Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 15, Número 4, 2015

De la superación del miedo a protestar al miedo como estrategia represiva del 15M

From Overcoming the fear to Protest, to using Fear as a repressive strategy towards the 15M movement

• Resumen
• Abstract

1 Introducción: perdiendo el miedo a protestar

La profundidad de las consecuencias de la crisis actual iniciada en 2008 cogía fuerza a partir del 2010 en los países de la zona euro. La Europa del sur, en especial, pasaba a sufrir las consecuencias de los ataques por parte de especuladores junto con la imposición de duras condiciones de ajuste (Fontana, 2011). Una situación que no era sólo coyuntural, sino que se explicaba por procesos y apuestas de cambio político y económico más amplios y que además están estrechamente relacionados: el neoliberalismo, la globalización, la privatización de la política y la financiarización de la economía (Busqueta, 2013; Fontana, 2013; Navarro, 2011).

Condiciones materiales reales, una sensación de humillación provocada por el cinismo y la arrogancia de los poderosos, tanto en el ámbito financiero como político (Castells, 2012), y un sentimiento de que se estaban violando, sin miramientos, valores compartidos y asentados (Aguilar, 2012), más el desencanto ante una izquierda institucional que estaba aplicando las reformas que el sistema imponía (Domènech, 2014), se conjugaban como oportunidades políticas que harían posible el crecimiento de la protesta social.

En todo caso, diversas condiciones contextuales coincidían dando paso a una movilización de gran intensidad que, coincidiendo con diversos teóricos, nos lleva a afirmar que estamos ante un nuevo ciclo de acción colectiva. Es decir, en los años 2010, 2011 y 2012 se produce, con rapidez, un ciclo de protesta que gana en intensidad y que con alguna excepción cumple con los rasgos establecidos por Sydney Tarrow (1997) para hablar de este concepto (Aguilar, 2012). En una línea parecida, Josep Fontana (2011) remarcaba un aspecto de mucha importancia para justificar el foco de este artículo: la protesta social parecía distinta a la de ocasiones anteriores, cada vez era menos claro si el sistema sería capaz de ofrecer compensaciones a los jóvenes que protestaban, así como si había sido capaz de hacer con los jóvenes que protestaban en el mayo del 1968, a la vez que no era tan claras las posibilidades de contención de esta protesta. El sociólogo Manuel Castells (2012) también remarcaba la fortaleza de la protesta al superar el miedo que el Estado impone mediante su aparato represivo:

Se unieron. Y su unión les ayudó a superar el miedo, esa emoción paralizante de la que se vale el poder para prosperar y reproducirse mediante la intimidación o la disuasión y, si es necesario, mediante la pura violencia, manifiesta o impuesta desde las instituciones (p. 20).

Es así como los aparentes consensos sociales parecían estar desmoronándose.

Es precisamente esta constatación de la falta del consenso social, así como de una protesta social que supera el miedo y de las posibles dificultades del Estado para contener la protesta creciente, la que nos motiva estudiar la represión policial de las protesta en este período. De hecho, si bien ya están apareciendo múltiples publicaciones sobre los movimientos sociales del período que analizamos, sobre todo relacionados con el 15M, son aún escasas las investigaciones que versan sobre su represión, incluso en sus formas más violentas como ocurrió en Barcelona.

La interacción entre el crecimiento de una falta de consentimiento con aquello que deciden y ejecutan los gobiernos, expresado claramente en las calles y plazas de Barcelona, y la respuesta del aparato represivo, y en concreto el policial, es nuestro foco de estudio. Buscamos aportar unos primeros resultados de un análisis sobre la represión policial en un momento de crecimiento de la protesta. En concreto, queremos ver cómo cambió el rumbo de la estrategia policial ante el movimiento 15M, con la ocupación que hizo de la plaza Cataluña y con la acción simbólica de bloqueo del Parlamento, que destacan por su grado de confrontación con las autoridades.

La ciudad de Barcelona aparece como un caso paradigmático para el estudio de la protesta social y la represión por la gran cantidad de protesta que históricamente se desarrolla en su seno y por ser la segunda ciudad más importante del Estado Español (Smith, 2002). Barcelona tiene un núcleo muy marcado geográficamente, su centro y sus barrios históricos, donde se desarrollan la mayoría de eventos de protesta multitudinarios, además de ser el espacio donde se concentran los centros de poder político y económico que acostumbran a ser objeto de señalización por parte de los movimientos sociales.

Es así como primero revisamos aquellas aportaciones teóricas y de investigación que han analizado los factores que influyen en las estrategias policiales y las definen. Esta revisión nos permite establecer nuestro marco de análisis. En segundo lugar, exponemos la metodología utilizada para desarrollar nuestra investigación que se basa en el análisis de prensa, grupos de discusión y entrevistas. En tercer lugar, mostramos los resultados obtenidos y, por lo tanto, exponemos distintos acontecimientos de la protesta en Barcelona y qué estrategias policiales se han aplicado para restringir y/o reprimir la protesta y una primera explicación de su porqué, teniendo en cuenta los códigos culturales que explican y legitiman o no la actuación policial. Finalmente, extraemos algunas conclusiones que aportan algunos elementos para contribuir a la teoría expuesta en el marco teórico y se apuntan interrogantes que han quedado abiertos sobre los cuáles es necesario seguir explorando e investigando en el futuro.

2 Represión: efectos simbólicos y oportunidades represivas

La represión de la protesta social ha tenido varias acepciones desde las diferentes disciplinas en las que se ha tratado. De un lado, se ha entendido la represión como aquellas acciones desarrolladas por las autoridades del gobierno que impiden la movilización mediante el hostigamiento, la vigilancia, las prohibiciones, el acoso y la intimidación de activistas, la división de organizaciones, la detención de activistas, la tortura, el encarcelamiento o incluso haciendo uso del asesinato (Davenport, 2007). En las definiciones en las que la represión está ligada a actos de limitación de derechos y a mecanismos de control de aquellas conductas que se consideran “desviadas” en el orden ideológico, político o social, la represión aparece como un concepto muy cercano a la noción de violencia política (González, 2003; 2012). De esta manera, si consideramos que nuestras sociedades están en conflicto, debido a las desigualdades de clase y de poder, podemos afirmar que el Estado hará uso de la amenaza de la violencia y, en ocasiones, de la violencia misma para volver a situaciones de estabilidad que favorezcan a los grupos de poder. Otros autores han desarrollado definiciones más complejas de lo que consideran represión de la protesta social que añaden variables en las que fijarse para analizar este fenómeno, más allá del aparato policial e incluso estatal. En este sentido, es destacable Charles Tilly (1978; 2007), que define represión como aquellas acciones que tienen un coste para la protesta, o Jane Earl (2003; 2011), que entiende la represión como la acción del estado o la acción privada, sea observable o no observable, que impide, controla o restringe la protesta, incluyendo su iniciación.

Las autoras de este artículo situamos la definición de represión en una acepción amplia, entendiendo que la represión de la protesta incluye aquellas acciones que desarrolla el sistema penal mediante la policía, el poder judicial, la cárcel y otras penas, y el poder legislativo, e incluso, en algunos países y/o momentos históricos, podrían incluirse actores paraestatales. Pero, en concreto, el artículo se centra en aproximarse al control policial de la protesta (acuñado en inglés como protest policing), que se ha definido desde la sociología de los movimientos sociales como el modo con el que la policía “maneja” los actos de protesta (della Porta, 1996/1999; della Porta y Diani, 2011; della Porta y Fillieule, 2007; Earl, 2011). Pero en el análisis que nos ocupa optamos por centrarnos en aquellas actuaciones policiales que tienen la intención de reprimir, es decir, de impedir, restringir o controlar la protesta con el objetivo de debilitar la resistencia de los individuos o grupos, reales o potenciales, que se considera que desafían las relaciones existentes de poder y, por lo tanto, las decisiones de las autoridades gubernamentales, del poder legislativo, del poder judicial o del poder económico.

En nuestra investigación, partimos de la idea de que la represión policial es un buen barómetro para evaluar con qué oportunidades políticas cuentan los movimientos sociales y, por lo tanto, nos debe servir también para evaluar el grado de apertura y receptividad del Estado (della Porta, 1996/1999; della Porta y Diani, 2011). De la misma manera que la represión policial ejerce una importante influencia sobre los repertorios de acción de los movimientos sociales, las actuaciones policiales se adaptan a estos repertorios, produciéndose una influencia recíproca que supone innovación y adaptación mutua (della Porta, 1996/1999; della Porta y Diani, 2011).

Sin embargo, para analizar las estrategias represivas de la policía en este período no sólo tendremos en cuenta esta interacción entre protesta y actuación policial, sino que nos parece imprescindible analizar los códigos culturales que influyen y explican esta represión policial (della Porta, 1996/1999). Es decir, se trata de comprender cuál es el debate entre el gobierno y otros actores, como los partidos de la oposición, actores de la sociedad civil o los propios movimientos sociales, para analizar qué códigos cogen fuerza a la hora de explicar la actuación policial frente a una protesta determinada. Como dice Donatella della Porta (1996/1999): “El que una acción de protesta se defina como el ejercicio de un derecho ciudadano o como una disrupción del orden público tiene consecuencias para la legitimación de los actores” (p. 104). Es así como sostenemos que la definición que tome fuerza socialmente sobre cómo ha actuado la policía y, por lo tanto, el efecto simbólico de la represión policial, tendrá importantes consecuencias para las estrategias policiales futuras. En definitiva, basándonos en las aportaciones del historiador Eduardo González (2012), consideramos que el Estado no es un artilugio inmutable en su estrategia predominantemente represiva, sino que su actuación la debemos analizar evaluando sus intereses, marcos de interpretación de la realidad, formas organizativas o métodos de movilización, en el contexto variable de la estructura de oportunidades políticas, de la misma manera que se analizan las acciones colectivas de los grupos opuestos a él. Aunque aquí el autor hace referencia al Estado, este enfoque teórico nos es útil para aplicarlo al estudio de la policía como uno de los brazos ejecutorios del mismo.

Entre la década de los 60 hasta los inicios de la década de los 70, la actuación policial se había caracterizado por un estilo policial muy agresivo y violento, con medios coercitivos incluso ilegales que los investigadores acuñan como “escalada represiva”. Se ignoraba así el derecho de manifestación y sólo las formas convencionales de protesta eran toleradas, empleándose tácticas fuertemente disruptivas con aquellas protestas que se consideraba que violaban las normas sociales, aunque fueran pacíficas (della Porta y Diani, 2011; della Porta y Fillieule, 2007; Mcphail, Schweingruber y McCarthy, 1998). A partir de la década de los 70 se había iniciado una etapa basada en la “gestión negociada” de la protesta que procuraba que los manifestantes pudieran desarrollar su derecho a manifestación y toleraba incluso formas transgresoras de protesta. Incluso cuando se rompía la ley como forma de desobediencia civil se usaba la mínima fuerza. Se entendía que la comunicación entre manifestantes y policía era básica para una conducta pacífica y evitar los medios coercitivos, las detenciones se llevaban a cabo como último recurso y la fuerza se intentaba evitar haciendo uso de cordones policiales o mediante los mismos procesos de negociación (della Porta y Diani, 2011; della Porta y Fillieule, 2007; McPhail, Schweingruber y McCarthy, 1998). De todas formas, hay que añadir que la aplicación de la estrategia negociadora ha sido siempre selectiva y que en los cuerpos policiales ha existido una clara distinción entre unos manifestantes “buenos” (tradicionalmente calificados como pacíficos, pragmáticos, interesados en la reivindicación y con una meta clara) y otros manifestantes malos (predominante calificados como jóvenes, desinformados, destructivos y agitadores) (della Porta y Diani, 2011; della Porta y Fillieule, 2007; Soule y Davenport, 2009).

Finalmente, diferentes autores ante las protestas del movimiento antiglobalización empiezan a hablar de un nuevo estilo policial más agresivo que va reemplazando la “gestión negociada” (della Porta y Diani, 2011; della Porta y Fillieule, 2007). En concreto, algunos investigadores empezarán a hablar del surgimiento de un modelo de “incapacitación estratégica”. Este nuevo enfoque se caracteriza por una gama de innovaciones de tácticas policiales dirigidas sobre todo a aquellos manifestantes más transgresores. Por lo tanto, es mucho más selectivo. Además, la vigilancia se incrementa de forma exponencial mediante actividades encubiertas en la red, seguimientos, interrogatorios e infiltraciones de agentes en organizaciones y grupos transgresores. Los sistemas de videovigilancia y las filmaciones policiales también incrementan la vigilancia durante la protesta. Otro aspecto que caracteriza a este modelo es que los cuerpos policiales comparten información entre sí de forma extensiva y sistemática. Además, hay un fuerte control del espacio y es la policía la que determina cuándo y dónde puede tener lugar la protesta. También se emplean detenciones preventivas y armas menos letales para neutralizar temporalmente a los manifestantes real o potencialmente disruptivos (Gillham, 2011; Gillham y Noakes 2007).

Si bien los teóricos afirmaban que en la década de los 70 cogía fuerza una actuación policial más basada en la negociación, desde la criminología crítica se constataba un aumento del control social y la coerción del Estado (Soule y Davenport, 2009). Las teorizaciones sobre la actuación policial, en general, y la actuación policial ante la protesta no cuadraban. En cambio, la constatación del surgimiento de un modelo de “incapacitación estratégica” conecta directamente con una filosofía del control policial que enfatiza la gestión del riego, el control del espacio físico y la incapacitación de los delincuentes potenciales (Gillham y Noakes, 2007). Por lo tanto, estas nuevas aportaciones nos llevan a aquellas teorías que defienden que en Estados Unidos, pero también en Europa, el Estado social va perdiendo fuerza, a la vez que se fortalece un Estado penal (Garland, 2001/2005; Wacquant, 2005/2007). En estas últimas décadas, el control deviene un fin en sí mismo, imponiéndose políticas de tolerancia cero que llevan a una nueva orientación policial basada en la idea de broken Windows (Wacquant, 1999/2004). Se establece una criminología actuarial que indica que se debe actuar ante las mínimas infracciones para evitar un supuesto potencial delito (de Giorgi 2000/2005; Rivera y Nicolás, 2005). Unas interesantes conexiones que abren un potencial campo de teorización sobre el control social de la protesta, de los inmigrantes, de los sin techo, de las trabajadoras sexuales, de los jóvenes precarios, de aquellos que en palabras de Alessandro de Giorgi (2002/2006) son un excedente que ya no vale la pena disciplinar, en el sentido focultiano, en las sociedades postfordistas.

Antes de cerrar este apartado teórico, queremos anotar que aún son pocas las aportaciones sobre la represión de la protesta en este período en el marco del Estado Español. Sin embargo, cabe destacar las aportaciones de Gerardo Pisarello y Jaume Asens (2014), que nos presentan un buen análisis de los hechos represivos que se han sucedido en tiempos de crisis ante la protesta y que consideran que el Estado se ha convertido en una bestia sin bozal. También queremos destacar las aportaciones de Ester Blay (2013) sobre el modelo policial de control de las protestas en el Estado Español, que nos define que este modelo se encuentra entre dos tendencias: una más cercana al modelo de “incapacitación estratégica”, destinada a las protestas más transgresoras, y otra basada en el modelo de “gestión negociada”, para las protestas convencionales.

Sea como fuere, la constatación de que existen unos códigos culturales que desempeñan un papel importante a la hora de definir los sucesos represivos y la constatación de la existencia de diferentes estilos policiales, que pueden coexistir en un mismo momento o incluso en una misma protesta (Blay, 2013), nos da pistas para poder dimensionar nuestro estudio y acceder a unos primeros resultados sobre las estrategias represivas policiales usadas en la ciudad de Barcelona con el crecimiento de la protesta que supone el movimiento 15M.

3 Estrategias metodológicas

En este artículo nos preguntamos cuál ha sido la respuesta represiva de la policía catalana ante un momento de un importante crecimiento de la protesta y de punto de inflexión. Es así como nos centramos en la represión del movimiento 15M en Barcelona y, concretamente, en el desalojo de plaza Cataluña el día 27 de mayo de 2011 y el bloqueo simbólico del parlamento el 15 de junio del mismo año.

Es importante resaltar que el análisis se centra en la actuación de la policía catalana, los Mossos de Esquadra del gobierno catalán (es decir, de la Generalitat de Catalunya). La policía autonómica catalana depende del Departamento de Interior y tiene competencia plena en materia de protección, de seguridad ciudadana y orden público. Cabe también añadir que, en el período que sometemos a análisis, el gobierno catalán estaba en manos del partido político nacionalista catalán, liberal y de derechas (Convergència i Unió), que gobernaba desde las elecciones de noviembre de 2010. Unas elecciones que ponían fin a una experiencia de dos legislaturas de un tripartito formado por partidos del ala izquierda parlamentaria.

Hemos llevado a cabo el análisis en este período, teniendo en cuenta varias dimensiones de la actuación policial, que construimos a partir del marco teórico (della Porta y Diani, 2011; Gillham, 2011; Mcphail et al., 1998). Para analizar la estrategia policial ante la protesta nos fijamos en las siguientes variables: el respeto de la ley y del derecho a manifestación por parte de la policía, el grado de comunicación con los manifestantes, el uso de la fuerza y las agresiones policiales, el grado y el tipo de detenciones, el grado de tolerancia a la disrupción, el grado de selectividad de los sujetos, el grado y tipo de control del espacio y el grado de vigilancia hacia los activistas.

La revisión de prensa es comúnmente aplicada en investigaciones de esta índole por sus ventajas (Soule y Davenport, 2009; Blay, 2013), pero también tiene algunas limitaciones. Por eso, este análisis lo hemos realizado mediante tres técnicas de recogida de información. En primer lugar, se ha elaborado una cronología de todos los episodios de protesta en la ciudad de Barcelona y de la respuesta de la actuación policial mediante la revisión de dos medios de comunicación: la Agencia Catalana de Noticias, como medio oficial, y el semanario La Directa, como medio alternativo que hace un seguimiento muy detallado de las protestas sociales que se producen en Cataluña y sus consecuencias. De cada una de estas actuaciones policiales, ya sean en la calle el día de la protesta o ya sean fuera de este escenario, se han controlado la respuesta y la reacción que había por parte de distintos actores (gobierno, partidos de la oposición, entidades de la sociedad civil y los propios movimientos sociales implicados en la protesta). Como se apunta en nuestro marco teórico, consideramos que estas reacciones nos permiten analizar los códigos culturales que cogen fuerza a la hora de explicar lo sucedido y, por lo tanto, el efecto simbólico que tiene a nivel social la actuación policial. Descubrir el efecto simbólico de la represión nos parece de especial relevancia para comprender cómo actuará la policía ante los siguientes episodios de protesta que se sucedan. En segundo lugar, este análisis lo hemos completado mediante tres grupos de discusión en los que han participado, entre los tres, diecisiete significados activistas de la ciudad de Barcelona. Para ello construimos una muestra intencionada teniendo en cuenta los siguientes criterios: que hubiera diversidad socio-demográfica (edad y sexo) y que hubieran estado implicados en el movimiento 15M y también en movimientos sociales anteriores y posteriores que se transformaron, crecieron o se reorganizaron con la aparición del 15M. Entre ellos se incluyen el movimiento feminista, el movimiento por la vivienda digna (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el sindicalismo combativo, el movimiento vecinal y las asambleas de barrio, el movimiento por la educación y la sanidad pública, el movimiento estudiantil y por la universidad pública o el movimiento antirepresivo, para destacar los más significativos. En tercer lugar, los resultados de esta investigación se completan con una serie de entrevistas. Por un lado, a tres personas que fueron arrestadas a partir de los hechos de bloqueo del parlamento. Por otro lado, contamos con cuatro entrevistas a abogados/as que han llevado casos vinculados a los casos de protesta. Finalmente, contamos con cinco entrevistas a personas que trabajan en el Departamento de Interior. Dos de ellas con cargos en un rango bastante superior del cuerpo.

Todos los grupos y entrevistas nos permiten acabar de comprender la información que hemos podido recoger mediante la revisión de prensa y, evidentemente, añaden significado y la experiencia de la vivencia y valoraciones sobre las problemáticas y dimensiones de análisis propio de la investigación cualitativa (Flick, 1998/2009). Cabe decir que a petición de la mayoría de personas participantes se han anonimizado sus discursos que se irán presentando a continuación a medida que avancemos con los resultados.

Como limitación de la recogida de datos queremos destacar dos variables no han sido controladas de forma sistemática para comprender con más profundidad el efecto simbólico de la represión. Primero, el discurso de los medios de comunicación más influyentes. Segundo, los debates y reacciones en las redes sociales. También, debemos destacar que la falta de acceso a los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en materia de orden público no nos permite poder entender que tiene previsto hacer la policía. El Departamento de interior considera que son documentos que deben ser sujetos a la confidencialidad y que su acceso debe ser limitado para no dejar al descubierto las estrategias de seguridad y de organización de estas unidades operativas.

4 Violencia policial en la plaza, deslegitimación policial y primeros pasos hacia un estilo policial de “incapacitación estratégica”

Las movilizaciones iniciadas el 15 de mayo del 2011 con la convocatoria de la manifestación en todo el Estado de la Plataforma “Democracia Real Ya” suponían un punto de inflexión muy importante que planteaba nuevos retos a la clase política y a las elites económicas, que buscaron resolver la situación, también, con medidas policiales. Se trataba de unas dimensiones de movilización ciudadana que cogían por sorpresa a todo el mundo, pero que tenían claramente sus antecedentes y sus causas “Democracia Real Ya” era una plataforma ciudadana, desarrollada a través de las redes sociales, que consideraba que los políticos habían dejado de representar a los ciudadanos de a pie y reivindicaba una reforma democrática y un cambio real de las políticas sociales y económicas, especialmente en relación a las medidas tomadas en el contexto de crisis (ver Democracia Real Ya!, s/f). Las acciones de protesta de los siguientes días, en Catalunya, dejarían de estar convocadas por esta plataforma y pasarían estar en manos de un nuevo movimiento que se auto denominaba 15M o movimiento de los indignados.

En la noche del 15 de mayo, entre ciento cincuenta y doscientas personas deciden acampar en la Puerta del Sol de Madrid. A la vez, en Barcelona, en la Plaza Cataluña, se reúnen alrededor de ciento cincuenta personas. El movimiento 15M se fue organizando haciendo asambleas diariamente, con comisiones temáticas y organizativas, trazando sus principales reivindicaciones, construyendo sus formas de protesta y dando la palabra a los que habían decidido practicar una democracia que parecía no caber en las instituciones: sus “sueños no cabían en sus urnas”. La madrugada del 18 de mayo de 2011, el Ayuntamiento de Barcelona quería llevar a término un operativo de limpieza de cartones y otros elementos que culminó con un proceso de diálogo entre manifestantes y la policía municipal, y fueron los mismos concentrados los que limpiaron la plaza, dejando claro que el espacio público era público. Los días 19 y 20 de mayo, la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral Central determinaron que las concentraciones del movimiento 15 M no podían tener lugar durante la jornada de reflexión ni el día de votación de los comicios para la mayor parte de las poblaciones del Estado Español. Pero el movimiento de los indignados subvertía las órdenes y seguía acampado en las diferentes poblaciones del Estado. Las acampadas no dejaban de crecer y el 20 de mayo por la noche llegaban a cuatrocientas ochenta.

La protesta vehiculaba el malestar que estaba suponiendo la crisis y su gestión, mediante una protesta que, influenciada por las formas de acción colectiva de la primavera árabe, ocupaba las plazas. Ante la falta de eficacia y eficiencia del gobierno para dar solución a los problemas que se estaban viviendo (paro, desahucios, precariedad, desprotección social) el movimiento 15M iba construyendo un marco interpretativo de la realidad que justificaba su desobediencia, siempre y cuando fuera pacífica. Las posibilidades electorales de los partidos que gobernaban y la conciencia de que el 15M estaba influyendo claramente en los sucesos políticos determinaron en gran medida que ni el Cuerpo Nacional de la Policía Española ni los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Cataluña actuaran.

El primer episodio en la ciudad de Barcelona que marcaba un punto de inflexión para la estrategia represiva policial del Departamento de Interior, y que es de interés para nuestro estudio, son los hechos del día 27 de mayo de 2011. A la siete de la mañana, el consejero de Interior y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona enviaban trescientos cincuenta efectivos de la policía autonómica y ochenta de la policía local. Se producía así un intento de desalojo de la Plaza Cataluña o, según el Departamento de Interior, una operación coordinada con el Ayuntamiento de Barcelona que pretendía garantizar la salud pública y recoger aquel material que podría provocar males mayores en una hipoteca celebración de la Champions en el caso que la ganara el Fútbol Club de Barcelona al día siguiente.

En todo caso, la supuesta operación de limpieza se caracterizó por ser un episodio de absoluta violencia policial que, basándonos en nuestro marco teórico, podría quedar situado entre el estilo policial de “escalada de fuerza”, por su grado de violencia y su falta de selectividad, y el estilo policial de “incapacitación estratégica”, por su forma de controlar el espacio. Así, pues, la intervención policial dejó como resultado más de ochenta y cuatro personas atendidas por los servicios de emergencia y más de un centenar de personas heridas, algunas de ellas de importante gravedad. Se dispararon más de doscientas salvas, hubo seis disparos de pelotas de goma y también seis de proyectil B&T GL-06 y, además, se hizo un uso absolutamente desmedido de las defensas (porras). Ante una importante resistencia de los indignados, que consideraban que no se trataba de una operación de salud pública, sino de un desmantelamiento absoluto del campamento, la policía acabó retirándose. A la vez, el control del espacio fue absoluto, se dejó totalmente encerrados a los manifestantes en la plaza y se impidió así el acceso a cualquier ciudadano. La comunicación con los manifestantes fue nula y se les anunció por sorpresa, cuando aún estaban durmiendo, la operación que se iba a efectuar. El consejero de Interior, en varias de sus comparecencias, justificaba la falta de comunicación en el hecho de que el movimiento 15M no tenía interlocutores, porque era asambleario. Evidentemente, la consejería había renunciado absolutamente a un modelo de intervención de gestión negociada.

El carácter contundente de la actuación de la policía catalana parecía querer recordar, ante una protesta que se iba extendiendo y legitimando, que la fuerza y la última palabra sobre el orden público en la ciudad la tenía el gobierno. A la vez, que su explicación política sobre la necesidad de garantizar la salud pública en la ciudad, intentaba conectar con los códigos culturales que creían instaurados entre la población. Pero parece ser que estos códigos estaban cambiando y que la ciudadanía, viendo la injusticia que suponía la pérdida de derechos por una mala gestión política y de la crisis, cada vez más, legitimaba el derecho a protestar, incluso a desobedecer. En todo caso, la explicación del porqué de la intervención policía catalana no fue justificativa de su actuación ni para el movimiento ni para la población. Las formas de protesta y de desobediencia que empezaban a caracterizar al movimiento, una alta cohesión que se había cocido en un claro proceso de autoorganización colectivo, un sentir propio de un espacio público que tenía un alto contenido simbólico y la fuerza del movimiento, lo hacían capaz de enfrentarse a una operación policial que no era posible legitimar con los marcos interpretativos que había configurado el movimiento y que había sido capaz de transmitir a una ciudadanía que lo apoyaba con fuerza. La desobediencia pacífica y la persistencia que mostró el movimiento ante la actuación policial, se convertían en un importante punto de inflexión para el cuerpo policial catalán:

Yo creo que Puig y Convergencia y Unió cambian su forma de actuar porqué pierden, o sea, pierden por goleada, pierden la batalla física, son incapaces de conservar la plaza, si no abren fuego real, no pueden, y la gente estaba decidida… La gente después de muchos años del movimiento antiglobalización, tenía una experiencia, la gente no corría, se plantaba delante y decía: “No tienen que avanzar.” (Nº13, entrevista grupal, 6 de junio de 2014) (ver tabla 1).

La violencia de la actuación policial que no se lograba justificar ante la sociedad, y la desobediencia y persistencia pacífica del movimiento, abrían un escenario perfecto para que la acción de las fuerzas de seguridad fuera denunciada con indignación. Los hechos de la plaza Cataluña daban la vuelta el mundo y varias instancias y organizaciones sociales denunciaron con mucha contundencia la actuación: desde el defensor del pueblo, el Colegio de Periodistas y el de Abogados o la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, hasta Legal Team, un grupo de abogados que forma parte de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa o Amnistía internacional. Hubo también la visita de una serie de miembros del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que denunciaron que se habían vulnerado varios derechos. Se había vulnerado el derecho a reunión y se había violado el derecho a la integridad física y moral. Se denunciaba el uso de balas de goma y de proyectiles B&T GL-06, porque podían producir heridas graves a los manifestantes y un uso desmedido de las defensas. También se alertaba de que había habido acoso y agresiones a periodistas que iban debidamente identificados y que se dio una falta de identificación de todos los agentes participantes en el operativo. Se denunciaba la violación del derecho a la propiedad e intimidad personales, ya que no se retiraron sólo bienes que podían resultar peligrosos para las personas acampadas, como bombonas de gas butano o generadores eléctricos, sino que también se retiraron objetos personales, como ordenadores. Con todo, más de medio centenar de personas heridas se querellaban en octubre de 2011 contra el Departamento de Interior. La mayoría de partidos políticos de la oposición reclamaron la comparecencia del consejero de Interior en el Parlamento para dar explicaciones de lo sucedido y denunciaron la brutalidad con la que había actuado la policía. Ese mismo día, poblaciones de todo el Estado y varias ciudades europeas se solidarizaban con Barcelona. Aquella misma tarde noche, unas cuarenta mil personas se reunían en la plaza, cuando normalmente eran entre cuatro mil o diez mil. El Fútbol Club Barcelona ganaba la Champions la noche del 28 de mayo y ocho mil personas del movimiento 15M hicieron cordones que protegían la plaza de cualquier invasión policial y de cualquier incidente. En definitiva, una amplia mayoría social mostraba un absoluto desacuerdo con la actuación policial. Como veremos a lo largo de la presentación de los resultados, el efecto simbólico de la desaprobación de la actuación policial tuvo efectos claros sobre el cuerpo policial y sobre las estrategias que podría llevar a término en los siguientes actos de protesta que se avecinaban. De la misma manera, los hechos daban fuerza a la plaza para seguir luchando y trazando su camino.

Ante la desaprobación social de la actuación policial, el responsable de Interior en sus comparecencias posteriores a los hechos, sobre todo la del día 8 de junio de 2011 en el Parlamento catalán, asumía toda la responsabilidad de la operación y la valoraba de forma positiva, justificando que se habían conseguido los objetivos iniciales que se contemplaban. Lamentaba profundamente la mala imagen en la que quedaba el cuerpo policial catalán y hacía hincapié en las mentiras difundidas sobre los sucesos de ese día a través de los medios de comunicación y las redes; en concreto, destacaba que no se habían mostrado las imágenes de un grupo reducido de violentos atacando a la policía. Unas imágenes que él tampoco lograba mostrar. En sus palabras, se podía leer un intento de legitimación de la actuación del cuerpo policial:

En un estado democrático no se puede ir con el perjuicio que las actuaciones policiales vulneran derechos. Si la policía no existiera y no actuara, no se vulneraría ningún derecho, sencillamente porque no se tendría ninguno de ellos. Si los tenemos y los podemos ejercer es porque la policía —sí, lo siento— a veces ejerce la fuerza y su capacidad legítima de coerción nos garantiza estos derechos. (Consejero de Interior, en Parlamento de Catalunya, 2011a, p. 10.).

Pero más allá de intentar salvar la imagen de la policía y del gobierno, sus declaraciones dejaban entrever un cambio de rumbo en la estrategia policial que nos acercan a un modelo policial basado en la “incapacitación estratégica”. En primer lugar, señalaba la necesidad de establecer los procedimientos para obtener y difundir imágenes que dieran una versión más completa de cualquier actuación policial que le llevarían a afirmar, en aquellos días, que se estaba estudiando la posibilidad de dotar de microcámaras a algunos efectivos de los antidisturbios. En segundo lugar, se anunciaba que se sería mucho más proactivo en la persecución de los ilícitos penales o de las faltas administrativas y, en concreto, señalaba que no se trataba de perseguir en el momento, sino de ir identificando personas para hacer uso de los procesos que permite la ley, las sanciones ejemplares y las faltas o delitos. En nuestros grupos de discusión algunos de los participantes ya percibían estos cambios:

El 15M aparece porque intentan desalojar Madrid y a las plazas de todo el Estado Español la gente se vuelve como loca y empiezan a ocupar las plazas, pero yo creo que empezó un nuevo ciclo represivo… cuando se intenta desalojar la plaza, el discurso era vamos a limpiar, la criminalización de la disidencia vinculada a la limpieza como aquella eficiencia técnica, esta neutralidad profesional de decir: vamos a limpiar, no queremos desalojar. (Nº17, entrevista grupal, 6 de junio de 2014) (ver tabla 1).

Puig, además, justificaba sus intenciones estratégicas por la existencia de unos supuestos violentos en los hechos de la Plaza Cataluña que eran los culpables de todo:

La culpa de lo que pasó, digan lo que digan algunos, la tienen los violentos. Ni la policía, ni el consejero, ni los manifestantes, ni los alternativos, ni los antisistema. Los violentos, que también había. Y no lo son todos, y no lo eran todos. (Consejero de Interior, en Parlamento de Catalunya, 2011a, p. 28.).

En definitiva, la actuación policial y su explicación política no tuvieron la capacidad de conectar con los códigos culturales de una población muy decepcionada con las condiciones de vida y la actuación de sus gobiernos. A la vez que la fortaleza y legitimación social del 15M permitió resistir a un posible desalojo del espacio simbólico del movimiento, la plaza. Pero estos hechos tuvieron repercusiones importantes sobre el modelo de actuación policial. Un modelo de “incapacitación estratégica” se iría trazando, superando así la necesidad de actuar bajo un modelo que usará una violencia explícita y evidente. La implantación de las estrategias y técnicas de actuación, que suponía este modelo, se llevaban a cabo gracias a la justificación de la existencia de unos violentos, aunque ni estos ni sus actos fueran realmente existentes. Por lo tanto, a partir del análisis de este episodio, vemos que para aplicar estrategias policiales, vinculadas a este último modelo, se hacía necesario construir un enemigo que ayudará, poco a poco, a criminalizar todo el movimiento. Un enemigo, sin embargo, difícil de construir en un momento en el que el movimiento disfrutaba de un alto apoyo y legitimidad social. Esta vez, los enemigos ya no eran ni alternativos ni antisistemas. El 15M se había mostrado alternativo y contrario al sistema económico y político establecido. Sólo cabía la posibilidad de intentar definir el enemigo como violento ante un movimiento que se mostraba desobediente a la vez que pacífico.

5 Creando la oportunidad para la criminalización de la protesta

Para seguir analizando la estrategia represiva de la policía autonómica catalana debemos hacer referencia a los hechos sucedidos el 15 de junio del 2011 ante el Parlamento de Catalunya. El movimiento 15M, por decisión colectiva en asamblea, convocó una importante movilización el día 15 de junio que tenía como lema: “Paremos el parlamento, ni recortes, ni hostias”, haciendo una referencia explícita a los presupuestos que preveía que se iban aprobar en sede parlamentaria —que significaban el mayor recorte público en etapa democrática en Catalunya— y a las agresiones policiales vividas el día 27 de mayo. El día 14, por la tarde, una quincena de marchas simultáneas que representaban los distintos barrios y sectores en lucha, fruto ya de la extensión territorial que estaba teniendo el movimiento 15M, iban llegando los alrededores del parque donde se encuentra el parlamento catalán.

Esta movilización, seguramente, fue la máxima representación del grado de confrontación entre disidencia y autoridades de este ciclo de protesta, con todas las implicaciones de respuesta policial que podía suponer. Dos mil cuatrocientos efectivos estaban preparados para actuar. El parque estaba absolutamente cerrado, la policía procedió a realizar un control del espacio de manifestación absoluto que lo podemos asociar al estilo de “incapacitación estratégica”. En esta ocasión, la policía catalana sí que procuró un espacio de comunicación en que dejó claro que ellos garantizarían que el pleno del parlamento se pudiera producir, diciendo que no la harían ni de forma violenta ni de forma contundente, siempre que pudiera haber comunicación y los indignados obedecieran sus órdenes. Interior decidió habituar una sola puerta de entrada y dar como indicación, a los parlamentarios y a los trabajadores del parlamento, que llegaran a pie y bastante antes de que empezara la sesión. Según Interior, no se planteó la entrada de los diputados con otros medios de transporte por la fragilidad que podrían tener y porque hubiera implicado mucha confrontación con los manifestantes que estaban ante la puerta en que se podía entrar con vehículos. Esta información, según Interior, se filtró entre los manifestantes e implicó que se concentraran, desde muy temprano, ante la puerta por la que entraban los diputados.

El efecto simbólico de la desaprobación de la actuación policial de plaza Cataluña, determinó la actuación de Interior en esta ocasión. Uno de los entrevistados relata de la siguiente manera la actuación policial:

Fue bastante curiosa la forma de actuar en el caso del parlamento. En este caso, precisamente no por desproporcionado, sino por todo lo contrario, por ser potenciadores de los incidentes. Era una actuación relativamente sencilla. Básicamente había una llamada a parar el Parlamento, que era más una cosa simbólica que otra cosa y la posibilidad real de que tres mil personas parasen el funcionamiento del parlamento era bastante pequeña. Entonces los Mossos de Esquadra conocían perfectamente esta llamada, lo tenían fácil para hacer un pasillo para que pudieran pasar los diputados y que no hubiera muchos disturbios ni nada. ¿Qué es lo que hicieron precisamente? No hacer nada. Entonces propiciaron que los diputados pasaran por el medio de la manifestación con la cual se produzco una escena de tensión y esto justificó toda la operación a posteriori (Nº4, entrevista personal, 13 de enero de 2014) (ver tabla 2).

A diferencia de los hechos sucedidos el día 27 de mayo en la plaza Catalunya, las reacciones por parte del gobierno y los distintos grupos parlamentarios fueron coincidentes. En esta ocasión, los agradecimientos a los cuerpos policiales como protectores de la seguridad de esta democracia eran de común acuerdo, de la derecha a la izquierda parlamentaria, sin excepción. La mayoría de parlamentarios hablaban del derecho a la discrepancia, como derecho democrático, pero argumentaban que esto no podía significar el impedimento del funcionamiento de la máxima institución democrática. Si hasta el momento el 15M era apoyado por un amplio espectro de los partidos políticos que sabían muy bien que su acción debilitaba al partido que gobernaba, la acción del parlamento señalizaba claramente a toda la clase política sin excepción. Ante esta realidad era necesario situarse en los códigos culturales que se suponía que estaban instaurados en la mayoría de la ciudadanía. Todos los parlamentarios, en sus declaraciones, hacían referencia a la importancia de la democracia y, algunos, aprovechaban para resaltar como este sistema había supuesto un coste muy importante para todos aquellos que habían luchado contra la dictadura franquista. Además, algunos enfatizaban que el 15M había mostrado su cara agresiva. El mensaje del presidente del gobierno catalán fue bastante significativo en este sentido, pues afirmó preferir una democracia imperfecta que un caos violento como el que se había instalado ante las puertas del Parlamento. Destacó que se habían cruzado las líneas rojas y pidió a la ciudadanía comprensión si en las siguientes horas se hacía uno uso legítimo de la fuerza emparada en la misma democracia, protegiéndose así de las críticas recibidas que se habían sucedido con el desalojo de la plaza Cataluña. La mayoría de medios de comunicación también colaboraron en la criminalización del movimiento de los indignados y en el seno del movimiento se abría un debate sobre los límites de la desobediencia, el uso de la violencia y sobre cómo enfrentar la criminalización que se avecinaba. El sentir del “No nos representan” del 15M y la crítica a una democracia parlamentaria, que se consideraba que había quedado atrapada en manos de banqueros y élites económicas, se ilustraba claramente con su acción política ante las puertas del parlamento catalán, pero la clase política parecía ajena a estas valoraciones que se iban extendiendo socialmente.

Esta vez, el efecto simbólico de la represión no era el mismo que el que planteó el desalojo de plaza Cataluña. Acusando al movimiento de no respetar la democracia y de cometer un delito en contra las instituciones del Estado, se lo criminalizaba absolutamente. La clase política y los medios de comunicación parecían estar conectando con los marcos interpretativos de la población: democracia y pacifismo parecían ser dos valores suficientemente hegemónicos para deslegitimar el 15M. Pero el mismo movimiento, sorprendiéndose a sí mismo y a la clase política, irrumpía tres días más tarde en las calles de Barcelona, con toda la fuerza, bajo el lema “La calle es nuestra, no pagaremos su crisis” entre otros como “Que no nos representan”, “Le dicen democracia y no los es. Indígnate tú también”. Los consensos sociales no eran tan claros como el poder había imaginado durante las últimas décadas.

Si bien esta reafirmación del movimiento obligo a suavizar los discursos de la izquierda parlamentaria, no cambió la estrategia represiva que el gobierno ya había empezado. En la valoración ante comisión parlamentaria, días más tarde, el consejero de interior afirmaba que nos encontrábamos en un nuevo orden social y económico que implicaba nuevos métodos de violencia urbana y que, por lo tanto, se hacía necesario encontrar nuevas fórmulas policiales que superaran el mantenimiento del orden público tradicional. Ante los hechos del Parlamento el consejero decía claramente que existía un grupo de antisistemas violentos que se aprovechaban de la presencia masiva de personas que querían hacer uso de sus derechos de protesta y de manifestación y que, además, se encontraban conectados internacionalmente. En ese sentido, afirmaba, ante las reacciones de condena que había habido por la actuación policial en plaza Cataluña, que él era el único que había entendido que había pasado. A la vez, que consciente de que si bien el intento de criminalización de la protesta había dado sus frutos, también sabía que el movimiento no estaba debilitado, y ponía énfasis en que era necesaria la colaboración ciudadana en la condena y la persecución de la violencia:

Y se tendrían que aceptar los castigos que les impongan los tribunales. Expresiones como “está mal la violencia, pero en el fondo tienen razón”, “se pasaron, ¿eh?, se pasaron, pero tres meses de cárcel…puede ser que no haya para tanto”, no tendrían que escucharse. Y en cambio, las escuchamos. (Consejero de Interior, en Parlamento de Catalunya, 2011b, p. 6.).

Así, pues, en este punto podemos ver un claro cambio de estilo policial muy cercano al modelo de “incapacitación estratégica” debido a que el poder intentaba apuntar a la importancia de la selectividad a la hora de actuar policialmente, poniendo el énfasis en los manifestantes más violentos. Además, se anunciaban nuevas estrategias policiales muy cercanas a aumentar la vigilancia propia de este modelo: uso de más filmaciones para identificar a los violentos, la creación de una unidad específica para investigar y buscar pruebas contra los violentos para intentar garantizar su condena en el juicio y una mayor coordinación con la fiscalía. Junto con este anuncio de cambio de estrategia policial, manifestaron claramente que irían a por todas, que no habría ninguna comprensión y, por lo tanto, que intentarían conseguir que no quedara nadie impune. Si bien se remarcaba la importancia de perseguir al violento, se estaba amenazando a todos los participantes de la protesta a los organizadores, a los que habían impedido la entrada a los diputados o a los que habían agredido a diputados o a agentes de la autoridad.

A través de los grupos de discusión y entrevistas realizadas, descubrimos que a partir de los hechos del Parlamento se extendía así un miedo general entre los activistas del 15M:

Y a partir de aquí empieza esta criminalización de la disidencia que termina con la criminalización de la práctica política. Por ejemplo, no sé si recordáis con los hechos del Parlamento que se iba a detener a la gente… policías encapuchados iban a los trabajos, a casa de la gente, a las universidades…Y aquí hubo un giro superbestia, yo creo que aún estamos en esta ola y esta represión es muy distinta, porque esta represión da paranoia, esta represión merma, nos desarticula, porque hostia…yo recuerdo la época aquella que iban a detener a casa a la gente del Parlamento y era como es que igual vienen a mi casa, porque estábamos todos allí. De ir por la calle, girarme y llamar a mis colegas treinta y cinco veces. Entonces esta ola represiva o este cambio de práctica represiva es bastante perversa, porque se ampara de modificaciones legislativas que permiten y abrazan este tipo de prácticas. Esto aquí en Cataluña se junta en un momento en que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, después de haber caído el tripartito… en un momento de corporativismo y subidón. Ellos son invencibles, ellos son un cuerpo de seguridad del Estado auténticamente invencibles en términos de que es imposible fiscalizar sus prácticas, es imposible pedirles cuentas desde la sociedad civil (Nº17, entrevista grupal, 6 de junio de 2014) (ver tabla 1).

Para el análisis del estilo policial, no podemos dejar de resaltar la creación en el cuerpo de Mossos d’Esquadra, del Área de mediación, negociación y responsabilidad social corporativa a resultas de los hechos del parlamento y del desalojo de la plaza Catalunya. Si bien es cierto que podría parecer que la existencia de esta área significaba un acercamiento a un modelo de “gestión negociada”, consideramos que la creación de esta área no sirvió más que para acentuar la imposición de un modelo de “incapacitación estratégica”. La mediación para los no violentos; la vigilancia, la persecución, el endurecimiento para unos violentos indefinidos, como medida ejemplar y creación del miedo necesario para controlar la práctica política y la protesta de todos.

Con los hechos del Parlamento, el poder político consigue no tener una mala imagen por su actuación hacia los manifestantes. Esto, junto a la afirmación de la existencia de unos grupos violentos y de la ilegalidad de la movilización, permite no solo criminalizar al movimiento 15M, sino que consigue que entre una parte importante de los implicados se imponga el miedo. Es así como creemos poder añadir, de forma definitiva, que para el desarrollo de una estrategia policial de “incapacitación estratégica” se hace necesario crear un sujeto al que perseguir y vigilar, sea este más o menos real, sea más o menos definido. Queremos mostrar esta indefinición de quién es este sujeto, con las palabras de un entrevistado del cuerpo policial:

Yo te lo digo muy genérico, el movimiento antisistema es el problema ¿qué puede ser? ¿quién es? Pues el movimiento ocupa. Puede ser… está muy relacionado y casi siempre se relaciona con el movimiento ocupa, porque es lo que más hemos tratado, pero… Mira, no te lo sabría decir, ahora, quienes son los antisistema (Nº10, entrevista personal, 24 de febrero de 2015).

A la vez, la “incapacitación estratégica” reduce el uso de la violencia física por parte de la policía. Es la vigilancia policial la que actúa como amenaza y nos muestra la fuerza del Estado. La mayor capacidad policial para realizar seguimientos y vigilar hace presente, en el imaginario colectivo, la cárcel, como símbolo de amenaza que puede suponer la máxima sanción: la subyugación total del cuerpo, en términos focultianos. La policía no amenaza de la posible violencia que ella misma tiene capacidad de ejercer, sino que con su perfeccionamiento tecnológico nos recuerda que la pérdida absoluta de libertad puede ser una realidad.

Aunque los indignados reivindicaron y explicaron la acción del parlamento, el poder se sentía fuerte para atacar y criminalizar el movimiento: se había cometido un delito en contra la democracia. Es así, como la fiscalía de la Audiencia de Barcelona, enseguida, abrió diligencias para investigar sobre lo sucedido y empezar una operación jurídico-policial de investigación de los actores a los que se creía que se podían imputar los delitos de coacciones y amenazas contra las instituciones del Estado y de sedición. Esta operación pedía incluso a los medios de comunicación que colaboraran dando imágenes para identificar a los culpables. Fue en el mes de octubre de 2011, cuando el movimiento ya estaba más debilitado, cuando se iniciaron una serie de detenciones. Las había ordenado la Audiencia Nacional. El sindicato de ultraderecha de Funcionarios Públicos Manos Limpias conseguía que el juez de la Audiencia aceptara el caso. La Generalitat de Catalunya y el Parlamento de Catalunya se personaba, también, como acusación. El movimiento salía a la calle bajo la consigna “Yo también estaba en el Parlamento”, inculpándose simbólicamente de los hechos por los que se estaba deteniendo a unos pocos. La Federación de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Barcelona alertaba de la criminalización que se estaba haciendo de todo el movimiento, con la connivencia de la extrema derecha y con la actuación de un estamento judicial proveniente de la herencia franquista, y de la magnificación de unos incidentes aislados debido a un operativo policial que parecía estar diseñado para generar fricciones. De este modo, la intervención de la Audiencia Nacional ayudaba a la imposición del miedo en el seno del movimiento, ya que es la instancia que actúa, muy duramente, ante los acusados de colaboración con la banda armada ETA en el Estado Español. Las detenciones se hacían de forma escalonada y muy espectacular creando una importante sensación de miedo entre los activistas. Una de las entrevistadas relataba:

Algunas de las detenciones se hacen de forma espectacular, con agentes encapachados vestidos de paisano, yendo a buscar personas en el trabajo o cuando salían de casa, con el elemento criminalizador que esto implica, porque una persona que está trabajando y que es una persona joven, con lo que cuesta que esté trabajando ahora mismo, con un 50% de paro, pues cinco o seis personas encapuchadas van y la detienen en el trabajo, como si se tratara de… no sé si está justificado alguna vez, pero en todo caso en personas que tienen domicilio conocido no hay ningún motivo para detener una persona de esta manera, es suficiente con que se envíe una citación a su casa para que pueda ir al juzgado (Nº6, entrevista personal, 15 de febrero de 2015) (ver tabla 2).

Además, se produjeron varias irregularidades en estas detenciones: se detuvieron, sin necesidad, a las personas citadas por la Audiencia Nacional y se las llevó a comisaría para hacerles reportajes fotográficos con determinadas posturas y piezas de ropa que constituían una diligencia de prueba incriminatoria y no una diligencia de identificación. Una primera sentencia, en julio de 2014, absolvió a los acusados, ya que los hechos probados no se encontraban ligados al artículo 498 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), que regula los hechos “contra las instituciones del Estado”. El Ministerio Fiscal y, también, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En el momento de cerrar este artículo (marzo del 2015) el tribunal supremo ha condenado a tres años de cárcel a ocho de imputados por estos hechos. El tribunal que sentencia, lejos de penalizar actividades concretas de los condenados, que difícilmente serían condenables como ponerse con los brazos en cruz ante dos parlamentarios gritando las consignas de la reunión, siguió a (...) con los brazos en alto, moviendo las manos, coreando consignas de la manifestación o recriminaron las políticas de gasto y dijeron a un parlamentario que no les representaba, eleva los hechos a una causa general contra la totalidad de los participantes de los cuales los condenados eran participes como parte del brazo ejecutor (Perdiguero, 2015).

Los hechos del parlamento fueron el inicio de un endurecimiento de la forma de actuar de la policía y, también, de los órganos judiciales ante una protesta creciente. Posteriormente, el éxito de la huelga de marzo de 2012 y los disturbios que tuvieron lugar servían para consolidar una estrategia represiva basada en la sensación de persecución y miedo que, además, contaba con un mayor consenso entre las principales fuerzas políticas, judiciales y policiales catalanas y estatales.

6 Conclusiones

En este artículo hemos llevado a cabo un análisis sobre cómo fueron las estrategias policiales ante el crecimiento de la protesta que supuso el 15M. Hemos considerado que el negativo efecto simbólico que tuvo el desalojo de la Plaza Cataluña, basado en una estrategia policial muy cercana a la “escalada de fuerza”, dio lugar a que la policía catalana tuviera que buscar nuevas fórmulas para encarar la protesta que hizo el 15M a las puertas del Parlamento. De hecho, la policía optó en aquella ocasión por no hacer un uso tan contundente de la fuerza, a la vez que presentó un déficit importante a la hora de proteger a los diputados. Esto podría haber incitado a acciones leves de agresión e intimidación a los mismos, que sirvieron, junto la defensa de la democracia parlamentaria y la acusación de que el movimiento estaba cometiendo un delito contra las instituciones del estado, para criminalizar a todo el 15M. Así, una de las primeras conclusiones del artículo es que el efecto simbólico de la represión determina la estrategia policial que se usará en las siguientes protestas, así como la misma fuerza del movimiento.

El artículo, también, demuestra que el efecto simbólico de la actuación policial se construye gracias a una interacción de reacciones de instancias sociales, políticas, del propio movimiento y gubernamentales, que cogen fuerza en función de los códigos culturales que estén vigentes entre la población. La capacidad de conectar con estos códigos, desde el poder y desde el contra poder (en este caso, el movimiento 15M), será determinante para seguir legitimándose y actuando, ambos, en un camino u otro. Tanto las formas de acción colectiva del movimiento como su fortaleza, como las formas de actuación policial quedan enormemente condicionadas por este efecto simbólico. Como hemos visto en el caso del Parlamento, si bien todo estaba predispuesto para criminalizar al movimiento 15M, la población lo apoyó saliendo en masa a las calles después de aquellos hechos. Si la criminalización del movimiento era útil para ir redefiniendo y justificando una nueva estrategia policial, no fue suficiente para impedir su fuerza.

En el artículo también hemos demostrado que el estilo de “incapacitación estratégica” cogió fuerza después de los hechos de la Plaza Cataluña, pero sobre todo después de los hechos del Parlamento catalán del día 15 de junio. Creemos, también, que esta estrategia se siguió desarrollando en las siguientes movilizaciones que vinieron y que ello debe ser analizado en investigaciones futuras. Si bien coincidimos con los autores del marco teórico en que esta estrategia se caracteriza por una actuación policial mucho más selectiva hacia manifestantes transgresores basada en la vigilancia, los intercambios policiales y el control del espacio, a todo ello añadimos cuatro cuestiones. En primer lugar, que esta estrategia se desarrolla con la creación de un enemigo que se etiqueta con un nombre, se encuentra mal delimitado e incluso parece irreal. En segundo lugar, que las tácticas policiales utilizadas bajo este estilo, la vigilancia, los intercambios policiales y el control del espacio, aumentan la sensación de miedo en la extensión de todo un movimiento, pudiendo dar lugar a su desarticulación o debilitación. En tercer lugar, que la aparente diferenciación entre los que protestan adecuadamente y los enemigos violentos que se insertan en el seno del movimiento es utilizada por el poder para criminalizar a todo el movimiento mediante la acusación de que los que protestan permiten tal violencia. Finalmente, que este estilo policial disminuye el uso de la violencia directa por parte de la policía, pero impone un constante seguimiento y vigilancia de los activistas que hacen presente la cárcel como símbolo de máxima represión del Estado.

Evidentemente, el estudio de un momento tan concreto, aporta limitaciones para poder determinar que estas conclusiones sean de carácter definitivas. Así pues, un seguimiento amplio de las actuaciones policiales ante la protesta nos ayudará a poder reafirmar las aportaciones de este artículo. Además, el seguimiento mediante la prensa de lo qué pasó y la falta de conocimiento de los protocolos policiales en materia de orden público, como ya hemos explicado en el apartado metodológico del artículo, también suponen un límite claro a nuestros resultados.

Creemos, finalmente, que el artículo abre una importante posibilidad teórica de poner en contacto aquellas teorías provenientes de la criminología y del ámbito jurídico crítico que han puesto en evidencia que un estado más punitivo ha ido tomando fuerza en los últimos años, actuando y persiguiendo a aquellos que son un excedente en las sociedades postfordistas y configurándolos como enemigos sobre los que hay que actuar antes de que cometan delito. Esto ha dado lugar a un estado de excepción que ha tenido repercusiones de endurecimiento policial y penal para toda la sociedad. De la misma manera que se descubre, desde la sociología de los movimientos sociales, que ha ido tomando fuerza un estilo policial basado en la persecución de unos supuestos violentos antisistema, que sirven para enfatizar un control mayor de todos los que protestan mediante tácticas como las filmaciones constantes, las identificaciones y los registros o el control del espacio físico bajo la justificación de prevenir un potencial desorden. En definitiva, unas tácticas policiales basadas en el miedo que ayudan al debilitamiento de la protesta, tan necesario para un poder, cada vez de menos consenso, que necesita más que nunca acumular más poder. Con este artículo brindamos la posibilidad de que se produzcan encuentros teóricos que nos permitan comprender el funcionamiento de las instituciones del control en sociedades que, cada día, dejan más a la intemperie a sus ciudadanos.

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