Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 19, Número 3, 2019

¿Cómo controlar a los políticos? Cibermovimientos sociales y nuevas vías para la rendición de cuentas

How to control politicians? Social cybermovements and new ways for political accountability

• Resumen
• Abstract

1 Introducción

El control de los políticos ha constituido una de las preocupaciones fundamentales del régimen democrático desde sus inicios. El poema de Solón, Eunomía, en torno al 600 a. C., ya advertía de la importancia de tener en cuenta la problemática de los abusos de poder de los gobernantes en los sistemas políticos:

Sus propios ciudadanos, con actos de locura, quieren destruir esta gran ciudad por buscar sus provechos, y la injusta codicia de los jefes del pueblo, a los que aguardan numerosos dolores que sufrir por sus grandes abusos. […] Se hacen ricos cediendo a manejos injustos. Ni de los tesoros sagrados ni de los bienes públicos se abstienen en sus hurtos […]. Mi corazón me impulsa a enseñarles a los atenienses esto: que muchísimas desdichas procura a la ciudad el mal gobierno, y que el bueno lo deja todo en buen orden y equilibrio. (Solón, en García Gual, 1980/1998, pp. 42-43)

Las reformas políticas que inició Solón en el 594 a. C., en la prehistoria de la democracia ateniense, promovieron la creación de nuevos órganos de participación ciudadana y un régimen basado en el honor (timé) y en el buen gobierno (eunomía), con el fin de limitar la corrupción política. Asimismo, las bases del gobierno representativo establecidas por John Locke (1689/2006), destacaban la importancia de controlar la autoridad sin límites del Gobierno. En contraposición a las ideas de Thomas Hobbes (1651/1979), las teorías de Locke establecían la soberanía última en el pueblo, que concedía el poder temporalmente a los gobernantes para que le representara. Según Locke, para que el pueblo pudiera recuperar el poder, se debían establecer unos límites y sistemas de vigilancia para los gobernantes: periodos que controlaran el tiempo de gobernanza, división de poderes que estableciera una supervisión mutua, etc. En 1787, los padres de la Constitución norteamericana amplían las posibilidades de control político con el nacimiento de la democracia representativa, que permitía que los ciudadanos eligieran a sus representantes. El mecanismo electoral se convertía en el eje de la participación ciudadana en un sistema político que ha pervivido hasta nuestros días, y que continúa vertebrando las democracias de partidos del siglo XXI.

Sin embargo, a pesar de los siglos pasados, una cuestión continúa resonando en los estudios políticos y sociales contemporáneos: ¿son suficientes los mecanismos participativos existentes para garantizar el control de los representantes políticos? Transparency International alertaba en 2017 del “carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial” (IPC, p. 1). El 69 por ciento de los ciudadanos de los países analizados (176) otorgaba una puntuación inferior a 50 sobre 100 (correspondiéndose el “0” con la “percepción de muy altos niveles de corrupción”). El barómetro del CIS de febrero de 2017 continuaba reflejando que los ciudadanos señalan “la corrupción y el fraude” como el segundo problema más importante de España. En 2010, la auditoría ciudadana llevada a cabo por Braulio Gómez, Irene Palacios, Manuel Pérez y Ramón Vargas-Machuca, anunciaba una crisis de legitimidad de los métodos de control político actuales en el Estado español. Los ciudadanos concedían (sobre un máximo de 10 puntos) un 3,42 de nota a la rendición de cuentas de los diputados nacionales; un 3,67 para los presidentes autonómicos y un 3,79 para los presidentes del Gobierno nacional. La mitad de los encuestados declaraba no recibir nunca explicaciones de las actuaciones de sus representantes. Asimismo, otorgaban un 3,26 en transparencia de la toma de decisiones; y un 3,92 a la capacidad de controlar a los diputados a través de las elecciones.

Esta percepción generalizada nos sitúa ante una crisis de legitimidad de nuestras democracias representativas que obliga a repensar sus principales dimensiones (Ortiz, 2014), entre ellas, la rendición de cuentas política. En este trabajo analizaremos, en primer lugar, la crisis de rendición de cuentas existente en el modelo de democracia electoral actual. En segundo lugar, enmarcaremos de forma teórica el campo de la rendición de cuentas desde la sociedad civil, la “accountability social” (Peruzzotti y Smulovitz, 2002). Concretamente, tendremos en cuenta las oportunidades que están potenciando los movimientos sociales de la era de Internet y de la Web social, los “cibermovimientos sociales” (Ortiz, 2016a). En tercer lugar, expondremos algunos ejemplos de ciberacciones iniciadas por colectivos vinculados a los movimientos de indignación global prodemocracia que nacen especialmente tras el 15-M de 2011, y que abrieron nuevas vías para la vigilancia ciudadana y el control de la toma de decisiones políticas.

Metodológicamente, realizaremos un recorrido bibliográfico que nos permitirá detectar nuevos indicadores para enmarcar de forma teórica el campo de estudio de los cibermovimientos y la rendición de cuentas política. Asimismo, a partir de la observación directa de las ciberacciones de diversos colectivos online (a través de la etnografía virtual y del seguimiento de sus principales redes de comunicación), evidenciaremos distintos casos en el contexto de los movimientos de indignación global prodemocracia que tuvieron lugar entre 2011 y 2012. La información se obtuvo fundamentalmente desde la observación participante de sus principales redes de comunicación interpersonal virtual (foros y redes sociales), así como a través de sus medios de difusión (blogs y páginas web).¹ Tales ejemplos mostrarán las nuevas oportunidades para mejorar la rendición de cuentas política que están naciendo en la era de la comunicación participativa y autónoma del siglo XXI.

2 Estado de la rendición de cuentas en las democracias representativas

La calidad de la democracia representativa se encuentra relacionada de forma intrínseca con la dimensión del control de los políticos, denominada rendición de cuentas o responsabilidad (accountability). En términos de Hannah Pitkin (1967), se trata de la obligación que tienen los representantes de responder de sus actos ante los representados, y, por tanto, de la capacidad que poseen los representados para controlar el buen hacer de sus representantes. Esta dimensión establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento del ejercicio de la representación: que el representante actúe en interés del representado.

Según Andreas Schedler (1999, 2004, 2013), existen tres dimensiones de la rendición de cuentas: informar, justificar y sancionar. Las dos primeras hacen referencia a la obligación asumida por los representantes de responder de sus actos y someterse a vigilancia y supervisión de sus acciones en dos sentidos complementarios. Así, los representantes deben informar de sus decisiones, y ofrecer explicaciones que las justifiquen. La última dimensión, de carácter sancionador, tiene en cuenta la propia finalidad del proceso de rendición de cuentas: la recompensa o el castigo en función de las acciones realizadas, que han sido previamente informadas para su vigilancia. Esta tarea se lleva a cabo por los órganos de control institucional (accountability horizontal), que representan los intereses de la ciudadanía, y de forma directa desde la ciudadanía (accountability vertical), según la denominación de Guillermo O' Donnell (1994, 1999).

Los trabajos que han analizado la calidad de la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas se muestran pesimistas ante los diagnósticos contemporáneos. Las conclusiones reflejan deficiencias en la capacidad de controlar a los gobernantes desde las instituciones representativas, así como desde la propia ciudadanía. Las críticas recaen fundamentalmente en la desigualdad informativa entre gobernantes y gobernados para llevar a cabo una rendición de cuentas óptima. Se determina que, sin una calidad en las dimensiones informativa y justificativa, el ejercicio sancionador no puede llegar a ser eficaz. Asimismo, se critica la excesiva centralidad del voto en la rendición de cuentas vertical y sus limitaciones.

O' Donnell consideraba que los mecanismos de control institucional existentes eran débiles e intermitentes, y afirmaba que mecanismos de participación como las elecciones cada vez son más ineficaces para esta tarea. Según destacaba, desde el actual modelo, los representantes “una vez electos sienten que tienen la obligación y el derecho de gobernar como mejor les parece [...] una concepción […] de la democracia que es intrínsecamente hostil a los controles “horizontales” y representativos” (2007, p. 15). Advierte, por tanto, la problemática para garantizar la rendición de cuentas vertical con las posibilidades de participación institucional actuales, ante la incapacidad de la ciudadanía para supervisar y vigilar de forma eficaz las acciones de sus representantes. Michael Laver y Kenneth Shepsle han señalado en esta dirección que la accountability política es “esencialmente mediada” a través de los parlamentos (1999). Asimismo, John Dunn determinó que en las democracias puramente electorales los ciudadanos no tienen la capacidad de ejercer la rendición de cuentas de acciones específicas a través del voto, que, según afirma, ofrece básicamente una autorización para gobernar. Admite el importante papel de las elecciones para prevenir abusos, pero señala que no pueden servir como instrumento de control sobre los Gobiernos (1999). En este sentido, Bernard Manin planteaba que las elecciones “no son democráticas porque los gobernados son incapaces de imponer a los gobernantes que lleven a cabo la política por la que les eligieron” (1997/1998, p. 226). Según él, una de las deficiencias en el ejercicio de la rendición de cuentas es la imposibilidad de que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre las decisiones de los Gobiernos en el momento de la propuesta. Desde este punto de vista, las elecciones sólo permiten mostrar el veredicto de la ciudadanía una vez que han ocurrido las consecuencias de esas decisiones. De esta manera, se encuentran deficiencias en los mecanismos de sanción en las democracias representativas, en las que la accountability funciona de forma retrospectiva para un periodo de tiempo muy amplio, ocasionando “cuatro años de incertidumbre” (Porras, 1994, p. 110), con escasas posibilidades de ejercer con eficacia esa sanción a través del instrumento meramente electoral (Jurado, 2016, p. 125).

La principal carencia hallada en el proceso de rendición de cuentas, y que impide considerar al voto como un mecanismo eficaz para la sanción, reside inicialmente en la asimetría informativa. Adam Przeworski ha insistido en que, si los votantes no están totalmente informados, la representación democrática no está garantizada. Destaca que la deliberación debe tenerse en cuenta e incorporarse en la rendición de cuentas para descubrir las razones por las que fueron tomadas las decisiones (1997). José María Maravall ha detectado asimismo las dificultades para informar, controlar y sancionar en la rendición de cuentas (1999, 2003, 2008). Según él, la información incompleta y asimétrica que existe en el modelo de democracia representativa actual dificulta la tarea de evaluación y atribución causal de las responsabilidades. Destaca las estrategias de manipulación que pueden usar los políticos para utilizar el acceso y distribución de la información de una forma privilegiada en su beneficio. Asimismo, califica de “tosco” al voto como instrumento sancionador, y señala que desde el modelo actual los votantes no pueden rechazar unas políticas y aceptar otras, sino que deben pronunciarse “en un juicio simultáneo y global” (2003, p. 22). Igualmente, James Fearon (1999) critica las limitaciones del voto para cumplir con dos objetivos: seleccionar a los políticos y acciones políticas, y conseguir que promuevan el interés general. Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan Stokes concluyen asimismo en su trabajo colectivo de 1999 que la falta de información en el proceso de rendición de cuentas impide que los ciudadanos puedan juzgar las decisiones de sus gobernantes y atribuir responsabilidades. Argumentan que el ejercicio de la accountability no puede garantizar la representación si los representados acceden a una información incompleta. Defienden la imposibilidad de control político a través del voto, y plantean la necesidad de una reforma institucional en un panorama político caracterizado por la rigidez transformadora (Manin, Przeworski y Stokes, 1999a, 1999b).

Estudios posteriores han continuado en esta misma dirección (Shapiro, Stokes, Wood y Kirshner, 2009). Según Leonardo Morlino (2003/2009, 2008), los procesos de información y justificación en la accountability se ven “oscurecidos” por la capacidad de los políticos para eludir sus responsabilidades. Este déficit en el proceso de rendición de cuentas puede posibilitar la justificación de decisiones impopulares o el incumplimiento de los programas políticos basándose en imprevistos. Esta incapacidad para obtener información por parte de los electores conlleva, según él, que la rendición de cuentas esté basada en la imagen de los candidatos en lugar de sus decisiones y acciones políticas. Se trata de un problema que se agrava en el contexto de una sociedad globalizada, que ofrece una rendición de cuentas multinivel. La complejidad de este panorama, en el que las decisiones supranacionales y nacionales se superponen, dificulta aún más esta tarea y eleva las posibilidades de elusión de responsabilidades por parte de los políticos, cuyo poder se difumina en las redes de gobernanza globales y locales (Castells, 2009, 2012; García Guitián, 2011; Morlino 2003/2009).

En este sentido, podemos sintetizar cinco deficiencias destacadas en la bibliografía sobre la rendición de cuentas electoral que apuntan fundamentalmente a la problemática de la información asimétrica entre representantes y representados (ver tabla 1).

3 El control político desde la sociedad civil en la era de Internet y la Web social: cibermovimientos y accountability social

Las deficiencias encontradas en las dimensiones de la democracia representativa, y, de forma específica, en la rendición de cuentas, han impulsado el desarrollo de las propuestas de otros modelos alternativos de democracia (deliberativa, participativa, etc.), que desde los años 60 se habían planteado de forma crítica para aportar soluciones a la crisis del modelo de democracia existente (ver Ortiz, 2014). Desde el ámbito institucional se han promovido nuevas iniciativas de transformación democrática para mejorar la transparencia política y los mecanismos informativos que mantienen a la ciudadanía al corriente de la gestión política.

Se trata de un proceso que se ha intensificado y se encuentra en una fase de desarrollo en el campo de la democracia electrónica. Los estudios evidencian las nuevas posibilidades del escenario comunicativo de la era de Internet para la rendición de cuentas en la política institucional, teniendo en cuenta las oportunidades de acceso, transparencia y control de la información. José Luis Dader diferenciaba en 2001 que las redes suministradoras de información administrativa directa y el acceso a bases de datos de los organismos públicos o de entidades privadas constituían una de las principales formas de comunicación política en ciberdemocracia. El autor explicaba, entre las ventajas de la comunicación política a través de Internet, que los partidos y candidatos ya disponían de una línea de contacto directo con los electores. Según Joan Subirats (2011), las TIC pueden mejorar la transparencia y evitar procesos de desgobierno y de difuminación de responsabilidades a través de sistemas contractuales, establecimiento de indicadores de gestión o cuadros de mando ad hoc. Clelia Colombo destacaba cómo Internet permite “facilitar un acceso fácil y directo de la información política” y “facilitar la transparencia” (2010, p. 149).

Como expresan Michael Margolis y Gerson Moreno-Riaño (2009), las TIC aportan alternativas eficaces para consolidar el e-goverment, que ofrece servicios públicos a todos los ciudadanos en materia de participación política. Los ciudadanos son capaces de adquirir información pública online y sugerir mejoras a los Gobiernos. Sin embargo, también advierten de que, aunque se trata de un servicio que acerca a los ciudadanos y a los Gobiernos, puede crearse “un aura de accountability y transparencia en tales esfuerzos [que] podría ser meramente una ilusión” (p. 154). Señalan que este nuevo modelo de e-democracy también es capaz de evolucionar hacia una forma burocrática en la que los ciudadanos llegan a ser “clientes” de los servicios políticos previamente suministrados por la administración. En este sentido, Subirats (2011) asegura que “las nuevas aplicaciones (websites, boletines electrónicos, listas de correo, sistemas de información, pequeñas consultas o votaciones electrónicas...) se han dirigido en realidad a relegitimar y reorientar a las instituciones políticas y de gobierno […] a través de la comunicación política” (p. 122). Dader habla así de “Hiper-Tecnocracia”, destacando cómo las tecnologías pueden producir cambios instrumentales en sus estrategias comunicativas, pero sin transformaciones sustanciales en la naturaleza de los mecanismos políticos (frente al concepto de “ciberdemocracia”) (Dader y Campos, 2017). De esta manera, diversos estudios han evidenciado cómo pueden convivir iniciativas que declaran el impulso de la transparencia política con otras en las que sin embargo se potencia la ocultación de información a la ciudadanía en casos de corrupción política (ver Candón- Mena, 2016).

Los problemas de accountability vertical en el modelo de democracia representativa también se reflejan en los mecanismos institucionales de la era de la democracia electrónica. Las dificultades de los ciudadanos para controlar la toma de decisiones políticas a través de las elecciones, conlleva la importancia de tener en cuenta las posibilidades de control político que existen desde la esfera de la sociedad civil y los movimientos sociales (Cohen y Arato, 1992/2003; Habermas, 1992/1998). Se trata de lo que Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz han denominado como “accountability social”: “Un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en acciones mediáticas” (2002, p. 32). Peruzzotti ha puesto de manifiesto cómo en el siglo XXI han aparecido una serie de transformaciones democráticas que están promoviendo que la sociedad civil pueda convertirse en un agente activo de la rendición de cuentas vertical (2012, 2013). Se evidencia la importancia de que, además de los mecanismos institucionales, debe existir una sociedad civil fortalecida, convertida en el “ojo independiente de la sociedad”, en palabras de Alexis de Tocqueville (1835/2007). Así, debemos tener en cuenta los procesos que se desarrollan desde la propia ciudadanía para iniciar la construcción de una sociedad civil informada de los asuntos públicos.

Las nuevas transformaciones del modelo comunicativo en la era de Internet y de la Web social, que permiten un tipo de comunicación pública autónoma y participativa (Cardoso, 2008; Castells, 2009), posibilitan que los ciudadanos puedan crear posibilidades para controlar las acciones de los representantes políticos. Se hace cada vez más posible que estos colectivos ciudadanos, tal y como advertía Michael Schudson (1998/1999), incrementen sus posibilidades de controlar las acciones de los Gobiernos. Este autor detectaba el nacimiento de una “ciudadanía monitorizadora”, que vigilaba constantemente el escenario político. John Keane describe en 2009 el surgimiento de la “democracia monitorizada”. La define como “una nueva forma de democracia “post-westminster” en la que el poder de monitorizar y el poder de controlar ha comenzado a extenderse [...] a través de todo el orden político” (p. XXVII). Destaca que en esta transformación ha sido clave, entre otros factores, el papel de la transformación comunicativa en el siglo XXI: “Con la ayuda de una nueva galaxia de medios de comunicación, incluyendo la televisión satélite, los teléfonos móviles e Internet, la monitorización pública de las organizaciones internacionales de gobierno también se ha incrementado” (p. XVIII). Entre las iniciativas de vigilancia el autor señalan los mecanismos procedentes de cuerpos institucionales exteriores pero también de todo tipo de actividades de protesta pública. De esta manera, Keane enfatiza en 2011 que en la nueva era de la democracia monitorizada está cambiando el modelo de representación, ya que los grupos que no obtenían representación en la arena política están consiguiendo vigilar a sus representantes.

Antoni Gutiérrez-Rubí se refiere asimismo a la aparición de una nueva época para la democracia del siglo XXI: la era de la “política vigilada” (2011). Tomando ejemplos como el caso de Wikileaks señala cómo las TIC favorecen la aparición de nuevas formas de transparencia y vigilancia que permiten obtener la información necesaria para supervisar las actuaciones de los Gobiernos. Destaca que podemos llegar a acercarnos hacia lo que denomina como “democracia vigilante”. Según describe:

Por una parte, la vigilancia nos mantiene en alerta cívica y nos refiere a nuestro sistema jurídico, a nuestro corpus legal y democrático. Vigilamos, pues, el cumplimiento de las leyes. Y, por otra, nos empodera en la responsabilidad y en la participación, emancipando a los ciudadanos para asumir su papel protagonista y responsable del devenir colectivo. (p. 33)

Kelly Garrett plantea en 2006 si el uso de las NTIC ha facilitado los procesos de control político desde los movimientos sociales, debido a las nuevas posibilidades para difundir con gran celeridad y extensión los contenidos informativos. Señala que existe más probabilidad de que las élites se comporten adecuadamente si sus acciones pueden ser observadas y publicadas instantáneamente en el espacio público a través de los nuevos medios. Teniendo en cuenta la metáfora del panóptico de Michel Foucault, explica que los políticos pueden llegar a autocensurar sus acciones, ante el incremento de la presencia de guardianes anónimos que presionan con sus observaciones desde diversas localizaciones.

La comunidad investigadora ha enfatizado asimismo cómo los movimientos sociales de la era de Internet están consiguiendo, a través de sus tácticas, mayor autonomía informativa en caso de existir censura informativa por parte de los Gobiernos. Mario Diani destaca en 2011 cómo la coordinación de la acción colectiva a distancia facilitó en las protestas de la Primavera árabe que los activistas eludieran la represión gubernamental. En esta dirección, Philip Howard y Muzammil Hussain señalan en 2013 que los nuevos medios alternativos online posibilitaron que la opinión pública internacional conociera lo que estaba ocurriendo en la plaza Tahrir de Egipto y pudiera evitarse una represión mayor. Especifican que gracias a las comunicaciones alternativas que los activistas enviaron a medios como Al Jazeera, a través de las redes sociales, los acontecimientos se extendieron a nivel global.

Como exploraremos a continuación, en el contexto de los movimientos de indignación global del 15-M, los cibermovimientos prodemocracia evidenciaron asimismo su capacidad para generar nuevas oportunidades para la rendición de cuentas política desde las iniciativas de la sociedad civil.

4 Ciberacciones colectivas para la mejora de la rendición de cuentas. Los movimientos de indignación global prodemocracia en el contexto del 15-M

Especialmente desde finales de la primera década de 2000, los cibermovimientos sociales han desarrollado nuevas estrategias de comunicación pública para difundir sus objetivos y conseguir el cambio social, a través de la transformación cultural. De esta manera, han ampliado su repertorio de acciones colectivas (Chadwick y Dennis, 2016; Gerbaudo, 2012; McCaughey y Ayers, 2003; Surman y Reilly, 2003) y configurado un “ciber-repertorio” (Ortiz, 2016b). Podemos destacar que, fundamentalmente las campañas de comunicación —basadas en la difusión informativa online, así como las tácticas de hacktivismo y desobediencia civil electrónica—, han potenciado la aparición de acciones colectivas que ofrecen nuevas posibilidades para la accountability social. A partir de las ciberacciones, caracterizadas por la comunicación autónoma y participativa online, los movimientos desarrollan: 1) acciones de vigilancia online para configurar una sociedad civil informada; 2) acciones colectivas online que posibilitan el desarrollo de auditorías ciudadanas; y 3) acciones de difusión informativa online y hacktivismo para eludir la censura informativa. Se trata de una serie de transformaciones que podemos detectar tomando como ejemplo algunos casos ocurridos en el contexto de los cibermovimientos de indignación global, desde el 15-M de 2011 (Candón y Benítez, 2014; Castells, 2012; Espinar-Ruiz y Seguí Cosme, 2016; Gerbaudo, 2012; Monterde, Calleja-López, Aguilera, Barandiaran y Postill, 2015; Ortiz, 2016b; Romanos y Sádaba, 2016; Theocharis, Lowe, Van Deth y García-Albacete, 2015; Toret, 2013).

4.1 Acciones de vigilancia online para crear una sociedad civil informada

Durante el periodo de 2011 y 2012 se intensifica el surgimiento de plataformas que desarrollan acciones colectivas a través de Internet y de la Web social, dirigidas a registrar información relevante sobre el estado de la política pública, decisiones de los representantes, casos de corrupción, etc. Estas iniciativas emergen en una etapa en la que, como evidencian los estudios sociológicos, se incrementan notablemente los niveles de desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas. Nacen colectivos orientados a examinar y supervisar el escenario político y la toma de decisiones políticas con la intención de exponerla públicamente y someterla al juicio ciudadano. Este tipo de acciones se generaliza especialmente tras las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, que tuvieron lugar en todo el territorio español para demandar “una democracia real”. Posteriormente se generalizan los movimientos de indignación prodemocracia a escala global, que desarrollan acciones de difusión informativa para conformar una ciudadanía que esté al corriente de los asuntos de relevancia política, desde esferas públicas alternativas.

Uno de los proyectos que trabaja en esta dirección es la Fundación Civio (https://civio.es), una organización sin ánimo de lucro que nace en diciembre de 2011 para desarrollar iniciativas de difusión informativa online, desde la propia ciudadanía, dirigidas a mejorar la rendición de cuentas política. Según declaran: “Trabajamos para que exista una transparencia real y un libre acceso a los datos públicos por parte de cualquier ciudadano u organización. Creemos en una sociedad construida por una ciudadanía activa y participativa con una fuerte responsabilidad democrática” (Civio, 2011). De esta manera, los ciudadanos pueden encontrar en el sitio web de Civio diversas herramientas diseñadas con el propósito de sacar a la luz “información relevante sobre la gestión pública para mejorar el empoderamiento ciudadano y la rendición de cuentas por parte de las instituciones” (Civio, 2011). Entre sus principales iniciativas podemos resaltar el mecanismo "Dónde van mis impuestos", cuyo sitio web, (https://dondevanmisimpuestos.es), funcionaba en febrero de 2012, en pleno proceso de formación de los movimientos de indignación global. Su objetivo era construir una página web en la que se mostraran de forma accesible y visual los datos de los Presupuestos Generales del Estado. Utilizan la información publicada en los archivos de las páginas web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Instituto Nacional de Estadística. A partir de las fuentes oficiales extraen y trabajan los datos para que los ciudadanos puedan acceder a ellos en diferentes categorías y mapas visuales. Desde el sitio web se pueden seleccionar los datos en función del tipo de políticas y comunidades autónomas. Destaca la clasificación de los gastos funcionales en España, en la que los usuarios pueden seleccionar de forma sencilla cada categoría para obtener información detallada, así como visualizarla en orden de relevancia. Asimismo, la iniciativa permite comprobar la información del gasto público en cada comunidad autónoma (Dónde van mis impuestos, 2012).

Otras acciones se han dirigido a vigilar los casos de corrupción política, así como a supervisar y difundir los sueldos de los representantes. Cuando nace el colectivo No Les Votes, uno de los precursores de la manifestación del 15-M, en febrero de 2011, desarrollan de forma muy inicial diversas acciones de vigilancia colectiva. Entre ellas, podemos destacar el “corruptódromo”. Se trataba de una iniciativa que habían creado usuarios anónimos para invitar a la ciudadanía a “mapear” los casos de corrupción de los partidos políticos mayoritarios. A través de la participación en red distribuida los usuarios construyeron una larga lista de casos de corrupción que se habían desarrollado desde 1993 hasta la actualidad en los diversos partidos. Los activistas invitaban al registro de los casos que pudieran verificarse. En abril de 2011 ya podía visualizarse un mapa con múltiples casos de corrupción de los partidos políticos españoles (No les votes, 2011).

Este tipo de acciones colectivas proliferan tras la aparición del 15-M en escena. La iniciativa Open Data Congreso nace el 8 de junio de 2011. Desde @acampadasol animaban a que la ciudadanía siguiera este proyecto para controlar a los diputados del Congreso: “Para hacerles sesión de control: ya podéis seguir a @odatacongreso #OpenDataCongreso #solsemueve”. Desde el usuario @odatacongreso explicaban: “Este proyecto comenzó la mañana del 8 de junio de 2011. Pedimos paciencia. En seguida estará la web disponible. De... http://fb.me/I5o2Wxuk” (Odatacongreso, 2011). En el blog del proyecto, http://opendatacongreso.blogspot.com.es/, señalaban que la acción se centraría “en algo que es tema de máxima preocupación en encuestas, debates y en la calle: la clase política. Concretamente esta web quiere informar de las ausencias y presencias de los diputados en el Congreso”. Desde el colectivo se comienza a crear una aplicación para que la ciudadanía pudiera registrar de forma visual la asistencia de los parlamentarios. Asimismo, se pretendía crear un sistema que contabilizara qué propone cada diputado, y qué leyes ha votado. Los colectivos difundieron imágenes audiovisuales para mostrar los escaños vacíos en el Congreso de los Diputados y promocionar la nueva acción de vigilancia política online.

Destaca la acción colectiva planteada desde Democracia Real Ya, el 22 de junio de 2011, para crear de forma colaborativa, y a través de la red distribuida, una lista de alcaldes que se habían subido el sueldo tras las elecciones de mayo de 2007. El 22 de junio @acampadasol animaba a participar en esta acción colectiva, que pretendía supervisar la evolución de los sueldos de los políticos: “¿Te apuntas a hacer una lista de variaciones de sueldo de todos los políticos de España? http://t.co/gwCNBk2” (Acampada Sol, 2011). El documento difundido detallaba los datos de los sueldos en bruto de los alcaldes y el porcentaje de la variación aplicada desde 2007. Según publicaban, más de 56 ediles habían incrementado su salario con una media del 30% (Democracia Real Ya, 2011). Los datos registraban casos de sueldos que oscilaban entre los 25.500 y los 65.000 euros brutos anuales. Para aumentar la difusión de esta acción de vigilancia e incrementar la colaboración en las redes se utilizó el hashtag “#sueldazos” a través de Twitter (Acampada Sol, 2011).

4.2 Acciones de denuncias colectivas online que posibilitan el desarrollo de auditorías ciudadanas

Además de las acciones ciudadanas destinadas a vigilar y registrar, de forma pública y online, información relevante sobre los asuntos públicos, existen acciones colectivas dirigidas a investigar, auditar y denunciar irregularidades políticas. Los distintos colectivos del contexto del 15-M promovieron diversas iniciativas para desarrollar procesos de auditorías ciudadanas. A través de la investigación en red y los procesos de inteligencia colectiva los ciudadanos pretendían exigir responsabilidades políticas a los “culpables de la crisis económica” (Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, 2012). En este sentido, destaca especialmente el caso de la querella colectiva 15MpaRato.

La acción colectiva se lleva a cabo para llevar a los tribunales a los directivos de Bankia y denunciar su gestión de la deuda bancaria. Especialmente se dirigen contra el que fue presidente de Bankia durante ese periodo: el ex ministro de Economía Rodrigo Rato. Las acciones de estos colectivos estuvieron influidas de forma decisiva por las campañas que desarrollaron a través de las redes. Como destacan sus propios activistas, el uso de las nuevas tecnologías fue decisivo para el éxito de esta campaña. Esta se inicia el 20 de mayo de 2012, después del desarrollo de las protestas colectivas del 12M15M, que conmemoraban el primer aniversario de las protestas de los indignados. Desde el blog 15mparato.wordpress.com se explicaba la planificación de la querella ciudadana. En ella, los activistas destacaban cómo a través de las TIC los movimientos podrían conseguir exigir responsabilidades a los directivos de Bankia:

Los objetivos planificaban el desarrollo de la querella en cinco años. Como mostraban desde la plataforma, en la primera fase sería fundamental el uso de las herramientas en red para poner en marcha un “dispositivo online” de investigación. Según describen:

Se trataba por tanto de una acción de denuncia colectiva, cuyo pilar fundamental no residía únicamente en el desarrollo del procedimiento judicial, sino en comenzar un proceso de investigación colaborativo en red que implicaba a la ciudadanía en el ejercicio de la rendición de cuentas política. La plataforma había lanzado un llamamiento a la difusión informativa online para conseguir pruebas que aportar en el proceso. Minileaks participaría en la verificación de los documentos y filtraciones que se registraran. Este colectivo, http://minileaks.com, formado por periodistas y profesionales de la información, había nacido el 11 de julio de 2011 con el objetivo de crear un proyecto a través de Internet que recogiera “pequeñas revelaciones ciudadanas” necesarias para iniciar denuncias sobre cuestiones de relevancia pública.

Para conseguir llevar a cabo la querella colectiva fue decisivo el crowdfunding que organizó 15MpaRato a través de la plataforma online Goteo. La campaña, iniciada el 5 de junio, demandaba un presupuesto de 15.000 euros, y animaba a la ciudadanía a donarlos en un plazo de seis días para incrementar el impacto mediático. La iniciativa destacaba la importancia de participar en #CrowdfundPaRato, la “financiación colectiva para la primera querella del pueblo contra la banca”. Desde la página de Goteo el colectivo explicaba los motivos de la acción colectiva online:

¿Pero cómo se gestó esta estafa? ¿Cómo permitieron a un agujero gigante salir a bolsa? ¿Cómo se tragaron las cuentas? Evidentemente, aquí hay "Rato encerrado", y hay que encerrar a Rato. En consecuencia, la ciudadanía organizada en torno a @15MpaRato (15mparato.wordpress.com/) ha decidido presentar la primera querella del pueblo contra la banca. Se ha acabado la impunidad.

Las expectativas se cumplen con éxito. El día 6 de junio, en menos de 24 horas, se registraban en la página de Goteo 1.012 cofinanciadores y 19.413 euros recaudados. Finalmente, el importe real obtenido quedó reducido a 18.359 euros, por parte de 965 cofinanciadores, tras verificar que algunas de las cuentas donantes no disponían de fondos (Goteo, 2012).

El 14 de junio 15MpaRato lograba presentar la querella contra Bankia. El 17 de julio se admite a trámite la querella y el 23 de julio comienza el proceso (“La Audiencia Nacional admite la querella del 15M e imputa a Rato y a Bankia”, 2012). La campaña ciudadana online realizó un seguimiento de la acción a tiempo real desde Twitter y el canal online Bambuser. Como publicaba el usuario ‏@fanetin, encargado de llevar a cabo el streaming: “Amigos, hoy seguimos con el mismo HT:#AcusamosABankia. Si pasa algo y cambiamos os avisamos. A partir de las 9:45 streaming. cc/@15MpaRato” (Grueso, 2012). A las 10.05 h. del 23 de julio de 2012 el hashtag #acusamosabankia ya era una de las principales tendencias en Twitter en Trendsmap.com. Desde el canal online Bambuser se retransmitía el seguimiento de la querella para difundir a todos los ciudadanos las primeras declaraciones del abogado y activista Juan Moreno Yagüe. A las 14.59 h. el sitio registraba que se había accedido al streaming de QuerellaPaRato 1.539 veces (Bambuser, 2012).

El caso de la querella colectiva de 15MpaRato evidencia cómo los cibermovimientos sociales pueden iniciar procesos de rendición de cuentas política desde la propia ciudadanía a través de las nuevas estrategias comunicativas del repertorio de acciones online. Asimismo, demuestra su capacidad para mantener esas iniciativas a lo largo del tiempo: las acciones continuaron para impulsar la realidad del caso Bankia y contribuir a la conformación de un “repositorio de pruebas legales conseguidas por 15MpaRato” (15MpaRato, 2015).

4.3 Acciones de difusión informativa online audiovisual y hacktivismo para eludir la censura informativa

En el escenario de la nueva era de la democracia monitorizada están emergiendo nuevas acciones colectivas destinadas a combatir la censura informativa. Las posibilidades emergentes de la difusión informativa online a través de vídeos que pueden publicar de forma masiva multitud de activistas en el ciberespacio y las nuevas acciones de hacktivismo han creado formas alternativas de control mediático ciudadano.

En este sentido, han destacado las acciones de retransmisión en directo online y las campañas desde Youtube. A través de los dispositivos móviles ciudadanos se permite difundir la información desde la tecnología streaming. Los colectivos han desarrollado sus propios canales audiovisuales que son capaces de crear ventanas de la realidad que pueden mostrar a las audiencias virtuales lo que está sucediendo en el terreno de la protesta. Se trata de una de las herramientas para eludir la censura informativa que utilizaron los activistas de la Primavera árabe. De esta misma manera, los “indignados” crearon desde el inicio de las protestas de la Puerta del Sol un canal de comunicación streaming para difundir sin intermediación los acontecimientos de la acampada. Así, la noche del viernes 20 de mayo de 2011, se difundía desde http://www.soltv.tv una retransmisión que captaba la multitudinaria concentración que superó el aforo de la propia plaza. A las 23.06 h. alcanzaban las 35.237 visitas en directo. De forma similar, en Grecia, el 25 de mayo de 2011, los “indignados” retransmitían asimismo en directo a través de su portal http://www.star.gr/ la multitudinaria acción colectiva que tuvo lugar en la plaza Syntagma de Atenas.

Los enlaces de streaming de este tipo de protestas se difundían a través de las redes sociales, de manera que, en caso de represión o carga policial pudiera publicarse e iniciarse otro tipo de acciones colectivas. El 29 de junio de 2011 @acampadasol informaba del desalojo de la plaza Syntagma en Grecia y las acciones de violencia policial. A través de diversos enlaces se demandaba el apoyo al resto de grupos de indignación global. De esta manera, los colectivos de “indignados” comenzaban en diversos puntos de España concentraciones para visibilizar lo que estaba ocurriendo en Grecia. Desde @acampadasol informaban: “Más de mil personas, mani espontánea bajando por c/ Alcalá, "Grecia escucha, estamos en tu lucha" #grecianoestasola twitpic.com/5iqws7” (Acampada Sol, 2011c). Asimismo, la capacidad de los activistas para difundir las protestas a través de vídeos en la plataforma Youtube ha conseguido levantar la voz de alarma ciudadana en numerosas ocasiones. Se trata de una nueva herramienta mediática para controlar las acciones de represión policial.

Paralelamente, en el marco de los movimientos por la libre expresión en Internet podemos encontrar diversas acciones de desobediencia civil y hacktivismo que se crean para eludir la censura informativa. Estas se basan en la publicación y distribución de contenidos en red distribuida. A través de este tipo de técnicas las autoridades no pueden contener el flujo informativo reticular, al carecer de una estructura jerárquica centralizada. En el caso Wikileaks, cuando las empresas retiran sus servicios prestados al colectivo y el sitio web deja de funcionar en diciembre de 2010, se crea una iniciativa para apoyar a la organización, a través del desarrollo de una multiplicidad de páginas espejo. Las autoridades podían conseguir cerrar sitios web, pero no que la información desapareciera. Las diferentes páginas espejo creadas por los activistas se multiplicaban en el ciberespacio de forma distribuida. En España, el colectivo Hacktivistas desarrolla en abril de 2011 el Manual de la desobediencia a la ley Sinde, un mes después de que se aprobara dicha ley. Difunden este libro a través de las redes electrónicas para ofrecer a la ciudadanía un kit de herramientas para eludir la censura de los Gobiernos, y especialmente contra la Ley Sinde: “Creamos este Manual para que la primera web que sea cerrada, se convierta en la más popular de la blogosfera. Para que sus contenidos, lejos de desaparecer, inunden la red” (p. 7). Desde el colectivo Hacktivistas, parafraseando a quien ha sido frecuentemente considerado como precursor de la desobediencia civil a finales del siglo XIX (Henry David Thoreau), explican en su “manual” que las medidas injustas de las nuevas legislaciones les han convertido en “delincuentes”:

Si creen que han ganado, este Manual quiere demostrar que no pueden ganar. Nos obligan a desobedecer la ley y a saltarnos sus mecanismos de control. En vez de promover la cultura, ilegalizan a quienes están dispuestos a crearla. Nos convirtieron en delincuentes. Actuemos como tales. Detengamos la máquina. (p. 8)

Finalmente, ante la constante presión popular y los enfrentamientos en el Congreso, el grupo socialista anuncia la retirada de la “ley Sinde” el 2 de diciembre de 2011, en el último mes de la legislatura.

Entre otras iniciativas desarrolladas en esta dirección destaca la herramienta Anontwi, que se difunde desde Hacktivistas en junio de 2012. Se trata de una aplicación que permitía evitar la censura a través de Twitter. Según se publicaba desde el colectivo, el 3 de junio de 2012: “Hacktivistas!!: podemos utilizar su sistema, sus recursos, sus plataformas, luchar desde dentro de Twitter. Se acabó la censura! acaba de nacer una nueva forma de navegación en dicha red social. Se llama #Anontwi. nos ayudas a difundir?” (Hacktivistas, 2012). En el sitio Menéame divulgaban asimismo la nueva aplicación:

¿Como censurar lo que no entiendes?. La herramienta de software libre anontwi recién salida del horno está ya disponible para su descarga. Se trata de un cliente shell en python, que permite: - cifrado SSL para comunicarse con Twitter (contra ataques MItM!) - conectarte desde la red TOR - introduce falsas cabeceras en los envíos - permite enviar mensajes largos que divide de forma automática - utiliza cifrado avanzado: AES128 + Blowfish tanto para Tweets como para Dms (Direct Messages) - desencripta de forma automática. (Menéame, 2012)

Del mismo modo, sobresalen las iniciativas de los colectivos de Anonymous, a través de sus acciones contra la censura informativa y a favor de la libertad de expresión en Internet. En los inicios de la Primavera árabe, diversos miembros Anonymous se movilizan a través de la “operación Túnez” para protestar contra la censura del régimen de Ben Ali. De esta manera, el 3 de enero de 2011 habían conseguido inhabilitar las principales páginas gubernamentales de las autoridades tunecinas. La acción de denegación de servicio se completaba con una ocupación de la web, en la que insertaban un mensaje informativo denunciando la falta de libertad de expresión y libertad de prensa en Túnez. Los usuarios que accedieran a dichas páginas web observarían el comunicado de Anonymous, en el que se divulgaba a escala global cómo autoridades tunecinas habían comenzado a hackear los sitios web y cuentas de activistas tunecinos, y criticaban el silencio de los medios de comunicación occidentales. Finalmente, los activistas Anonymous, a través de las acciones de hacktivismo, consiguen captar la atención de la prensa occidental y de la opinión pública mundial (Anonymous, 2011). El 5 de enero la noticia se difundía en diversos medios del Estado español (“Los ciberataques colapsan todas las webs del régimen tunecino”, 2011).

Se trata, por tanto, de tres tipos de acciones colectivas que están promoviendo la transformación de la rendición de cuentas ciudadana a través del uso de los nuevos medios sociales desde los cibermovimientos sociales (ver tabla 2).

5 Conclusiones

El análisis de los principales estudios de la representación democrática refleja cómo la dimensión de la rendición de cuentas se encuentra en crisis. Se ha destacado su carácter eminentemente electoral, en el que el voto se sitúa en el centro del proceso de control político por parte de la ciudadanía. Distintas investigaciones han enumerado diversas deficiencias en este método de rendición de cuentas electoral. Entre ellas, hemos destacado cinco limitaciones fundamentales: 1) las debilidades en los procesos de información, justificación y sanción de la rendición de cuentas; 2) las limitaciones de la ciudadanía para supervisar y vigilar las acciones de los representantes; 3) que se parte de un proceso de información asimétrica y existen dificultades para juzgar y atribuir responsabilidades; 4) la imprecisión para controlar los programas políticos, ya que el control no se realiza de forma individual en cada propuesta; y, por último, 5) el hecho de que el voto no permite asegurar que los intereses de los representados se reflejen en la toma de decisiones políticas.

Esta circunstancia pone de manifiesto la importancia de buscar otras vías alternativas que refuercen los procesos de rendición de cuentas, no solo desde los procedimientos electorales, sino también desde la esfera de la sociedad civil, desde la accountability social. En este sentido, el recorrido a través de los cibermovimientos sociales prodemocracia en el contexto del 15-M revela el surgimiento de nuevas posibilidades para la transformación de la rendición de cuentas en el siglo XXI. El modelo emergente de comunicación pública autónoma y participativa online ha posibilitado que estos colectivos puedan crear oportunidades para configurar nuevos entornos de control político. Se trata de mecanismos que hacen referencia a las posibilidades de vigilancia en la esfera de la opinión pública.

Los casos de estudio han mostrado que las transformaciones comunicativas que han tenido lugar en el conjunto de tácticas de acción colectiva están potenciando a su vez nuevas acciones orientadas a la mejora de la rendición de cuentas política. Las estrategias de comunicación pública de los cibermovimientos a través del ciber-repertorio, como las campañas de comunicación basadas en la difusión informativa online, y las ciberacciones de hacktivismo y desobediencia civil electrónica, están creando formas específicas de control ciudadano. De esta manera, hemos localizado tres tipos de ciberacciones que promueven el desarrollo de la accountability social: 1) acciones de vigilancia online para crear una sociedad civil informada; 2) acciones de denuncias colectivas online para descubrir irregularidades políticas; 3) acciones de difusión informativa online y hacktivismo para eludir la censura informativa de los Gobiernos.

Podemos determinar que estos tipos de acciones colectivas que se llevan a cabo desde los cibermovimientos están creando nuevas posibilidades para mejorar las deficiencias de la rendición de cuentas, fundamentalmente en cinco aspectos. En primer lugar, pueden fortalecer los procesos de información, justificación y sanción. En segundo lugar, tienen la capacidad de crear oportunidades para la supervisión y vigilancia ciudadana de las acciones de los representantes. En tercer lugar, pueden mejorar la simetría informativa para que los representados juzguen y atribuyan responsabilidades. En cuarto lugar, pueden crear nuevos mecanismos informativos para que los ciudadanos evalúen el grado de cumplimiento de los programas políticos. En quinto lugar, pueden aportar posibilidades para observar el grado en que los intereses de los representados se reflejan en la toma de decisiones políticas.

Tales transformaciones constituyen un avance significativo en la configuración de una sociedad civil informada y que, de forma autónoma, puede participar en el proceso de rendición de cuentas desde la esfera de la opinión pública. Las nuevas oportunidades comunicativas están potenciando un contexto que empodera a la ciudadanía del siglo XXI. Los cibermovimientos sociales, utilizando los avances de las herramientas digitales, están tejiendo nuevas estrategias comunicativas para configurar los públicos autónomos de la era de la Web social. Estos poseen por primera vez las posibilidades de iniciar de forma independiente los procesos de control de la toma de decisiones políticas desde la esfera pública, al margen de los mecanismos institucionales y los medios de comunicación tradicionales.

Sin embargo, resulta asimismo evidente que aún existen numerosas limitaciones que han frenado el impacto real de la accountability social en este tipo de ciberacciones (como en diversos casos vinculados al contexto de la Primavera árabe, Wikileaks, etc.). Las potencialidades existen, ahora hemos de observar cuáles serán los relatos que escribirá esta nueva ciudadanía que está comenzando a dejar su estela en el campo emergente de los movimientos sociales y el control de los políticos en la era de las redes.

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