culturales de diverso tipo (Lessig, 2004). Esta visión, concretada a través de la diversidad de comunidades que refrendan sus valores, ha desafiado las prácticas del capitalismo cognitivo al comprender el conocimiento en todas sus formas —incluido el código de fuente— como un bien común que se construye y distribuye colectivamente (Benkler, 2006; Kelty, 2008; Ostrom, 1990). Sin intención de caer en una posición tecnosolucionista, planteamos que el espíritu anticomercial y antijerárquico que nació en los inicios de Internet produce elementos y herramientas de gestión y producción del conocimiento centrales en los debates sobre la Academia contemporánea, como en el caso de los derechos de autor (Galcerán Huguet, 2007).
A partir de este escenario, tratamos de explorar el potencial de la cultura libre como instrumento de análisis y acción de la realidad académica actual. Las premisas desarrolladas en los próximos epígrafes plantean alternativas que abordan y significan la investigación social desde lógicas externas a las de la capitalización y mercantilización del saber científico en cuatro lecciones diferentes: 1) utilización de programas escritos en software libre; 2) disposición pública de los resultados de la investigación; 3) construcción colectiva del conocimiento y 4) orientación hacia la transformación social.
El software libre y, por extensión, las comunidades generadas en torno al diseño, experimentación y distribución de este, se ha articulado tradicionalmente a través de cuatro libertades enunciadas por Richard Stallman, a saber: “0) libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito; 1) libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades —el acceso al código fuente es condición indispensable para esto—; 2) libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino y 3) libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda la comunidad —el acceso al código fuente es condición indispensable para esto—” (2004, p. 45).
El software libre trasciende, en este sentido, la búsqueda de unos requerimientos técnicos concretos para el desarrollo de la infraestructura en Red hasta incidir en las prácticas de creación cultural habilitadas por las nuevas posibilidades de las herramientas digitales (Kelty, 2008; Lessig, 2004). Subvierte los procesos de producción jerárquicos y propone la organización autónoma de proyectos entre iguales que comparten sus conocimientos y adquieren competencias en su interacción con la tecnología (Benkler, 2006; Fuggetta, 2003; Lerner y Tirole, 2000).
El desarrollo de aplicaciones concretas bajo licencias libres —General Public License (GPL), entre otras— para la práctica y apoyo a diversos métodos de la investigación social supone, por tanto, que estos se encuentren disponibles sin una licencia que limite su uso. Esta premisa es esencial para la configuración de una Academia proclive al bien público universal, en tanto permite la lectura, modificación y reutilización del código. Con ello, es posible conocer el funcionamiento de los programas y modificarlos si resulta necesario, con independencia de la pertenencia a centros de investigación o a los equipos que comercializan un determinado programa científico.
El software libre libera su uso de la maximización del beneficio económico, lo que en la práctica supone disponer del código para su descarga e instalación1. La libertad para la ejecución del programa facilita, así, el acceso a la investigación social por parte de multitud de sujetos alejados de los estamentos clásicos de producción del conocimiento y cuenta con el potencial de cercenar la visión homogénea del mundo social, político y económico (Fuchs, 2007). Como consecuencia, emplear software libre conlleva contribuir a la replicabilidad de los estudios realizados, en tanto la repetición de análisis concretos ya no dependerá de las posibilidades de acceder a la herramienta con la que este se realizó. Este principio ha de extenderse hacia todos los estratos del proceso de investigación social, sin asumir que en ninguno de ellos existe un programa privativo que centralice la ejecución de tareas concretas y articular así un uso general de aquellos modos y especificaciones a los que sea posible acceder sin necesidad del pago de tasas.
Iniciativas como el directorio de código con licencia GNU Free Software Directory, gestionado por la Free Software Foundation, dan buena cuenta de las múltiples alternativas que facilita la transición a otros programas y, con ello, a una ciencia social potencialmente más abierta y colaborativa. La comunidad del software libre demuestra así un interés específico en la elaboración de programas especializados liberados de leyes del copyright: los lenguajes de programación R, Python y el software PSPP se posicionan como alternativas a SPSS; mientras que Atlas.it y NVivo compiten en el terreno del análisis cualitativo con programas libres como RDQA y Taguette. Asimismo, de la unión entre los valores del software libre y las necesidades académicas de conocimiento abierto surge Public Knowledge Project (PKP), una iniciativa interuniversitaria que, entre otros trabajos, ha desarrollado Open Journal Systems (OJS), una plataforma de software libre que sirve para la gestión del procedimiento de publicación de artículos académicos de acceso libre.
Que la Academia se incline hacia la programación libre implica un refuerzo positivo al desarrollo de este tipo de código, el cual, habitualmente, no cuenta con los recursos humanos y económicos de las corporaciones que, como actores dominantes del sistema, centralizan su diseño y distribución (Dolata, 2017; Jackson y Kuehn, 2016). En este sentido, el Ranking de universidades en software libre centró sus esfuerzos hasta 2016 en auditar el uso y promoción que las diversas instituciones españolas y latinoamericanas prestaban al software libre. En su último prólogo (Monje, 2016), recordaban que la elección de programas libres garantizaba una mayor igualdad de condiciones en el alumnado y contribuía a la adquisición de nuevas competencias tecnológicas que le permitieran, dentro y fuera del aula, realizar un uso consciente de las herramientas, así como generar alternativas a las tendencias comerciales de las sociedades de consumo contemporáneas. Su reflexión resulta extensiva a los equipos de investigación y el análisis social.
El software libre, como desarrollamos en el epígrafe anterior, se encuentra atravesado por la libertad de acceder, contribuir, modificar y distribuir los programas informáticos. De forma extensiva, la cultura libre ha venido a englobar el conjunto de prácticas que comparten una visión sobre la colectivización del conocimiento, tanto desde la producción colaborativa de este como desde su distribución al conjunto de la ciudadanía, tareas que adquieren una nueva dimensión a través del uso de las nuevas tecnologías (Benkler, 2006; Fuster Morell, 2011).
Propone, en este sentido, “la defensa de las nuevas tierras comunales de la cultura” (@axebra et al., 2012, p. 48), y esta última es extensible a diversidad de formas de conocimiento frente a los posicionamientos que proponen visiones más restrictivas sobre la propiedad del saber. En esta línea, el copyleft extiende las premisas planteadas por el software libre a todo tipo de contenido cultural. Este tipo de licencias —entre las que se encuentran las Creative Commons Atribución y Reconocimiento-CompartirIgual— se aplica a distintas producciones culturales que aún cuentan por defecto con derechos de explotación. Proponen así una revisión de la concepción tradicional de los derechos de autor y otorgan una infraestructura legal para las actividades desarrolladas en torno a la cultura libre, de manera que sugieren una redistribución del conocimiento que las restricciones del copyright cercenan (Kelty, 2008; Lessig, 2006/2009).
Así, ante la investigación social en espacios cerrados y la ulterior circulación de los hallazgos en circuitos específicos —y, en suma, ante la acumulación de la información en un número reducido de sujetos concretos—, la cultura libre plantea una transformación de las relaciones sociales en torno a la producción científica que resulta, extensivamente, un objetivo fundamental entre quienes se organizan para producir en común código y otros bienes culturales (Ostrom y Hess, 2007; Lessig, 2004). Desde el prisma de la colectivización del conocimiento, este posicionamiento supone plantear cuestiones centrales en la actividad académica ordinaria, como la publicación de artículos científicos.
El mercado editorial actual, efectivamente, tiende a la concentración de las publicaciones científicas en multinacionales internacionales —Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis y Sage Publications, esencialmente— (Larivière et al., 2015), las cuales añaden pasarelas de pago para el acceso a sus artículos académicos. De nuevo, la imposición de tasas —ya sea mediante la suscripción o la compra de ejemplares específicos— supone excluir del acceso al conocimiento a quienes no cuentan con la capacidad económica o el respaldo institucional necesario para gestionar su pago. También imposibilitan la contribución a sus números por parte de las personas con una situación laboral más precaria mediante el pago de tarifas por publicación e, incluso, cercenan la voluntad de los equipos de investigación de liberar sus hallazgos cuando establecen honorarios específicos para la publicación de los documentos científicos en acceso abierto —conocidos como Article Processing Charge—.
Ante este contexto, ya han trascendido las respuestas de los movimientos sociales y activistas concretos para la liberación del conocimiento publicado estas empresas. La herramienta Sci-Hub, por ejemplo, permite la descarga gratuita de artículos científicos, muchos de ellos pertenecientes a revistas que solicitan un pago para su adquisición (Himmelstein et al., 2018). Un año antes de la fundación de este portal, en 2010, Aaron Swartz creó un script con Python para la descarga de artículos académicos alojados en JSTOR a través de una cuenta de invitado en el MIT. El hacktivista explicaba así su posicionamiento político en Manifiesto por la Guerrilla del acceso abierto, donde llamaba a la desobediencia civil para la colectivización del conocimiento mundial:
La información es poder. Pero como con todo poder, hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. La herencia científica y cultural del mundo completa, publicada durante siglos en libros y journals, está siendo digitalizada y apresada en forma creciente por un manojo de corporaciones privadas. ¿Quieres leer los papers que presentan los más famosos resultados de las ciencias? Vas a tener que mandarle un montón de pasta a editoriales como Reed Elsevier. (Swartz, 2008, párr. 1)
La cultura libre, en ese sentido, facilita comprender la publicación científica como una cuestión que conecta y a la vez trasciende el ámbito académico hacia las esferas y procedimientos donde el conocimiento se genera y distribuye (Coleman, 2015; Amadeu da Silveira, 2013). Así lo han entendido también desde el ámbito académico en manifestaciones como la Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto, de 2003, la cual indica la necesidad de que los autores autoarchiven sus trabajos y garanticen el acceso abierto de sus publicaciones para que sean visibles, legibles y trascendentes para la sociedad.
A este fin contribuyen también herramientas que conectan explícitamente con los valores de la cultura libre, como el directorio de revistas de acceso abierto Directory of Open Access Journals (DOAJ), el directorio de repositorios en abierto Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) o las múltiples plataformas para la publicación de datos abiertos y materiales de investigación, como Zenodo o Figshare. Aun limitados, estos programas ofrecen respuestas al mercado editorial contemporáneo. Así, la comunidad científica ha de realizar una búsqueda activa de fórmulas para evaluar la calidad académica de las investigaciones y a la vez garantizar su divulgación, tanto mediante la publicación de sus investigaciones sin restricciones económicas, como a través de la exploración de formatos alternativos donde el conocimiento encuentre un sentido social para la población hacia la que se dirige.
En los anteriores epígrafes comprendemos la cuestión del código y, por extensión, la cultura libre, como un escenario sobre el que desarrollar estrategias que permitan permear la práctica académica desde el punto de vista del consumo —programas especializados— y la difusión —revistas científicas—. Cabe no obviar, sin embargo, el sentido de la producción como una piedra angular de estas propuestas. Las diversas formas de trabajo colaborativo se benefician del perfeccionamiento y abaratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales proponen nuevas formas de pensar y generar conocimiento de diverso tipo (Benkler, 2002; Coleman, 2011; Ostrom, 1990).
El trabajo colaborativo de las comunidades de cultura libre se beneficia de la infraestructura técnica de la Red, que facilita la construcción de formas de colaboración entre un amplio número de sujetos y crea con ello alternativas socioeconómicas al sistema dominante (Benkler y Nissenbaum, 2006). De nuevo, la cultura libre vuelve a incidir en formas de contribución más descentralizadas y, como consecuencia, menos dependientes de esferas concretas de las sociedades contemporáneas. Un caso paradigmático de este espíritu impulsado por las capacidades liberadoras de Internet es Wikipedia, que sustituyó a la enciclopedia de Microsoft Encarta como plataforma de consulta. Explicita así la manera en la que la sabiduría de la multitud —en términos de Michael Hardt y Antonio Negri (2004)— es capaz de crear un sistema eficaz con un conocimiento superador y desplazar, con ello, al desarrollado desde el modus tradicional de una élite de expertos como gestores de este (Lanier, 2011; Sampedro Blanco, 2014).
En este sentido, coincidimos con las opiniones que desde el ámbito académico consideran la necesidad de desprenderse de las jerarquías generadas en estas esferas para la interpretación de la realidad social —“¡Una buena dosis de humildad es esencial para la producción de conocimiento!”, señalan Rafeef Ziadah y Adam Hanieh (2010, p. 94)—. Como estas, la ética hacker (Himanen, 2002; Levy, 1994), fuertemente vinculada al ámbito de la cultura libre, propone una subversión del conocimiento hegemónico: la habilidad tecnológica de los sujetos no depende de su educación formal sino de una capacidad obtenida mediante el contacto con la tecnología, motivado por la curiosidad y el aprendizaje compartido en espacios alejados de la lógica de la maximización del beneficio económico (Firer-Blaess y Fuchs, 2014; Lerner y Tirole, 2000). Por todo ello, y según Ángel Barbas y John Postill (2017), el propio concepto de soberanía tecnológica desafía intrínsecamente las formas de producción del conocimiento, que permiten romper con las visiones únicas y hegemónicas del mundo social (Magallanes Blanco et al., 2013).
Precisamente, Eduard Aibar (2013) expone el paralelismo entre la Academia y la cultura hacker —que coinciden en su carácter meritocrático, por ejemplo—, mientras señala los aportes de esta segunda en la primera: la apertura del proceso de producción del conocimiento, su revisión colectiva —y no por pares— y las contribuciones posteriores a la publicación de un trabajo específico. De esta visión más descentralizada de la labor académica surgen la ciencia abierta o ciencia ciudadana, las cuales se inspiran “en las prácticas de apertura y participación que desarrollaron los activistas del software libre” (Arza, et al., 2017, p. 84). De este modo, más allá del acceso a la información, estas nociones han prestado atención a las contribuciones de múltiples actores en los procesos de investigación, facilitadas por las tecnologías de Internet, especialmente aquellas diseñadas en software libre (Anglada y Abadal, 2018).
La colaboración entre personal académico y ciudadanía se ha focalizado esencialmente en la recopilación de datos para la generación de amplias bases a partir de las cuales realizar un análisis ulterior. Son especialmente reconocidas las iniciativas en astronomía y ecología, como Galaxy Zoo, para la clasificación cooperativa de galaxias, y The Great Sunflower Project, para la recopilación de polinizadores. Otros proyectos, como el Instituto para la Monitorización Vecinal de Espacios Contaminados (IMVEC), construyen y disponen públicamente materiales para una evaluación de bajo coste de la calidad del suelo y del aire, con el fin de que personas y colectivos particulares que no trabajan en el ámbito científico puedan llevar a cabo procesos de defensa medioambiental de sus territorios concretos. Estas formas de apertura de la ciencia resultan especialmente reseñables si se tienen en cuenta las barreras de acceso a los procesos de investigación que se desprenden del ámbito universitario, pues se constituyen como experiencias empíricas de estrategias de acción que impulsan su cercenamiento.
Pero, además, desde la perspectiva de la cultura libre no solamente es necesario replantear la interacción entre la élite académica y las personas fueras de este ámbito, sino también la relación entre expertos que frecuentemente se han relacionado dentro de escenarios de alta competitividad. De la misma forma que el software libre permanece susceptible a modificaciones para su mejora, cabría preguntarse si la evaluación de artículos académicos específicos ha de limitarse a la revisión por pares ciegos o, en todo caso, a la citación de estos en artículos posteriores que lo revisen. Existen ya herramientas que impulsan a replantear otras formas de colaboración en la producción científica, como Freenet, que permite la distribución anónima y descentralizada de documentos, o Decentralized Science, un sistema de evaluación basada en blockchain. Incluso las wikis —como la de la iniciativa Digital Methods— o los PAD, editores para la edición anónima de un texto en línea, podrían facilitar nuevas formas de redacción y debate intelectual que cuestionen los modos tradicionales de edición científica en el mercado neoliberal y, de forma más radical, contribuyan a debatir sobre la centralidad de la autoría en un sistema académico proclive a la autoevaluación de sujetos concretos, con un ethos vertebrado por su nombre y apellido.
Como venimos explicando a lo largo de este texto, la cultura y el software libre no abordan únicamente cuestiones técnicas o legales sobre la infraestructura de la Red y los nuevos modos de interacción y producción que esta permite. También son subversivos en la medida en que proponen alternativas a los aspectos económicos y políticos de las sociedades contemporáneas (Galloway y Thacker, 2004; Levy, 1994). Las comunidades organizadas en torno a estos valores plantean estrategias sociales liberadoras de los procesos extractivos de producción del conocimiento (Benkler, 2006). Siguiendo a Gary Hall (2016), la cultura libre es disruptiva en el ámbito científico en tanto propone formas de trabajo científico menos individualistas y competitivas, mientras cuestiona las limitaciones del copyright y el mercado editorial actual para la apertura de la ciencia.
También en el ámbito de la cultura y el software libre, Christopher Kelty (2008) denomina “público recursivo” a aquel interesado en mantener una infraestructura de participación en Internet abierta y descentralizada. La recursividad se convierte también en un instrumento útil en el ámbito académico, si comprendemos este como la posición activa contra la retórica neoliberal en la producción del saber. Tanto Stallman como Lessig, impulsor de las licencias Creative Commons, llevaron a cabo sendos proyectos dentro de instituciones universitarias —Instituto de Tecnología de Massachusetts y Universidad de Harvard, en cada caso—, y constituyen casos simbólicos de la convergencia relevante entre Academia y cultura libre. Otro ejemplo de esta recursividad lo conforma la campaña contra Academia, red social especializada a la que se acusó de posicionarse contra los valores de la cultura libre, al ofrecer una versión premium de pago, enviar mensajes engañosos para obtener más clics y promover la identidad del académico como un emprendedor (Fitzpatrick, 2019; Hall, 2016). También durante la “primavera académica”, el ámbito científico se organizó contra las tasas de la editorial Elsevier, de modo que multitud de académicos se comprometieron a no volver a publicar bajo esta marca si no recuperaban el control del proceso de producción de sus artículos (Epstein, 2012).
Al desarrollo de acciones contra la retórica neoliberal en la academia se ha de unir una reflexión extensiva al propio trabajo académico como bien común (Aibar, 2013). Así, este público recursivo no solo resiste a los intentos de capitalización de su entorno y sus herramientas, sino que piensa e imagina la posibilidad de que generar un conocimiento transformador. A este debate ha contribuido ampliamente la literatura latinoamericana, a partir de autores originarios de esa región o vinculados con ella, como Boaventura de Sousa Santos (2014) y Paulo Freire (1970/2007), así como a través del desarrollo de las metodologías participativas como una estrategia que procura conectar este espíritu comunal con los métodos establecidos de observación de la realidad social (Sierra Caballero, 2012). Desde una concepción epistemológica, la Investigación-Acción-Participativa (IAP) asume que el trabajo académico ha de contribuir con sus resultados al beneficio de quienes el sistema desplaza a una posición subalterna, así como reconocer que los conocimientos no son neutrales, sino que es preciso reflexionar sobre su relación con las esferas dominantes (Villasante et al., 2002).
Al entender la sociedad civil como un agente de transformación social, no solamente conecta con las lógicas del saber colaborativo y la distribución del conocimiento de estas comunidades, sino que propone herramientas y técnicas para el estudio de los propios colectivos (Ortí Mata y Díaz Velázquez, 2012). El método permite “conocer transformando” (Gabarrón y Landa Hernández, 1994, p. 2) y, como consecuencia, concebir la construcción política, económica y social de las tecnologías a través de su análisis crítico, así como contribuir a la producción colectiva de conocimiento mediante la implicación de los agentes investigados. Las metodologías participativas y la cultura libre confluyen en su espíritu transformación y, con ello, estas se convierten en una vía de acercamiento entre la investigación social y el espíritu de los comunes en Internet.
Además de guiar el diseño metodológico, la IAP facilita el cuestionamiento sobre las críticas recibidas al compromiso político que adquiere quienes utilizan este método, al considerar que los hechos sociales son producto de las acciones humanas, por lo que no resulta posible separar al sujeto que investiga del sujeto investigado (Fals Borda, 1990). En su crítica al ideal positivista, se pregunta si la misma acción investigadora no ha de comprenderse como un factor para la transformación o la consolidación del consenso social. Este acercamiento epistemológico no pierde validez en tanto que ni la sociedad resulta un elemento terminado e inmutable ni el científico puede ser observador imparcial de la situación que analizan (Darcy de Oliveira y Darcy de Oliveira, 1990). Las metodologías participativas suponen no solo un debate epistemológico sino, en última instancia, la posibilidad de abordar problemas y enfoques que no se encuentra en la agenda científica hegemónica (Arza et al., 2017).
De esta manera producen un saber desde la práctica, un conocimiento práctico o un saber en el que la mayoría de personas sustentan el sentido de sus acciones cognitivas cotidianas, pues a pesar de que éste sea desdeñado, subvalorado e irreconocido por el paradigma de ciencia dominante o moderna, son muy pocas las personas que acceden al tipo de conocimiento producido por dicho paradigma dominante. (Franco Chávez y Orozco Vallejo, 2019, p. 284)
En corto, IAP y cultura libre confluyen en tanto esta segunda es útil para el desarrollo e impulso de esta metodología de investigación social. Por ello, aunque esta se pueda llevar a cabo sin la necesidad de emplear software libre, las libertades implicadas en este tipo de programas se alinean de forma más precisa con las aspiraciones la IAP. Y del mismo modo, cuando las prácticas implicadas en la cultura libre se apropian con un espíritu transformador y no antisocial, suponen formas distribuidas de creación del conocimiento, e incluso facilitan acceder a las diversas comunidades atravesadas por esos valores desde prismas epistemológicos cercanos a sus propias lógicas. En relación con esta última premisa, si en otros métodos las personas que forman parte del objeto de estudio se implican en una condición genérica de entrevistadas o investigadas, la IAP procura subvertir la “tendencia cosificadora” del proceso científico (Ortí Mata y Díaz Velázquez, 2012). Su aplicación a diversos espectros de la vida social es manifiesta en iniciativas como la Red CIMAS, el grupo de trabajo Procesos y metodologías participativas de CLACSO o Media Research & Action Project’s (MRAP), los cuales plantean la investigación social a través de un espíritu transformador y democrático, extensivo también a los colectivos y comunidades que habitan la Red.
El objetivo de este ensayo ha sido conocer diversas estrategias que desde la cultura libre proponen fórmulas para subvertir las dinámicas productivas de la investigación social en el ámbito académico. El uso de software libre; la apertura de los hallazgos de investigación; el trabajo colaborativo; así como la aspiración hacia la transformación social desafían las lógicas mercantilistas dominantes, que imponen sus propios ritmos y dinámicas para la producción del saber, la circulación de la información científica y la relación entre quienes generan conocimiento dentro y fuera de la Universidad. La cultura libre, por tanto, contribuye a establecer una visión política de la actividad académica y, extensivamente, analiza críticamente la mercantilización del saber en una Universidad que ya ha sido situada dentro del alcance del neoliberalismo (Gill, 2009; Torres, 2011).
El conocimiento corre el riesgo de capitalizarse cuando resulta preciso invertir en software privativo para ejecutar los análisis cualitativos o cuantitativos necesarios, así como para las tareas de coordinación entre los diversos miembros de un proyecto; al imponer tasas para la descarga de artículos científicos —o para su publicación en abierto—; en la medida en que se toman decisiones metodológicas y teóricas para adaptarlas a corrientes ontológicas y epistemológicas susceptibles de generar más eficientemente las métricas deseadas, entre otros casos (véase: Piñeiro-Naval y Morais, 2019). La trascendencia de la cultura libre se expande así hacia la multiplicidad de ámbitos y exhorta a replantearse la actividad intelectual dentro de las universidades, a adquirir posiciones políticas conscientes y a reflexionar sobre las prácticas diarias del trabajo académico.
Pero, ante todo, esas reflexiones han de comprenderse en un sentido propositivo y directamente vinculado con las visiones críticas que autores y autoras han explicitado, también en la literatura académica. Si se denuncia la creciente elitización del entorno universitario (Torres, 2011), resulta conveniente buscar formas más audaces de distribución del conocimiento, así como de acercamiento de los métodos y herramientas de investigación al conjunto de la sociedad. Si se apunta hacia una reducción de las formas de pensar y abordar diversos fenómenos sociales (Nash, 2018), es preciso reivindicar y reflexionar sobre otros acercamientos metodológicos y teóricos. Si se cuestiona la cuantificación de los métodos de calificación de la actividad académica (Loveday, 2018; Zafra, 2017), la elaboración de nuevas formas de evaluación —como aquellas que atienden al impacto social de la investigación— puede contribuir a plantear otros criterios de medición. Si existe una competitividad creciente o una reducción de los tiempos de reflexión y creatividad (Bennett y Burke, 2018; Dakka y Wade, 2019), entonces imaginar y trabajar colectivamente se transforma en un ejercicio de resistencia.
Tomar estas lecciones como soluciones definitivas resulta, empero, una interpretación simplista de las dinámicas y procesos que constituyen tanto la Universidad como las labores académicas contemporáneas. O de otro modo, no es posible obviar ni dejar de discutir sobre las tensiones relacionadas con quién puede decidir unilateralmente priorizar la publicación en revistas en abierto y no en aquellas situadas en las mejores posiciones de las bases de datos consideradas de mayor prestigio o quién cuenta con la capacitación técnica para instalar y emplear un software concreto en un servidor propio, por ejemplo.
Tampoco resulta posible considerar las comunidades de software y cultura libre como entes perfectos, que cumplen sus valores ideales y no se someten a tensiones entre estos y sus prácticas concretas. Diferentes investigaciones han documentado la existencia de comunidades basadas en la meritocracia y la competitividad (Nafus, 2012); los sesgos que se generan en producciones colaborativas como Wikipedia (Graells-Garrido et al., 2015); la exclusión de determinados grupos sociales de los espacios de producción del código (Reagle, 2013) o las elevadas barreras de conocimiento que supone este tipo de activismo (Ghosh et al., 2002).
Obviar esta realidad del software y la cultura libre supone abrazar un tecnosolucionismo incapaz de interpretar los déficits que para la producción del conocimiento supone la retórica neoliberal más allá del uso de herramientas concretas, ni de comprender conceptos específicos, como el de ciencia abierta, en un sentido político pleno. Por ello, estas reflexiones no han de significarse como estrategias acción inmediata, sino más bien como puntos de partida que inciden en la visión política del trabajo académico y plantean una investigación social dirigida hacia el bien común. El potencial transformador de la cultura libre no parece que haya aún impregnado la Academia por completo, pero es útil en tanto invita a pensar y dirigir la práctica científica hacia la creación colectiva de saberes verdaderamente transformadores.
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