Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social

Volumen 14, Número 4,

Reflexiones sobre el proceso de investigación. Una propuesta desde el feminismo decolonial

Thoughts about the research process. A proposal from decolonial feminism

• Resumen
• Abstract

1 Introducción

Al pensar en la inclusión de una perspectiva feminista en investigación social surgen diversas interrogantes: qué investigar, qué objetivos perseguir, sobre qué constructos teóricos trabajar, cómo investigar, en base a qué recursos metodológicos, entre otros. El feminismo —como movimiento social— y la epistemología feminista —como forma de comprender y acceder al conocimiento—, distan de ser un campo homogéneo, por el contrario, hay diversos debates frente a los cuales no existe consenso (p. e. sobre el sujeto político del feminismo). De esta manera, es posible observar amplias y complejas discusiones que dan cuenta de las discontinuidades y rupturas en el interior del movimiento y de la academia feminista que refieren tanto a aspectos teóricos como prácticos, comprendiendo la tensión, interdependencia y múltiples conexiones entre ambos campos.

El cómo conocer desde una apuesta política feminista no es una pregunta nueva ni mucho menos fácil de responder. No obstante, es importante abrir el diálogo entre feministas —académicas y no académicas— con respecto a cómo nos hemos planteado ante investigaciones o espacios de construcción de conocimiento desde el feminismo ¿Cómo estamos pensando nuestras metodologías? entendiendo que metodología alude a un proceso complejo, diverso y no-lineal que incluye aproximaciones teórico-conceptuales y aspectos prácticos, como la aplicación de técnicas y la producción, recolección y análisis de la información.

Intentando responder a la necesidad de generar sistematizaciones reflexivas y socializar la puesta en prácticas de epistemologías feministas, a continuación paso a exponer cómo opto por el feminismo decolonial para desarrollar el proyecto de investigación que busca analizar la política de salud sexual y reproductiva en Chile, durante el periodo 2000-2015, desde una perspectiva de género. El feminismo decolonial, como clave epistémica, me permite visualizar el Estado como una institución donde se articula una trama múltiple de sistemas de dominación que no pueden ser comprendidos aisladamente. Esto me lleva a generar reflexiones más complejas, que trascienden la noción de interseccionalidad, sobre cómo encauzar el proceso metodológico de la investigación. Siendo consciente de que estas múltiples relaciones de poder pueden ser reproducidas o subvertidas durante el proceso.

Para la exposición de argumentos, divido este artículo en cinco apartados: 1) El contexto de la investigación, en el que manifiesto brevemente por qué el caso de Chile y su política de salud sexual y reproductiva es interesante de estudiar; 2) ¿Por qué indagar en el concepto de Inclusión Social? donde explicito por qué interesa tematizar la inclusión social en el marco de las política públicas; 3) ¿Por qué el feminismo decolonial?, apartado en el cual explico por qué elijo el feminismo decolonial por sobre otras apuestas feministas y por qué la noción de Colonialidad de Género es útil para esta investigación; en 4) ¿Cómo analizar la política pública?, doy cuenta de las reflexiones y las decisiones metodológicas en base a una epistemología feminista decolonial; y, por último, 5) Consideraciones finales, realizando una síntesis de los argumentos expuestos y presentando breves reflexiones sobre los desafíos futuros.

2 El contexto de la investigación

Este apartado expone brevemente por qué interesa estudiar la política de salud sexual y reproductiva en Chile en el periodo propuesto. Desde la década de los 90 —luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989) y con la restitución de un régimen democrático—, el discurso de los derechos humanos ha intentado incluirse tanto en el debate político como en las políticas públicas. A partir del mandato presidencial de Patricio Aylwin (1990-1994), y debido a presiones de diversos movimientos sociales, el Estado ha mostrado interés por avanzar en la garantía de derechos a toda la ciudadanía —principalmente a aquellos grupos más desventajados socialmente— y cumplir con los acuerdos establecidas por el Derecho Internacional. En el año 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), este compromiso es reafirmado, haciéndose explícito un discurso de equidad y garantías universales en las políticas públicas (como la Reforma Sanitaria), incluido un enfoque de género. Línea programática que es seguida e intensificada por la Presidenta Michelle Bachelet —tanto en su primer periodo presidencial (2006-2010), como a inicios del segundo (2014-2018) —, mostrando interés por avanzar en materias de derechos humanos en el contexto de las políticas públicas.

Con esta intención política, se ha experimentado una notable mejora en los niveles de justicia social (crecimiento económico; reducción de tasas de pobreza absoluta; incremento del empleo y del consumo; implementación de políticas sociales orientadas a grupos con mayores desventajas, etc.) y se han experimentado importantes transformaciones en diversos niveles de la vida social, que aluden a avances en términos de institucionalidad democrática y cambios culturales a partir de nuevas libertades (Dides, 2004). No obstante, como plantean Josefina Hurtado, Soledad Pérez y Claudia Dides (2004), pese a dichos avances no se han logrado revertir situaciones de exclusión a nivel nacional. Se continúan perpetuando, entre otras, asimetrías socioeconómicas y de género, lo que hace cuestionar la estrategia de crecimiento propuesta. A cuarenta y un años de la dictadura militar, aún se observan vacíos en materia de reformas constitucionales, garantía de derechos humanos e igualdad de trato, existiendo un acceso desigual a determinados recursos materiales y simbólicos. Chile aún presenta déficits dados por la desigual distribución del ingreso y las inequidades en el acceso al sistema de salud, por ejemplo, que no cumple con las necesidades y expectativas de la población. En este contexto, emerge la percepción sobre “una gran diversidad disociada que refleja un déficit de integración cultural” (Hurtado, et al., 2004, p. 76) que puede observarse en diversos ámbitos, entre ellos la salud pública.

La salud en Chile, desde las reformas impuestas por el gobierno militar que favorecen su privatización, ha sido un ámbito polémico dada las profundas desigualdades a las cuales dicho modelo ha dado paso. Para el caso de esta investigación, interesa específicamente la política nacional de salud sexual y reproductiva, en tanto, al trabajar principalmente sobre determinismos biologicistas, alberga mayores desigualdades respecto del género. En estas materias parece gravitar más la diferencia anatómica y fisiológica entre los cuerpos femenino y masculino que se convierte en un asidero material sobre el que opera una construcción cultural jerárquica entre hombres y mujeres, donde las mujeres son reducidas a su función reproductora. Esta política, como afirman María Bustelo y Emanuela Lombardo (2005), compete a la organización de la intimidad, a “las normas y valores, instituciones y organizaciones sociales que regulan la sexualidad, la reproducción, la vida privada y las relaciones con los/as niños/as” (p. 19). Frente a lo cual, se considera que las intervenciones del Estado reproducirían más explícitamente su sesgo patriarcal y los estereotipos referidos a la diferencia sexual y otras diferencias naturalizadas (raza/etnicidad, diversidad funcional, edad, entre otros). Sobre todo, en sociedades conservadoras como la chilena, donde los debates en torno a la salud sexual y reproductiva no han estado exentos de polémicas, y donde se han reportado lentos avances desde el periodo dictatorial.

Las respuestas del Estado chileno en estos temas, a pesar de algunos avances, han sido insuficientes. Por ejemplo, desde 1989, Chile es uno de los pocos países del mundo en el que se penaliza el aborto en todas sus formas, incluso el terapéutico. Asimismo, han existido múltiples barreras —por parte de grupos conservadores al interior y fuera del Estado—, para generar modificaciones legislativas y de implementación con el propósito de integrar programas de educación sexual en establecimientos educacionales y para la distribución gratuita y universal de la anticoncepción de emergencia. En Chile existen modelos de regulación de la sexualidad y la reproducción que parecen imponer determinados discursos, con la finalidad de normar las relaciones de clases social, género y etnia, entre otros (Hurtado, et al., 2004, p. 76), lo que evidencia cierto estancamiento. De acuerdo a Dides (2004), esto podría tener una explicación de origen sociocultural que responde a una corriente conservadora que se relaciona, por un lado, con una tradición cultural valórica que constantemente se niega a abordar las temáticas sexuales, y que, por otro lado, estaría marcada por un diálogo jerárquico donde la Iglesia Católica constituye un poder en estas materias.

Por estas razones interesa el caso de Chile, por ser un escenario político-social donde, a pesar que se han experimentado avances en términos de justicia social y se reconocen los derechos fundamentales como bien superior, aún existen vacíos que parecen infranqueables. Se busca conocer cuál es la noción de inclusión social que la política propone y luego visualizar las posibles limitaciones para la introducción de las demandas y necesidades de una diversidad de sujetos. Esto pues, evidentemente, hay un porcentaje importante de la población que no está participando de las garantías que se asume competen a toda la población nacional, independiente de su condición y situaciones particulares —referidas al género, la edad, la orientación sexual, la procedencia étnica, la clase social, etc—. Así, se pone la atención en el cómo se está formulando la política de salud sexual y reproductiva y cuál es la normatividad que la guía, para conocer en qué medida las limitaciones a este “acceso universal” responden al cómo está siendo planteada.

3 ¿Por qué indagar en el concepto de Inclusión Social?

De acuerdo a los antecedentes que nos entregan autoras como Dides (2004) y Hurtado et al. (2004), es posible observar que en Chile han existido limitaciones para integrar las necesidades y demandas de la población a la política de salud sexual y reproductiva. A pesar de existir actores políticos (organizaciones y/o movimientos sociales) que proponen modificaciones, las respuestas del Estado continúan siendo insuficientes y visibilizan un déficit de integración. Desde este diagnóstico y las constantes referencias sobre la intención de avanzar en términos de inclusión por parte de los gobiernos chilenos, espacialmente desde el año 2000, es que interesa indagar en el concepto de inclusión social propuesto por la política.

Según Mauricio Rojas (2012), este concepto, al igual que el de exclusión social, parece muchas veces citado cuando se habla de democracia y derechos humanos, pero su conceptualización aún es difusa. Desde un enfoque discursivo en políticas públicas (Bacchi, 1999; Lombardo, Meier y Verloo, 2009), puede afirmarse que las nociones de inclusión/exclusión social pueden albergar múltiples significados en el marco del policy making, que sientan sus raíces en distintas concepciones históricas. De acuerdo a Emanuela Lombardo, Petra Meier y Mieke Verloo (2013), las conceptualizaciones pueden ir de nociones reducidas (shrunk) —o definidas en términos legales—, hasta otras más ampliadas (stretched), que permitan incorporar nuevos significados. A la vez, las representaciones en torno a la inclusión pueden evidenciar ciertas dinámicas de poder discursivo, de algunos actores políticos sobre otros, que permite que algunas concepciones prevalezcan y otras sean ignoradas. Por ello, en el marco de esta investigación, interesa explorar los procesos de atribución de significados en torno a la inclusión social presente en la política pública analizada, por ser un concepto citado reiteradamente, pero que muchas veces parece diluirse en términos sustantivos.

Por otro lado, siguiendo los postulados de Iris Marion Young (1990/2000), el concepto de inclusión social, como el de igualdad, ha guardado un ideal de asimilación que promueve la igualdad de trato como un principio fundamental de justicia, en vez de apuntar a la integración y valoración de la diferencia. El ideal de asimilación niega que las diferencias entre grupos sociales puedan ser positivas y deseables, construyendo la diferencia como un obstáculo. Desde aquí, se asume que la igualdad formal, o el compromiso retórico con la igualdad y la inclusión, no eliminarían las diferencias sociales ni haría posible visibilizar de qué manera éstas estructuran el privilegio y la opresión (Young, 1990/2000). La promoción de un discurso universalista, herencia del pensamiento ilustrado, sólo cristalizarían los acuerdos entre grupos privilegiados (Benhabib, 1992; Butler, 1990/2001; Fraser, 1990; Young, 1990/2000). La norma estaría dada por un sujeto sexuado hombre, occidental-blanco, heterosexual y adscrito a determinada clase social, desde donde algunos colectivos continuarían siendo señalados como “desviados” u “otros”, situándolos en situación de desventaja al valorarlos conforme a dichos estándares. La participación e inclusión en la vida social implicaría la asimilación de la persona o colectivo oprimido al canon hegemónico, lo que perpetuaría su desventaja.

En sociedades occidentalizadas, como la chilena, parece imperar un discurso de inclusión social bajo lógicas asimilacionistas y, principalmente, como recurso retórico. Como plantea Gladys Tzul Tzul (2010), las dinámicas de inclusión/exclusión parecen estar condicionadas al “deshacerse” de determinadas categorías de inferiorización (indígena, mujer/femenina, etc.). Por ejemplo, el indígena en Latinoamérica sólo puede aspirar a reconocimiento como ciudadano por parte del Estado, si deja de “ser indígena”. Este argumento puede relacionarse con las dinámicas políticas que imperan en países occidentales y occidentalizados, donde muchas veces las mujeres han debido renunciar a su “feminidad” para poder ser reconocidas por sus pares masculinos, lo que implica el tener que internalizar pautas reconocidas como “masculinas” para abrirse paso en el espacio público.

El discurso de la inclusión social ha intentado instalarse a nivel global al amparo del enfoque de Derechos Humanos, pero al ser un concepto ambiguo, o que no ha sido explicitado en el marco de las políticas públicas, es difícil saber a qué o a quiénes apunta, qué situaciones sociales se visualizan como problemáticas y cómo éstas buscan ser resueltas. Por esta razón, interesa indagar en el concepto de inclusión social propuesto por la política de salud sexual y reproductiva en Chile —a través del estudio de la normatividad—. Desde esta propuesta no interesa reforzar la idea de inclusión social que ha imperado en Occidente, que tienden a dejar intacto el sistema de categorías que proponen un ordenamiento social jerárquico, bajo un discurso de universalidad e imparcialidad. Frente a ello, esta investigación problematiza esta apuesta a la luz de los postulados de la teoría feminista y su articulación con planteamientos decoloniales, ya que pueden desprenderse aportes importantes para el estudio de las políticas públicas.

4 ¿Por qué el feminismo decolonial?

El feminismo decolonial o descolonial —nombre propuesto por María Lugones (2010)—, como expresa Yuderkys Espinosa (2014), es “un movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo dado lo que considera su sesgo occidental, blanco y burgués” (p. 7). Éste se reclama heredero del feminismo negro en Estados Unidos (Combahee River Collective, 1977/1981; Crenshaw, 1989; Hill Collins, 1990/2000; hooks, 1984/2004) para pensar la imbricación de opresiones de clase, raza, género y sexualidad, al tiempo que propone recuperar el legado de mujeres feministas afrodescendientes e indígenas desde Abya Yala¹ (o América), planteando el problema de su invisibilidad dentro de sus movimientos y al interior del feminismo mismo.

El feminismo decolonial hace suya la tarea de reinterpretación de la historia en clave crítica a la modernidad, ya no sólo por su androcentrismo y misoginia, cómo lo ha hecho la epistemología feminista clásica, sino dado su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico (Espinosa, 2014). Frente a esto, formula la radicalización del feminismo, que pasa por la comprensión de una matriz de dominación, donde las categorías “raza”, “clase”, “género” y “sexualidad” son vistas como variables co-constitutivas, en tanto cada una está inscrita en la otra (Espinosa, 2014). Esta matriz de opresión, llamada Colonialidad de Género o Sistema Moderno/Colonial de Género (Lugones, 2008; 2010; 2012), busca trascender el concepto de interseccionalidad. A continuación, paso a exponer por qué la noción propuesta por el feminismo decolonial es útil para desarrollar la presente investigación.

4.1 Más allá de la interseccionalidad

El concepto de interseccionalidad fue popularizado por Kimberlée Crenshaw (1989), quien lo definió como la expresión de un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas, con el fin de denotar las diversas formas en que la raza y el género se intersectan para dar forma a complejas discriminaciones de mujeres negras en Estados Unidos. Ésta es una herramienta conceptual y analítica útil para comprender y responder a las formas en que el género se cruza con otros ejes de diferenciación —como la raza, la clase social, la orientación sexual, diversidad funcional, etc.— y dan origen a situaciones específicas de opresión (o privilegio) que no pueden ser comprendidas por separado. El análisis feminista de la interseccionalidad se caracteriza principalmente por ser un descentramiento del sujeto del feminismo, al denunciar la perspectiva sesgada propuesta por el feminismo hegemónico (o “blanco”) que, promoviendo la idea de una identidad común para todas las mujeres, invisibilizó a aquellas “otras” mujeres: de color y no pertenecientes a la clase social dominante.

La interseccionalidad, que se ha posicionado como una de las perspectivas más actuales para pensar el sujeto del feminismo, ha sido cuestionada y complejizada por el feminismo decolonial, para proponer nuevos desafíos al cómo pensar el análisis interseccional y las relaciones de poder que estructuran la realidad social. Esta apuesta teórico-epistemológica —que se plantea como contra-hegemónica— es integrada al proceso de investigación, pues considero que lleva a nuevos límites las reflexiones sobre cómo opera el poder en diversos espacios sociales —ampliando el arco de posibilidad para pensar tanto la crítica y la praxis feminista, como la investigación social—, lo que me ayuda a complejizar el entendimiento sobre la institucionalidad del Estado y del discurso político que da origen a las políticas públicas.

La Colonialidad del Género puede ser entendida como “un lente que permite ver lo que está oculto de nuestra comprensión tanto de raza como de género, y de la relación de ambos con la heterosexualidad normativa” (Lugones, 2010, p. 742), lo que revela una organización biológica dimórfica, patriarcal y heterosexual de las relaciones sociales. Es un lente a través del cual seguir teorizando la lógica opresiva de la modernidad colonial, su uso de dicotomías y de la lógica categorial, donde las jerarquizaciones de género se co-constituyen con otros sistemas de opresión dados por la raza/etnicidad, la clase y la sexualidad, conformando un sistema articulado de poder constructor de “diferencia”.

Desde esta propuesta, la clase social, la raza, el género y la sexualidad son considerados sistemas de opresión que forman parte del proceso colonial llevado desde Europa al resto del mundo. Este concepto permite pensar la interseccionalidad no sólo como una mera intersección de categorías homogéneas que han emergido como hegemónicas (“mujer”, “hombre”, “negro”, “indígena”, etc.), pues seguir pensando de este modo continuarían borrando la heterogeneidad interna de determinados grupos sociales y, con ello, a todas aquellas mujeres subalternizadas (afrodescendiente, indígena, caribeña, etc.). Como manifiesta Lugones (2012):

Lo que la colonialidad de género nos permite ver es un ser negado que no está determinado/a ni en términos lógicos ni en términos de poder, sino que puede rechazar la imposición jerárquica. No es una cuestión de categorías sino de seres donde la imposición dehumanizante colonial es vivida por seres que no son describibles como una unión de categorías (p. 135).

De esta manera, la Colonialidad del Género, como herramienta analítica, muestra grados de opresión mayores y más profundos que el que propone el concepto de interseccionalidad (Lugones, 2012). Ésta posibilita pensar más allá del género y la interseccionalidad misma, proponiendo una perspectiva política de análisis que permite comprender la complejidad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, donde la construcción de la diferencia sexual es un elemento que se articula y refuerza con otros sistemas de dominación, para dar lugar a situaciones particulares de opresión que debiesen ser atendidas y no invisibilizadas. Las discriminaciones (o exclusiones), a las cuales da paso esta matriz de dominación, no se producirían desde una lógica aditiva ni coherente, sino que dan cuenta de cómo los sistemas de opresión de raza, género, clase social y sexualidad, como dirá Peter Wade (2013), nacen en y a través de la relación con las otras, a veces de manera contradictoria y conflictiva, dando origen a “una nueva entidad con nuevos poderes, imposible de lograr con solo poner los componentes uno al lado del otro” (p. 52). Así, la “raza” o la “clase social” no serían, por ejemplo, ni separable ni secundaria a la opresión de género, sino co-constitutiva.

4.2 ¿Por qué es útil la Colonialidad del Género?

La Colonialidad del Género planteado por Lugones y el feminismo decolonial, puede parecer una propuesta muy similar a la de otras autoras latinoamericanas o incluso europeas y estadounidenses que han trabajado la interseccionalidad. No obstante, considero que este dispositivo conceptual permite trascender el sistema de categorías instalado como hegemónico, al tiempo que posibilita dar cuenta de la complejidad de los procesos de inclusión/exclusión, que superan la intersección o solapamiento de desigualdades/discriminaciones. Entiendo que ya no puede hablarse de plena inclusión o plena exclusión, sino de procesos de inclusión/exclusión, es decir, mientras unas categorías pueden definirme como “incluida” a determinada sociedad, otras pueden apuntar a estilizarme como “excluida”. Por ejemplo, una persona puede estar “incluida” en determinados espacios sociales por pertenecer a una clase acomodada o poseer determinado nivel de ingresos, pero a la vez estar “excluida” de otros por ser indígena o inmigrante. De este modo, la noción de un sistema articulado de poderes permite comprender que esta articulación no es estática, sino que puede modificarse en el tiempo y que puede incluso generar procesos contradictorios y complejos de inclusión/exclusión.

Asimismo, a partir de la propuesta de Lugones, es posible pensar el Estado, sus discursos, prácticas y herramientas —incluida las políticas públicas y los feminismos institucionalizados (o de Estado)— como herederos de un pensamiento Colonial/Moderno. En la institucionalidad del Estado se encarnaría la Colonialidad del Género, en la cual no sólo se articularía un poder patriarcal —como evidenció el feminismo radical—, no sólo un poder capitalista o burgués —como evidenció el marxismo, el socialismo y el feminismo socialista—, no sólo un poder colonial —como han evidenciado los/as teóricos/as postcoloniales y descoloniales—, sino una matriz de dominación múltiple que encarna un sistemas de categorías jerárquico que ordena el mundo de modo binario (oprimidos/opresores; hombres/mujeres; heterosexuales/no-heterosexuales; blancos/no-blancos, etc.), y que no puede ser explicado de modo unilateral, donde ninguna categoría o sistema de dominación es preponderante.

Por otro lado, esta propuesta permite comprender la existencia de un sujeto histórico, contextual y particular que transciende la noción de interseccionalidad, al cuestionar el sistema de categorías propuestos por el discurso hegemónico, y al relevar un fenómeno de colonización de las subjetividades (de determinados seres y saberes) que desconoce sus realidades y puntos de vistas; lo que limita la capacidad de agencia y el sentido de pertenencia de ciertos sujetos y colectividades. El reproducir este sistema categorial reforzaría determinadas relaciones de poder que deben ser desestabilizadas para visibilizar y escuchar a aquellas subjetividades subalternizadas que no pueden ser explicadas por la suma o intersección de categorías.

La noción de Colonialidad de Género reconoce capacidad de agencia en sujetos definidos a partir de un listado de variables, ya que entiende que los sujetos pueden rechazar esa imposición jerárquica. Estas categorías no sólo modelarían sus situaciones de existencia, sino que a la vez los sujetos pueden generar espacios de resistencia y nuevas apuestas conceptuales que permitirían, a mí entender y pensando en el marco de las política públicas, participar y validar sus imaginarios en el diálogo político que da origen al proceso de formulación de las políticas. Es por ello, que al pensar la interseccionalidad para el análisis de las políticas públicas, y como recurso metodológico, se hace desde la Colonialidad de Género.

4.3 Complejizando la Colonialidad del Género

Esta investigación surge a partir de la inquietud respecto de las dinámicas de exclusión/inclusión dadas por el género, en el marco de las políticas públicas, para luego pensar en cómo las categorías de género (hombre/mujer; heterosexual/no-heterosexual) se articulan con otros sistemas de opresión (como la clases social, la raza/etnicidad, la edad, etc.) para dar paso a espacios de exclusión particular. Sitios simbólicos y materiales de exclusión que modelan las situaciones particulares de las personas, quienes —al estar inserto en una estructura social determinada—, están “atravesados” por múltiples categorías (o relaciones de poder) que les ubican en situaciones de “desventaja” y/o “privilegio” social. Por ello, en el marco de esta investigación, se piensa el género necesariamente articulado con otros ejes de exclusión.

Para pensar estas dinámicas complejas de exclusión/inclusión se recurre al concepto de Colonialidad de Género, propuesta por el feminismo decolonial, que muestra grados de opresión mayores y más profundos que el que propone el concepto de interseccionalidad. No obstante, la intención de esta investigación es continuar complejizando esta propuesta conceptual para avanzar en la compresión de un sistema de dominación complejo que invisibiliza determinados discursos y prácticas sociales en el escenario de las políticas públicas. Esta propuesta integra otros tres elementos: edad, diversidad funcional y ubicación geográfica, ya que se cree que la matriz de pensamiento hegemónico no sólo carga con lógicas patriarcales, heterosexistas, clasistas y racistas, sino también con un discurso: i) adultocéntrico y desarrollista que asume un desarrollo evolutivo (tiempo lineal) en el cómo se piensa la historia, los procesos políticos y sociales, las personas y comunidades, priorizando un visión adulta/madura de la realidad como única válida. Esta perspectiva invisibilizaría todo aquello que no es “adulto”, es decir, niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos/as mayores; ii) capacitista que discrimina todas aquellas corporalidades que no funcionen “normalmente” o se alejen de una funcionalidad corporal definida como norma; y iii) centralista, que construye diferencia en torno a la lejanía o cercanía de territorios construidos como centros de desarrollo (“países desarrollados”, ciudades capitales, etc.). Este discurso distinguiría entre centros y periferias, o entre espacios urbanos y rurales, estableciéndose jerarquías entre ambos. Estos ejes también son relevantes en lo que respecta al caso de Chile y el ámbito de la salud sexual y reproductiva, pues apuntan a determinados colectivos que han sido invisibilizados en el marco del debate político.

De este modo, al pensar en la interseccionalidad para el diseño de la metodología se piensa en: cómo se articulan y co-construyen estos siete ejes (género, sexualidad, raza/etnicidad, clase social, edad, diversidad funcional y ubicación geográfica); cómo gravitan éstos en las dinámicas de inclusión/exclusión en el proceso de formulación de la política de salud sexual y reproductiva en Chile; y cómo integrar estas exclusiones en el proceso metodológico, sin que esto signifique reproducirlas. En el siguiente apartado, se comentan algunas de las decisiones y reflexiones metodológicas que surgen a partir de aquí.

5 ¿Cómo analizar la política pública?

Como manifiestan Brooke Ackerly y Jacqui True (2013), la investigación feminista, como acto ético-político, es un compromiso normativo y metodológico con la transformación del orden social que es considerado injusto. De manera que se han transversalizado intencionadamente las reflexiones epistemológicas, surgidas a partir del feminismo decolonial, a lo largo de todo el proceso de investigación, el que buscan ser crítico ante los discursos de dominación dados por un Sistema/Moderno Colonial de Género —incluida la complejización del concepto planteado en el tercer apartado—. Esto con el afán de no reproducir los sistemas de opresión vigentes. Desde aquí, pensar el proceso de investigación se hace más complejo, pues la Colonialidad del Género cruza todo imaginario social que no plantee subvertirlo, y la generación de conocimiento, desde la academia occidental sobre todo, no está exenta. Esto me lleva a repensar cuidadosamente el proceso metodológico, evitando reforzar las estructuras de poder que se han establecido históricamente en el marco de una sociedad patriarcal, que a la vez ha sido construida de modo racista (o etnocentrista), clasista y en base a una heterosexualidad como norma de relación.

Así, intento examinar el enfoque interseccional para el análisis de políticas públicas al amparo del concepto planteado por el feminismo decolonial. La interseccionalidad para el análisis de políticas ha sido trabajada en la Unión Europea, principalmente en lo que refiere a Políticas de Igualdad (Bustelo y Lombardo, 2007; Krizsan, Skjeie y Squire, 2012). Ésta busca generar en las y los responsables de la política e instituciones de la sociedad civil, una reflexión constante sobre las dinámicas de privilegio y exclusión que permean el discurso político y que finalmente permiten que determinadas situaciones y discursos sean integrados o no en la formulación de las políticas;

Pretende suscitar una reflexión sobre los riesgos de políticas que, al privilegiar el trato de algunas desigualdades e ignorar que las desigualdades, a menudo son mutuamente constituyentes, finalmente marginan a algunas personas al reproducir los mecanismos de poder existentes entre los grupos (Lombardo & Verloo, 2010, p. 12).

Como manifiesta Mieke Verloo (2013), esta perspectiva se centra en la importancia de entender los efectos de la estigmatización y la marginación en miras a un cambio estructural y de los enfoques de procedimiento que se centran en la inclusión de determinados actores políticos en el proceso de las políticas públicas.

El análisis interseccional en este marco es interesante, pero se considera que pensar desde la idea de un Sistema Moderno/Colonial de género (Lugones, 2008) amplía la mirada con la que se estudian las políticas. Por un lado, este concepto contribuye a comprender el Estado como una institución que encarna la Colonialidad de Género, que permite iluminar un modelo explicativo complejo sobre la marginación de las mujeres y otros sujetos no-hegemónicos de los discursos políticos, y me hace sospechar de los discursos hegemónicos sobre inclusión y el sistema categorial que ha modelado el proceso de formulación de las políticas públicas.

En base a la noción de Colonialidad del Género, busco indagar en el cómo se estructura y deviene el discurso político presente en el proceso de formulación de la política de salud sexual y reproductiva en Chile: cuáles son las representaciones sociales —imaginarios, normas, valores, creencias y principios, etc.— que priman en el discurso político, qué se construye como problema en torno a la sexualidad y la reproducción, cómo se construyen las soluciones en estos ámbitos (referente normativo); qué actores políticos están presentes y ausentes en este proceso, qué dinámicas de exclusión hay en este diálogo (visión de sociedad); cuál es el sujeto —o población objetivo— a la cual van dirigidas estas políticas, quiénes quedan “dentro” de esta construcción y quiénes “fuera” (concepción de sujeto), entre otros aspectos. Para ello, utilizo el feminismo decolonial como estrategia política, teórica y metodológica dirigida a generar reflexiones constantes sobre las decisiones durante el proceso de investigación. A continuación paso a exponer las decisiones tomadas hasta el momento, respecto al diseño metodológico, en relación a: i) el Modelo Conceptual de Análisis que propone esta investigación; ii) la aplicación del Análisis de Discurso; y iii) la importancia de las entrevistas.

5.1 Modelo Conceptual de Análisis

Como se ha planteado en los apartados anteriores, esta investigación busca ser crítica ante el uso retórico de la inclusión social bajo lógicas asimilacionistas, para proponer un modelo de análisis de políticas públicas basado en los aportes generados por el feminismo decolonial que permitan pensar en otro concepto de inclusión, sobre lógicas de horizontalidad, heterarquía y la superación de universales abstractos que suelen ser ciegos ante las relaciones de poder vigentes. Se busca interpelar no sólo a la política pública, en tanto si es o no inclusiva bajo estos términos, sino también se intenta conocer cuál es el concepto de inclusión social que subyace a ésta.

Para el análisis propuesto por esta investigación, se presta atención a la normatividad que guía el proceso de formulación de la política estudiada, para conocer cómo se piensa la inclusión social en este marco. Para ello, se propone un modelo conceptual de análisis de políticas públicas pensado desde las reflexiones generadas desde el feminismo decolonial y otros feminismos que han articulado su propuesta con el proyecto de descolonización (Gargallo, 2008; Tzul Tzul, 2010; Paredes y Guzmán, 2014; entre otras). Éste es un intento por desarrollar un aparato conceptual y una estrategia política que permita entender de mejor manera las relaciones neocoloniales que estructuran las lógicas del Estado y las políticas públicas, para pensar un concepto de inclusión social que trascienda las limitaciones impuestas por un pensamiento colonial/moderno.

Este modelo propone observar tres elementos: el Referente Normativo, la Visión de Sociedad² y la Concepción de Sujeto que subyacen a la política pública analizada. Esto pues se considera que la normatividad en el marco de las políticas públicas habla de: i) un conjunto de valores, creencias y principios morales determinados que definen la representación de problemas y soluciones (Referente normativo); ii) una relación social específica entre actores políticos involucrados que permite que ciertas representaciones de la realidad sean integradas y otras no (Visión de sociedad); y de iii) una construcción particular de la población a la cual van dirigidas las políticas públicas (Concepción de sujeto).

De acuerdo con Patricio Miranda (2011), el referente normativo alude al conjunto de creencias, principios y valores morales que definen el deber ser desde donde se determina en una política qué es un problema político y qué fines debe perseguir la acción pública. Se refiere a: qué proyectos ético-políticos (o imaginarios sociales) dialogan al momento de definirse las políticas públicas; y cuáles son las representaciones normativas que en consecuencia son integradas y excluidas del proceso de formulación.

La visión de sociedad se refiere a la concepción de sociedad que es propuesta por la política pública, es decir, cómo se entiende que se estructura la sociedad: qué actores políticos son relevantes para el proceso de las políticas públicas, qué relaciones de poder hay entre dichos actores, quiénes son incluidos y quiénes excluidos; y, desde ahí, cómo se piensa el cambio social, qué actores son importantes para concebir el cambio social o qué actores debiesen participar de éste, entendiendo que las políticas públicas son intervenciones sociales desde el Estado para la transformación social.

Finalmente, la concepción de sujeto apunta a cómo es definida y caracterizada la población objetivo de las políticas públicas. Este elemento busca conocer si esta caracterización considera las situaciones particulares de diversos sujetos y colectivos sociales, su posición en la estructura social; y de qué modo lo hace, si aborda las situaciones de exclusión por separado o las entiende de modo articulado. A la vez, indaga en cómo se construye este sujeto en términos de agencia, si es un mero receptor de la política pública —un sujeto que tiene un problema— o, por el contrario, si se visualiza como agente de cambio social, es decir, como un sujeto que no sólo presenta un “problema” determinado, sino que a la vez es clave en la “solución” de éste.

Para integrar las reflexiones conceptuales ya descritas a este dispositivo de observación, se han planteado categorías previas, las que pueden nutrirse, diversificarse o modificarse en el transcurso de la investigación. Para observar el referente normativo de la política se han establecido las categorías: particularista, universalista y pluriversalista. Las lógicas particularistas estarían planteadas de conformidad con el sistema de normas existentes que reproduce un orden social legitimador en base a sistemas sociales concretos fundados en el establecimiento de lo bueno/correcto, y apelaría a la figura de un “tutor moral”. Por el contrario, las lógicas universalistas estarían orientadas por principios procedimentales de alta abstracción que anularía toda posibilidad de que el Estado (u otro actor social) impusiese pautas valóricas que nieguen los derechos universales de las personas (Miranda, 2011). Finalmente, las lógicas pluri-versales que superarían el debate particularismo-universalismo, aluden a la coexistencia de diversos proyectos ético-políticos en los que se dé un diálogo horizontal más allá de las lógicas de dominación. Siguiendo a Ramón Grosfoguel (2008), esto implica “una descolonización de la noción de universalidad occidental eurocentrada” (p. 213) y vendría a proponer algo distinto a los universales abstractos hegemónicos. Ésta sugiere la emergencia de un sistema-mundo descolonizado que posibilite la coexistencia de diversos proyectos ético-políticos en los que se dé una comunicación real y un diálogo horizontal más allá de las lógicas de dominación.

Para observar el eje visión de sociedad se han planteado las categorías: jerárquica y heterárquica. La jerarquía estaría dada por el imaginario que asume al Estado (u otro actor político), bajo la lógica de control jerárquico, como el actor hegemónico que debe guiar el proceso de gestión de las políticas públicas; y la heterárquica presume que antes que una lógica de control jerárquico el Estado debe asumir un rol coordinador de los intereses de los diversos actores sociales en el proceso de formulación de políticas públicas (Miranda, 2011). Finalmente, para la dimensión concepción de sujeto se han establecido dos categorías: estandarizada/universalista e interseccional. Una visión estandarizada anularía la diferencia/diversidad social existente, derivando en respuestas estándar, bajo una presunta imparcialidad. Por el contrario, la construcción de un sujeto interseccional —pensada como se expresó en el apartado anterior—, integraría la diversidad social, respondiendo a un sujeto situado que está determinado por su posición en el entramado social y que, por lo tanto, comprendería la necesidad de integrar a determinados actores y/o grupos de interés al proceso de las políticas públicas, buscando generar respuestas adecuadas a sujetos que merecen ser atendidos en su complejidad.

Esta apuesta conceptual se sustenta sobre el supuesto que las políticas públicas en Chile —específicamente la de salud sexual y reproductiva— necesitarían transitar desde un referente normativo particularista a uno pluriversal, desde una visión de sociedad jerárquica a una heterárquica, y una construcción de sujeto estandarizada a una interseccional para responder satisfactoriamente al desafío de inclusión social. Es decir, en palabras de Young (1990/2000), transitar desde una noción de inclusión social basada en un ideal normativo de asimilación a una sustentada en un ideal normativo pluralista que valore positivamente y promueva un espacio público heterogéneo, y a la vez sea crítico del sistema categorial hegemónico constructor de diferencias.

5.2 Análisis del discurso de la política

Para pensar la metodología de la investigación, junto con una epistemología y una metodología inspirada en el feminismo decolonial, se opta por una epistemología constructivista que permita comprender una realidad social que se construye intersubjetivamente. Este enfoque entiende que las políticas públicas son el reflejo de un debate inacabado en el que se ponen en juego interpretaciones y relaciones de poder específicas que permiten que algunas representaciones de la realidad prevalezcan y otras sean invisibilizadas. Por ende, estas interpretaciones son el referente para el estudio de políticas que surgen, se elaboran y reconstruyen en el devenir del debate.

Siguiendo a Carol Bacchi (1999), el énfasis está puesto en cómo se construyen los problemas públicos y las soluciones que de ahí se derivan, entendiendo que las diferentes formas de nombrar guardan un modo de construcción particular de la realidad en un momento y escenario determinado. La atención está puesta en las representaciones normativas que operan en el marco de esta discusión, donde determinadas construcciones son las que entran en la agenda política —en torno a las que finalmente se debate, legisla y actúa— y otras, por el contrario, quedan excluidas, dadas las relaciones de poder existentes en el debate político.

La articulación de ambas epistemologías para pensar la metodología es útil para responder a las preguntas de investigación, que buscan conocer: i) cuáles son los valores, creencias y principios que guían la formulación de la política (referente normativo); ii) qué actores, y en base a qué dinámicas de poder, participan en el diálogo y construyen dichas representaciones (visión de sociedad); y iii) cuál es la construcción de sujeto subyacente a este discurso (concepción de sujeto). Desde aquí, se plantean tres momentos para la aplicación de la metodología: a) una reconstrucción de la historia de la política en los últimos años para la selección de textos a analizar; b) un análisis crítico de marcos interpretativos de los documentos políticos estatales (planes nacionales, leyes, etc.) y de la sociedad civil (artículos de opinión, informes, etc.); y c) la realización de entrevistas semi-dirigidas a actores políticos claves (estatales y no gubernamentales).

En este proceso, entiendo que no existen métodos ni técnicas que sean “feministas” a priori, por lo que asumo que para transversalizar esta mirada, la reflexión crítica es fundamental. De modo que intento revisar y reconducir este proceso investigativo constantemente, teniendo en cuenta una mirada interseccional, a la luz de la noción de Colonialidad de Género; desde una visión compleja respecto del cómo se articulan las opresiones de género con otros ejes de diferenciación. Como manifiestan Olena Hankivsky et al. (2010, p. 10), el enfoque interseccional tiene el potencial de transformar la investigación, poniendo en el centro del debate un pensamiento innovador sobre la identidad, la equidad y el poder, reparando en las estructuras personales y sociales de discriminación y opresión que se extienden a diversos ámbitos. Esta mirada entiende los fenómenos sociales como procesos de construcción social en el que los discursos sobre categorías y diferencias producen y reproducen “daños” —como, por ejemplo, el socavar la autonomía de las personas definidas como vulnerables y marginadas—, lo que invita a cuestionar las representaciones sociales hegemónicas (“mujer”, “indígena”, “discapacitado/a”, “homosexual”, etc.), pues olvidan las experiencias particulares. El concepto llama la atención sobre las generalizaciones hegemónicas —basado en presupuestos de la población blanca occidental, heterosexual y de clase media— que suelen hacerse en torno a cómo se representan los problemas sociales (Hankivsky et al., 2010).

Para aplicar una epistemología feminista y un análisis interseccional, específicamente para el análisis de documentos políticos estoy utilizado un análisis crítico de marcos interpretativos (Bustelo y Lombardo, 2007), que es una adaptación del análisis de marcos propuesto por los teóricos de los movimientos sociales (Hunt, Benford y Snow, 1994; McAdam, McCarthy, y Zald, 1996). Esta metodología de análisis integra elementos de la teoría de los movimientos sociales, la teoría de género, el análisis de discurso y la teoría política, y ha sido creada y utilizada para el análisis de políticas de igualdad en la Unión Europea, en los Proyectos MAGEEQ Mainstreaming Gender Equality in Europe (2003-2005) y QUING Quality in Gender + Equality Policies (2006-2011)³.

Esta metodología ha demostrado ser útil para el estudio del proceso discursivo de políticas, al centrarse en la construcción y reconstrucción de la realidad social, a la vez que integra la perspectiva de género y análisis feministas en su definición. Con la aplicación de esta metodología se busca dilucidar cuáles son los marcos interpretativos que subyacen a las políticas en cuestión, indagando en las dinámicas internas, y qué principios, valores y creencias guían la definición de problemas y soluciones. Además, se intentan conocer las dinámicas de exclusión entre los actores políticos involucrados, la visión de sociedad subyacente, y en qué medida se integra un enfoque interseccional al representar al sujeto de la política.

Este análisis está en función de una lista de preguntas guías. La estructura general se ha tomado de la teoría de movimientos sociales, destacándose aspectos como: 1) Diagnóstico ¿Cómo se representa el problema?, Roles del diagnóstico ¿Quién/es tiene/n el problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Quién/es es/son responsable/s del problema?; y 2) Pronóstico ¿Qué solución se ofrece al problema? y Roles del pronóstico ¿Cuál es el grupo normativo? ¿Cuál es el grupo objetivo? A esta estructura básica se han añadido cuatro elementos: 1) Voz ¿Quién tiene voz en la definición del problema y la solución?; 2) Equilibrio ¿Existe balance entre diagnóstico y pronóstico?; 3) Pronóstico y normas ¿Qué se presenta como deseable?; y 4) Roles de género e interseccionalidad ¿A qué categorías sociales se hace referencia? ¿El género se cruza con otras dimensiones sociales? (Bustelo y Lombardo, 2007).

En base a esta pauta, se destaca la importancia de aquellas preguntas que permiten dar cuenta de la normatividad (referente normativo) presente en las políticas y las que aluden a los roles de género e interseccionalidad (concepción de sujeto). Estas preguntas posibilitarán ahondar en los principios, creencias y valores que orientan la definición de problemas y soluciones en la formulación de las políticas estudiadas y si se ha integrado un enfoque interseccional. Asimismo, este guión de preguntas ha sido readaptado para la investigación en curso, intentando integrar las reflexiones generadas a partir del feminismo decolonial, el cual no sólo propone integrar una mirada interseccional para el análisis de la realidad social, sino que es crítico del cómo el reproducir un lenguaje categorial dicotómico (femenino/masculino; heterosexual/no-heterosexual; blanco/no-blanco; desarrollado/sub-desarrollado; etc.), herencia de la Modernidad, implica perpetuar las relaciones de opresión que ellas dibujan. Al momento de analizar los documentos seleccionados, no sólo interesa conocer si el “género” es parte del problema o la solución esbozados, o si el “género” se intersecta con otras desigualdades. Siguiendo la propuesta de las feministas descoloniales, ningún eje de desigualdad sería más importante que otro, sino que es necesario comprender la articulación de estos. Se busca seguir la línea trazada por María Lugones (2012), avanzar en esa lucha “para que la interseccionalidad se vuelva una característica metodológica necesaria de los estudios de género: raza, clase y género son inseparables”, pues “la intersección de las categorías homogéneas dominantes borran la heterogeneidad interna” (p. 134) borran a esas mujeres definidas como otras (afrodescendientes, indígenas, campesinas, etc.). Esto, por ejemplo, nos llevaría a desconfiar del uso acrítico de determinadas categorías (indígena, inmigrante, campesina/o, etc.), que por más que sean utilizadas en el marco de la política no buscan revertir su representación social negativa ni las relaciones de poder a las cuales da paso.

5.3 Entrevistas

Basado en las reflexiones anteriormente esbozadas, como se entiende que la superposición de categorías hegemónicas invisibiliza determinadas realidades y discursos, se asume que el análisis documental no sería suficiente para observar algunos aspectos de interés (como ahondar en los discursos de actores políticos subalternizados) y responder a algunas preguntas de investigación (como conocer la existencia de canales de coordinación entre Estado y sociedad civil en la formulación de la política). Así, planteo la necesidad de realizar entrevistas, tanto a actores políticos claves del ámbito estatal como de la sociedad civil.

Las entrevistas se realizan con el fin de tener “acceso directo” a los discursos —interpretaciones, percepciones, puntos de vista, etc.— de diversos actores políticos interesados o potencialmente interesados en la política de salud sexual y reproductiva en Chile. Para la selección de informantes se recurrió a la reconstrucción de la historia de la política (2000-2015), desde la que se define una muestra intencionada, integrando una mirada crítica respecto a las relaciones de poder que estructurarían el discurso político y una perspectiva interseccional, pensada desde la Colonialidad del Género.

No sólo interesa entrevistar a actores políticos institucionalizados y presentes en el debate político actual en temas de salud sexual y reproductiva (representantes del Ministerio de Salud, ONG’s, entre otros), sino que también a organismos potencialmente interesados en la temática y que quizás no han sido visibilizadas dada las dinámicas de exclusión actualmente en vigencia. Con este criterio se intentan articular los siete ejes priorizados, con la intención de afirmar y conceder valor a subjetividades comúnmente negadas. Se busca entrevistar a representantes de organizaciones (gubernamentales y de la sociedad civil) que además de vincularse a la salud sexual y reproductiva articulen en sus discursos uno o más de los ejes de diferenciación definidos (p.e. colectivos de: mujeres migrantes, género y pueblos indígenas, mujeres y discapacidad, disidencia sexual, entre otros).

Esta intención pasa por ejercitar la implementación metodológica de pensar una investigación feminista crítica del Sistema Moderno/Colonial de Género, es decir, que no borre las subjetividades históricamente negadas, sino ponga su atención en ellas. Se cree que la única forma de evitar la mera superposición de categorías de dominación es trabajar metodológicamente por “hacer audibles” los relatos de aquellas subjetividades borradas (mujeres inmigrantes, mujeres indígenas, mujeres en condición de discapacidad, etc.). Con ello, también evitamos la colonización discursiva de la que habla Chandra Talpade Mohanty (1984/2008); precavemos que otros actores con mayor influencia “hablen” por estas mujeres particulares, reconociendo la capacidad reflexiva, de diálogo, agencia y resistencia que habitan estos espacios de opresión.

Mi afán, por un lado, es validar estas interpretaciones como conocimiento experto que necesariamente debiese ser integrado en el proceso de formulación de las políticas públicas, si es que se aspira a responder a las necesidades y demandas de la población. Desde esta lógica, el saber experto no respondería a un saber tecnicista o erudito, sino a un saber vivencial que permite iluminar interpretaciones particulares de la realidad social, que puede nutrir el proceso de formulación de las políticas públicas. Esto, pues, en términos metodológicos, se busca transcender las dinámicas de poder vigentes, donde un conocimiento vivencial es menospreciado en contraste a un conocimiento teórico-técnico. Por otro lado, se busca cuestionar la ventriloquía que ha caracterizado a las democracias representativas, donde el Estado actúa como si tuviese la capacidad de prever a priori las consecuencias y efectos de las políticas públicas, de conocer qué es “mejor” para determinados colectivos, procediendo como si le bastara con solapar una y otra vez categorías homogéneas para trazar un mapa de necesidades (problemas) y estrategias (soluciones).

Esta propuesta, en palabras de Francesca Gargallo (2008), intenta “volver a leer la realidad y sus intérpretes no académicos para evitar perpetuar la formalización del discurso, que es la manera oficial de reducirlo a la reproducción forzada” (p. 18). Esto, entendiendo que en los “márgenes” no sólo se halla un sitio de exclusión, sino también un espacio idóneo para pensar fuera de las lógicas hegemónicas, donde pueden surgir resistencias y poderes subalternos: nuevas formas de pensar las sociedad, fuera de las estructuras jerárquicas y desde posturas “no sometidas”. Lo que persigo con esto es sacar a la luz algunos discursos silenciados para ponerlos a debatir con quienes han tenido el poder para definir los problemas y las soluciones en el proceso de formulación de la política de salud sexual y reproductiva. Es la intención de abrir un diálogo que actualmente no ha sido posible en la práctica, que permita trascender la mirada actual que ha permitido la exclusión de las mujeres y otros sujetos no-hegemónicos de diversos ámbitos, silenciando su voz, la que es indispensable para obtener una perspectiva plural, inclusiva y que dé cuenta de las complejidades de la realidad social (Alonso y Lombardo, 2013).

6 Consideraciones finales

A lo largo del artículo, he buscado informar sobre las principales inquietudes surgidas en el marco del proceso investigativo y las decisiones tomadas a partir de ahí. He mostrado por qué es interesante el estudio de la política de salud sexual y reproductiva en Chile y del concepto de inclusión social que ésta propone. No sólo por aludir temas polémicos, sino por abarcar un ámbito donde se observan grandes deudas sociales y que, en los últimos años, ha presentado lentos avances. Asimismo, se ha comentado por qué el feminismo decolonial, de la mano de la noción de Colonialidad de Género, es de utilidad para indagar en las representaciones sociales en torno a la inclusión social en el marco de la política. Esta noción permite comprender una compleja trama de sistemas de opresión que transciende el género y el concepto mismo de interseccionalidad propuesto por el feminismo, profundizando en nuevas lógicas de comprensión, análisis y estudio de la realidad social, al no pensarla desde la superposición de categorías y mostrar “grados de opresión mayores y complicidades mayores que la interseccionalidad” (Lugones, 2012, p. 134). Dicha propuesta, al cuestionar los imaginarios hegemónicos —que pierden de vista las situaciones particulares de los sujetos, sus necesidades y demandas—, posibilita superar pensamientos simplistas para concebir las políticas públicas, siendo un incentivo para avanzar hacia campos de exploración que capturen las complejidades de la vida de las personas.

Desde esta mirada, he mostrado cómo estoy construyendo el marco conceptual y las directrices que orientan el proceso metodológico, con la intención de interpelar los discursos y prácticas que dan origen al proceso de formulación de la política pública de salud sexual y reproductiva en Chile. No sólo se busca cuestionar la normatividad y el concepto de inclusión social —inspirados en ideales normativos de asimilación— que orientarían actualmente las políticas públicas, sino que, a la vez, se intenta posicionar en el debate la importancia del sujeto y sus particularidades. Desde la recuperación de planteamientos feministas decoloniales, propongo pensar en un sujeto interseccional-complejo en el marco de las políticas públicas, sobre lógicas que desestabilicen el lenguaje generador de diferencia, desigualdad y exclusión. De esta manera, se pone la atención en el cómo se están formulando las políticas públicas en Chile, cuál es la normatividad que las guía, para conocer en qué medida las limitaciones a este acceso universal se hallan en el mismo proceso de formulación. Es así como planteo conocer cuál es la noción de inclusión social propuesta por la política de salud sexual y reproductiva en Chile, en base a la observación de tres elementos: i) el referente normativo que guía la política; ii) la visión de sociedad que subyace al discurso político; y iii) la concepción de sujeto supuesta.

Asimismo, he mostrado cómo acercarme al análisis del discurso de la política desde el constructo analítico propuesto por Lugones y el feminismo decolonial, me abre a nuevas interrogantes y me permite integrar nuevas comprensiones al momento de desarrollar un análisis crítico de marcos interpretativos y nutrir las reflexiones desarrolladas durante el proceso investigativo. En este marco, intento transversalizar una actitud crítico-reflexiva ante la normatividad hegemónica que atraviesa la producción de conocimiento en el ámbito político, que incluye las relaciones de género, raza/etnia, clase, el neocolonialismo y la heterosexualidad que son formas de poder que son capaces de ocultar su propio ejercicio a través de la estructura política, económica y sociocultural (Ackerly y True, 2013). Con este trabajo busco generar avances hacia la inclusión —alejada de las lógicas de asimilación— de quienes no han participado ni en el proyecto ni en la dirección de su sociedad; de quienes no han estado presentes en el proceso de formulación de las políticas públicas. Esto a través de las aportaciones de miradas contra-hegemónicas, que han sido excluidas y silenciadas históricamente en la constitución de la realidad social y de la agenda pública. Intento establecer una apuesta conceptual social e históricamente situada y abierta a la transformación, en contraposición a un modelo universal ciego a las particularidades del contexto en el que los sujetos se desenvuelven.

El desafío ha sido desapegarse de cierto conocimiento asumido como válido, para poder pensar posibilidades y nuevos caminos que permitan idear nuevas formas de concebir las sociedades y las políticas públicas —en base al caso chileno— desde nuevas lógicas: plurales, solidarias, dialogantes, heterárquicas y centradas en los sujetos. Aún existen múltiples retos, entre ellos seguir nutriendo el marco teórico, sobre todo con planteamientos de feministas latinoamericanas que han sido invisibilizados de las corrientes hegemónicas del feminismo. Asimismo, queda finalizar el trabajo de campo y el análisis de la información. Esta investigación recién comienza y queda aún lo más interesante, confío en que la socialización y reflexión constante contribuirán a llevar a cabo el cometido que impulsa este estudio.

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