Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 18, Número 3, 2018

La Intervención Social como Objeto de Estudio: Discursos, prácticas, problematizaciones y propuestas

Social Intervention as Study Object: Discourses, practices, problems and proposals

• Resumen
• Abstract

1 Investigar los discursos académicos sobre la intervención social

La intervención social es mucho más que una práctica profesional. A través de las acciones en las que se propone y ejecuta se articulan principios éticos y de control social que pocas veces son advertidos, tenidos en cuenta o cuestionados. Los propósitos de la intervención son relevantes y necesarios dada su orientación al cambio en las relaciones sociales, al mejoramiento en la calidad de vida, a la mitigación al sufrimiento por diversas causas o a la atención a condiciones de vulnerabilidad. No obstante, la intervención no es un actuar profesional aislado, sino que hace parte de un conjunto de condiciones políticas, históricas, económicas y éticas que son puestas en escena en un conjunto de acciones. Pocas veces los profesionales e investigadores nos cuestionamos reflexivamente por el conjunto de condiciones que inciden y definen la intervención. Ese es el propósito que nos ha orientado en la construcción de este artículo.

En ese orden de ideas, avanzamos en la exploración sobre las tendencias actuales en los discursos, las prácticas, las problematizaciones y las propuestas de las investigaciones académicas sobre la intervención social. Y para ello tomamos como referencia las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los discursos académicos sobre la intervención social en la actualidad? y ¿Cuál es horizonte en el que se inscriben los estudios sobre la intervención social? En la medida en que avanzábamos en este camino, nuestra búsqueda derivó en la aproximación al campo de estudios denominado investigación de la intervención. En este artículo presentamos las reflexiones producto de la revisión de algunos de estos trabajos, con el fin de problematizar el campo, identificando regularidades, rupturas, conclusiones y asuntos por discutir.

Al realizar esta revisión nos propusimos avanzar en el estudio de la intervención social desde la perspectiva de los estudios de la gubernamentalidad, es decir, que entendemos la intervención social como dispositivo. Coincidimos con autores que proponen que “la noción de intervención en lo social hace referencia a la intervención de un tipo de práctica social o saber especializado” (Estrada, 2012, p. 56), y que la intervención de dicho saber especializado se presenta en el marco de “un conjunto de acciones y prácticas organizadas bajo la figura de una oferta de servicios alrededor de lo social” (Bermudez, 2012, p. 85), que están orientadas a remediar situaciones que han sido consideradas inaceptables. Esta manera de entender la intervención en lo social nos aproxima la comprensión de sus características, en tanto campo de aplicación de tecnologías para la gestión de la vida de las poblaciones.

En 1977 Michel Foucault describió un dispositivo como “un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas” (1991, p. 128). A partir de estas con

sideraciones, Giorgio Agamben (2011) destaca que “Foucault llamó dispositivo a todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, conductas, opiniones y discursos de los seres vivos” (p. 257). A su vez, en su seminario, Foucault (1977/2006, 1978/2008) avanza en su análisis sobre los dispositivos de seguridad, para demostrar que “los dispositivos se inscriben en relaciones de poder y juegan allí como operadores prácticos orientados a la readecuación de ciertas relaciones de fuerza con el fin de rellenar espacios vacíos” (Castro-Gómez, 2015, p. 67). Tales espacios vacíos se refieren a la gestión de acontecimientos impensados que irrumpen en las relaciones cotidianas y a los que se debe responder estratégicamente para resolver la urgencia, por ejemplo, el surgimiento de tipos de delincuencia impensados para los que no se contaba con regulación normativa en las sociedades, o acontecimientos como “epidemias y escasez que no pueden ser entendidos en términos de normalidad o anormalidad, sino en términos de peligrosidad” (p. 81).

Así, estudiar la intervención desde la perspectiva de los estudios de la gubernamentalidad es una tarea fértil para la comprensión de la racionalidad política, las tecnologías de gobierno de la población y con ello las formas de subjetivación que se derivan de dicha red de relaciones. Un antecedente de ello son los trabajos de Nikolas Rose, que abordan los discursos y el saber producido por las ciencias humanas contemporáneas y su participación en la constitución de tecnologías humanas articuladas a la racionalidad política de nuestra época (García y Rendueles, 2017; Montenegro, Pujol y Vargas-Monroy, 2015). De manera que dan cuenta de cómo “las ciencias humanas han hecho posible el ejercicio de autoridad política, moral, organizacional, incluso personal, de maneras compatibles con las nociones de libertad y autonomía de los individuos” (Rose, 1999, p. viii).

En este orden de ideas, llevar a cabo una revisión de tema sobre la producción académica acerca de la intervención social, nos aproxima a una de las dimensiones de dicho dispositivo, a saber: los enunciados científicos.

Para llevar a cabo este análisis revisamos artículos publicados en revistas científicas. El comando utilizado para buscar en las bases de datos fue la articulación “intervención social” (“social intervention” en inglés), restringiendo la búsqueda a los títulos y palabras clave de las publicaciones. En la exploración de las bases de datos privilegiamos el periodo 2011-2016, específicamente en revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Así mismo, para incluir los artículos al cuerpo de documentos objeto de análisis leímos los resúmenes, identificando trabajos que abordaran la intervención social como objeto de reflexión. A su vez, incluimos algunos documentos conforme avanzamos en la lectura de las fuentes, a partir del rastreo de las referencias citadas. Ello nos condujo a la ampliación de la ventana de observación a trabajos publicados en el periodo 2007-2016. La mayoría de los trabajos seleccionados para el análisis fueron publicados en revistas de trabajo social y sus autores son representantes de dicha disciplina. No obstante, la investigación de la intervención es un campo interdisciplinar, en el que también participan autores con formación en psicología, sociología y otras disciplinas sociales, humanas y de la salud (ver tabla 1).

La aproximación a los documentos no tuvo en cuenta ninguna categoría preconcebida más allá del criterio de selección para incluir los trabajos, esto es, que se tratara de textos en los que la intervención social fuera abordada como objeto de reflexión. Fue en el discurrir del análisis que identificamos categorías emergentes, partiendo de la generalidad de las preguntas orientadoras. De esa manera, caracterizamos núcleos temáticos, problemas comunes, perspectivas de abordaje, métodos de investigación y preguntas pendientes de indagación. El resultado de esta labor inicial de análisis fue un panorama de temas emergentes (ver tabla 2).

Como resultado de esta operación de clasificación, y con el propósito de ordenar los hallazgos para su presentación, organizamos los resultados en dos grandes grupos: Discusiones conceptuales sobre la intervención social, y perspectivas académicas sobre investigación y evaluación de la intervención. En este artículo discutimos los principales hallazgos en cada una de estas dos categorías.

2 Discusiones conceptuales sobre la intervención social

El campo de la intervención social es objeto de reflexiones académicas que tienen como propósito la ubicación de las prácticas de intervención en el horizonte de nuestra época. Estas disertaciones están orientadas a la comprensión, el develamiento y la discusión de los principios en los que se soportan las propuestas de intervención en lo social desde diferentes perspectivas. Así, se evidencian dos formas de aproximación: un grupo de documentos contribuye a la lectura del contexto contemporáneo y sus implicaciones en la intervención social. Estos trabajos versan sobre los cambios en los servicios sociales y su relación con las políticas neoliberales. Otras aproximaciones analizan las perspectivas de intervención social y algunos conceptos de uso frecuente en el campo. Estos documentos aportan a la configuración constante de conceptos en intervención social.

2.1 Neoliberalismo y servicios sociales

Algunas de las consecuencias de los cambios políticos, económicos y sociales relacionados con el neoliberalismo y el discurso capitalista contemporaneo son ampliamente señaladas por reconocidos pensadores de las ciencias sociales. Entre ellas se encuentran la ampliación de la desigualdad (Sennett, 2003), la degradación del medio ambiente (Beck, 1995), la precarización laboral (Beck, 1998; Sennett, 1998/2000), la disminución del capital social (Bourdieu, 1993/1999; Putnam, 1993) y la depreciación de los programas sociales (Castel, 2004; Dubet, 2002; Wacquant, 2010), todas ellas asociadas en alguna medida a la declinación del Estado como ente regulador de las relaciones sociales y al empoderamiento de la lógica del mercado. En este contexto, una de las transformaciones más pertienentes para los objetivos de este trabajo es el cambio de estatuto de los destinarios de los servicios sociales ofrecidos por el Estado: de ciudadanos a clientes. Esta metamorfosis guarda relación con el imperativo que regula la lógica de mercado, a saber, el tratamiento de todos los sujetos como consumidores.

Las políticas neoliberales implementadas desde mediados del siglo XX, se caracterizan por la reivindicación del libre mercado como la mejor vía para el desarrollo de las sociedades, lo que contrasta con la preocupación por la protección de los derechos individuales del liberalismo clásico y el énfasis en la creación de oportunidades para garantizar los derechos propia del liberalismo social (Nelson, 2013). Una de las principales características de la aplicación de políticas neoliberales es la apertura de campos de mercado en donde tradicionalmente no había, por ejemplo, en el terreno de los servicios sociales. A diferencia de los programas de asistencia ofrecidos a mediados del siglo XX por países que lograron consolidar un Estado de bienestar, hace algunos años se observa en América latina la consolidación de un mercado de intervenciones sociales como efecto de la implementación de políticas que favorecen la tercerización de las funciones del Estado.

El libre mercado agudiza la competencia, lo cual se extiende al terreno de las relaciones sociales y reifica el individualismo. Esto impacta los sistemas de gobierno en todas sus esferas e incide en la manera de interpretar las necesidades humanas, sociales y económicas (Santarsiero, 2011). Así mismo, la preocupación por la cuestión social es afectada por el discurso de las libertades, interpretadas como responsabilidades individuales (Rivest y Moreau, 2015). Las ciencias sociales y específicamente la psicología, han contribuido al fortalecimiento de argumentos que individualizan la vida cotidiana y los problemas sociales, descuidando la relación dialéctica con aspectos estructurales de las sociedades en las que dichos problemas se gestan (Parker, 2012; Rose, 1985). De esta manera, las políticas sociales se ocupan cada vez menos de las alternativas de solución de problemas estructurales como la desigualdad y la vulneración de derechos, para enfocarse en la detección y tratamiento de puntos de inestabilidad que podrían afectar el funcionamiento competitivo-productivo de la población. Esto hace que los problemas sean tratados sobre todo como asuntos de seguridad y orden público desde una perspectiva policial (Ávila y García, 2013). Así, la intervención social y sus derivados, desde sus inicios han actuado como mecanismos de control y regulación social, orientados a mantener el pacto social, clasificar lo anormal y administrar formas de disciplinamiento (Carballeda, 2002; Prado, 2008), y esto ha sido respaldado por disciplinas sociales y humanas con su participación en la configuración de los dispositivos de intervención, contribuyendo así con procesos de gubernamentalidad (Molina, Martínez y Molina, 2014; Rose, 1989; Rose y Miller, 2008). La intervención social participa de dicha lógica de gubernamentalidad en la medida en que dispone un conjunto de mecanismos de producción de conocimientos que derivan en técnicas y personas expertas, que buscan influir sobre la conducta de los individuos y las poblaciones, a través de medios sutiles, que se implementan desde posiciones institucionales legitimadas socialmente (Galaz y Montenegro, 2015).

Ahora bien, más allá de señalar el panorama de los efectos de la aplicación de políticas neoliberales y su influencia en los servicios sociales, es preciso destacar alternativas conceptuales para hacer frente a los análisis que muestran al neoliberalismo como una fuerza intencionada, organizada, racional y absoluta, considerando en su lugar los desarrollos contingentes de la aplicación dichas políticas, observando su implementación y arraigo singular en los diferentes contextos (Gray, Dean, Agllias, Howard y Schubert, 2015).

En Colombia, por ejemplo, hace casi un siglo que se vislumbró el advenimiento de la asistencia pública liderada por el Estado. Ya en la década de 1920 se consolidaban las primeras regulaciones producto de un esfuerzo organizado y centralizado del Estado por administrar la ayuda con perspectiva moderna y secular. Ello no quiere decir que las formas de ayudar hayan sido un evento novedoso, las prácticas de ayuda estaban presentes desde antes. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se observaban procesos de caridad y beneficencia, la primera comprendida como actividad de apoyo a los pobres, liderada por instituciones religiosas y laicas inspiradas por la moralidad católica de la época; la segunda entendida como ayuda secular a los pobres, relacionada con la actividad estatal. En el proceso que aconteció en los primeros años del siglo XX, caridad y beneficencia fueron sucedidas por acción social y asistencia social, a través de un movimiento de normalización estatal de la ayuda (Castro, 2007a, 2007b, 2009, 2011).

Así, la historia de la implementación de la política social en Colombia está permeada desde sus inicios por la relación con instituciones privadas. Parece que el caso colombiano es el de un Estado que no asume completamente desde sus instituciones la implementación de la política social, pues, aunque se observa un proyecto de formalización de instancias estatales, estas deben establecer alianzas con entes privados para su administración, por ejemplo con comunidades religiosas o sociedades para la ayuda a los pobres. A su vez, las parejas caridad/beneficencia y acción social/asistencia social fueron afectadas por las transformaciones en la sociedad de mediados del siglo XX en adelante. El impacto del desarrollo del capitalismo y la implementación de políticas neoliberales incluyeron la cuestión social en la lógica del mercado. La asistencia pública y la acción social se confundieron en un campo de oferta y demanda, a través de licitaciones para operar servicios por medio de entidades privadas bajo la denominación sin ánimo de lucro, que instalaron un campo de desarrollo económico que ha sido fuente de subsistencia para algunos profesionales e incluso de plusvalía para ciertos sectores de la sociedad.

De esta manera, en los países en que el campo de los servicios sociales ha sido socavado por la lógica del mercado, el escenario de las intervenciones sociales está constituido por tres actores: el sistema político, las entidades encargadas de la atención y la población destinataria de los servicios (Moreno y Moncayo, 2015; Paz y Unás, 2007). A través de la observación de las relaciones que establecen estos actores se revelan tensiones, paradojas y fisuras en el discurso de la intervención social contemporánea. Específicamente es posible señalar tres tensiones: La intervención social como actividad sin ánimo de lucro en un escenario laboral remunerado, la acción no gubernamental en el marco de la crisis del Estado de Bienestar y la implementación de políticas compensatorias, más que de acciones orientadas a la transformación social (Sáenz, 2007). A su vez, se resalta la idea de que las intervenciones sociales se han centrado en el déficit, proponiendo soluciones especializadas desarticuladas de recursos locales, lo que privilegia una mirada institucional carente de participación comunitaria que contribuye a la instauración de un perfil de usuario-comunidad pasivo (Narváez, 2015). Así mismo, son caracterizadas algunas fisuras asociadas a los discursos ideales que enmarcan las acciones de intervención: el discurso de la promoción de la autonomía se desdibuja por la paradoja de la desprotección social y las limitaciones de dicha autonomía en contextos de desigualdad; el ideal que orienta el trabajo sobre el fortalecimiento de vínculos sociales es obstruido por el desconocimiento de la cuestión biográfica y la integración a redes de movilidad limitada; y la focalización de problemas y grupos de población específicos como estrategia de intervención devela la ausencia de compromiso con un proyecto integrador (Paz y Unás, 2007).

Estas perspectivas de análisis favorecen la comprensión del campo simbólico en el que se inscriben las preguntas por la intervención social como objeto de estudio y dan pistas para el análisis situado de conceptos de uso común en dicho contexto. Dado que el escenario de las intervenciones sociales participa de este horizonte contextual, es preciso indagar sobre el rol asumido por los agentes de la intervención, pues algunas prácticas que apuntan a la transformación social y el bienestar, sin proponérselo, pueden estar permeadas por gestos orientados al control de las poblaciones, la individualización de los problemas sociales y la administración de las desigualdades para garantizar el mantenimiento del status quo.

2.2 Configuración de conceptos en intervención social

Los estudios sobre la intervención social conforman un campo transdisciplinar en el que confluyen diferentes perspectivas. En su seno, el concepto mismo de intervención social es motivo de análisis y discusión. Es frecuente encontrar alusiones a la falta de unanimidad en su conceptualización y señalamientos sobre su uso indiscriminado desde lugares comunes (A. Martínez, 2014; Saavedra, 2015). Por ello algunos investigadores proponen que “la noción de intervención social, es en sí misma un proceso contradictorio y profundamente conflictivo, que está mediado por las posiciones que los agentes sociales asumen cuando tratan de construir su horizonte y su sentido” (Estrada, 2012, p. 55). Esto ha llevado a caracterizar la expresión intervención social como una metáfora fósil, dando a entender su solidificación en el lenguaje académico e institucional, articulada como metáfora cotidiana, diluida en un código de comunicación que no se cuestiona (A. Martínez, 2014). Por ejemplo, en el contexto de las intervenciones sociales es común encontrar el uso de la fórmula atención psicosocial para designar diferentes prácticas, sin embargo, tal denominación está asociada al conjunto de profesionales que las ejecutan más que a una manera de proceder cimentada en los principios que la orientan. La expresión atención psicosocial se usa para referirse a las acciones desempeñadas por quienes conforman los equipos psicosociales —generalmente profesionales de la salud mental y de las ciencias sociales— como si el hecho de obrar en nombre de una disciplina fuera suficiente para considerar la homogeneidad del uso de categorías conceptuales y su puesta en acto (Moreno y Díaz, 2016; Vásquez, 2014; Villa, 2012).

Debido al vaciamiento observado en las categorías conceptuales de la intervención social, algunos investigadores han indagado el grado de apropiación de los conceptos por parte de los profesionales que se desenvuelven en el campo. Estos trabajos dan cuenta de que los niveles de apropiación conceptual en las ideologías profesionales no corresponden con las posibilidades de implementación en la práctica (Weiss-Gal, 2008). Más allá de la fortaleza de los procesos de capacitación, en las situaciones de intervención los profesionales hacen uso heurístico de sus repertorios de actuación, y dichos repertorios no se reducen a la operacionalización de los conceptos prescritos para la intervención, por eso hay investigaciones que dirigen la mirada a las producciones narrativas y las actuaciones de los profesionales en los servicios sociales (Guarderas, 2015; Villa, Arroyave, Montoya y Muñoz, 2017), a la construcción de los saberes de acción (Mosquera, 2005, 2012), y a los procesos de construcción de decisiones por parte de dichos profesionales en las relaciones de intervención (Smith, 2014).

Para hacer frente a esta disparidad de interpretaciones que dificultan la conceptualización sobre la intervención, algunos trabajos proponen sistemas de clasificación de las formas de abordaje de los problemas desde las intervenciones sociales, asumiendo que la diversidad de vertientes obedece a criterios de afiliación paradigmática. De esta manera, es posible una clasificación a partir de cuatro argumentos: la intervención social como acción práctica, que se evidencia en los usos de la intervención a través de la ejecución de acciones configuradas en planes-proyectos. La intervención social como interpretación de la complejidad social, en la que se incluyen perspectivas de intervención que emergen como interpretación de sentidos por aproximación a contextos, narraciones y testimonios. La intervención social como distinción de sistemas funcionales, que se expresa en teorías sistémicas que entienden la intervención como promoción de reflexividad y autoregulacion en sistemas sociales y psíquicos. Y la intervención social como dispositivo discursivo, que entiende la intervención como un territorio de ejercicio de poder, a partir de mecanismos orientados a mantener el orden y la cohesión social (Saavedra, 2015).

Para efectos de este reflexión nos interesa especialmente la vertiente de clasificación que asume la intervención social como dispositivo. Atendiendo a esta categoría la intervención social se entiende como agrupación de saberes que favorecen aperturas y cierres de conocimientos, y que están vinculados relacionalmente por proximidades, analogías y diferencias. Así, se propone repensar la intervención social en diálogo con las prácticas cotidianas, haciendo énfasis en los procesos discursivos, pues de éstos emergen enunciados, categorías, marcos teóricos y corrientes de pensamiento (Carballeda, 2007, 2010). En este orden de ideas, una vía de aproximación al campo simbólico de la intervención social es la lectura de los posicionamientos discursivos a través de las declaraciones y acciones de sus representantes. Siguiendo este camino es posible caracterizar tres posiciones desde las cuales se asumen las acciones de intervención: Las intervenciones dirigidas, las perspectivas participativas, y la perspectiva situada de la intervención (Montenegro, 2001).

Las intervenciones dirigidas se caracterizan por enfocar sus acciones en situaciones y contextos entendidos como problemáticos, los cuales han sido definidos de tal manera desde la lectura de actores externos que se posicionan como observadores expertos. En este tipo de intervención los objetivos están orientados a la normalización de lo que ha sido definido como problemático, a través del uso de conocimientos y técnicas asociados a disciplinas y campos del saber especializados. Las principales críticas asociadas a esta manera de entender la intervención la caracterizan como una operación invasiva. El uso corriente del término intervención, esto es, su sentido de intrusión, devela un contrasentido con conceptos como cooperación, ayuda o acción, pues lo que sobresale es el sentido de irrupción deliberada de un agente sobre otro, que se hace evidente en la pareja interventor-intervenido. Ello conduce a la evocación de un modelo de causación, es decir, la orientación por una secuencia mecánica, en la que se interpreta que una causa conduce a un efecto como resultado de una trayectoria invariable con resultados previsibles. Esta manera de entender la intervención obstaculiza la emergencia de otras posibilidades, pues pensarla como una agencia externa que actúa sobre un otro social diferenciado y en carencia, opaca los procesos de transformación a los que se enfrentan los agentes de la intervención por su implicación en la acción, y vela los aspectos contingentes que escapan al control instrumental e influyen decisivamente en el curso de la acción (A. Martínez, 2014).

Las perspectivas participativas problematizan el concepto de intervención como intrusión y se posicionan críticamente frente a las prácticas invasivas. Desde estas perspectivas los destinatarios de las acciones son asumidos como actores que participan en la transformación social, es decir, que atribuyen a los sujetos la potencia para construir soluciones, a partir del reconocimiento de un saber propio de los grupos humanos sobre las situaciones y los problemas con los que se enfrentan. La metáfora sugerida para las aspiraciones de estas prácticas es representada por el tránsito de intervenir a involucrarse (A. Martínez, 2014). Esta manera de comprender las relaciones orientadas a favorecer cambios sociales procura que el quehacer experto se adapte al espacio relacional de los ciudadanos, y no al revés (Arenas, 2013). Asimismo, estas perspectivas destacan el interés por conocer la realidad social y reflexionar críticamente sobre ella, lo que a su vez está orientado al desarrollo de una postura política para articular la dinámica de las poblaciones a la participación en apuestas de transformación, en el marco de opciones viables (Falla, Gómez y Rodríguez, 2011).

La perspectiva situada de la intervención social es una propuesta crítica frente a las formas de acción que definen los problemas sociales a partir de un conocimiento experto. Cuestiona la definición de condiciones problemáticas y la asume como un asunto político configurado por relaciones sociales contextualizadas (Montenegro, 2001; Montenegro, Galaz, Yufra y Montenegro, 2011). En esta medida, dirige su atención a las posiciones de los sujetos que participan en las relaciones, aplicando criterios simétricos para la indagación de las mismas, de tal forma que favorece intercambios dialógicos orientados a la producción de saberes emergentes. Al restar impulso al saber predeterminado para conducir las acciones, invita a concebir el conocimiento emergente como producto de prácticas sociales sujetas a las contingencias de los encuentros. Asimismo, privilegia la autonomía creativa como alternativa al protocolo prescrito. Esta premisa encuentra su fundamento en la convicción de que mientras más protocolos fijos sean propuestos como guías para la acción, menos espacio habrá para la transformación. Por lo tanto, se sugiere una acción “más cercana a la artesanía de la transformación social, y menos vinculada con la ingeniería del cambio" (Martínez, 2014, p. 22).

Suscribimos la manera de entender la intervención social desde una perspectiva situada. Desde este punto de vista, asumimos que en el curso de las relaciones intersubjetivas que tienen lugar en los escenarios de intervención social se pone en juego lo inconmensurable. Se trata de una escena de relaciones que escapan al control de las voluntades particulares de los actores y sus intenciones imaginarias. Consideramos que en la intervención social las acciones están orientadas por intereses conscientes e inconscientes, construidos de manera heterogénea a partir la experiencia de los sujetos y constreñidos por la red de elementos del dispositivo. Los intereses representan versiones de la realidad y son indicadores del posicionamiento asumido por los participantes en las relaciones. En ese sentido, los intereses actúan como entidades coercitivas que contingentemente influyen y estructuran las acciones. La puesta en acto de los intereses se realiza en las acciones de intervención, es decir, en los gestos deliberados asumidos por los agentes de la intervención. A su vez, las acciones afectan las relaciones y alteran el devenir, producen resultados-efectos, por lo tanto tienen potencial de acto político, pues aspiran a la transformación de la realidad sobre la que actúan. Por eso es preciso trascender la lógica en la que se asume al otro como un objeto a ser modelado, para que tenga cabida una lógica relacional en la que todas las partes son susceptibles de ser transformadas. Es un proceso desafiante que invita a tener mayor flexibilidad, creatividad y reflexión (Moreno y Moncayo, 2015).

Lo presentado hasta aquí nos muestra que las disertaciones conceptuales sobre la intervención social están planteadas desde diferentes posicionamientos paradigmáticos, los cuales derivan, a su vez, en diversas formas de construir conocimiento sobre las relaciones en los escenarios de las intervenciones y sus efectos. A continuación abordaremos dos formas de construcción de conocimiento sobre la intervención social, en torno a las cuales se integran las perspectivas desarolladas hasta el momento. Se trata de dos perspectivas que en sí mismas son una reducción, pero alrededor de las cuales se tejen la mayoría de propuestas contemporáneas. se trata de las prácticas basadas en evidencia, y la perspectiva crítica sobre ellas.

3 Perspectivas académicas sobre investigación y evaluación de la intervención

Entre los trabajos que asumen la intervención social como objeto de análisis se encuentran también las discusiones sobre la investigación y evaluación de los procesos de intervención. En estos casos, el interés versa sobre las formas de verificación del impacto de las acciones de intervención, y las posibilidades de construcción de conocimiento a partir de la experiencia. El campo de la investigación de la intervención se define como un conjunto de estrategias de investigación científica orientadas a la formulación, descripción, análisis y evaluación de programas (Fraser, Richman, Galinsky y Day, 2009). En este escenario, encontramos que una parte de la producción que hace parte del corpus documental objeto de este ejercicio está asociada a la corriente de la práctica basada en evidencia. No obstante, también se encuentran trabajos que asumen posicionamientos críticos frente a dicha perspectiva y proponen otras formas de construir conocimiento para la intervención social. Con esta clasificación no pretendemos delimitar dos formas de hacer intervención social, sino expresar dos posiciones en tensión, que pueden entenderse como la representación de los extremos de un umbral de posibilidades de aproximación a la construcción de conocimiento sobre la intervención social como objeto de reflexión.

3.1 La práctica basada en evidencia

La corriente de la práctica basada en evidencia (Evidence Based Practice-EBP) se fundamenta en la necesidad de evaluar los resultados de los programas, con el fin de conocer los efectos de las intervenciones. Los trabajos que se proponen desde esta orientación coinciden en la denuncia de escasez de información confiable para tomar decisiones para la formulación e implementación de programas de intervención (Carroll et al., 2007; Corley y Kim, 2016; Fraser y Galinsky, 2010; Jenson, 2014; Kim y Atteraya, 2015; Lawrence et al., 2014; Webber, Reidy, Ansari, Stevens y Morris, 2015). Por lo tanto, su propósito es la obtención de evidencia científica, a partir de experiencias empíricas, con la aspiración de que las prácticas que se apliquen en las intervenciones sociales sean las que cuenten con mejores soportes acerca de su eficacia (Sánchez-Meca, Marín-Martínez y López-López, 2011).

Estas perspectivas se orientan por la aspiración de eficacia y efectividad. El principio de eficacia se enfoca en la medición de los resultados que producen las intervenciones, a través de procedimientos de investigación bajo altas condiciones de control, es decir, que se ejecutan en situaciones diseñadas por los investigadores con el propósito de medir los efectos. La efectividad por su parte, está relacionada con la eficacia, pero se refiere a los estudios que se realizan bajo condiciones reales de aplicación, es decir, que se llevan a cabo en escenarios sociales en los que los investigadores tienen poco control de las variables de implementación. Los estudios sobre efectividad se caracterizan por la medición del tamaño del efecto en grupos amplios (Fraser y Galinsky, 2010).

La mayoría de las investigaciones que se inscriben en esta corriente realizan estudios cuasi experimentales, a partir de la estrategia de ensayos aleatorios controlados (Randomised Control Trials-RCT) (Kim y Atteraya, 2015; Lawrence et al., 2014; Wilson et al., 2008). Este método es presentado como la manera más confiable para la construcción de evidencia en las investigaciones sobre la intervención desde esta perspectiva (Fraser et al., 2009; Jenson, 2014). Los RCT se arraigan en la tradición de la ciencia positivista y funcionalista, por lo tanto, procuran el máximo control posible de las condiciones de experimentación. Son estudios que comparan los efectos de las intervenciones entre diferentes grupos de sujetos, incluyendo también grupos de control.

Dentro de los estudios orientados por la práctica basada en evidencia también se consideran otras formas de aproximación metodológica. Una jerarquía de las formas de construir evidencia desde esta perspectiva incluye estrategias como: los meta-análisis y las revisiones sistemáticas de múltiples ensayos aleatorios controlados; los ensayos aleatorios controlados; los estudios de cohortes longitudinales; los estudios de caso controlados; los estudios de series de casos; los estudios transversales y reportes de caso; y la consulta a los expertos, es decir, a los agentes de la intervención y los destinatarios de los servicios (Fraser et al., 2009). Como se observa, la aspiración de generalización de los resultados y su réplica posiciona a los meta-análisis como los estudios más valorados en esta corriente. Estas investigaciones se realizan a partir del acopio de los resultados de diversas experiencias de RCT. Los meta-análisis se basan en muestras amplias, por lo que sus resultados son valorados como más fiables y generalizables que los obtenidos a través de evaluaciones individuales (Matjasko et al., 2012; Sánchez-Meca et al., 2011).

Ahora bien, dado que las mediciones sobre la efectividad se realizan en contextos sociales con pocas posibilidades de aislamiento y control de variables por parte de los investigadores, el empeño por obtener evidencia científica sobre los efectos de las intervenciones ha conducido a discusiones sobre la fidelidad de la intervención (Carroll et al., 2007; Corley y Kim, 2016; Fraser y Galinsky, 2010). Este tipo de estudios proponen que para lograr una medición confiable del efecto es preciso garantizar que la intervención se ha implementado tal y como ha sido diseñada. Desde esta perspectiva los sujetos encargados de la implementación de las estrategias de intervención son interpretados como unos posibles tergiversadores de lo planeado. Por ello, es necesario realizar evaluaciones sobre las prácticas de implementación y sus niveles de fidelidad, por ejemplo, a través de la medición del grado de apropiación y puesta en práctica de las capacitaciones brindadas al personal encargado de las estrategias de intervención (Lawrence et al., 2014).

Hasta este punto, los estilos de investigación asociados a la práctica basada en evidencia se caracterizan por su afiliación al paradigma funcionalista. Esto se debe a la preponderancia de perspectivas médicas arraigadas a procedimientos clínicos y métodos cuantitativos, que aspiran a la estandarización de los procedimientos (Gould, 2010). De ahí su ambición de objetividad, generalización y replicabilidad, a través de la obtención evidencias a las que otorgan el estatuto de verdades amparadas en métodos experimentales o cuasi experimentales. Dicha influencia del pensamiento médico y biológico contribuye para que la intervención social afiance su carácter normalizador, moralizante, punitivo y pedagógico, en contradicción con aspectos histórico-sociales que atraviesan los procesos (Carballeda, 2010).

En este punto vale la pena destacar que el discurso de la EBP en la actualidad no se limita al de una categoría de estudios sobre los procesos de intervención. El interés por obtener evidencia científica confiable incide directamente en la implementación de acciones. Como su nombre lo indica, los resultados de las investigaciones en este campo tienen como propósito ser los fundamentos para las prácticas de intervención. Por ello, en el terreno de las intervenciones sociales la EBP es tanto perspectiva académica, método de investigación y de evaluación, como también forma de posicionamiento para tomar decisiones, implementar acciones y proponer relaciones. Teniendo en cuenta la caracterización que presentamos en la sección anterior, el discurso de la EBP constituye los argumentos contemporáneos que fundamentan el tipo de posicionamiento de las intervenciones dirigidas.

Ahora bien, otras vertientes de investigación de la intervención, propuestas desde otros paradigmas epistemológicos, también aspiran a la construcción de conocimiento para orientar la práctica, como las que presentamos en el siguiente apartado.

3.2 Perspectivas críticas sobre la práctica basada en evidencia

Otra corriente de estudios se desarrolla a través de métodos asociados a paradigmas interpretativos. Es el caso de los ejercicios de modelamiento de los procesos de intervención (Allen y Mohatt, 2014; Allen, Mohatt, Beehler y Rowe, 2014; Webber, 2014; Webber et al., 2015), las investigaciones sobre construcción de decisiones en las intervenciones (Smith, 2014), los estudios sobre ideologías profesionales (Weiss-Gal, 2008), los análisis de redes sociales para las intervenciones comunitarias (Faust, Christens, Sparks y Hilgendorf, 2015; Maya-Jariego y Holgado, 2015), la construcción de historias de vida (Molina, 2010), y la exploración participativa de oportunidades, retos, buenas prácticas y lecciones aprendidas (Dominelli, 2015; Ku y Ma, 2015; Maeseele, Roose y Bouverne-De Bie, 2015). Estos trabajos se orientan a la comprensión de las relaciones en el contexto de los programas. Su propósito es construir una representación de la manera en la que funciona la intervención, procurando sortear la rigidez de los modelos prescriptivos y lineales. Por ello, favorecen las versiones de los actores involucrados en los procesos de intervención, asumiéndolos como protagonistas de las acciones, más que como informantes de hechos objetivos.

Este tipo de estudios se acercan a una concepción de los procesos de intervención a partir de una perspectiva relacional, por lo tanto, privilegian estrategias de aproximación etnográfica (Ávila y García, 2013; Case, Todd y Kral, 2014; J. L. García, 2013; Ortega, 2015; Rodríguez, 2012; Smith, 2014; Webber, 2014); a través de técnicas de observación participante y no participante (Smith, 2014); conversaciones y entrevistas con los destinatarios de los servicios y los agentes de las intervenciones (Dominelli, 2015; Maeseele et al., 2015; Molina, 2010; Smith, 2014); y entrevistas de grupo con los participantes en los procesos de intervención social (Arenas, 2013; Webber et al., 2015). En algunos casos el desarrollo de las estrategias de investigación tiende a ser participativo en co-construcción con los destinatarios de los programas (Ku y Ma, 2015). No obstante, la investigación cualitativa ha sido subvalorada por la corriente dominante de la práctica basada en evidencia, aunque se observan algunos esfuerzos por otorgarle mayor interés para la toma de decisiones en los procesos de intervención y la construcción de guías para la acción. Por ejemplo, a partir de la elaboración de meta-análisis de datos cualitativos (Gould, 2010).

La disparidad de los métodos de aproximación a la realidad de la intervención radica en diferencias ontológicas, epistemológicas, políticas y éticas. Las perspectivas interpretativas comparten una noción de sujeto construido a partir del lenguaje. No es un sujeto estadístico, es decir que pueda ser estandarizado y comprendido por efecto de una sumatoria de variables (Carballeda, 2010; Gallo, 2017). De hecho, en contraste con los intereses de fidelidad de la intervención de la orientación funcionalista, las perspectivas interpretativas se posicionan de manera crítica frente a la creencia en que la configuración del mundo real es una fuente de ruidos que obstruyen la aplicación de técnicas de intervención. Desde este punto de vista, el terreno en el que se dan las interacciones de las personas no es simplemente una fuente obstáculos que impiden los efectos buscados con las intervenciones, sino que en las relaciones de intervención pueden emerger mediaciones y catalizadores no previstos, que favorecen los efectos de las intervenciones y contribuyen a su sostenibilidad (Kenthirarajah y Walton, 2015).

Es así como se hacen escuchar voces que representan posiciones críticas frente al discurso de la práctica basada en evidencia. Sus argumentos versan sobre las limitaciones de dichos estudios, entre las que destacan: la pretensión de generalización que ignora las características singulares de los participantes en las relaciones de intervención; la sobrevaloración de la evidencia obtenida a través de prácticas que ignoran los defectos posibles en los diseños de investigación; las dificultades de implementación en materia de tiempo, entrenamiento y supervisión; y la divulgación inoportuna de los resultados, pues cuando son publicados ya se encuentran desactualizados (Nevo y Slonim-Nevo, 2011). Ante este panorama se ubican los debates sobre la intervención social como cuerpo teórico que se deriva de experiencias prácticas. Estas perspectivas destacan una lucha entre el campo académico-investigativo de las ciencias sociales y sus posibilidades de aplicación en las intervenciones situadas, discusión que se actualiza al interior del campo de la intervención social a través de la dicotomía entre saber teórico universal o saber práctico situado (Neal, Neal, Lawlor y Mills, 2015; Rullac, 2014).

En este contexto, emergen perspectivas que privilegian aproximaciones inductivas basadas en la práctica (Ku y Ma, 2015); rechazan los ensayos aleatorios controlados como única forma de construcción de evidencia válida (Webber, 2014); favorecen estrategias de investigación cualitativas y cuantitativas, orientadas por procesos heurísticos que no se rijan por la estandarización de instrumentos y escalas (Dominelli, 2015); proponen una investigación formativa, más que acumulativa, dirigida por los protagonistas de los procesos de intervención (Smith, 2014). Este movimiento en la postura epistemológica para investigar la intervención es denominado investigación basada en la práctica (Practice-based research-PBR), y pretende relativizar la reificación de la evidencia, a través de la propuesta de una práctica informada en evidencia (Evidence informed practice-EIP), pero no basada exclusivamente en ella (Auslander y Rosenne, 2016; Austin e Isokuortti, 2016; Epstein, 2009, 2011, 2014, 2016; Epstein et al., 2015; Fouché y Bartley, 2016; Julkunen y Uggerhoj, 2016; Natland, Weissinger, Graaf y Carnochan, 2016; Rawles, 2016; Satka, Kääriäinen y Yliruka, 2016). Estos argumentos abogan por una concepción de las prácticas de intervención más cercana al arte que a las ciencias. En este sentido, su postura es compatible con la perspectiva situada de la intervención social, pues se posicionan frente al saber construido como un saber práctico que difícilmente puede ser aprehendido por la racionalidad científica hipotético deductiva.

4 Conclusiones

Como anunciamos en la introducción, emprendimos esta revisión con el propósito de elucidar algunas características actuales de la intervención social entendida como dispositivo, desde la perspectiva de los estudios de la gubernamentalidad. A continuación, presentamos las conclusiones derivadas de este ejercicio.

En su genealogía de la razón de Estado, Michel Foucault (1977/2006, 1978/2008) muestra cómo la preocupación por el gobierno de la conducta avanza a través de la intervención estatal en cinco grandes ámbitos: el dominio de la población, sus necesidades básicas, la salud, el trabajo y el control sobre la circulación de personas y mercancías. El común denominador de estos cinco dominios es el “ejercicio de poder sobre la vida de la población: la producción de la vida y la gestión de las condiciones de vida, […] intervenciones técnicas que sirven para producir una vida cualificada con el objetivo de incrementar la fuerza del Estado” (Castro-Gómez, 2015, p. 133), y que se constituyen como el antecedente directo del advenimiento de un Estado de bienestar.

En continuidad con las ideas planteadas por Foucault, los resultados de esta indagación nos permitieron observar cómo las prácticas dominantes en la intervención social y en la investigación de la intervención atienden al objetivo de producción y regulación de la vida. Y en el empeño por alcanzar ese propósito, los dispositivos de intervención social están alineados con el horizonte de sentido de nuestra época.

Los servicios sociales se consolidan cada vez más como un campo de mercado en el que sus destinatarios tienen el estatuto de clientes o consumidores. De esta manera, el discurso del mercado y la extensión de las relaciones de intercambio económico a diferentes dimensiones de la vida tienen un gran impacto en la reificación de un paradigma para la ejecución y la investigación de la intervención social; un paradigma caracterizado por el interés en la eficacia y la efectividad. Es así como, observamos compatibilidad y complementariedad entre la lógica del mercado y el discurso racional de la ciencia moderna. Este análisis nos mostró que el campo de las producciones académicas sobre la intervención social es un terreno propicio para observar la manera en que se produce dicha alianza, sus implicaciones para las relaciones entre los sujetos y las instituciones sociales, y los procesos de subjetivación.

La cuestión es que los dispositivos de intervención social actúan al interior de relaciones, favoreciendo prácticas de gobierno y, por tanto, implican procesos de subjetivación. De acuerdo con Giorgio Agamben (2011), “existen dos clases: los seres vivos y los dispositivos. Entre las dos, como tercera clase, los sujetos, […] eso que resulta de la relación cuerpo a cuerpo, por así decirlo, entre los vivientes y los dispositivos” (p. 258). En este orden de ideas, podemos entender los dispositivos de intervención social como “máquinas que producen subjetivaciones y, por ello, también máquinas de gobierno” (p. 261). Siguiendo esta línea de pensamiento, estudiar los dispositivos de intervención social contribuye a la genealogía de la subjetividad, más específicamente con la comprensión de las formas contemporáneas de subjetivación.

Las reflexiones conceptuales sobre la intervención social nos dejan ver que las prácticas de intervención en lo social discurren entre dos polos que demarcan un umbral de posibilidades: entre la dominación y la autonomía. En la vertiente de dominación, su lógica reposa en aspiraciones de gestión de las diferencias, administración de las desigualdades y resarcimiento de los efectos la aplicación de políticas sociales y económicas que redundan en beneficio para algunos sectores de la sociedad y detrimento para otros. En este orden de ideas, las acciones de intervención social tienen el carácter de prácticas de gubernamentalidad, pues se inscriben en relaciones de poder orientadas al modelamiento de los sujetos en sus dimensiones más íntimas: sus afectos, valores, ideas y expectativas. Por su parte, las aspiraciones a la reivindicación de la autonomía de los sujetos y las comunidades a las que se dirigen las acciones de intervención buscan hacer frente a las prácticas de dominación. No obstante, la institucionalización de los procesos y la inscripción de los mismos en políticas, programas, planes y proyectos, dificulta la emergencia de alternativas singulares que favorezcan la invención de formas distintas de lazo social.

Las perspectivas para la conceptualización de la intervención y la investigación de sus procesos se posicionan desde una dicotomía similar: entre la intrusión de un saber experto y la emergencia de alternativas situadas. La intención de control de variables para garantizar la fidelidad de los procesos supone la premisa de un saber experto orientado a resultados objetivables, que se ponen al servicio del control de las poblaciones. A su vez, la perspectiva situada de la intervención está orientada a favorecer la emergencia de soluciones singulares, fundadas en modalidades de lazo social que priorizan el saber del lado de destinatarios de los procesos de intervención.

En este contexto, la alianza entre la lógica del mercado y el discurso racional de la ciencia privilegia formas de construcción de conocimiento sobre la intervención basadas en aspiraciones de objetividad, a partir del levantamiento de evidencia con diseños de investigación inscritos en el paradigma funcionalista. No obstante, es preciso controvertir el estatuto de dicha evidencia como la única o la más pertinente para la toma de decisiones en la implementación de las estrategias de intervención. Si bien es muy importante el fomento de la investigación de la intervención como práctica de reflexión frente a la implementación de acciones orientadas a la transformación de la realidad, es preciso ampliar el panorama respecto a las formas de construcción de conocimiento sobre las prácticas de intervención social. Por ejemplo, dirigiendo la mirada a los diferentes escenarios donde se desarrolla la práctica concreta y cotidiana.

Concordamos con las perspectivas que consideran la intervención social como parte de un conjunto de prácticas situadas en las que dan relaciones entre sujetos, objetos, entidades materiales y no materiales. Esto es, relaciones inscritas en coordenadas histórico-contextuales en las que se producen encuentros que derivan en agenciamientos y emergencias. Las acciones de intervención se realizan con una expectativa de transformación y son un intento deliberado de afectación del devenir. En tanto práctica social, están enmarcadas en criterios axiológicos que orientan sus fines, y apuntan al alcance de los ideales de una sociedad.

Al revisar los discursos académicos sobre la intervención social, corroboramos que los procesos de intervención están configurados como dispositivos. Esto es, se enmarcan en discursos de diferente índole, se implementan en espacios habilitados para ello, se alojan en instituciones que representan intereses de la sociedad, están regulados por leyes, decisiones reglamentarias y medidas administrativas (Foucault, 1977/2006). Las intervenciones sociales se hacen en nombre de enunciados científicos y se inscriben en consideraciones filosóficas, morales y filantrópicas. Cada una de estas dimensiones amerita un análisis en profundidad para comprender la lógica en la que se inscriben y desarrollan las acciones, así como sus posibilidades y límites para la transformación de la realidad a la que se dirigen. Incluso, un análisis en esta vía debería revelar qué otras dimensiones, no calculadas de antemano, configuran el dispositivo en el que se inscribe dicha intervención, de qué manera inciden en las acciones, cómo afectan las relaciones y cuáles son sus efectos.

En ese orden de ideas, consideramos algunos caminos posibles para avanzar en la reflexión sobre este campo de indagación.

Por una parte, avanzar en el estudio de la intervención social en tanto que dispositivo para la gubernamentalidad. Esta línea de indagación se enfocaría en las prácticas de intervención social entendiéndolas como formas de relación que se gestan en el seno de dispositivos que constriñen las posibilidades de acción y están orientadas al control de las divergencias. Los agentes de la intervención —constructores de política social, instituciones operadores de programas, líderes de ejecución de estrategias y profesionales de primera línea— participan y contribuyen en este proceso desde diferentes niveles, atendiendo a diversos intereses conscientes e inconscientes.

Ahora bien, la analítica de la gubernamentalidad tiene límites cuando se trata de estudiar la implementación de políticas sociales. Si bien los programas de intervención social cuentan con una dimensión prescriptiva, la ejecución de las estrategias de intervención discurre en medio de una compleja red de relaciones entre diferentes actores e instituciones. Los intereses asociados a las racionalidades de gobierno precisan pasar por procesos de traducción para ser implementados en los escenarios de interacción entre operadores y destinatarios de los servicios. Ello implica la apertura de campos de producción social en los que se pone en juego la efectividad de la dirección de la conducta, pues tanto los operadores de los programas como sus destinatarios son agentes activos que interpretan, significan, interpelan o consienten con los tipos de relaciones propuestas y los objetivos a los que apuntan (Agudo, 2009; Martínez, 2016; Murray, 2007; Wedel, Shore, Feldman y Lathrop, 2005).

En ese sentido, consideramos importante avanzar en una mirada a la intervención social en tanto manera de actuar, es decir, más allá de preguntarnos qué es la intervención social, interesarnos por lo que hace y, especialmente, cómo lo hace: qué relaciones sociales construye y qué responsabilidad tiene en las formas de subjetivación contemporáneas. Y ello implica el análisis de la red de relaciones que se tejen bajo la constricción de los dispositivos, así como también la emergencia de alternativas singulares de subjetivación que escapan a la razón gubernamental.

En ese sentido, adviene la pregunta por otras dimensiones no evidenciadas que participan en las relaciones de intervención. La lógica del dispositivo favorece el análisis orientado a la comprensión de las fuerzas que constriñen las acciones, no obstante, es preciso advertir que actuar al interior de un dispositivo comporta algo del orden de la indeterminación, pues el carácter construido de la realidad a partir del lenguaje implica la consideración de lo contingente. En el curso de las relaciones de intervención advienen dificultades para calcular y medir la totalidad de la experiencia, lo que riñe con las aspiraciones de predicción y control, pero favorece la emergencia de relaciones alternativas-singulares, en las que emergen oportunidades de subjetivación diferentes al gobierno y moldeamiento de los sujetos.

En la intervención social las acciones están orientadas por intereses conscientes e inconscientes, construidos de manera heterogénea a partir la experiencia de los sujetos y constreñidos por la red de elementos del dispositivo. Los intereses representan versiones de la realidad y son indicadores del posicionamiento asumido por los participantes en las relaciones. En ese sentido, los intereses actúan como entidades coercitivas que contingentemente influyen y estructuran las acciones. La puesta en acto de los intereses se realiza en las acciones de intervención, es decir, en los gestos deliberados asumidos por los agentes de la intervención. Las acciones afectan las relaciones y alteran el devenir, producen resultados-efectos, por lo tanto, tienen potencial de acto político, pues aspiran a la transformación de la realidad sobre la que actúan.

Ello implica asumir que las relaciones situadas se comprenden en retrospectiva, a partir ejercicios reflexivos de indagación, con categorías conceptuales que favorezcan la observación de lo no calculado que emerge en las relaciones. Y, por ende, suscribir que todo intento de explicación causal es incompleto. Por tanto, esta sería una perspectiva que desestima las pretensiones de predicción y control, lo cual representa un reto para las acciones de intervención social, pues desafía la idea generalizada de la intervención como la implementación de una política, un plan, un programa o un proyecto, a la manera de una formula-receta-prescripción-estándar.

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