Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 18, Número 1, 2018

Antígona y su biobanco de ADN: Desaparecidos, búsqueda y tecnologías forenses en México

Antigone’s forensic DNA database: Forensic technologies and the search for the disappeared in Mexico

• Resumen
• Abstract

1 Introducción

La desaparición de personas en México ha traído consigo la constante exigencia, a las autoridades locales y federales, sobre la creación de un biobanco de ADN forense y de un registro nacional de desaparecidos. A pesar de diversos intentos por parte del Estado Mexicano, que han incluido, entre otros, la creación de instituciones gubernamentales que pudieran cumplir con tal tarea, las autoridades no parecen tener interés, ni los incentivos para tomar las medidas técnicas y políticas necesarias para llevar a cabo tal proeza. Expertos internacionales y familiares afectados por la desaparición de un ser querido, aseguran que en muchos de los casos el gobierno no toma acción penal frente a una desaparición porque son precisamente las autoridades quienes están coludidas con el crimen organizado o porque son las autoridades quienes participan en los crímenes de desaparición que investigan¹. En respuesta a esta situación en septiembre del año 2014, iniciamos un proyecto de investigación de acción participativa con dieciséis familiares de personas desparecidas para crear una base de datos forenses y un biobanco de ADN forense gobernando, administrado y diseñado por —y para— los familiares de desaparecidos en México. Este proyecto es conocido como ‘Ciencia Forense Ciudadana’ (CfC).

2 Metodología

El proyecto Citizen-led Forensics: DNA and Databasing as Technologies of Disruption, Novel Ways to Learn and Intervene in the Search for the Disappeared in Mexico recibió fondos del Consejo Económico y Social del Reino Unido (Economic and Social Research Council, ESRC) con el objetivo de impulsar proyectos transformadores tanto teorética como socialmente². Nuestro proyecto es transformador por utilizar una metodología de acción participativa y considerar a los familiares de personas desaparecidas como guardianes, gobernadores y administradores de tecnologías forenses. En concreto, los familiares son el centro del órgano de gobernanza de una base de datos forenses —el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas (RNCPD); y un biobanco de ADN forense que alberga los perfiles genéticos de familiares directos— generalmente padre y madre; quienes están constantemente buscando a un desaparecido(a).

El Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas fue diseñado por los familiares miembros de gobierno de CfC, Gobernanza Forense Ciudadana e investigadores de la Universidad de Durham, en el Reino Unido. El registro es un conteo ciuda

dano que ha ayudado a visibilizar los casos de desaparición que no habían sido registrados por miedo a represalias por parte de los gobiernos locales y/o del crimen organizado. Además, el RNCPD es la única plataforma diseñada por ciudadanos en donde conviven en un mismo espacio narrativas sobre la desaparición de cada individuo, memorias familiares, así como información ante mortem (existencia de fracturas, altura, peso, historial dental, médico, entre otros).

El objetivo del RNCPD y del biobanco de ADN es recopilar datos independientes sobre el número de desapariciones en el país y, al mismo tiempo, permitir que las personas que estén interesadas en participar en el proyecto recojan sus propias muestras de ADN utilizando un kit de recolección proporcionado por CfC, construyendo así una biblioteca de muestras biológicas dirigida, resguardada y recopilada por ciudadanos. Hasta este momento (diciembre 2017) CfC cuenta con 500 muestras de ADN, y los resultados de 340 perfiles genéticos que se han presentado a las familias. Este proyecto fue diseñado tomando en cuenta las preocupaciones de seguridad, privacidad y confianza que existen entre la población afectada en el país. Dichas preocupaciones nacen de una profunda desconfianza en la labor forense y de seguridad del gobierno mexicano³. Por lo tanto, los datos del RNCPD se almacenan en la Universidad de Durham, mientras que los perfiles de ADN se almacenan en Guatemala. Esto se ha facilitado a través de un acuerdo de colaboración firmado con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

Los proyectos de investigación de acción participativa (PAR) utilizan una metodología que considera a los participantes como socios en el desarrollo de estrategias de investigación y tecnologías, de la mano con académicos-investigadores. Los orígenes de esta metodología se encuentran en el trabajo de Paulo Freyre (1970). PAR está vinculada a la acción y su acercamiento al conocimiento esta enraizado en las luchas de las poblaciones locales, es por ello que pone en tela de juicio los acercamientos convencionales que piensan las relaciones del conocimiento como necesariamente jerárquicas. CfC cuestiona, de manera práctica, no sólo el monopolio de las ciencias forenses por parte del Estado, sino también, la división entre expertos y no expertos. Este acercamiento al método de investigación necesariamente parte de la coproducción del conocimiento, donde los participantes son entendidos como “agentes reflexivos” capaces de tomar parte en todos los aspectos de la investigación. (Kindon, Pain y Kesby, 2007).

La coproducción del conocimiento fue constante e iterativa durante el año que pasamos haciendo trabajo de investigación en México. Sin embargo, el trabajo participativo se hacía más intenso durante los talleres realizados con las familias en la Ciudad de México, en septiembre del 2014, febrero y noviembre del 2015, respectivamente. La duración típica de nuestros talleres era de 3 a 4 días, mismos en los que todos los actores involucrados vivíamos en la misma residencia para convivir, discutir y diseñar las actividades y prioridades del proyecto: intercambiando experiencias, dirimiendo disputas y recibiendo entrenamiento en áreas forenses que considerábamos necesarias para llevar a cabo nuestra labor.

El análisis realizado a lo largo de este ensayo, será ilustrado con ejemplos nacidos a partir del trabajo de campo etnográfico realizado desde 2012 en la Ciudad de México, Monterrey y Guerrero y el año de investigación participativa arriba descrito. Los familiares de desaparecidos que constituyen Ciencia Forense Ciudadana son líderes nacionales y/o personas públicas que están buscando a sus seres queridos en medio del conflicto que se generó en la llamada ‘Guerra contra el Narco’ y los más de 32,000 desaparecidos y 150,000 muertos que ha dejado una década de esta fallida política de Estado. (Amnistía Internacional, 2017)

Este proyecto de acción participativa se basó en principios y reglas fundamentales. La participación era voluntaria y las decisiones estarían sujetas a votación directa; el primer año las tecnologías y los mecanismos de gobernanza serían diseñados y operados de forma concertada con el equipo de investigación del proyecto Citizen-Led Forensics. Posteriormente el RNCPD y el biobanco de ADN serian manejadas por el órgano de gobernanza compuesto exclusivamente por familiares de personas desaparecidas, mismo que, se haría cargo de la operación y la visión estratégica de estas tecnologías forenses. El órgano de gobernanza fue constituido por familiares que decidieron hacerse públicos antes de que el proyecto se iniciara, esto fue establecido por los lineamientos éticos de la Universidad de Durham, tomando en cuenta la seguridad de los participantes. Todas las citas de familiares de desaparecidos (Antígonas) son producto de la investigación descrita en esta sección, las citas de especialistas forenses y antropólogos tienen su origen en comunicados públicos, y en entrevistas que llevaron a cabo los autores. Este relato trata no con no una, sino con muchas, Antígonas para anonimizar tanto como sea posible las opiniones de los participantes de la investigación participativa.

3 Prólogo: El desafío como una aportación teórica

La biopolítica participativa y el proyecto que describimos en este artículo nace de la siguiente interrogante: ¿Qué sucedería si las Antígonas de América Latina, en este caso México, pudieran tener su propia tecno-ciencia para buscar la verdad en medio del conflicto, más específicamente, su propia base de datos forenses y de ADN? El desafío como oportunidad teórica entiende la potencialidad de acción política que nace de la prolongada situación liminal, entre la vida y la muerte, en la que se encuentran los desaparecidos. En suma, es la sistemática injusticia lo que anima, a los ciudadanos-victima (Gatti e Irazuzta, 2017) a explorar nuevas formas de organizar su biología, y sus esquemas de cooperación con el fin de buscar la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.

El punto medular de nuestro proyecto es desafiar la idea de que el trabajo forense es un asunto limitado solamente a los agentes del Estado y expertos internacionales. Muchos de ellos sostienen que el trabajo emocional debe ser borrado de los esfuerzos científicos, y que las victimas deben permanecer lejos de la labor científica que produce ‘objetividad’. Por lo tanto, como víctimas no pueden desafiar a los científicos en su campo, ni en ningún otro lugar, y sus indagaciones constantes, investigaciones y recolección de información son considerados búsquedas, mientras que el trabajo similar realizado por expertos forenses es considerado investigación científica (Cruz-Santiago, 2013; 2017). Inspirada por los estudios de la ciencia y la tecnología (STS, por sus siglas en inglés: Science and Technology Studies) la investigación de Arely Cruz-Santiago (2013; 2017) sostiene, que existe otra forma de entender y practicar las ciencias forenses, vinculada a una “objetividad situada” (Haraway, 1988), que nace del dolor y la vulnerabilidad: a esta otra forma de hacer conocimiento la llama “Feminismo Forense” (Cruz-Santiago, 2017).

En los discursos dominantes sobre las proezas y logros de la ciencia forense, la aportación de evidencia y conocimiento detallado del caso con el que contribuyen las familias que buscan a sus seres queridos, tiende a ser relegado a un segundo plano. Sin embargo, es una actividad fundamental para entender cómo es que, en espacios como México y Colombia, donde el estado de derecho es selectivo y desigual (Müller, 2012) los deudos, familiares y víctimas toman un rol activo en la investigación forense, con ello generando nuevas formas de ciudadanía (Schwartz-Marín y Cruz-Santiago, 2016a; 2016 b).

La otra directriz teórica de Ciencia Forense Ciudadana nace de una lectura crítica de las nociones dominantes en la teoría de la biopolítica contemporánea (Agamben, 1998; 2000; Foucault, 2007; Rose y Novas, 2005). La teoría biopolítica tiende a oscilar entre una constante re-aserción de la lógica de la nuda vida o zoe (Agamben 1998; 2000): personas que pueden ser asesinadas sin cometer un crimen. La modernidad según Giorgio Agamben tiene el campo de concentración en sus entrañas. Aunque los números aproximados de muertos (160,000) y desaparecidos en México (32,000) son alarmantes, la tragedia humanitaria no puede ser entendida solamente a través de la narrativa maestra de la “nuda vida”; ya que aún los momentos más terribles de abyección y abuso dejan ver cómo el poder soberano nunca logra ahogar del todo las formas de resistencia.

En el otro extremo de la literatura que aborda la biopolítica y la gubermentalidad, está la noción de ciudadanía biológica (Petryna, 2004; Rose y Novas, 2005), que se caracteriza por alianzas entre grupos de pacientes, expertos y Estado buscando soluciones conjuntas a problemas vinculados con la biología especifica de un grupo de pacientes (i.e. la lucha contra el Cáncer o las comunidades afectadas por Chernóbil), principalmente en el Norte-Global. En contraste a la ciudadanía biológica de Nikolas Rose y Carlos Novas (2005), la lógica biopolítica que caracteriza la búsqueda de los desaparecidos nace contra el Estado y sus expertos, de la constante incertidumbre producto de no saber si sus familiares están vivos o muertos, o el también llamado duelo suspendido (Boss, 2013; Boss y Carnes, 2012).

La violencia sistemática y la crisis humanitaria generan no sólo un espacio de dominación, sino también la posibilidad de que los familiares de los desaparecidos movilicen su biología, y la de los seres queridos ausentes, a través de biobancos de ADN, registros y búsquedas de campo, para evidenciar las atrocidades cometidas por el Estado y el crimen organizado (Rosenblatt, 2015; Schwartz-Marín y Cruz-Santiago 2016a;2016b; Schwartz-Marin, Wade, Cruz-Santiago y Cardenas, 2015; Smith, 2016; Toom, 2015; Vaisman, 2017; Wagner 2008). La dimensión participativa de una biopolítica nacida de los movimientos de víctimas en México se caracteriza por desafiar la inacción del Estado y sus expertos. Sin embargo, el caso de México no es único en la región, en distintos escenarios padres y/o madres han transformado el civismo forense y participado en nuevas formas de buscar verdad. Por ejemplo, en Argentina de los años ochenta la colaboración entre el joven Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las Abuelas de la Plaza de Mayo ofrece un ejemplo de cómo los familiares han transformado las ciencias forenses, en su búsqueda de verdad, creando en su camino el índice de abuelidad y después de 40 años de arduo trabajo identificando a 117 nietos (Smith, 2016; Vaisman, 2017).

La idea de poner a las familias al centro de la tarea forense está presente en los discursos de los equipos forenses latinoamericanos que trabajan en México. Sin embargo, cuando les invitamos al proyecto el mismo les parecía poco factible y/o sustentable y, por lo tanto, una mala inversión de su tiempo.⁴ Es importante hacer saber que desde el inicio pensamos que la creación de la base de datos de Antígona es un fin en sí mismo. La base de datos en el centro de Ciencia Forense Ciudadana no está constituida por su eficiencia, precisión o incluso por su carácter radicalmente independiente, sino por el hecho de que se resiste a caer en cualquier categoría. No debemos olvidar que esta tecnología está construida sobre un enorme dolor y sobre el conocimiento forense generado a través de la experiencia diaria de una ausencia. Por lo tanto, sus fundamentos emocionales no son algo que hay que ocultar o excluir sino incorporar a su diseño. Es por ello que los miembros del proyecto y órgano de gobernanza, son familiares de los desaparecidos que han realizado búsquedas independientes y que han aprendido técnicas forenses frente al incumplimiento del deber del Estado. En suma, frente a la objetividad de la ciencia moderna, CFC es una apuesta a la “objetividad situada” de los familiares de desaparecidos al frente de la lucha por su derecho a la verdad (Haraway, 1988).

3.1 ¿Por qué Antígona?

La analogía entre Antígona y la búsqueda de los desaparecidos en México y América Latina ha sido explorada a fondo (Weiner, 2015). Esta historia ha servido como sitio de “pensamiento político radical” (Chanter, 2010, p. 22) así como inspiración “para dar voz a los desaparecidos, defender a los que murieron, y exigir un entierro apropiado como un acto de desafío, de luto y de recuerdo” (Poulson, 2012, pp. 48-49). No debemos olvidar que en Latino América es donde existen más adaptaciones de esta obra en el mundo: 22 para ser precisos (cf. Paniacci, 2008). En este artículo queremos mostrar cómo las gestiones socio técnicas, abren el espacio público y desafían el orden establecido, a través de un biobanco de ADN forense, diseñado, creado y gobernado desde la vulnerabilidad.

Escrita por Sófocles hace más de dos milenios, la tragedia de Antígona representa el choque entre los deberes rituales para honrar a los muertos y la lógica del poder regio, o la razón de Estado. Esta razón de estado toma forma después de la guerra en Tebas, cuando el rey Creonte ordena que el cadáver de Polinice se descomponga en las calles, para servir de ejemplo al pueblo, puesto que Polinice levantó un ejército para atacar la ciudad y tomar el poder. El decreto es claro: cualquiera que entierre a Polinice será ejecutado. Antígona desobedece la orden real para dar un entierro adecuado a su hermano/padre (no olvidemos que son los descendientes de Edipo), encontrando la muerte como resultado de este desafío. Antígona, no sólo quebranta la ley, sino que desafía a Creonte y su juicio en la arena pública; elevando su voz en espacios y maneras, que eran del dominio exclusivo de los hombres libres. (Butler, 2003)

La búsqueda constante que llevan a cabo las madres, padres, hermanos e hijos en torno a sus desaparecidos, tanto en México como América Latina, se ha comparado con la tragedia de Antígona, ya que, independientemente de los peligros y la posibilidad de encontrar la muerte a través de su búsqueda, estos familiares están resueltos a buscar a sus desaparecidos. Sin embargo, es importante hacer hincapié en que en la tragedia griega Antígona tiene un cadáver mientras que las madres de los desaparecidos no tienen esa certeza. Los Polinices de las Antígonas mexicanas, son los desaparecidos que esperan sepultura o liberación. Creonte, es un Estado cómplice o indolente, pero también las redes del crimen organizado que amenazan la vida y libertad de las Antígonas. El buen orden que desafían no es sólo el olvido institucionalizado y la resignación a perder un ser querido, sino que, gracias al RNCPD y al biobanco de ADN forense, también desestabilizan las distinciones entre experto y no experto, y el monopolio del Estado sobre los cadáveres producto de la violencia.

4 Creación de un órgano de gobernanza para una base de datos inusual

En agosto de 2013, Antígona-Boudicca bloqueó la calle de Bucareli en la Ciudad de México —la calle que conduce al edificio del Ministerio del Interior—, y comenzó una huelga de hambre acompañada de su esposo y su hijo. Antígona-Boudicca tuvo que poner en riesgo su vida para obtener una audiencia con funcionarios del gobierno. El mismo día, Antígona-Juana, se unió al bloqueo de la calle en un acto de solidaridad para exigir que el Estado mexicano tomara su asunto en serio y comenzara a buscar a su hermano Eric, desaparecido algunos años atrás.

La protesta y la desobediencia civil no son nuevas para este grupo, dos años antes, en 2011, Antígona-Boudicca, junto con otros familiares de víctimas de violencia y desaparición, crearon un movimiento social conocido como Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Hicieron una procesión a los Estados Unidos con el fin de visibilizar los miles de víctimas producto de la llamada ‘Guerra contra el Narco’. Desde entonces, ha perdido la fe en el poder de las autoridades estatales y en su voluntad de encontrar el paradero de su hijo. Ella sabe que su hijo está muerto, lo único que quiere darle es un entierro digno y encontrar a los “chacales (criminales)” que lo asesinaron. Ese verano, les preguntamos a ambas Antígona si estarían interesadas en crear una base de datos forenses y un biobanco de ADN gobernado por familiares: ambas dicen que sí.

En septiembre de 2014, un año después de la huelga de hambre, tanto Antígona-Boudicca como Antígona-Juana, llegaron a la Ciudad de México. Esta vez rodeadas de guardaespaldas, y en vehículos provistos por la Procuraduría General de la República (PGR). El propósito de su viaje: participar en la reunión para fundar Ciencia Forense Ciudadana. Durante los tres días de intensas conversaciones, discusiones y entrevistas, nos enteramos que la reunión que tuvieron con la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en 2013, tuvo escasos resultados. Entre lo más importante que surgió después de su huelga de hambre, fue la oportunidad de reunirse en la cárcel con uno de los jefes de un importante cártel de la droga, para preguntarle directamente sobre el paradero de sus familiares. El resultado: una amenaza de muerte en sus cabezas y ninguna información sobre la ubicación de sus seres queridos. Creemos que quizá por eso Antígona-Boudicca lleva un arma en su bolso, “por si acaso”.

La creación de CfC fue en sí misma un evento experimental, nunca antes se habían reunido tantos líderes que encabezan organizaciones ciudadanas dedicadas a la búsqueda de sus seres queridos sin ayuda del Estado, ni se había creado un terreno común para la acción forense colectiva. A nuestro parecer, esta era la apuesta más grande de todo el proyecto. Los puntos comunes entre ellos eran historias compartidas de dolor, abyección y la búsqueda de verdad y justicia, pero lo más importante era que los allí reunidos encarnaban lo que anteriormente habíamos definido como “civismo forense”, un concepto que sirve para analizar la articulación entre ciudadanos decididos a realizar su derecho a la verdad y ciertas técnicas socio-científicas (Schwartz-Marin & Cruz Santiago 2016a, p. 59).

Las dieciséis Antígonas que constituyeron el órgano de gobernanza de CfC provenían de diferentes regiones de México y habían desarrollado diversas habilidades. Entre ellas, había expertas en localización de fosas clandestinas, otras habían desarrollado técnicas para realizar el reconocimiento de campo con drones, habían desarrollado estrategias anti-secuestro, o eran expertas en el rastreo de llamadas telefónicas para su geolocalización (Cruz-Santiago, 2017). Sin embargo, lo que todas las personas del grupo tenían en común es que eran expertos en la movilización de fragmentos de información para impulsar al gobierno y la sociedad civil a la acción (Cruz-Santiago, 2013; 2017; Schwartz-Marín y Cruz- Santiago, 2016b).

En nuestra primera reunión en la Ciudad de México Antígona-Patricia, que había ganado su reputación nacional a través de su búsqueda de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez (y quien actualmente asesora a más de 80 familias con casos de desaparición en los tribunales), dijo:

Espero que estén conscientes que al reunir a todos los líderes [de organizaciones de familiares], nos estamos metiendo en muchos problemas, estamos acostumbrados a tomar nuestras decisiones en nuestras propias regiones y organizaciones, y creo que tendremos muchas fricciones. (Entrevista, septiembre de 2014)

Sin embargo, el aspecto más difícil al crear este órgano de gobernanza, no fue la incertidumbre de los nuevos encuentros, sino las relaciones existentes. Aunque la mayoría de ellos nunca se habían encontrado cara a cara, algunos de ellos tenían una historia previa de activismo conjunto y comenzaron a advertirnos sobre sus disputas. Estas advertencias se convertirían en relatos en los que revelaban que “alguien con información secreta nos dijo que Antígona X está involucrada con el Narco y el crimen organizado” Pronto descubrimos que la desconfianza había permeado las interacciones de muchos de los familiares del aparato de gobierno. También descubrimos que la mayoría de los relatos que compartieron con nosotros venían de las autoridades gubernamentales, quienes habían revelado esta información “en privado y en secreto” (Entrevistas y notas de campo, septiembre de 2014).

Además de la desconfianza generalizada que estos rumores generaban, la principal disputa estaba relacionada con lo que muchos de los familiares de desaparecidos definían como el síndrome de la víctima (Sicilia, en Olmos, 2015). Este síndrome hace referencia a aquellas víctimas que pensaban que su dolor era más importante que el dolor de otros y, por lo tanto, no se preocupaban por el destino de otros desaparecidos. El líder, según muchos de nuestros entrevistados, era aquel que podía superar su victimización y quien podía reconocer que no había una Antígona, sino muchas, y actuar acorde a esto. El otro punto de conflicto para el aparato de gobierno ciudadano se generaba cuando se tenía que decidir quien tenía una voz en la esfera pública, ya que esto significaba más influencia en las reuniones con las autoridades gubernamentales, y una forma de ganar visibilidad para sus familiares, así como para su movimiento popular o su grupo de activistas. La aparición en la esfera pública pronto tomó relevancia, ya que sólo en los primeros cuatro meses del proyecto dimos más de 123 entrevistas a los medios de comunicación. También nos aseguramos de que al menos un miembro del aparato de gobierno de Ciencia Forense Ciudadana participara en todas las reuniones con Organizaciones No-Gubernamentales (ONG), con el gobierno o con académicas que se llevaran a cabo durante nuestro proyecto.

Dado que el órgano de gobernanza debía funcionar como órgano colegiado, se decidió que, antes de que se diera a conocer cualquier información, se debía llegar a un acuerdo por mayoría de votos. Para lograr eso, se utilizaron plataformas seguras de redes sociales en donde se guardaba un historial de las decisiones tomadas y las discusiones en torno a temas importantes. Uno de los temas constantes de nuestras conversaciones era que las tecnologías forenses que estábamos co-construyendo no identificarían a sus familiares desaparecidos inmediatamente, ni en corto ni el mediano plazo, y que, si se le dedicaba mucho trabajo quizá en el largo plazo algunos resultados se harían visibles. El biobanco de ADN forense de CfC era un trabajo para que ellos tuvieran datos independientes, por lo tanto, era una manera de cuidar el futuro, y a las muchas otras víctimas que estaban demasiado asustadas, o que no tenían los recursos para llevar a cabo la búsqueda de sus seres queridos.

El mismo día en que finalizamos el diseño del RNCDP, el naciente órgano de gobernanza de CfC también decidió apoyar la exhumación de lo que los expertos forenses de la Procuraduría de Nuevo León afirmaban eran los restos de Brenda Damaris Solís. Durante los primeros días de septiembre de 2014, encabezada por la organización FUNDENL (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León), se llevó a cabo la primera exhumación dirigida, impulsada y administrada por ciudadanos en el cementerio municipal de Santa Catarina, Nuevo León. La colaboración entre FUNDENL y CfC quería demostrar, con el caso de Brenda Damaris Solís, un prototipo de lo que las iniciativas forenses ciudadanas, en colaboración con equipos forenses de México y Perú, podrían hacer para recuperar la dignidad y la identidad de los desaparecidos.

5 Futilidad, Justicia y falsas promesas

No sólo hemos fomentado la creación de una base de datos forenses de ADN, lo más inquietante es que hemos co-diseñado un órgano de gobernanza de esta base de datos dirigido por los propios ciudadanos que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Esto con el único fin de abrir posibilidades políticas. No es un consuelo decir que 918 familias han participado en este inconcebible esfuerzo. Los que nos acusan de dar falsas promesas a los desaparecidos han dicho que les hemos ‘lavado el cerebro’, que hemos engañado a los más vulnerables y crédulos: los familiares de los desaparecidos. En este punto no sólo se equivocan, sino que pierden de vista que, desde hace mucho tiempo ya, los familiares de los desaparecidos son quienes llevan a cabo las labores forenses en México, en medio del conflicto y la incertidumbre. En corto, que son ellos los expertos y no aquellos que ostentan las credenciales del Estado. (Notas de campo. Cuaderno analítico I, 2014)

Aquellas organizaciones nacionales de víctimas, universidades y equipos forenses que fueron invitados a participar en el proyecto nos dieron una serie de consejos sobre cómo tratar asuntos de naturaleza traumática y sobre los pilares culturales de la participación política en derechos humanos y ciencia forense. Pronto nos dimos cuenta de que la forma en que la verdad y la justicia eran conceptualizadas, practicadas y defendidas por expertos forenses, funcionarios gubernamentales y ONG en México e internacionalmente, tenía poco espacio para cualquier alternativa o experimentación. (Cruz-Santiago, 2017)

Nuestra primera oposición amistosa surgió al hablar con un equipo de especialistas forenses internacionales que habían estado trabajando en casos de alto perfil en México desde 2001. Nos dijeron que un registro ciudadano y un biobanco de ADN forense no sería de ningún uso sin la sanción apropiada de las autoridades estatales. El mensaje era claro: la justicia sería ejecutada únicamente en los tribunales, y la construcción de una base de datos humanitaria, sólo traería falsas promesas a los familiares de los desaparecidos. (Notas de campo. Cuaderno analítico I, 11 de septiembre de 2014).

Sin embargo, la aseveración realizada por los expertos se construye bajo la premisa de que la justicia penal o judicial existe, y por lo tanto se respeta el estado de derecho. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas disponibles, el 98% de los crímenes en México quedan impunes (United Nations, 2015). En segundo lugar, se asume que hay vías institucionales y forenses para lograr que efectivamente aquellos que han perpetrado un crimen se encuentren en la cárcel; y en tercer lugar, que los cientos de búsquedas y el trabajo constante de las familias de los desaparecidos, tienen que conformarse a los marcos legales vigentes, muchos de los cuales parecen estar diseñados para no funcionar.

Los esfuerzos realizados para establecer la comunicación entre equipos forenses independientes y nuestro proyecto, sufrieron su primer golpe público el 4 de diciembre de 2014 con una declaración conjunta en la que el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), que habían ayudado anteriormente en la exhumación de Brenda Damaris, decidieron distanciarse del proyecto:

La especulación sobre el involucramiento del EPAF y EMAF en iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas es preocupante, especialmente en un contexto de alta sensibilidad como México. Entendemos que el trabajo coordinado puede conducir a potenciar capacidades, pero la propagación de la desinformación puede generar expectativas que pueden no ser cubiertas, especialmente entre familiares de víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias (EPAF-EMAF, 2014, párrafo 3)⁵.

Otro ejemplo revelador de qué tan problemática resultaba CfC para los practicantes de las arcanas artes forenses, surgió durante el trabajo de campo de nuestro equipo en las morgues y laboratorios forenses de México, cuando un experto forense hizo hincapié en que la palabra “ciencia forense” y “ciudadano” no podían co-existir en el mismo espacio. “Es muy sencillo, ellos están ahí, y nosotros [los expertos] aquí… es por eso que la ciencia forense dirigida por los ciudadanos, no tiene sentido en lo absoluto” (Cruz-Santiago, notas de campo, 2015). De la misma manera, Franco Mora, antropólogo forense miembro de la EPAF, quien inicialmente participó en la exhumación de los restos de Brenda Damaris, se convirtió en uno de los tantos defensores de las fronteras entre los expertos y los familiares de los desaparecidos: “Si fuera tan sencillo, mejor todos cogemos nuestras palas y nos vamos a abrir la tierra por todos lados sin tomar en cuenta contextos" (Tomasena, 2014, párrafo 56; ver también Huffschmid, 2015). Irónicamente, pocas semanas después de la declaración de Franco, la gente estaba precisament tomando sus palas y cavando agujeros en la sierra de Guerrero, ante los ojos de cientos de periodistas nacionales e internacionales.

6 Hablándole con la verdad al poder: el registro de personas desaparecidas dirigido por los ciudadanos

El objetivo de nuestro proyecto no era sólo reconocer que la gente podía estar a la par con los expertos científicos, sino también re-pensar cómo una tecnología dirigida por los ciudadanos podía existir y ser utilizada para hacer frente a la crisis humanitaria en México y potencialmente en otras partes del mundo. Fue así, que junto con las dieciséis Antígonas que decidieron lanzar CfC, diseñamos una tecnología forense ligera. El RNCPD que pudiera ser útil, flexible y que fuera adaptable a las diferentes situaciones y contextos que existen en cada comunidad.

Algo de lo más relevante que aprendimos durante nuestro trabajo de campo en México, es que el ADN forense tiene un estatus ambivalente. La genética forense es deseada por los familiares, y al mismo tiempo temida, porque para muchos significa que están reconociendo implícitamente que sus familiares podrían estar muertos. Por ello co-diseñamos dos bases de datos: una para registrar una desaparición y la otra para solicitar un análisis de muestra de ADN. El segundo hallazgo más importante fue entender y categorizar el concepto bastante ubicuo de la re-victimización, y cómo este se relaciona con diversas prácticas y tecnologías. Antígona-Bergerac dio un claro ejemplo de re-victimización, pues había pasado varias horas llenando la forma Ante Mortem (AM) producida por la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México. Estas formas fueron una adaptación impresa de la base de datos AM-PM (Ante-Mortem y Post Mortem) de la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CICR), que, en el caso de Antígona-Bergerac ─con 5 familiares desaparecidos, incluida su única hija—, significaba que tenía que llenar más de 150 páginas de información forense para satisfacer las necesidades técnicas de la PGR y la CICR: es por ello que no nos sorprendió que la AM/PM fuera descrita constantemente como una tecnología de re-victimización por los familiares que la habían completado.

A unos meses de su creación la estadística descriptiva producida por el RNCPD se convirtió en una herramienta para desafiar las verdades producidas por el Estado al ofrecer datos independientes del gobierno sobre la desaparición de personas en diferentes partes del país. La historia del RNCPD tuvo un giro drástico en octubre de 2014, después de la desaparición y aparente ejecución de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del mismo año, evento que sucedió apenas tres semanas después de establecerse el aparato de gobernanza de CfC. Tan pronto tuvo contacto con los familiares de desaparecidos en Iguala, Antígona-Boudicca, en un acto de solidaridad y sin consultar directamente al órgano de gobernanza, ofreció 500 kits de recolección de ADN a los padres en Ayotzinapa y posteriormente a los cientos de familias que salieron a buscar a sus hijos en las fosas clandestinas. La desaparición de los 43 estudiantes se produjo tras el continuo abandono del Estado en el sur del país. Un sentimiento generalizado de inquietud y protesta hizo estragos en el país, movilizando a miles de personas a protestar públicamente en las calles.

En Iguala, donde ocurrieron estos terribles acontecimientos, en vez de protestar en las calles y marchar, actores no estatales como la pequeña y pobre iglesia católica de Gerardo María Mayela y la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) [comunidad no estatal/Fuerzas de la policía comunitaria, o grupos vigilantes] se reunieron para detectar fosas comunes clandestinas en la cordillera de Guerrero. Poco después, Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder de la UPOEG, se reunió con Antígona-Boudicca y comenzaron a trabajar juntos. Al principio los miembros de la UPOEG comenzaron a buscar en la cordillera sin garantías de seguridad, y relativamente poco apoyo local. Durante la búsqueda de los 43 estudiantes rurales encontraron docenas de fragmentos óseos, ropa desgarrada y muchos otros índices que mostraron a México y al mundo la extensión de la masacre vivida en el estado de Guerrero. Que una persona, o un grupo de personas, desentierre a quienes podrían ser sus familiares, podría parecer un acto de desesperación por el abandono de las autoridades, sin embargo, es una actividad estratégica para lograr el reconocimiento de las victimas sin nombre y provocar una respuesta por parte de los medios y el Estado. También es un sitio en donde surgen nuevas formas de deber cívico con respecto a la muerte (Ferrandiz, 2013; Schwartz-Marin y Cruz- Santiago, 2016b).

Conscientes de la necesidad de tener información independiente del gobierno, muchas familias se entusiasmaron con la perspectiva de obtener sus propias pruebas de ADN mientras continuaban con la búsqueda independiente de los cuerpos. Juntos, Miguel, Boudicca y Antígona-Jonas, registraron a más de 450 familias en el RNCPD. La tarea era titánica, ya que muchos de los familiares, reuniéndose en Iguala, no sabían leer ni escribir. Poco después de estos esfuerzos de organización, el grupo de personas que localizaban fosas comunes con Miguel Ángel Jiménez Blanco se nombrarían a sí mismos como Los Otros Desaparecidos.

Los datos independientes de RNCPD les permitieron pintar un cuadro muy diferente del que tenía el Estado mexicano. Un ejemplo de las proezas del RNCPD se hizo más visible en una reunión de alto nivel que tuvimos en la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Los números que utilizaron aquella vez para el informe oficial sobre las desapariciones forzadas que presentaron en la ONU ascienden a sólo 269 casos en todo el país (Notas de campo del equipo de investigación, 28 de enero de 2015). En comparación, el esfuerzo colectivo de ciudadanos en Iguala, Guerrero en el que Antígona-Boudicca y Los Otros Desaparecidos registraron en el RNCPD aproximadamente 335 casos de desaparición forzada, cuenta otra historia. Esto significa que las Antígona(s) registraron en un solo estado del país, un mayor número de casos que hasta ese momento el gobierno reconocía como número total de personas desaparecidas en todo el país desde la década de 1970. Este es un ejemplo de cómo hablar con la verdad al poder; derivado de la posibilidad de que los ciudadanos puedan gobernar sus propios registros independientes y bases de datos usando tecnologías forenses ágiles y adaptables.

A pesar de las dudas y la oposición de las ONG, de los equipos forenses e incluso de algunos miembros del órgano de gobernanza de CfC, la base de datos continuó creciendo. En menos de diez meses se recolectaron más de 769 casos de personas desaparecidas en el RNCPD. Un número similar de casos fueron registrados por la base de datos que la Secretaria de Gobernación construyó en 7 años y que seguramente consumió más recursos que nuestros esfuerzos cívicos (Notas de campo, UAM Xochimilco, 30 de septiembre de 2015). Independientemente de nuestra capacidad para recabar información y nuestro ágil enfoque de las tecnologías dirigidas por los ciudadanos, CfC fue, en su mayor parte, no muy bien recibido por el gremio forense, ya que no resultaba ser una tecnología eficiente o viable debido a que los datos recopilados, incluyendo las muestras de ADN, no podían ser llevados ante los tribunales y no podían utilizarse para una identificación reconocida por el Estado. Esta aseveración no es necesariamente cierta, ya que las cortes han aceptado evidencia no recolectada por agentes estatales anteriormente y lo podrían aceptar en el futuro.

El discurso humanitario forense dominante se torna esquizofrénico cuando es transportado desde donde fue originalmente ideado: en Argentina, durante un escenario de transición entre la dictadura y la democracia (Smith, 2016, Vaisman, 2012), a nuevos escenarios como México, en donde no ha existido un periodo de transición entre regímenes políticos y en donde el Estado está íntimamente entrelazado con el crimen organizado. Ya que el humanitarismo forense se enfoca en hacer que el Estado —y sus nuevas instituciones democráticas, investiguen, sancionen y reparen los crímenes de lesa humanidad que han sido generalmente cometidos por el régimen autoritario anterior. En el caso mexicano esto equivaldría a pedir que los agentes estatales y sus cómplices, que han cometido crímenes atroces, se investiguen, sancionen y den sentencia así mismos (Raney, 2014; Schwartz-Marín y Cruz Santiago, 2016a).

7 Biopolítica Participativa: ADN, Muerte y Peligro

La mayor parte de nuestras vidas somos los guardianes indiscutibles del ADN contenido en el trillón de células que constituyen nuestro cuerpo, sin embargo, una vez que morimos, o una vez que nuestro ADN es inscrito en las tecnologías de algunos científicos y expertos biomédicos, se convierte en una sustancia extraña y ajena a nosotros. Por lo tanto, no fue sorprendente que muchos familiares no estuvieran seguros de cómo defender legalmente su derecho a crear un biobanco ciudadano de ADN forense. Afortunadamente, el marco legal diseñado para proteger el ADN de las ‘poblaciones mexicanas’, sostiene que: “El genoma humano y el conocimiento derivado de él son patrimonio de la humanidad. El genoma individual pertenece a cada individuo” (Ley General de Salud, 2011). Este marco legal fue originalmente ideado para proteger la propiedad exclusiva del Estado sobre la información genómica de la ‘población’ mexicana. En este sentido, la llamada Ley de Soberanía Genómica, sirvió de base para nuestras tecnologías forenses ciudadanas.

En diciembre de 2014, cuando cientos de familias se acercaron a CfC, el análisis forense del ADN era solamente una promesa. No teníamos idea alguna de lo que sucedería. Los paquetes de recolección habían quedado detenidos en la frontera entre México y los Estados Unidos y a pesar de todos nuestros esfuerzos para conseguir los equipos de recolección de muestras de ADN en territorio mexicano, fracasamos repetidamente. La posibilidad de reunir ADN era lo que preocupaba a muchos de nuestros interlocutores, así como el contacto con los grupos que estaban realizando la localización y excavación parcial de las fosas clandestinas y, que, junto con la policía comunitaria, eran sin duda una mezcla ‘peligrosa’. Durante el primer mes de la crisis en Iguala, y en respuesta a los esfuerzos concertados de CfC, Los Otros Desaparecidos y la UPOEG, la oficina de la Procuraduría General de la Republica ofreció a cientos de familias análisis de ADN, así como apoyo económico y legal. También enviaron un equipo de antropólogos forenses y psicólogos a la iglesia local, con el fin de demostrar a México y al mundo que ellos estaban haciendo su parte para localizar a los jóvenes estudiantes (Rainey, 2014; Schwartz-Marín y Cruz-Santiago 2016b, pp. 491-496).

Al final del primer mes de actividades en Iguala, recibimos una invitación por parte de la Procuraduría General para hablar con la persona con más alto rango a cargo de atender los casos de personas desaparecidos. El propósito de la reunión era aclarar que los especialistas forenses independientes y gubernamentales eran los expertos, y que la intervención de cualquier otra persona contaminaría el debido proceso por su falta de experiencia o su inestabilidad emocional. Por ende, la participación de otros ciudadanos (especialmente los familiares de los desaparecidos), no sólo estaba prohibida, sino resultaba contraproducente y, en última instancia, ilegal. Sin embargo, al final de la reunión se nos ofreció firmar un acuerdo de cooperación, siempre y cuando Antígona-Boudicca dejara de “crear problemas” en Iguala, nos negamos gentilmente, dejando la puerta abierta a colaboraciones futuras y salimos de la oficina. (Notas de Campo, 2014) (ver figura 1).

Figura 1

Miembro de CfC, explica a otro familiar de una persona desaparecida cómo tomar su muestra de ADN (Guerrero, 30 de agosto de 2015)

El 22 de marzo del 2015 iniciamos la recolección de ADN en el epicentro de lo que se había convertido el símbolo de la crisis de desaparición en el país: Iguala, Guerrero. Rodeados de policías fuertemente armados tomamos las muestras. Fue un momento emotivo para las familias. Una madre con gran temor de decirle a la policía sobre la desaparición de su hijo, se desmayó durante el proceso y al despertar, sintió que se le había quitado un peso de sus hombros (Schwartz-Marin, Notas de campo, 2015). Los pocos miembros del órgano de gobernanza que pudieron asistir al evento, describieron este proceso como un “momento de liberación” (Antígona-Tonantzin, 6 de junio de 2015); después de todo, ninguno de los expertos forenses podía afirmar que los familiares de los desaparecidos contaminarían su propio ADN.

Durante las intensas seis horas que pasamos en Iguala, Antígona-Boudicca fue más desafiante que nunca, dando entrevistas a agencias de noticias locales e internacionales. En el interior del museo local, ahora adaptado como centro de recolección de ADN, Antígona-Tonantzin, legendaria líder popular e hija de un activista social, desaparecido por los militares en los años 70, lideró el esfuerzo. El equipo de CfC manejó los medios de comunicación y el RNCPD, mientras las familias que iban llegando esperaban pacientemente (apenas protegidas del sol ardiente) con Miguel Ángel y miembros de la UPOEG, quienes explicaban los objetivos de CfC. Cinco meses después, el asesinato de Miguel Ángel Jiménez, el 15 de agosto de 2015, nos recordó como, igual que Antígona, las mujeres, y en menor medida los hombres, protagonistas del drama de los desaparecidos, viven en constante peligro de muerte. Algunas madres y padres mueren en busca de sus familiares desaparecidos; a veces asesinadas por sicarios y/o policías cómplices. En otras ocasiones mueren por enfermedad y fatiga.

Conscientes de su frágil salud y vulnerabilidad, y en respuesta al hecho de que muchas de las personas que buscaban a los desaparecidos en la década de los 70, eran ancianos y podrían morir en los próximos años, Antígona Tonantzin, organizó un muestreo de ADN masivo en su ciudad natal. La campaña tuvo lugar durante el día internacional de los desaparecidos: 30 de agosto de 2015. Su objetivo no era sólo vincular a las generaciones futuras con los posibles hallazgos de restos humanos a través de los mecanismos de genética forense, sino también crear un mausoleo en el que el ADN de las familias sería una exposición permanente. Esto sería tanto un acto de desafío como de remembranza. Debido a que era la primera vez, desde hace cuarenta años, que la comunidad rural y extremadamente desprovista de recursos tenía acceso a su propia ciencia forense y ADN, “era un momento que no debía olvidarse”, y el objetivo de Antígona-Tonantzin era enseñar a las futuras generaciones cómo la ciencia podría convertirse en una herramienta para la desobediencia civil (comunicación personal con Antígona-Tonantzin , 30 de septiembre/1 de octubre de 2015).

En el norte del país, Antígona-Bergerac comenzó a tener aún más contacto con los activistas que viven en los EE.UU., Honduras y Guatemala, convenciéndolos para que se incorporaran a CfC. Conoció los laboratorios forenses de ADN donde se analizan las muestras de CfC en Guatemala. Y organizó reuniones con madres que protestaban en la Ciudad de México, procedentes de Centroamérica, para incluirlas en el biobanco de ADN forense. Movilizando sus nuevas redes transnacionales llegó a un entendimiento con los responsables de la base de datos de ADN forense del estado de Tamaulipas para hacer comparaciones con el biobanco de ADN forense de CfC. Antígona-Boudicca siguió el ejemplo de lo que pasaba en Tamaulipas, y también entrenó a otros grupos de familiares sobre cómo detectar tumbas clandestinas y las invitó a formar parte de CfC.

Desde la segunda mitad del 2015 hasta principios del 2016, el proyecto se independizó gradualmente del equipo de investigación que apoyaba al RNCPD y la distribución de kits (o estuches) de recolección de ADN en diferentes partes de México. La separación tan anunciada hizo volver a las viejas preguntas: Ya que este modelo nunca ha sido probado en ningún otro país, ¿cómo sabemos si es viable? Organizar, operar y decidir sobre las decisiones a tomar en un esfuerzo como CfC fue una prueba intimidante: cientos de estuches de recolección de ADN viajando por México, la base de datos RNCPD, contraseñas, página web y un sin fin de actividades que necesitaban ser atendidas. A medida que disminuía el financiamiento para viajes y reuniones, otros miembros perdían los recursos monetarios o el ímpetu para comprometerse con el proyecto, fueron los que estaban más activos y solían participar a través de los medios de comunicación establecidos entre el equipo, quienes finalmente continúan con la labor de CfC. Como todo nuevo comienzo (Arendt, 1958), CfC resulto ser extremadamente frágil, lleno de desafíos y muy cuestionado tanto por el Estado como por las ONGs.

8 Epílogo. Autoridad biopolítica

La promesa política del tipo de ciudadanía científica incorporada en la creación de un RNCPD y un biobanco de ADN forense, gobernada, administrada y construida por familiares de personas desaparecidas, se basa en su obstinada irreductibilidad: no es un ejercicio de remembranza, tan poco un ejercicio forense exclusivamente destinado a obtener resultados ‘objetivos’. Ciencia Forense Ciudadana es una tecnología diseñada para atender a las emociones y necesidades de quienes buscan a sus seres queridos en medio del conflicto, y es una tecnología de gobernanza en donde distintos grupos de activistas y familiares de desaparecidos pueden movilizar la ciencia como mejor les sirva a sus situaciones y retos específicos.

Lo que inspira esta iniciativa es la inquebrantable resolución y convicción de las Antígona(s) mexicanos de honrar a sus muertos y desaparecidos. Esta disposición ha podido generar espacios de acción política que antes no existían. Un ejemplo podría ser el hecho de hacer visibles y reorganizar las tragedias personales de las muchas Antígona(s) en busca de sus familiares en México, convirtiéndose así en una herramienta para la movilización popular frente a la omisión y/o colusión con el crimen organizado de las autoridades gubernamentales. Una de las consecuencias que las bases de datos forense de CfC ha tenido en México, es que desplazó el lugar de autoridad del Estado y de sus expertos forenses, al menos parcialmente, para ponerlo en manos de las ‘víctimas’, no sólo en Iguala, Guerrero, sino en distintos puntos del país y más allá de sus fronteras, incluidas las organizaciones populares en los Estados Unidos, Honduras y Guatemala.

Debemos considerar, junto con Michel Foucault (2007), a la biología y a la economía como discursos y prácticas generativas que crean caminos para que surjan subjetividades, modos de gobierno, acción política y ciudadana. Este ha sido el caso de CfC; A lo largo de su desarrollo las tecnologías dirigidas por los ciudadanos han logrado hacer de la precariedad de la vida y la incertidumbre de una inseguridad constante, los cimientos de prácticas radicales de tecno-democracia. Lo que Claire Blencowe (2013) llama autoridad biopolítica (un acercamiento privilegiado al mundo de lo biológico y al conocimiento) es exactamente lo que el proyecto de la ciudadanización forense ha traído al campo de la búsqueda de las desaparecidos. La experticia que nace de la posibilidad que las víctimas tengan sus propias herramientas forenses desdibuja los límites de la constitución moderna (Latour, 2004) haciendo de la vulnerabilidad (usualmente vista como subjetividad que contamina el conocimiento) la fuente de la objetividad del trabajo de las Antígonas (Haraway, 1988).

La fusión de las formas de participación popular con la ciencia forense, prefigura una ciudadanía en la que el ADN de los fallecidos, los desaparecidos y los familiares que los buscan, pueden ser reunidos a pesar de las brechas temporales y espaciales, e incluso a pesar del Estado. Las brechas son creadas por la ausencia de las personas amadas y por la muerte de quienes las buscan, pero también por un sistema forense que no puede atender la actual crisis humanitaria vivida en México. Antígona es un símbolo del desafío feminista contra el estatismo y el autoritarismo (Butler, 2003). Por lo tanto, la heroína trágica nos sirve como punto de inicio para definir el espíritu que anima el biobanco de ADN forense, mismo que conceptualizamos e intentamos materializar como la encarnación de una posición desafiante hacia las visiones dominantes de la legalidad, el humanismo forense y el buen orden público.

Es por ello que pensamos que CfC ha desencadenado la posibilidad de reestructurar los mecanismos y las técnicas de la gubermentalidad para servir a una nueva política de justicia. Una biopolítica participativa a la que se le recuerda constantemente la futilidad de sus esfuerzos, sin embargo, los familiares de los desaparecidos que almacenan su propio ADN con propósitos forenses encarnan la idea fundacional del feminismo y de los estudios de la ciencia y la tecnología: otros mundos son posibles.

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