Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 20, Número 2, 2020

Decolonizar la investigación sobre migraciones: apuntes desde una etnografía colaborativa

To decolonize migration research: notes from a collaborative ethnography

• Resumen
• Abstract

1 Introducción¹

En la última década, en diferentes congresos, seminarios, publicaciones se viene debatiendo sobre el giro decolonial y la necesidad de decolonizar las ciencias sociales (Castro-Gómez, 2005; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Leyva, Burguete y Speed, 2008; Leyva et al., 2015; Santos, 2006; Smith, 1999; Walsh y Schiwy, 2002). Con el presente artículo pretendemos contribuir a la discusión en el ámbito de los “estudios migratorios”, insistiendo en la necesidad de repensar sus conceptos, epistemologías y métodos de investigación. Asumimos como punto de partida la colonialidad del poder (Quijano, 2000) implícita en el hecho de la movilidad humana y en las políticas relacionadas con su “gestión”, destacando la permanencia de formas de dominación instituidas por la modernidad que, una vez concluida la experiencia histórica del colonialismo, siguen estructurando la división global del trabajo, la producción de centros y periferias y los procesos de clasificación racial de diferentes colectivos humanos (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p. 13) gobernados bajo el prisma de las migraciones. Igualmente, resaltamos la colonialidad del saber (Lander, 2000) desde la cual, dicha movilidad ha sido pensada por las ciencias sociales, poniendo de manifiesto la necesidad de problematizar la idea misma de “(in)migración(es)” y la categoría “(in)migrante(s)”. Conforme con este enfoque, en los apartados sucesivos plantearemos varios interrogantes, en particular: ¿qué implica la idea de migración en su acepción socialmente difusa?, ¿Qué/quién es migrante, y quién tiene el poder de definir qué/quién lo es?, ¿Cómo se traducen estas nociones y categorías en el ámbito académico?, ¿Qué influencia tienen todas estas cuestiones en el diseño y desarrollo de las investigaciones? Especialmente, resaltaremos la tensión entre la necesidad de cuestionar algunas de estas nociones y categorías —para establecer una relación más horizontal entre “sujetos” y “objetos” de estudio en el trabajo de campo etnográfico— y la exigencia opuesta de seguir visibilizándolas, para denunciar las relaciones de poder desiguales implícitas en el modelo de ciudadanía neoliberal. Posteriormente, abordaremos cuestiones más propiamente metodológicas: primero nos preguntaremos si, para deconstruir las migraciones desde una perspectiva decolonial, podría ser útil situarse en contextos de estudio no previamente alterizados como “migratorios”. A continuación, defenderemos un acercamiento implicado y activista al trabajo de campo —investigar “junto” y “con” antes que “sobre”—, discutiendo la etnografía colaborativa como propuesta metodológica decolonial y herramienta de apoyo a los procesos de subjetivación política. Luego, aportaremos algunos ejemplos procedentes de nuestro actual proyecto de investigación, ilustrando cómo las implicaciones de nuestras reflexiones se materializan en prácticas de acción social.

2 Las migraciones entre lo social, lo político y lo académico

Con el objetivo de reflexionar sobre la relevancia social que las migraciones suponen en el momento actual, ahondaremos en las implicaciones que estas acarrean desde la perspectiva tanto de las políticas públicas como de las ciencias sociales. Posteriormente, discutiremos cómo esta noción se articula con las relaciones de poder desiguales vertebradas por el modelo de ciudadanía neoliberal.

2.1 Migraciones e (in)migrantes: poder de nombrar, pensamiento de Estado y colonialidad del poder/saber

Aunque haya asumido características específicas en las últimas cuatro décadas (Castles y Miller, 1993/2004), la movilidad humana siempre ha existido. Pero que determinados tipos de desplazamientos —los que acontecen entre Estados-nación y se adscriben a motivos laborales o trayectorias vitales— sean problematizados como migraciones es consecuencia de un lugar de enunciación históricamente determinado y expresa una geo-política y una corpo-política del conocimiento. En efecto:

1) La idea de (in)migración(es) no puede ser entendida sin remitir al proceso mediante el cual el Estado-nación consiguió hacerse con el monopolio del control sobre la movilidad humana (Torpey, 2000/2006). De ahí que las migraciones estén intrínsecamente conexas al “pensamiento de Estado” (Sayad, 1999/2002) y a sus prácticas de gobierno de la movilidad laboral (Mezzadra, 2001/2005; Moulier-Boutang, 1998/2006). Incluso, ante la intensificación de la globalización capitalista y la emergencia de nuevas formaciones transnacionales como la Unión Europea (UE), la trascendencia de esta relación sigue manifestándose de múltiples maneras —empezando por la primacía nacional sobre las políticas de “integración de inmigrantes”, sancionada por el art. 79.4 del Tratado de Lisboa, y continuando por la vinculación de la “ciudadanía de la UE” a la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro.

2) Desde un punto de vista geopolítico, la idea de migración(es) se utiliza a menudo para impulsar procesos de clasificación y jerarquización de poblaciones definidos en base a la imbricación de distintos ejes —como la “procedencia” y la “raza”—. De nuevo, retorna útil el ejemplo de la UE, cuyas políticas públicas distinguen entre “ciudadanos europeos” y “nacionales de terceros países no comunitarios”, otorgando la calificación de “expatriados” a los primeros y de “inmigrantes” a los segundos: de ahí que la atribución de cierta “europeidad” a los sujetos que se desplazan sea consustancial a los mismos términos de elección entre el uso de un término o del otro (Sayyid, 2004)².

Por tanto, no es casualidad que los desplazamientos humanos problematizados como “migraciones” sean generalmente aquellos que se dirigen en sentido inverso a los procesos de colonización —es decir, los que proceden de las antiguas colonias, convertidas en Estados-nación formalmente independientes, a las metrópolis occidentales—. Hoy día, en el contexto europeo, decir que alguien es migrante implica casi siempre un proceso de clasificación social y racial (Gil, 2010; Quijano, 2000; Silverstein, 2005). De ahí que los términos utilizados para clasificar, aun articulándose con las categorías jurídicas de “nacional” y “extranjero”, tiendan a superarlas. Por un lado, no hay que ser extranjero para ser considerado migrante: nociones como la de “segunda” o “tercera generación”, aplicadas a personas que nunca se han movido de su país de nacimiento, pero que son sometidos a procesos de racialización (Grosfoguel, 2004) a partir de ciertos marcadores de alteridad como “no blancos”, “no europeos” o “pobres” (Fassin, 2001), son muestra de ello. Por otra parte, extranjeros no comunitarios “blancos” y procedentes de países “ricos” no suelen ser problematizados como inmigrantes. De ahí la ambivalencia de la idea de (in)migración(es), pues esta unifica a la vez que diferencia (Balibar, 1988/1991, p. 220), expresa “demasiado” y “demasiado poco” al mismo tiempo: demasiado porque, al haberse “ensanchado” progresivamente, ha terminado por incluir situaciones que ni siquiera tienen que ver con la movilidad; y demasiado poco porque, si no es articulada con otros ejes —como la clase, la raza/etnicidad, el género, la religión/espiritualidad, la edad, etc.—, su capacidad interpretativa se encuentra reducida. Es justamente en dicha ambivalencia que residen tanto la potencia como la debilidad del concepto.

2.2 La construcción de las migraciones como objeto de estudio: entre nacionalismo metodológico y representaciones pasivizantes

La geo-política y la corpo-política del conocimiento implícitas en la idea de (in)migración(es) también afectan al plano epistemológico, siendo dos las principales consecuencias que queremos destacar de cara a la investigación social:

1. La naturalización del “nacionalismo metodológico”, es decir, del Estado-nación como unidad contenedora de los fenómenos sociales a analizar (Wimmer y Glick Schiller, 2002). Esta tendencia, que puede considerarse el correlato del pensamiento de Estado en las ciencias sociales, implica un pre-acotamiento apriorístico de los fenómenos que no es resultado de la acción social (Suárez, 2008). Al concentrarse, desde la perspectiva de las sociedades receptoras, en el momento de la in-migración, separa de manera ficticia y etnocéntrica dos momentos que, en la experiencia de quienes los experimentan, se encuentran estrechamente imbricados —la “emigración” y la “inmigración” (Sayad, 1984/2008)—. Además, produce como “ausente” y “no existente” (Santos, 2010) lo que acontece “al otro lado”, antes de la llegada a la sociedad receptora. Esta operación no solo supone una fragmentación de la experiencia social en diversos “compartimentos estancos”, sino que termina naturalizando las relaciones de poder globales inscritas, en un plano “macro”, en la geopolítica del sistema/mundo moderno/colonial, y a un nivel “micro”, en los propios cuerpos de quienes emigran/inmigran. Este acercamiento, por tanto, acarrea todos los riesgos de una “antropología de las migraciones que es planteada desde el punto de vista acrítico (efectivamente nativista) del ciudadano (no migrante) del Estado-nación (‘receptor’ de migrantes)”, terminando por obviar “las desigualdades globales que producen geo-política y jurídicamente a personas móviles que cruzan las fronteras estatales como ‘ajenos’ y ‘extranjeros’ no ciudadanos, eso es, como ‘migrantes’” (De Genova, 2016b, p. 235, cursivas en el original).
2. La reducción de la(s) persona(s) migrante(s) a “objeto de estudio” antes que “sujeto político”. Desde la investigación social, a menudo “encorsetamos a los sujetos con los que realizamos nuestras investigaciones, convirtiéndolos en compendios de alteridad que legitiman nuestra investigación antropológica” (Gregorio, 2009, p. 8). De ahí la urgencia de cuestionar “las prenociones que conforman la formulación de nuestras preguntas y las dinámicas político-institucionales mediante las que la inmigración se ha venido construyendo como problema para las ciencias sociales en general y la antropología social en particular” (Gregorio, 2009, p. 1). Para decirlo a modo de pregunta: ¿cómo se ha construido el “objeto teórico” de estudio inmigración en las ciencias sociales? ¿Qué relación ha tenido su acepción “académica” con los contenidos radicados en el imaginario hegemónico? En el contexto español existe una correspondencia, cuando menos cronológica, entre la emergencia de las migraciones como “asunto público” y su transformación en tema de investigación: es en los noventa cuando se realizan los primeros estudios, alentados por crecientes subvenciones gubernamentales orientadas a “conocer” y “gestionar” mejor lo que se venía configurando al mismo tiempo como un “problema social” y un “área de investigación”, esto es, “una inmigración que se prefigura como amenaza a la supuesta homogeneidad cultural del estado-nación” (Gregorio, 2009, p. 3). Todo lo cual remite a una cuestión central: las tendencias cosificadoras de las investigaciones hegemónicas a la hora de interpretar las experiencias y la agencia de los/las migrantes. Un estudio de Alberto Arribas (2018) sobre el contenido de las comunicaciones en congresos y los artículos de revista publicados en los últimos años ilustra una “doble ausencia” consistente, por un lado, en la escasa relevancia otorgada a las personas migrantes como sujetos políticos en la literatura sobre migraciones, y por el otro, en el lugar residual ocupado por ellas en la literatura sobre acción colectiva y movimientos sociales: “Parecería que —salvo contadas excepciones— la dimensión política pasa desapercibida para quienes estudian ‘migrantes’, del mismo modo que los y las ‘migrantes’ pasan desapercibidos para quienes estudian las prácticas contemporáneas de acción colectiva” (Arribas, 2018, p. 380-383). Otras indagaciones llegan a conclusiones similares, argumentando que el lugar de enunciación desde el que se construyen las categorías de muchas investigaciones es básicamente unilateral, planteándose la producción de conocimiento “exclusivamente desde las categorías del investigador” (García, López y Thamm, 2014, p. 114). Así pues, “la perspectiva emic salvo contadas excepciones, lamentablemente brilla por su ausencia en las investigaciones, al ser fagocitada por la generalización y encorsetada en demarcaciones etno-nacionales” (Gregorio, 2009, p. 4, cursivas en el original). A pesar de la gran producción de investigaciones, tesis doctorales, programas de posgrado, congresos y publicaciones, se detecta una sobresaturación en ciertas temáticas (políticas migratorias, relaciones de alteridad generadas en el país de llegada y en el de origen, relaciones interculturales, educación y migración, género y migración, redes migratorias, prácticas transnacionales, procesos de reunificación familiar, participación, trabajo doméstico, políticas de integración, mediación intercultural o gestión de la diversidad, entre otros) (García, Álvarez y Rubio, 2011, pp. 208-209); sin embargo, sigue existiendo una desatención epistemológica (Santamaría, 2008) y metodológica sobre el estudio de los procesos migratorios. Esta “ansiedad” por conocer, desmenuzar, clasificar y ordenar a las personas migrantes con sus distintas prácticas, perfiles y características económicas, sociales, demográficas, etc., apartando la mirada de las relaciones de poder desiguales dentro de las cuales su experiencia migratoria tiene lugar, terminan por naturalizar y reproducir el imaginario social anteriormente esbozado. Y lo que es peor, este paradigma de investigación produce el “desempoderamiento” de las mismas personas “estudiadas”, generando una “representación de los y las migrantes como objetos de conocimiento a quienes se investiga y clasifica, sobre quienes se debate, se legisla, se regula —se gobierna—”, pero cuya agencia y subjetividad política son invisibilizadas (Arribas, 2018, p. 382).

2.3 Ciudadanía neoliberal y gobierno a través de la diferencia

En función del presente análisis, podría tomarse en consideración la “superación” o, cuando menos, el cuestionamiento de las categorías de “(in)migrante” e “(in)migración(es)”. Sin embargo, el mero abandono de los términos correría el riesgo de invisibilizar los procesos de alterización, racialización e inferiorización en los que se inscribe la movilidad humana y terminaría allanando las especificidades que la “condición migrante”, con todas sus ambivalencias, acarrea. Es que dichas ambivalencias, lejos de ser el simple reflejo de la polisemia inherente a todo enunciado, remiten a procesos más profundos: condensan una tensión social, histórica y política colonial subyacente en el modelo de ciudadanía neoliberal.

Profundicemos en la cuestión: el “gobierno” (Foucault, 1978/1991) neoliberal de las sociedades capitalistas contemporáneas es un gobierno “de” y “por la diferencia” y su gestión biopolítica de las poblaciones se lleva a cabo de la siguiente manera:

No eliminando las diferencias, pero sí estandarizándolas: es decir, acotando y clasificando a la población en grupos bien definidos y estancos, convirtiendo las diferencias en categorías. Así pues, la gestión se ejerce sobre grupos de sujetos concretos y etiquetados, puesto que es más fácil gobernar categorías acotadas que hacerlo sobre una masa informe de ciudadanos que encierra una multiplicidad que asusta. (Ávila y Malo, 2008, párrafo 6)

Así pues:

Por un lado, la ciudadanía neoliberal legitima las desigualdades en el acceso a los derechos fundamentales basándose en los méritos y los fracasos individuales [...] Por el otro, en la medida en que la mercantilización tiende a producir anomia y conflictos en lugar de cohesión social, la ciudadanía neoliberal opera a través de la criminalización y racialización de los grupos marginales. (Oliveri, 2015, p. 494)

Desde este punto de vista, tanto “autóctonos” como “inmigrantes” están sujetos a multitud de procesos de “inclusión diferencial” (Mezzadra y Neilson, 2013/2014) y de “burorrepresión”³ (Ávila y García, 2013) en función de las “identidades” que les son “adscritas” en término de clase, género, raza/etnicidad, procedencia, religión/espiritualidad, edad, etc. Estos posicionamientos no son fijos, sino inestables, cambiantes, fluctuantes (Ávila y Malo, 2008): tanto porque las propias lógicas del gobierno social y económico impulsan constantes “ascensos” y “descensos”, como porque los procesos de subjetivación que cuestionan las categorías impuestas generan constantemente luchas, resignificaciones y transgresiones (Álvarez, 2001). Pero el que sean inestables no significa que no produzcan efectos: por consiguiente, hay una relación entre las lógicas hegemónicas del gobierno de lo social y las categorías y clasificaciones que son impulsadas por las políticas públicas, diferenciando no solamente entre “migrantes” y “autóctonos”, sino también “dentro” y “a través” de ellos. Su forma de “nombrar” a los sujetos de distintas maneras, asociando a cada definición un posicionamiento diferenciado en el acceso a determinados derechos, representa un dispositivo de poder, pues faculta para hacer ciertas cosas antes que otras, otorga titularidad para el goce de ciertas prerrogativas y no de otras, da lugar a exigencias y expectativas diferenciadas según qué grupo social. Para limitarnos al ámbito de las migraciones, cabe señalar la cantidad de figuras, connotaciones y adjetivos asociados a la categoría de (in)migrante, siendo muchas de ellas creadoras de estatus jurídicos diferenciados: “legal”, “regular”, “irregular”, “ilegal”, “indocumentado/a”, “sin papeles”, “circular”, “de larga duración”, de “primera”, “segunda” o “tercera generación”, “retornado/a”, “reagrupado/a”, “cualificado/a”, etc.⁴ Esta panoplia de categorías vertebra “saberes” y “haceres” que son centrales para la (re)producción de las desigualdades implícitas en la ciudadanía neoliberal, en la medida en que justifican y fundamentan el trato diferencial en función de las (pretendidas) características atribuidas a ciertos colectivos.

3 Dilemas metodológicos

3.1 ¿“Alejarse” de las migraciones para “acercarse” de otros modos a ellas?

Las consideraciones aportadas en el anterior apartado suponen dilemas que no son únicamente terminológicos, sino que también remiten a la metodología y consecuentemente a un posicionamiento epistemológico. Se nos hace acuciante el siguiente interrogante: ¿sería una buena opción, con vistas a decolonizar la investigación sobre migraciones, dejar de situar nuestras prácticas investigadoras en contextos previamente alterizados como “migratorios”? ¿Sería útil no plantear este escenario como punto “natural” de partida? Parecería sensato cuestionar una necesidad profesional sentida a menudo por quien investiga, la de preocuparse (teóricamente) por “migrantes” y “migraciones” solo cuando estas encarnan expresamente los rasgos socioculturales que se les suelen atribuir, solo cuando manifiestan las problemáticas “sectoriales” y “específicas” que se suelen esperar de ellas. Sin pretender dar respuestas tajantes, trataremos de enriquecer la discusión partiendo de nuestra experiencia concreta de investigación. El elemento interesante es que los interrogantes aquí formulados no habían sido incluidos en su diseño inicial, pues esta no había sido pensada como una investigación sobre migraciones.

En nuestro proyecto nos planteábamos dos objetivos principales, uno de carácter metodológico —explorar nuevas formas de hacer investigación etnográfica desde la producción colectiva de conocimiento— y otro de carácter teórico —el análisis de las formas emergentes de subjetivación y acción política—. Nuestro equipo estaba particularmente interesado en llevar a cabo una etnografía colaborativa “junto” y “con” los movimientos por el derecho a la vivienda en el contexto del Estado español, así que algunas empezamos a trabajar a finales de 2015 con “Stop Desahucios Granada-15M” (https://afectadosporlahipotecagranada.com/), mientras que otra parte del equipo, compuesta por Rocío García Soto y Borja Fernández Alberdi, empezó a trabajar con la “Obra Social” de Barcelona. El diseño elaborado previamente en ningún momento incluía la palabra “migrante” o “migraciones”: tal como la habíamos conceptualizado, se trataba de una investigación sobre nuevas formas de subjetivación política⁵ —un tema desde el cual, como hemos visto, la mayoría de las investigaciones no suele acercarse a las migraciones—. Las temáticas que pretendíamos abordar no eran por tanto conceptualizadas como “migratorias”, ni tampoco los actores junto a los cuales aspirábamos a investigar habían sido definidos previamente como “(in)migrantes”, sino como personas afectadas por un proceso de desahucio —siendo que la pérdida de la vivienda en el Estado español ha afectado a muchísimas familias de todo tipo, sin limitarse a un problema circunscrito para un grupo de población concreta—.

No obstante, sobre la marcha nos encontramos con asuntos que también remitían a las migraciones y conocimos personas que, entre otras cosas, habían experimentado procesos de emigración/inmigración y procedían de otros países (no comunitarios). Es más: descubrimos que “Stop Desahucios Granada-15M” es un movimiento con una relevante presencia de personas “migrantes”, que en el proceso de lucha se auto-empoderan junto a las “autóctonas”: vecinas, todas. También nos dimos cuenta de que este colectivo, al igual que otros movimientos por el derecho a la vivienda, a pesar de no tener entre sus objetivos explícitos la lucha contra el racismo —un mecanismo de dominación que afecta particularmente a las personas migrantes, aunque no solo a ellas—, tenía unas potencialidades antirracistas “latentes” a no menoscabar (Avallone, 2016; Sebastiani, García y Álvarez, 2017). Al mismo tiempo, detectamos que el principal mérito antirracista del movimiento —su vocación universalista, que se traduce en la reivindicación de derechos para todas sin diferenciar en base al origen—, también constituía uno de los principales límites que le impedían detectar los agravios comparados y las prácticas de racismo institucional⁶ experimentadas por algunas personas afectadas por problemas de vivienda, por ejemplo con respecto del trato recibido por parte de trabajadores/as sociales, abogados/as de oficio, funcionarios/as de las administraciones públicas o empleados/as de bancos, así como de los requerimientos burocráticos y legales exigidos para la cumplimentación de determinados trámites.

En otras palabras: aunque de entrada la “condición migrante” no fuera relevante para el discurso público de Stop Desahucios Granada-15M, tanto la agencia de las/os compañeras/os migrantes dentro del movimiento como las problemáticas específicas que les afectaban se nos fueron visibilizando por el camino. No recorrimos el camino tradicional: aquel que pasa, primero, por buscar a “personas migrantes” que viven y residen en “nuestras” sociedades receptoras, para posteriormente seleccionarlas, aislarlas de su contexto relacional y preguntarles acerca de su “experiencia”, “trayectoria” o “condición” específicamente migrante y solo o principalmente sobre ella. Tuvimos la “suerte” de aproximarnos a ellas precisamente recorriendo el camino inverso.

3.2 La investigación colaborativa como metodología decolonial y proceso de subjetivación política

Una praxis investigativa decolonial no puede limitarse a referenciar teóricamente autores/as de este movimiento sin prestar atención a los procedimientos mediante los cuales las enunciaciones son construidas. Creemos que una apuesta por producir un giro decolonial, necesariamente debe hacernos repensar las metodologías y técnicas que tradicionalmente hemos venido utilizando. Porque de lo contrario, seguiríamos anclados en la práctica colonial de producción de conocimiento, separando nítidamente la teoría de la práctica. Nos preocupa que trabajos proclamados como decoloniales sigan atrapados en la gramática y lógica colonial al seguir hablando de “mis informantes”, “observaciones participante”, “recogida de datos” o de “mi objeto de estudio” (haciendo referencia no a la problemática teórica, sino a las personas); lo que sin duda, no permite salirse de la cárcel epistemológica-existencial (Adlbi Sibai, 2016) sustentada en la autoridad-individualidad experta de la persona académica. Si queremos basar nuestros saberes en experiencias concretas y aterrizadas, no podemos habitar aparentemente un paradigma otro, pero continuar utilizando las reglas de juego reconocidas y validadas por el proyecto moderno/colonial. Como señala Jesús Ibáñez:

Un sociólogo [o antropólogo/a] es un dispositivo de reflexividad. A través de él la sociedad reflexiona sobre sí. Para que esto sea posible, a la vez que piensa ha de pensar su propio pensamiento. El producto no puede abstraerse de su proceso de producción. (Ibáñez, 1985, p. 3)

En consecuencia, nuestra praxis investigativa debería estar atravesada y encarnada a lo largo de todo el proceso, en sus formas, de las mismas reivindicaciones y enunciaciones que se proclaman. Solamente así podremos comenzar a debatir sobre la superación de las falsas dicotomías (saber experto-saber no experto, teoría-practica, racionalidad-sentimientos, objetividad-subjetividad, sujeto-objeto, etc.) en las que se ha ido asentando el proyecto moderno/colonial desde el siglo XV.

Desde nuestra experiencia, el intento por decolonizar la investigación etnográfica significa pensar en otras formas de producir conocimiento, que necesariamente nos invitan a pensar en la acción política y colectiva. Pensamos en términos de investigaciones colaborativas o de co-labor que encarnan procesos colectivos donde tratamos de superar los principios de clasificación y jerarquización en los que se ha sustentado y legitimado el discurso cientificista del proyecto moderno/colonial. Pero, al mismo tiempo, nuestra propuesta de etnografía colaborativa es una tentativa de fuga de los principios neoliberales individualistas, que apuesta por construir colectivamente, desde, junto a y a partir de prácticas y luchas concretas. Frente a la competencia y la individualidad, se propone una metodología de investigación situada y encarnada, inscrita dentro de un proceso políticamente implicado y con la vocación de co-producir a lo largo de todo el proceso de co-investigación. Una praxis investigadora colaborativa en donde las dimensiones relacionales, comunicativas y de cuidados, son otras formas de hacer política (Segato, 2016) en los espacios y contextos donde transcurre nuestro día a día. Este mismo artículo es fruto de un proceso reflexivo surgido en el seno del movimiento, a partir de experiencias que hemos vivido y discusiones que se han dado en los espacios que habitamos, durante las asambleas y los procesos de acompañamiento a casos concretos en los que nos hemos comprometido.

Creemos que este tipo de investigación expresa una gran capacidad para adaptarse, acompañar y dejarse afectar por los procesos colectivos de subjetivación política que tienen lugar dentro de un grupo como Stop Desahucios-Granada 15M, además de poderse considerar la investigación colaborativa en sí misma como un proceso de subjetivación política (ver Olmos, Cota, Álvarez y Sebastiani, 2018). Conforme con esta aspiración, en nuestro proceso de investigación hemos tratado de alejarnos de un acercamiento meramente “académico” y “extractivista” a las técnicas de investigación, tratando de utilizarlas como “dispositivos de escucha” hacia adentro antes que como herramientas para la producción de materiales de análisis para el “equipo investigador”. Así, hemos tratado de hacer que los 15 “grupos de debate” y las 15 “entrevistas-conversaciones” hasta ahora realizadas (en dos diferentes asambleas del movimiento) fueran útiles primeramente para los propios procesos políticos del grupo. Es precisamente gracias a las peculiaridades de los dispositivos de investigación adoptados que hemos podido “encontrarnos” con los procesos de subjetivación política de las personas afectadas por problemas de vivienda —entre ellas, las de origen migrante—, acercándonos así a las “migraciones” y a las/los “migrantes” no desde una perspectiva “tradicional” y “cosificadora”, sino al calor de la lucha política y de su propio proceso de agenciamiento político.

4 La “condición migrante” en y desde los movimientos por el derecho a la vivienda

En este apartado primero aportamos informaciones sobre el contexto de realización de nuestra etnografía colaborativa con Stop Desahucios Granada-15M, para posteriormente discutir ejemplos concretos de cómo operan “en la práctica” las tensiones entre universalismo y particularidad relacionadas con la “condición migrante” adscrita a algunas de nuestras compañeras, personas que afrontan la lucha por su vivienda.

4.1 Contextualización de Stop Desahucios Granada-15M

Desde al año 2008, el problema de la vivienda ha sido una de las injusticias sociales que mayor politización ha suscitado en el contexto español. La financiarización de la vivienda, la sobreacumulación en el sector inmobiliario, la concesión irresponsable de créditos por las entidades financieras son algunas de las causas que originaron la crisis, conllevando desde 2008 la ejecución de más de medio millón de desahucios (Consejo General del Poder Judicial, 2018). Actores como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Obra Social y grupos Stop Desahucios surgieron ante la incapacidad del Estado de proporcionar soluciones políticas y prácticas a la situación de emergencia habitacional del momento (Sebastiani, Fernández y García, 2016) y constituyen, actualmente, los movimientos más activos por el derecho a la vivienda, actuando a través de la colectividad, la horizontalidad, la no violencia y el asamblearismo. En particular, Stop Desahucios Granada-15M surge en el contexto de los movimientos de indignación que se vivieron a partir de mayo de 2011. El grupo en su día a día realiza distintas actuaciones: si hasta 2013 la práctica de lucha principal consistía en impedir los desahucios, concentrándose enfrente de las viviendas afectadas, después de la aprobación gubernamental (2013) de una moratoria sobre los desahucios que aún está vigente (hasta mayo de 2020), su principal actividad reivindicativa son las concentraciones semanales frente a las sucursales de los bancos más hostiles a la negociación⁷.

A día de hoy, Stop Desahucios Granada-15M cuenta con una decena de asambleas —las instancias fundamentales de toma de decisiones— que se reúnen en barrios y pueblos de la provincia de Granada y varios grupos de trabajo, formación y coordinación. A las dos asambleas más grandes suelen acudir entre treinta y sesenta personas cada semana y el perfil es múltiple y variado: pequeños empresarios/as, personas trabajadoras precarias, desempleadas, jubiladas, estudiantes universitarios/as, etc. Quienes participan en el movimiento suelen ser: personas que viven directa o indirectamente un caso de pérdida del hogar habitual a manos de bancos o instituciones públicas de vivienda (las “afectadas”), personas que o bien ya resolvieron su caso y siguen apoyando la lucha, o bien están involucradas con la consecución efectiva y el ejercicio real del derecho a la vivienda. Al igual que otros colectivos surgidos a raíz de la crisis en defensa del derecho a la vivienda (Colau y Alemany, 2012; Suárez, 2014), también en Stop Desahucios-15M una parte importante de las personas participantes son migrantes “no comunitarios”, en mayoría procedentes de países “árabes” o “latinoamericanos”; igualmente, hay una presencia relevante de ciudadanos españoles racializados —a menudo se trata de jóvenes que acompañan a su familia y la ayudan a la hora de gestionar sus trámites—. Por tanto, ¿cómo se articulan estas posiciones “diferenciales” con la lucha universal por el derecho a la vivienda que el colectivo lleva a cabo? Veámoslo en el siguiente apartado.

4.2 La “condición migrante” entre luchas universalistas e imposiciones externas

En este sub-apartado vamos a tratar de aterrizar, aportando experiencias concretas, la tensión entre la aspiración universalista del derecho a la vivienda y las realidades “diferenciales” que las personas migrantes del movimiento afrontan en las resoluciones de sus casos.

Para empezar, el derecho a una vivienda digna es construido discursivamente por el colectivo como un derecho humano universal. Sin embargo, no podemos limitarnos a dar abstractamente por sentado un principio que en nuestra cotidianidad es constantemente puesto a prueba; por lo que, siguiendo a Jacques Rancière, consideramos que:

El modo de eficacia de la universalidad en la política es la construcción, discursiva y práctica, de una verificación polémica, un caso, una demostración […] La universalidad no reside en los conceptos así invocados, sino en el proceso polémico que demuestra sus consecuencias (Rancière, 1992/2000, p. 147).

Entendemos entonces, la universalidad en Stop Desahucios Granada-15M como una construcción continua, discursiva y práctica, que se pone a prueba constantemente. Así, por ejemplo, si la Constitución Española (1978) afirma que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, esto podría haber sido interpretado desde un lugar excluyente y delimitado a la identidad nacional; sin embargo, el colectivo trabaja de manera continuada para desbordar esta exclusión y garantizar su universalidad. Por consiguiente, cuando un discurso racista ha surgido por parte de alguna persona durante la asamblea, éste ha sido rápidamente confrontado, señalando que son las entidades bancarias las responsables de la pérdida de su vivienda, así como del número de viviendas vacías (y habitables) superior a los desahucios que se llevan a cabo. También se ha apuntado a la inactividad del gobierno para ponerle remedio y su connivencia con los agentes financieros y empresariales de la vivienda, para después insistir en que las personas extranjeras también son afectadas por un problema de vivienda y por lo tanto deben ser consideradas compañeras de la misma lucha; algo que es extensible a otros movimientos⁸. La aparición de discursos racistas expresamente excluyentes en una de las asambleas donde hemos venido trabajando ha tenido carácter de excepcionalidad, y prácticamente se han dado dos o tres situaciones en el tiempo que llevamos participando, frente a los centenares de casos acompañados y resueltos con independencia de la procedencia de las familias afectadas. Algo más frecuente han sido los discursos que remiten a lógicas culturalistas, como solicitar para el acompañamiento de una familia extranjera el apoyo entre ‘compatriotas’ que ya forman parte del grupo, por su aparente ‘origen compartido’, aunque en realidad se desconociera⁹. Otro hecho similar acaecido fue el de una compañera que, unido a su problema de vivienda, aparejaba graves problemas de salud y que se negó a aceptar un alquiler social en un barrio periférico, alegando sus dificultades para la movilidad y la escolarización de su hijo en el centro de la ciudad. Una compañera en un círculo pequeño de conversación “apuntó” que esto se debía “al poder que tienen los hombres en su cultura”, ya que “es su hijo el que no quiere” (Diario de campo, 2 de julio de 2017). No obstante, como un principio del movimiento es que la persona afectada decide cómo gestionar su caso, el colectivo acompañó su reivindicación, consiguiendo un alquiler social en un pequeño apartamento del centro de la ciudad.

Estos discursos, alguna vez han encontrado respuestas cuestionando la etnicidad percibida y otras veces se han dejado pasar sin darles demasiada importancia y sin reforzarlos. Ahora bien, como afirmábamos en el anterior apartado, Stop Desahucios Granada-15M es un colectivo sin un acuerdo programático de partida, es una “puesta en práctica de la igualdad —tratamiento de un daño—” (Rancière, 1992/2000, p. 148), con independencia de las trayectorias políticas de sus integrantes, que son múltiples e incluso contradictorias. Por lo tanto, no se trata de mitificar a nuestro colectivo sino de apuntar su potencial para el “antirracismo” pues, al fin y al cabo, si pensamos que estos discursos son comunes en nuestra sociedad, el colectivo solo es reflejo de la sociedad en la que habitamos. En este sentido, lo que parece más interesante es mostrar cómo, a través de las luchas colectivas y los procesos de subjetivación desplegados por el grupo, se producen prácticas que desafían al racismo “materialmente”, en su dimensión generalmente menos reconocida, aquella que se da en el terreno institucional y del gobierno de lo social. A este respecto, tal y como avanzábamos al principio de este epígrafe, la imposición de la categoría migrante y sus efectos sobre la desigualdad, emergen de manera más continuada por condicionamientos “externos” que nos atraviesan (más que por experiencias de exclusión que se den al interior). Veamos por tanto algunos ejemplos de ello¹⁰.

“Pues si aquí no tienes casa, vete a tu país” dijo una trabajadora social a una compañera nuestra cuando le anunció que iba a ser desahuciada de su vivienda (Diario de campo, 27 de marzo de 2017). A pesar de no contar con recursos propios, tener un bebé a su cargo, y una sentencia a su favor, como víctima de violencia de género, el acceso a los recursos a los que tenía derecho solo le fueron reconocidos e implementados en una segunda cita con Servicios Sociales acompañada por otros/as integrantes de Stop Desahucios. Para justificar su negativa a atenderla en la primera ocasión, la trabajadora social argumentó que la relación entre ambas se había deteriorado debido a las “mentiras” y al mal uso que habría hecho de los recursos de los que ya había sido beneficiaria. Es una situación frecuente que nuestras compañeras/os extranjeros/as de Stop Desahucios Granada-15M tengan que acudir a Servicios Sociales acompañados por otros miembros del colectivo para que sus demandas sean atendidas, mientras que, las explicaciones para la desatención suelen ser fundamentadas por las profesionales señalando que son las personas usuarias quienes no muestran compromiso por salir de la situación de beneficiaria o que, ya han “derrochado” una ingente cantidad de recursos públicos (que además habrían mal-utilizado) (Diario de campo, 6 de junio de 2018). Si bien esto no es una situación exclusiva de las personas extranjeras y afecta a muchas otras, hay que tener en cuenta que las personas migrantes suman estas situaciones, a otras distintas formas de exclusión de acceso a los recursos por su propio carácter de persona extranjera; pues como nos cuenta Joan Cortinas (2012) para el caso de una trabajadora social, con nueve años de experiencia, que habría suspendido el acceso a la Renta Mínima a un inmigrante con derecho a recibirlo, por haber estado en Marruecos cuidando de su padre en el hospital, pero no pudiendo aportar un justificante debido al funcionamiento distinto de la burocracia, “la continuidad/suspensión del derecho puede ser percibida, por parte de los trabajadores sociales, como un instrumento educativo, más que como un derecho” (2012, p. 102).

Podemos afirmar entonces que, sobre las personas migrantes, existen importantes “agravios comparados” a la hora de alcanzar los recursos a los que tienen derecho, dado que, quienes con frecuencia disponen de menos tiempo, menos información y menos redes, son quienes más burocracia tienen que enfrentar (Ávila y García, 2013). Además, se establecen contraprestaciones y requisitos “extras”, que son entendidos como un instrumento educativo para otorgar o denegar recursos en función de lo que consideren las/os profesionales de Servicios Sociales que atienden los casos. Cortinas, además, considera que los profesionales de lo social tienen más libertad para definir sus propios criterios sobre recursos que son objeto de derecho y los distingue de otros dispositivos, como por ejemplo:

Los procesos de gestión de las demandas de permisos de residencia o de asilo político, en los que las directivas políticas parecen influir directamente, mediante fuertes controles y sanciones, en las lógicas de gestión de los agentes del Estado que las ejecutan, y donde se trata, ante todo, de actuar en función de las directivas político-administrativas, es decir, de ejecutar una tarea de aplicación de las normas (Spire, 2008 en Cortinas, 2012, p. 97).

Así pues, nuestros/as compañeros/as, para conseguir hacer efectivo su derecho a los recursos, tienen que enfrentarse a dos tipos distintos de burocracia: por un lado, la relativa a su situación de extranjería, cuyos requerimientos son constantemente modificados por directivas político-administrativas que afectan a sus posibilidades de alcanzar derechos; por otro lado, con respecto a su problema con la vivienda, tienen que demostrar materialmente la inexistencia de recursos propios y, además, demostrarle a la profesional que tramita su caso la existencia de un aprendizaje y esfuerzo continuado por cambiar la situación en los términos en los que la profesional considere, porque los recursos le pueden ser otorgados/suspendidos/denegados en función de dichas contraprestaciones.

Otra de las cuestiones donde la categoría de migrante emerge, son las derivadas de algunas estrategias que emplearon personas extranjeras para conseguir vivienda en un momento (entre 2003 y 2008) en que prácticamente no existían alquileres, su precio era inasequible, o solo podían habitar en determinadas viviendas¹¹. En muchos casos, estas personas compraron viviendas a precios desorbitados¹², sin contar con otros inmuebles o con nóminas de salario fijo que acreditaran la concesión de la hipoteca. Por su parte, las entidades financieras alentaron que otra persona, titular a su vez de una hipoteca, pusiera su vivienda como aval. Este proceso, denominado de “avales cruzados”, fue empleado sobre todo por personas extranjeras, que eran quienes no disponían de otros recursos o redes para conseguir una hipoteca. En nuestra asamblea hay una compañera a quien la hipoteca le fue concedida con el aval cruzado de la vivienda de su cuñado. A pesar de haber conseguido una moratoria temporal de paralización de su desahucio hasta 2020, permanece en una situación de inquietud, por no poder afrontar ambas deudas y no saber cómo resolverá la situación de su vivienda cuando transcurran estos años. Lucas Tello plantea un caso similar e incide:

Uno de los requisitos para poder acceder a la hipoteca en su condición de inmigrante era firmar un aval cruzado. En 2003 comenzaron a proliferar los avales cruzados, primero, entre familiares, luego, entre conocidos; al final, con gente a la que no habían visto en su vida. Algunas cosas han cambiado desde entonces, sin embargo, aún hoy sigue sin poder efectuarse la dación en pago para las hipotecas con avales cruzados (2014, párrafo 2, negritas en el original).

Existe un caso más en el que la “condición migrante” remite a una imposición externa. Para conseguir una moratoria anti-desahucio, paralizar un proceso de lanzamiento hipotecario y (re)iniciar las negociaciones con la entidad financiera de compañeras/os que llegan al grupo en una situación límite, es necesario conseguir la paralización de los procedimientos judiciales —a la par que se lleva el caso desde un lugar político y de negociación—. Como la mayoría de las personas no cuentan con ingresos, es necesario solicitar en justicia gratuita la asignación de abogacía en turno de oficio. La Ley Hipotecaria es pretendidamente compleja y hay compañeras en nuestro grupo que la dominan mejor que los propios abogados, así que, con frecuencia, se dan situaciones de contravenencia entre lo que el grupo (incluyendo la persona afectada) ve que se puede hacer y lo que ve el abogado/a. Además, los abogados suelen no apurar todas las posibilidades disponibles y, en el caso de las personas migrantes, nuestras compañeras dicen sentirse prácticamente ninguneadas. Así ha sucedido al menos en dos casos de acompañamiento que hemos llevado a cabo. Cuando hemos acudido junto a ellas, los abogados han tratado de justificar su inoperatividad señalando argumentos culturalistas de tipo lingüístico-cognitivo. En uno de estos casos un letrado argumentó:

No consigo que nos entendamos. Les he dicho que aún falta por aportar a la documentación los recibos de la comunidad y el informe de exclusión. Ya hemos iniciado tres veces el requerimiento de documentación y dos veces nos han caducado papeles, porque o no me los traen o me traen cosas repetidas (Diario de campo, 7 de febrero de 2017)¹³.

Posteriormente supimos que el informe de exclusión social solo se puede obtener si el abogado lo solicita por vía judicial a la trabajadora social que asiste su caso, pero lo que queremos señalar es que, tras esa reunión, toda la documentación de nuestros compañeros había sido aportada en dos semanas, sin ninguna dificultad y actualmente cuentan, por fin, con una moratoria antidesahucio que les da un respiro económico y emocional y les asegura su pervivencia en el hogar que habitan.

Estas experiencias, que remiten solo a algunas de las cuestiones que hemos presenciado y que podemos relatar, confrontan la idea de una pretendida universalidad que se diera por sentado, desplegando distintos procesos de subjetivación política para poder confrontarlos y hacer la igualdad efectiva. Nos une la lucha por la vivienda como un derecho universal y un problema común de acceso a un hogar habitual que directamente nos afecta, pero es cuando emergen en el día a día conflictos concretos que se rellena el vacío empírico y se pone a prueba la universalidad. Es el caso del racismo institucional, estructural y cotidiano al que nos enfrentamos diariamente, poniendo como horizonte la igualdad para confrontarlo.

5 Conclusiones: “navegar” las ambivalencias para cuestionar nuestros andamiajes

En este artículo, primero hemos deconstruido la idea de (in)migración(es) a partir de sus usos sociales y políticos, resaltando que esta forma específica de nombrar la movilidad humana —algunas manifestaciones de la movilidad humana— se encuentra anclada en el pensamiento de Estado y está atravesada por la colonialidad del poder y del saber. Posteriormente, hemos argumentado que los usos académicos de la categoría de (in)migrante(s), cuando menos en el contexto europeo y español, remiten a una problematización históricamente dada de las migraciones: aquella vertebrada por una agenda política orientada a la “gestión” de una otredad de otra manera considerada amenazante. De ahí la reducción del/la migrante a “objeto de estudio” antes que sujeto productor de conocimiento, de ahí su acotamiento a destinatario/a de intervenciones específicas antes que portador/a de exigencias y enunciados de carácter general.

Para salir de la encrucijada, nos hemos preguntado por otras posibles formas de investigar las migraciones, “junto” y “con” quienes las protagonizan pero sin reducirlos ni atarlos a su propia “condición migrante”: de ahí la atención prestada a la etnografía colaborativa, entendida como una metodología decolonial abierta a las lógicas de la acción social antes que a las categorías previas que la encorsetan, atenta a los procesos de subjetivación política antes que a las clasificaciones impulsadas desde las relaciones de poder vigentes. Recorriendo el camino inverso, hemos empezado por el activismo político de Stop Desahucios Granada-15M para terminar, sin embargo, hablando de nuevo de (in)migración(es) e (in)migrante(s). A este respecto, hemos observado cómo dentro de este colectivo, aunque todos/as sean considerados/a vecinos/as y compañeros/as por igual, algunas personas (migrantes no comunitarios, sujetos racializados, etc.) se encuentran más duramente afectadas por la colonialidad del poder/saber, por los dispositivos neoliberales de gobierno mediante la diferencia, por las prácticas burorrepresivas de inclusión diferencial y por el racismo institucional que se articula en distintas disposiciones legales y administrativas¹⁴. Así pues, parecería no haber fácil escapatoria de los vocabularios dominantes, pues la lógica colonial de clasificación y jerarquización entre poblaciones no deja de moldear la realidad social que pretendemos deconstruir.

Todo lo anterior nos lleva a insistir en una cuestión: la ambivalencia entre lo universal y lo particular implícita en la idea de (in)migración(es) —así como en la categorías derivadas de ella— no es la mera manifestación de su polisemia en el terreno lingüístico, sino que expresa una contradicción relativa a la “materialidad” de los procesos sociales. Nos gustaría no tener que diferenciar entre “inmigrantes” y el resto de la población, pero mientras esta distinción exista y siga operando, parecería sensato seguir adoptando esa terminología, siempre y cuando su empleo crítico permita visibilizar la arquitectura clasificatoria en la que se sustenta la desigualdad social, cultural, económica y epistémica del capitalismo neoliberal y de la colonialidad del poder/saber. No nos queda por tanto otra opción que “navegar” las ambivalencias, utilizándolas a manera de “esencialismo(s) estratégico(s)” (Spivak, 1983/1998) y siendo conscientes de sus implicaciones en cada caso concreto.

Para concluir, queremos resaltar la utilidad de haber “aterrizado” en el debate sobre migraciones a partir de un punto de entrada diferente, recorriendo otro camino del convencional gracias a la práctica de la etnografía colaborativa. Es gracias al despliegue de esta herramienta metodológica —con su potencialidad para cuestionar la dicotomía sujeto/objeto y su mirada atenta a los procesos de subjetivación política incipientes— que hemos podido pensar las migraciones desde otro lugar, cuestionando supuestos epistemológicos y conceptuales subyacentes en su acepción hegemónica pero a menudo invisibilizados. Por todo ello, insistimos en la necesidad no solamente de seguir pensando en formas de desencializar y problematizar las migraciones (y su representación) en las ciencias sociales, sino también de continuar la reflexión sobre los andamiajes conceptuales y metodológicos más adecuados para ello.

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